Domingo, 29/11/2009
ELPAIS. ADELA CORTINA
El aborto y los mínimos éticos
ADELA CORTINA 29/11/2009
En un reciente artículo, publicado en las páginas de este mismo diario, el presidente del Congreso de los Diputados hizo una propuesta que, a mi juicio, no puede merecer sino apoyo. Sugiere José Bono abrir un sereno diálogo en el seno de la sociedad civil sobre un tema tan sensible como el del aborto, con una peculiaridad: que los interlocutores no se descalifiquen mutuamente desde el comienzo con etiquetas insultantes, sino que hagan el esfuerzo de pensar que a lo mejor el otro está expresando una convicción razonable, aunque yo no la comparta, y no una opinión irracional, malvada o simplemente interesada. El paso siguiente consistiría en intentar descubrir unos puntos de acuerdo, esos mínimos éticos que pueden permitirnos construir juntos la vida compartida.
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Dialogar sin etiquetas en la sociedad civil y tratar de descubrir puntos comunes es de primera necesidad
Aceptar una propuesta semejante es -creo yo- de primera necesidad, y no sólo en el asunto del aborto, sino en todos aquellos sobre los que no existe acuerdo y atañen a cuestiones de justicia. Entre otras razones, porque en una sociedad democrática la validez de las leyes depende sin duda del Parlamento, pero no es menos cierto que, una vez desaparecida la legitimación divina del poder político, la única legitimidad racional de las leyes es la de una forma de gobierno que trate de identificar a los autores de las leyes con sus destinatarios, que plasme en la vida política la idea kantiana de libertad "yo no puedo obedecer más leyes que aquellas a las que estaría dispuesto a dar mi consentimiento". No es, pues, buena cosa promulgar leyes contra las convicciones de gran parte de la población. Sobre todo cuando se trata de cuestiones de justicia, que en este caso afectan a la vida humana, se reconozca o no como vida personal, y al bienestar de un buen número de mujeres.
Para llevar a buen puerto un diálogo semejante el primer paso consistiría en eliminar los obstáculos que lo condenan al fracaso desde el comienzo. No ayuda mucho, sino todo lo contrario, adjudicar al interlocutor de entrada una actitud perversa; pongamos por caso: "usted está a favor de una cultura de la muerte" o bien "usted está en contra de las mujeres". Habrá excepciones, pero en su apabullante mayoría ni quienes están a favor de las leyes del aborto apuestan por una cultura de la muerte, ni quienes se oponen a ellas están en contra de las mujeres. Con insultos semejantes, tan infundados, no vamos a ningún sitio.
Tampoco sirve de ayuda tachar unas posiciones de retrógradas y oscurantistas, otras, de progres irresponsables, sin más preámbulos y sin más reflexión. Porque, al fin y al cabo, para decir qué leyes son progresistas es preciso valorar cuáles favorecen en mayor medida la humanización de la vida compartida, y en éste, como en todos los demás asuntos, lo retrógrado son las etiquetas que descalifican al interlocutor sin más consideraciones.
Eximir a los varones de responsabilidades es, a mi juicio, otro obstáculo. Es cierto que los varones tienen más fácil desaparecer y dejar a la mujer sola, pero precisamente por eso es urgente recordarles, como afirmaba Margarita Rivière en estas páginas, y cualquiera que tenga sentido común, que un embarazo es cosa de dos, y que ya va siendo hora de acabar con esa cultura machista que deja en manos de las mujeres, en solitario, tanto las decisiones como, sobre todo, las responsabilidades.
Ahora bien, desde un diálogo sin etiquetas como éstas y bastantes más, ¿qué mínimos éticos podríamos espigar en torno a los cuales podríamos ir descubriendo acuerdos?
Que el aborto es indeseable parece fuera de duda. Ninguna mujer desea tener que abortar, ninguna lo incluye como parte de un proyecto vital, es una decisión traumática ante la que nadie desea encontrarse. Por eso lo más urgente e importante es prevenir, educar para no llegar al embarazo no deseado, invertir esfuerzo, no sólo en educación sexual, sino también en una educación en proyectos valiosos, que no arrebate a los niños su infancia ni a los adultos su responsabilidad. Una responsabilidad, por supuesto, compartida entre mujeres y varones, que juntos han de asumir decisiones y consecuencias. Y si una mujer llega a la decisión traumática de abortar, suficientemente dolorosa por sí misma, una sociedad civilizada no puede recurrir al castigo, sobre esto último también existe un amplio acuerdo.
Regular la objeción de conciencia del personal sanitario que se niega a eliminar lo que considera una vida humana resulta indispensable para no llegar a un Estado totalitario, que obliga a los ciudadanos a actuar en contra de su conciencia. Y, por supuesto, es una obligación social impedir que las familias sientan como indeseables embarazos que recibirían con entusiasmo si no fuera por falta de medios.
Ciertamente, entablar un diálogo sereno no significa que los interlocutores no tengan convicciones ni tampoco dar por supuesto de forma estúpida que no hay desacuerdos. Pero si hemos de intentar que los autores de las leyes coincidan lo más posible con sus destinatarios, dialogar sin etiquetas en el seno de la sociedad civil y tratar de descubrir puntos comunes es de primera necesidad.
Adela Cortina es catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
domingo, 29 de novembro de 2009
A trajetoria da crise do Tribunal Constitucional espanhol
La polémica sentencia sobre Cataluña
La traumática historia de un tribunal en diez recusaciones
Tres años de presiones políticas han dejado malherido al Constitucional
J. M. R. - Madrid - 29/11/2009
Vota Resultado 12 votos
El Tribunal Constitucional, "intérprete supremo de la Constitución, independiente de los demás órganos constitucionales y sólo sometido a la Constitución", según proclama su propia Ley, vive desde hace tres años zarandeado por el poder político. El acoso político al alto tribunal ha provocado desde 2006 una disparatada espiral de recusaciones: cinco del PP -sólo una prosperó-, dos del Ejecutivo socialista de Rodríguez Zapatero -que fueron aceptadas- y tres más del Gobierno tripartito catalán -rechazadas de plano-.
El Estatuto mete al Constitucional en un callejón sin salida
TC
(Tribunal Constitucional)
A FONDO
Sede: Madrid (España) Directivo: María Emilia Casas Baamonde (Presidenta)
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webs en español
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Han pasado tres años desde que el PP presentó su recurso -contra el Preámbulo, 12 disposiciones y 114 de los 223 artículos del Estatuto- y el Constitucional se ha visto obligado a dedicar al menos dos de esos tres años a dirimir las 10 recusaciones que PP y PSOE interpusieron para anular a magistrados supuestamente contrarios a sus intereses.
El PP abrió las hostilidades y los Gobiernos central y catalán le siguieron. Todo comenzó cuando el Parlamento catalán aprobó su proyecto de Estatuto y lo remitió al Congreso.
- Primera recusación de Pérez Tremps. En noviembre de 2005, el PP recurrió al Constitucional por entender que no se podía admitir a trámite en el Congreso un texto que suponía una reforma de la Constitución. A la vez, el PP recusó a un magistrado progresista, Pablo Pérez Tremps, por "carecer de la imparcialidad debida" al "haber asesorado la reforma del Estatuto". En realidad, Pérez Tremps sólo elaboró un informe en 2003 a petición del Gobierno de CiU, que no había hecho ninguna reforma estatutaria. El Constitucional, por ocho votos a tres, desestimó la recusación: "Un trabajo académico no puede justificar una sospecha fundada de parcialidad".
- Éxito de la segunda recusación. El PP, con el Estatuto catalán aprobado en el Congreso, recurrió ante el Constitucional y volvió a recusar a Pérez Tremps por idéntico motivo. Algunos magistrados cambiaron su opinión de un año antes y sacaron de la deliberación sobre el Estatuto a Pérez Tremps, con lo que se configuraba una mayoría conservadora de seis frente a cinco. Esta maniobra coincidió con otras dos recusaciones del PP a la presidenta del Constitucional, la progresista María Emilia Casas, y del Gobierno catalán al conservador Roberto García Calvo. Ambas fueran rechazadas de plano.
- El mandato de la presidenta. El temor a que los magistrados conservadores dieran un golpe de mano y no aceptarán la prórroga del mandato de la presidenta del Constitucional, llevó al Gobierno a aprobar in extremis y con la ayuda de IU, una reforma legal que desató de nuevo las hostilidades en el verano de 2007. La reforma permitía la prórroga automática del mandato de la presidenta. El PP recurrió de nuevo al Constitucional pero una maniobra de dos magistrados conservadores, que firmaron un escrito contra la reforma antes de que fuera recurrida por los populares, permitió al Gobierno recusarles y apartarles de las deliberaciones. En plena batalla por hacerse con la mayoría en el Tribunal, el PP utilizó una noticia falsa publicada por El Mundo para recusar a tres magistrados progresistas. El Constitucional rechazó la recusación
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Tres años de presiones políticas han dejado malherido al Constitucional
J. M. R. - Madrid - 29/11/2009
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El Tribunal Constitucional, "intérprete supremo de la Constitución, independiente de los demás órganos constitucionales y sólo sometido a la Constitución", según proclama su propia Ley, vive desde hace tres años zarandeado por el poder político. El acoso político al alto tribunal ha provocado desde 2006 una disparatada espiral de recusaciones: cinco del PP -sólo una prosperó-, dos del Ejecutivo socialista de Rodríguez Zapatero -que fueron aceptadas- y tres más del Gobierno tripartito catalán -rechazadas de plano-.
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Han pasado tres años desde que el PP presentó su recurso -contra el Preámbulo, 12 disposiciones y 114 de los 223 artículos del Estatuto- y el Constitucional se ha visto obligado a dedicar al menos dos de esos tres años a dirimir las 10 recusaciones que PP y PSOE interpusieron para anular a magistrados supuestamente contrarios a sus intereses.
El PP abrió las hostilidades y los Gobiernos central y catalán le siguieron. Todo comenzó cuando el Parlamento catalán aprobó su proyecto de Estatuto y lo remitió al Congreso.
- Primera recusación de Pérez Tremps. En noviembre de 2005, el PP recurrió al Constitucional por entender que no se podía admitir a trámite en el Congreso un texto que suponía una reforma de la Constitución. A la vez, el PP recusó a un magistrado progresista, Pablo Pérez Tremps, por "carecer de la imparcialidad debida" al "haber asesorado la reforma del Estatuto". En realidad, Pérez Tremps sólo elaboró un informe en 2003 a petición del Gobierno de CiU, que no había hecho ninguna reforma estatutaria. El Constitucional, por ocho votos a tres, desestimó la recusación: "Un trabajo académico no puede justificar una sospecha fundada de parcialidad".
- Éxito de la segunda recusación. El PP, con el Estatuto catalán aprobado en el Congreso, recurrió ante el Constitucional y volvió a recusar a Pérez Tremps por idéntico motivo. Algunos magistrados cambiaron su opinión de un año antes y sacaron de la deliberación sobre el Estatuto a Pérez Tremps, con lo que se configuraba una mayoría conservadora de seis frente a cinco. Esta maniobra coincidió con otras dos recusaciones del PP a la presidenta del Constitucional, la progresista María Emilia Casas, y del Gobierno catalán al conservador Roberto García Calvo. Ambas fueran rechazadas de plano.
- El mandato de la presidenta. El temor a que los magistrados conservadores dieran un golpe de mano y no aceptarán la prórroga del mandato de la presidenta del Constitucional, llevó al Gobierno a aprobar in extremis y con la ayuda de IU, una reforma legal que desató de nuevo las hostilidades en el verano de 2007. La reforma permitía la prórroga automática del mandato de la presidenta. El PP recurrió de nuevo al Constitucional pero una maniobra de dos magistrados conservadores, que firmaron un escrito contra la reforma antes de que fuera recurrida por los populares, permitió al Gobierno recusarles y apartarles de las deliberaciones. En plena batalla por hacerse con la mayoría en el Tribunal, el PP utilizó una noticia falsa publicada por El Mundo para recusar a tres magistrados progresistas. El Constitucional rechazó la recusación
As cinco questões da inconstitucionalidade do Estatuto da Catalunha
Cinco claves para el desencuentro
El sesgo 'nacional' de la norma catalana centra las deliberaciones
J. M. L. - Madrid - 29/11/2009
El Estatuto mete al Constitucional en un callejón sin salida
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- El concepto de "nación". El PP lo impugnó por entender que la única nación, depositaria de la soberanía, es la española. En cambio, el término "nacionalidad" cabe aplicarlo a algunas comunidades. El Tribunal posiblemente declarará ahora que el término "nación" que consta en el Preámbulo del Estatuto no tiene eficacia jurídica. Pero los magistrados conservadores y el progresista Manuel Aragón creen que la conexión entre ese término y los símbolos "nacionales" del artículo 8.1 podría interpretarse como el reconocimiento de una nación distinta de la española.
- Símbolos nacionales. El artículo 8.1 define a Cataluña como "nacionalidad", pero da el adjetivo "nacionales" a los símbolos de Cataluña: la bandera, la fiesta y el himno. La mayoría se inclina por estimar el recurso del PP, que recuerda que el artículo 4.2 de la Constitución califica las banderas y enseñas propias como símbolos "de las comunidades autónomas".
- Derechos históricos. El artículo 5 dice que el autogobierno de Cataluña se fundamenta en los derechos históricos del pueblo catalán, sus instituciones seculares y su tradición jurídica que el Estatuto "incorpora y actualiza". Los jueces conservadores creen que el autogobierno se fundamenta en la Constitución.
- Obligatoriedad del catalán. El artículo 6 impone el conocer el catalán a los ciudadanos de Cataluña. Para el PP, el deber de conocer las lenguas se refiere sólo al castellano, lengua oficial del Estado, según el artículo 3.12 de la Constitución.
- Poder Judicial en Cataluña. El PP impugna casi todo el Título III, al entender que es un "ataque frontal a la unidad del Poder Judicial, que es sólo uno en todo el Estado". Los jueces conservadores alegan que el Estatuto no puede fijar competencias del Tribunal Superior de Cataluña ni, de paso, del Tribunal Supremo.
- El 'Síndic de Greuges'. El "carácter exclusivo" con que el Defensor del Pueblo catalán supervisa la actividad de la Generalitat, los organismos públicos y las empresas privadas que gestionan servicios públicos expulsa de Cataluña, según el PP y el Defensor del Pueblo, a este último. Parece haber acuerdo en declarar inconstitucional este punto.
El sesgo 'nacional' de la norma catalana centra las deliberaciones
J. M. L. - Madrid - 29/11/2009
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- El concepto de "nación". El PP lo impugnó por entender que la única nación, depositaria de la soberanía, es la española. En cambio, el término "nacionalidad" cabe aplicarlo a algunas comunidades. El Tribunal posiblemente declarará ahora que el término "nación" que consta en el Preámbulo del Estatuto no tiene eficacia jurídica. Pero los magistrados conservadores y el progresista Manuel Aragón creen que la conexión entre ese término y los símbolos "nacionales" del artículo 8.1 podría interpretarse como el reconocimiento de una nación distinta de la española.
- Símbolos nacionales. El artículo 8.1 define a Cataluña como "nacionalidad", pero da el adjetivo "nacionales" a los símbolos de Cataluña: la bandera, la fiesta y el himno. La mayoría se inclina por estimar el recurso del PP, que recuerda que el artículo 4.2 de la Constitución califica las banderas y enseñas propias como símbolos "de las comunidades autónomas".
- Derechos históricos. El artículo 5 dice que el autogobierno de Cataluña se fundamenta en los derechos históricos del pueblo catalán, sus instituciones seculares y su tradición jurídica que el Estatuto "incorpora y actualiza". Los jueces conservadores creen que el autogobierno se fundamenta en la Constitución.
- Obligatoriedad del catalán. El artículo 6 impone el conocer el catalán a los ciudadanos de Cataluña. Para el PP, el deber de conocer las lenguas se refiere sólo al castellano, lengua oficial del Estado, según el artículo 3.12 de la Constitución.
- Poder Judicial en Cataluña. El PP impugna casi todo el Título III, al entender que es un "ataque frontal a la unidad del Poder Judicial, que es sólo uno en todo el Estado". Los jueces conservadores alegan que el Estatuto no puede fijar competencias del Tribunal Superior de Cataluña ni, de paso, del Tribunal Supremo.
- El 'Síndic de Greuges'. El "carácter exclusivo" con que el Defensor del Pueblo catalán supervisa la actividad de la Generalitat, los organismos públicos y las empresas privadas que gestionan servicios públicos expulsa de Cataluña, según el PP y el Defensor del Pueblo, a este último. Parece haber acuerdo en declarar inconstitucional este punto.
A crise do Tribunal Constitucional espanhol
29 de novembro de 2009
ELPAIS.com La polémica sentencia sobre Cataluña
El Estatuto mete al Constitucional en un callejón sin salida
La división de los jueces en tres grupos bloquea el acuerdo - La mayoría rechaza la ponencia actual, pero ninguna propuesta alternativa logra consenso
Vota Resultado 38 votos Comentarios - 50
El Tribunal Constitucional se dispone a recortar el Estatuto catalán, anulando algunos artículos y matizando al menos otros 40, según las últimas deliberaciones. Pero el camino para llegar a la sentencia se vislumbra largo y tortuoso. Los diez magistrados del Tribunal Constitucional que dirimen el futuro del Estatuto de Cataluña no encuentran aún una salida para alumbrar la respuesta al recurso de inconstitucionalidad que presentó hace tres años el Partido Popular.
Cinco claves para el desencuentro
La traumática historia de un tribunal en diez recusaciones
"Las palabras no son inocentes, ni mucho menos"
"Una consulta soberanista evidenciaría que Cataluña quiere ser española"
Rajoy se pone de perfil para evitar la ola del Estatuto
El debate sobre el modelo autonómico
A FONDO
Después de Cataluña, Andalucía
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Los seis magistrados que rechazan la ponencia no forman un bloque monolítico
Hay coincidencia en tumbar varios artículos y retocar cerca de 40
Las interminables deliberaciones en el pleno -la última sucedió hace sólo tres días- han puesto de manifiesto una división tan profunda y unas posturas tan aparentemente irreconciliables entre magistrados que parece inviable la aprobación inminente de un texto de sentencia por falta de una mayoría suficiente, según fuentes del alto tribunal.
En el plenario que delibera sobre el recurso del PP contra el Estatuto catalán se sientan cinco magistrados elegidos a propuesta del PSOE y otros cinco respaldados en su día por el PP. Pero eso no significa que haya dos bandos. En realidad, hay al menos tres, nada homogéneos, y cada uno de ellos carece del beneplácito de los otros, con lo que es imposible sumar los votos necesarios -un mínimo de cinco, siempre que entre ellos esté el de la presidenta del Tribunal Constitucional- para sacar adelante nada.
La magistrada progresista Elisa Pérez Vera, encargada de redactar la ponencia, ha tenido que corregir varias veces en los últimos meses un proyecto de sentencia -favorable a la mayor parte del Estatuto de Cataluña, aunque recoge importantes recortes a la norma- que, todavía hoy, cuenta con más votos en contra (seis) que a favor (cuatro). Pero ni siquiera entre el grupo de seis magistrados que se oponen al texto de Pérez Vera existe consenso suficiente para sacar adelante una propuesta alternativa.
A estos seis magistrados (cinco conservadores y el progresista Manuel Aragón Reyes) que se han pronunciado contra la ponencia de Pérez Vera les une una interpretación restrictiva del término "nación" incorporado al preámbulo -sostienen que carece de validez jurídica- y de los símbolos nacionales de Cataluña que recoge el título preliminar. Además, cuestionan el apartado que se refiere al "derecho y deber de conocer el catalán".
Lo que ocurre es que el acuerdo de esos seis jueces termina ahí: si tuvieran que proponer una redacción alternativa de esos aspectos del Estatuto no podrían, porque sostienen posturas diferentes: unos son más moderados -Aragón Reyes-, mientras otros querrían una sentencia más dura de inconstitucionalidad. Así que esa ponencia alternativa tampoco tendría una mayoría de seis votos. Del mismo modo, entre los cuatro magistrados progresistas que hoy día apoyan el texto de Pérez Vera las posturas son diversas: hay quienes aceptarían una redacción más tajante contra el Estatuto y quienes se cerrarían en banda ante esa posibilidad. Así que, en este momento, lo único claro es que la actual ponencia genera el rechazo de la mayoría, pero nadie sabe qué ponencia concitaría un apoyo suficiente.
En esas circunstancias, parece imposible aventurar el desenlace de un proceso que ha herido de muerte a la institución judicial más importante de España y ha crispado la vida política hasta cimas impensables. Especialmente en Cataluña, donde en estos días los principales representantes de la clase política, de los sectores económicos y de las entidades ciudadanas han advertido de las nefastas consecuencias que tendría una sentencia adversa al Estatuto.
En la recta final, el Tribunal Constitucional encara la elaboración de una sentencia histórica con un miembro menos, por el fallecimiento de Roberto García Calvo, que no ha sido sustituido; otro recusado, el progresista Pablo Pérez Tremps, y un tercio de sus componentes con el mandato cumplido desde hace dos años, mientras PP y PSOE son incapaces de acordar su renovación.
Independientemente del acuerdo final que permita desbloquear la actual situación, los magistrados han alcanzado un cierto grado de consenso para retocar y, en algún caso, eliminar por problemas de constitucionalidad, 40 de los casi 120 artículos recurridos por el PP, entre ellos los referidos a la lengua, el Defensor del Pueblo o el Poder Judicial catalán.
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La división de los jueces en tres grupos bloquea el acuerdo - La mayoría rechaza la ponencia actual, pero ninguna propuesta alternativa logra consenso
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El Tribunal Constitucional se dispone a recortar el Estatuto catalán, anulando algunos artículos y matizando al menos otros 40, según las últimas deliberaciones. Pero el camino para llegar a la sentencia se vislumbra largo y tortuoso. Los diez magistrados del Tribunal Constitucional que dirimen el futuro del Estatuto de Cataluña no encuentran aún una salida para alumbrar la respuesta al recurso de inconstitucionalidad que presentó hace tres años el Partido Popular.
Cinco claves para el desencuentro
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Los seis magistrados que rechazan la ponencia no forman un bloque monolítico
Hay coincidencia en tumbar varios artículos y retocar cerca de 40
Las interminables deliberaciones en el pleno -la última sucedió hace sólo tres días- han puesto de manifiesto una división tan profunda y unas posturas tan aparentemente irreconciliables entre magistrados que parece inviable la aprobación inminente de un texto de sentencia por falta de una mayoría suficiente, según fuentes del alto tribunal.
En el plenario que delibera sobre el recurso del PP contra el Estatuto catalán se sientan cinco magistrados elegidos a propuesta del PSOE y otros cinco respaldados en su día por el PP. Pero eso no significa que haya dos bandos. En realidad, hay al menos tres, nada homogéneos, y cada uno de ellos carece del beneplácito de los otros, con lo que es imposible sumar los votos necesarios -un mínimo de cinco, siempre que entre ellos esté el de la presidenta del Tribunal Constitucional- para sacar adelante nada.
La magistrada progresista Elisa Pérez Vera, encargada de redactar la ponencia, ha tenido que corregir varias veces en los últimos meses un proyecto de sentencia -favorable a la mayor parte del Estatuto de Cataluña, aunque recoge importantes recortes a la norma- que, todavía hoy, cuenta con más votos en contra (seis) que a favor (cuatro). Pero ni siquiera entre el grupo de seis magistrados que se oponen al texto de Pérez Vera existe consenso suficiente para sacar adelante una propuesta alternativa.
A estos seis magistrados (cinco conservadores y el progresista Manuel Aragón Reyes) que se han pronunciado contra la ponencia de Pérez Vera les une una interpretación restrictiva del término "nación" incorporado al preámbulo -sostienen que carece de validez jurídica- y de los símbolos nacionales de Cataluña que recoge el título preliminar. Además, cuestionan el apartado que se refiere al "derecho y deber de conocer el catalán".
Lo que ocurre es que el acuerdo de esos seis jueces termina ahí: si tuvieran que proponer una redacción alternativa de esos aspectos del Estatuto no podrían, porque sostienen posturas diferentes: unos son más moderados -Aragón Reyes-, mientras otros querrían una sentencia más dura de inconstitucionalidad. Así que esa ponencia alternativa tampoco tendría una mayoría de seis votos. Del mismo modo, entre los cuatro magistrados progresistas que hoy día apoyan el texto de Pérez Vera las posturas son diversas: hay quienes aceptarían una redacción más tajante contra el Estatuto y quienes se cerrarían en banda ante esa posibilidad. Así que, en este momento, lo único claro es que la actual ponencia genera el rechazo de la mayoría, pero nadie sabe qué ponencia concitaría un apoyo suficiente.
En esas circunstancias, parece imposible aventurar el desenlace de un proceso que ha herido de muerte a la institución judicial más importante de España y ha crispado la vida política hasta cimas impensables. Especialmente en Cataluña, donde en estos días los principales representantes de la clase política, de los sectores económicos y de las entidades ciudadanas han advertido de las nefastas consecuencias que tendría una sentencia adversa al Estatuto.
En la recta final, el Tribunal Constitucional encara la elaboración de una sentencia histórica con un miembro menos, por el fallecimiento de Roberto García Calvo, que no ha sido sustituido; otro recusado, el progresista Pablo Pérez Tremps, y un tercio de sus componentes con el mandato cumplido desde hace dos años, mientras PP y PSOE son incapaces de acordar su renovación.
Independientemente del acuerdo final que permita desbloquear la actual situación, los magistrados han alcanzado un cierto grado de consenso para retocar y, en algún caso, eliminar por problemas de constitucionalidad, 40 de los casi 120 artículos recurridos por el PP, entre ellos los referidos a la lengua, el Defensor del Pueblo o el Poder Judicial catalán.
sábado, 28 de novembro de 2009
Conflito de entendimento jurisprudencial entre STF e STJ
Tributário: STF estabelece entendimentos diferentes para crimes formais e materiaisAção penal pode tramitar com recurso administrativo
Laura Ignacio, de São Paulo
27/11/2009 Valor Econômico
Um novo julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) poderá tirar o sono de contribuintes acusados de sonegação fiscal. Em 2003, a corte definiu que o empresário só poderia responder a uma ação penal com o término do processo administrativo que contesta a autuação fiscal. Desde então, milhares de advogados passaram a utilizar o precedente para livrar seus clientes de processos criminais. Recentemente, no entanto, o Pleno do Supremo restringiu a aplicação do entendimento, que seria válido apenas para os chamados crimes materiais.
Após o julgamento de 2003, o Supremo elaborou uma proposta de súmula vinculante para que os julgamentos de todas as instâncias do Judiciário determinassem que primeiro fosse encerrada a discussão na esfera administrativa em caso de crime material - aquele em que há necessidade de um resultado para a ação - para que posteriormente, se fosse o caso, fosse proposta uma ação penal. Em parecer, porém, o procurador-geral da República, Roberto Gurgel, declarou que, quando o assunto é crime contra a ordem tributária, não deve ser interrompida a tramitação de ação penal. No documento, ele defende que a matéria não está pacificada pelos ministros do STF, o que é condição para que um assunto possa virar tema de súmula.
Em 2003, o Pleno do Supremo julgou o pedido de habeas corpus preventivo de alguns empresários paulistas do ramo de construção. Eles foram acusados por não registrarem nos livros contábeis da empresa os valores recebidos pela venda de imóveis em alguns empreendimentos. Na ocasião, o Supremo decidiu que deveria ser encerrada a discussão sobre a acusação de sonegação na esfera administrativa para só então poder tramitar a ação penal contra eles. A partir da decisão, eles se livraram da ação penal e do risco de serem presos por sonegação fiscal. Desde então, a decisão passou a ser usada como referência por diversos empresários com o objetivo de escapar da cadeia.
O caso julgado pelo Supremo, em 2003, porém, tratava de um delito que se encaixa na descrição de crimes materiais. Já o caso julgado recentemente pela corte superior trata de crime "formal", em que a ação em si configura crime, sem necessidade de um resultado, como a apresentação de uma declaração falsa. Trata-se do julgamento de um pedido de habeas corpus de uma empresária cearense com base no julgamento de 2003.
Na ação, a empresária pede para ser suspensa a ação penal contra ela até o fim do julgamento do seu processo administrativo. Os ministros, no entanto, consideraram que, por se tratar de crime formal, não cabe a aplicação do precedente do STF. "O Supremo nunca tinha enfrentado essa situação antes", afirma o advogado Renato Nunes, do escritório Nunes, Sawaya, Nusman e Thevenard Advogados.
A questão é polêmica entre especialistas. Para o advogado Luiz Guilherme Moreira Porto, do escritório Reale e Moreira Porto Advogados Associados, que atua na defesa de empresários, seja em relação a crime material ou formal deve ser finalizado primeiro o processo administrativo. "Não vejo diferença", diz.
O advogado defende que mesmo no caso dos crimes chamados de formais é preciso saber se o tributo que o sujeito "visava suprimir" era devido. "E quem vai responder isso é a Receita Federal por meio de um processo administrativo", explica Porto.
O mesmo entendimento defende o professor de direito penal da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), Alamiro Velludo Salvador Netto. Ele argumenta que a declaração falsa, por exemplo, não causa impacto nos cofres públicos. "Só há esse impacto se a declaração falsa leva o contribuinte a pagar menos tributos", afirma. "E não há como comprovar isso sem o fim do processo administrativo", diz. Para Netto, o problema é que a ação penal acaba sendo usada para constranger o contribuinte a pagar o débito, enquanto a execução fiscal seria o meio de cobrar.
O jurista Luiz Flávio Gomes argumenta que em relação aos crimes formais não é preciso esgotar a via administrativa para o início da tramitação da ação penal. "A decisão do Supremo em 2003 só se referia a crimes materiais", afirma. Gomes argumenta que, em caso de crime material, enquanto a discussão administrativa não se esgota, não há sequer tributo devido. "O procurador-geral da República não levou em conta que tributo devido só existe quando há lançamento do débito, o que depende do fim do processo administrativo."
Laura Ignacio, de São Paulo
27/11/2009 Valor Econômico
Um novo julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) poderá tirar o sono de contribuintes acusados de sonegação fiscal. Em 2003, a corte definiu que o empresário só poderia responder a uma ação penal com o término do processo administrativo que contesta a autuação fiscal. Desde então, milhares de advogados passaram a utilizar o precedente para livrar seus clientes de processos criminais. Recentemente, no entanto, o Pleno do Supremo restringiu a aplicação do entendimento, que seria válido apenas para os chamados crimes materiais.
Após o julgamento de 2003, o Supremo elaborou uma proposta de súmula vinculante para que os julgamentos de todas as instâncias do Judiciário determinassem que primeiro fosse encerrada a discussão na esfera administrativa em caso de crime material - aquele em que há necessidade de um resultado para a ação - para que posteriormente, se fosse o caso, fosse proposta uma ação penal. Em parecer, porém, o procurador-geral da República, Roberto Gurgel, declarou que, quando o assunto é crime contra a ordem tributária, não deve ser interrompida a tramitação de ação penal. No documento, ele defende que a matéria não está pacificada pelos ministros do STF, o que é condição para que um assunto possa virar tema de súmula.
Em 2003, o Pleno do Supremo julgou o pedido de habeas corpus preventivo de alguns empresários paulistas do ramo de construção. Eles foram acusados por não registrarem nos livros contábeis da empresa os valores recebidos pela venda de imóveis em alguns empreendimentos. Na ocasião, o Supremo decidiu que deveria ser encerrada a discussão sobre a acusação de sonegação na esfera administrativa para só então poder tramitar a ação penal contra eles. A partir da decisão, eles se livraram da ação penal e do risco de serem presos por sonegação fiscal. Desde então, a decisão passou a ser usada como referência por diversos empresários com o objetivo de escapar da cadeia.
O caso julgado pelo Supremo, em 2003, porém, tratava de um delito que se encaixa na descrição de crimes materiais. Já o caso julgado recentemente pela corte superior trata de crime "formal", em que a ação em si configura crime, sem necessidade de um resultado, como a apresentação de uma declaração falsa. Trata-se do julgamento de um pedido de habeas corpus de uma empresária cearense com base no julgamento de 2003.
Na ação, a empresária pede para ser suspensa a ação penal contra ela até o fim do julgamento do seu processo administrativo. Os ministros, no entanto, consideraram que, por se tratar de crime formal, não cabe a aplicação do precedente do STF. "O Supremo nunca tinha enfrentado essa situação antes", afirma o advogado Renato Nunes, do escritório Nunes, Sawaya, Nusman e Thevenard Advogados.
A questão é polêmica entre especialistas. Para o advogado Luiz Guilherme Moreira Porto, do escritório Reale e Moreira Porto Advogados Associados, que atua na defesa de empresários, seja em relação a crime material ou formal deve ser finalizado primeiro o processo administrativo. "Não vejo diferença", diz.
O advogado defende que mesmo no caso dos crimes chamados de formais é preciso saber se o tributo que o sujeito "visava suprimir" era devido. "E quem vai responder isso é a Receita Federal por meio de um processo administrativo", explica Porto.
O mesmo entendimento defende o professor de direito penal da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), Alamiro Velludo Salvador Netto. Ele argumenta que a declaração falsa, por exemplo, não causa impacto nos cofres públicos. "Só há esse impacto se a declaração falsa leva o contribuinte a pagar menos tributos", afirma. "E não há como comprovar isso sem o fim do processo administrativo", diz. Para Netto, o problema é que a ação penal acaba sendo usada para constranger o contribuinte a pagar o débito, enquanto a execução fiscal seria o meio de cobrar.
O jurista Luiz Flávio Gomes argumenta que em relação aos crimes formais não é preciso esgotar a via administrativa para o início da tramitação da ação penal. "A decisão do Supremo em 2003 só se referia a crimes materiais", afirma. Gomes argumenta que, em caso de crime material, enquanto a discussão administrativa não se esgota, não há sequer tributo devido. "O procurador-geral da República não levou em conta que tributo devido só existe quando há lançamento do débito, o que depende do fim do processo administrativo."
quarta-feira, 25 de novembro de 2009
O STF e o pacto San Jose
23 de Novembro de 2009
STF decide processos com fundamento no Pacto de San José
No ano passado o Supremo Tribunal Federal concedeu 27 habeas corpus por inconstitucionalidade da prisão civil para depositário infiel. Já este ano, segundo dados atualizados até 31 de outubro de 2009, foram concedidos 36 habeas corpus, sendo que um terço deles sob a relatoria do ministro Cezar Peluso.
Ao analisar um desses processos, o presidente do STF, ministro Gilmar Mendes, levou em consideração o Pacto de San José para julgar o pedido de habeas corpus de um acusado de depósito infiel (HC 97251). O relator concedeu a liminar e suspendeu a ordem de prisão preventiva do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) contra o acusado.
Na avaliação do ministro, os acordos e tratados internacionais que versem sobre direitos humanos têm um status acima das leis ordinárias, porém abaixo dos dispositivos contidos na própria Constituição Federal, salvo se ratificados em votação semelhante às das propostas de emendas constitucionais.
Entre esses tratados estão o Pacto Internacional dos Direitos Civil e Políticos e a Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (Pacto de San José). Os dois tratados foram ratificados pelo Brasil em 1992 e não admitem mais a prisão civil do depositário infiel.
Por isso, segundo o ministro, mesmo com esse tipo de prisão estando previsto no artigo 5º, inciso LXVII, da Constituição brasileira, “não há mais base legal para prisão civil do depositário infiel, pois o caráter especial desses diplomas internacionais sobre direitos humanos lhes reserva lugar específico no ordenamento jurídico, estando abaixo da Constituição, porém acima da legislação interna”, afirmou Gilmar Mendes.
Prisão preventiva
O Supremo também já recebeu pedidos de habeas corpus em que a defesa busca no Pacto de San José argumentos para a revogação da prisão preventiva em casos que diferem do infiel depositário. Um exemplo é o pedido de habeas corpus de uma pessoa presa em flagrante por tráfico ilícito de drogas e de armas (HC 91389), analisado pelo ministro Celso de Mello.
Mas nem sempre a alusão ao tratado é eficaz. Ao relatar o caso, o ministro lembrou que nem mesmo a Convenção Americana de Direitos Humanos “assegura, de modo irrestrito, o direito ao réu de sempre responder em liberdade”.
Segundo o ministro, a jurisprudência do Supremo tem advertido sobre a necessidade de que a decretação da prisão preventiva seja substancialmente fundamentada, demonstrando ser imprescindível a restrição da liberdade, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Nesse caso, o pedido de liminar foi indeferido.
Prova contra si
Também com base no Pacto de San José e na Constituição Federal, os ministros da Segunda Turma do Supremo concederam Habeas Corpus (HC 83096) em favor de um acusado que não queria ser submetido a teste de perícia de voz. Ele foi denunciado pela prática de associação para o tráfico de entorpecentes, após escuta telefônica efetuada pela Polícia Federal.
A defesa alegou ofensa ao artigo 8º, inciso II, alínea “g”, do Pacto San José, segundo o qual ninguém será obrigado a depor, fazer prova contra si mesmo ou se autoincriminar. Ao julgar o caso a Turma acompanhou o voto da relatora da matéria, ministra Ellen Gracie, para assegurar ao paciente o exercício do direito ao silêncio.
Fraude à Previdência
Em 2003, Jorgina de Freitas Fernandes, condenada por fraudes contra a Previdência Social, recorreu ao STF (RHC 79785), para pedir a aplicação da Convenção Americana de Direitos Humanos e o reexame da decisão que a condenou. Naquela ocasião, o relator do caso, ministro Sepúlveda Pertence, lembrou que não houve violação do direito de Jorgina de Freitas recorrer de decisão judicial, previsto tanto na Constituição brasileira quanto no Pacto de San José.
"A situação não se alterou, com a incorporação ao Direito brasileiro do Pacto de San Jose, na qual, efetivamente, o artigo 8º, inciso II, letra "h", consagrou, como garantia, ao mesmo na esfera processual penal, o duplo grau de jurisdição, em sua acepção mais própria: o direito de toda pessoa acusada de delito, durante o processo, de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior ", afirmou. Segundo o ministro, em nenhum momento ela teve seu direito de recorrer violado.
Jorgina de Freitas viveu na Costa Rica, onde ficou foragida da Justiça brasileira até ser presa naquele país e ter seu pedido de extradição autorizado. Ela foi condenada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Inconformada com a decisão recorreu ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), invocando a aplicação da Constituição Federal e do Pacto de San Jose. Porém, o STJ negou-lhe o pedido, porque Jorgina teria submetido ao Tribunal um "recurso inominado" não previsto na legislação brasileira. No STF os argumentos da defesa de também não prosperaram.
STF decide processos com fundamento no Pacto de San José
No ano passado o Supremo Tribunal Federal concedeu 27 habeas corpus por inconstitucionalidade da prisão civil para depositário infiel. Já este ano, segundo dados atualizados até 31 de outubro de 2009, foram concedidos 36 habeas corpus, sendo que um terço deles sob a relatoria do ministro Cezar Peluso.
Ao analisar um desses processos, o presidente do STF, ministro Gilmar Mendes, levou em consideração o Pacto de San José para julgar o pedido de habeas corpus de um acusado de depósito infiel (HC 97251). O relator concedeu a liminar e suspendeu a ordem de prisão preventiva do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) contra o acusado.
Na avaliação do ministro, os acordos e tratados internacionais que versem sobre direitos humanos têm um status acima das leis ordinárias, porém abaixo dos dispositivos contidos na própria Constituição Federal, salvo se ratificados em votação semelhante às das propostas de emendas constitucionais.
Entre esses tratados estão o Pacto Internacional dos Direitos Civil e Políticos e a Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (Pacto de San José). Os dois tratados foram ratificados pelo Brasil em 1992 e não admitem mais a prisão civil do depositário infiel.
Por isso, segundo o ministro, mesmo com esse tipo de prisão estando previsto no artigo 5º, inciso LXVII, da Constituição brasileira, “não há mais base legal para prisão civil do depositário infiel, pois o caráter especial desses diplomas internacionais sobre direitos humanos lhes reserva lugar específico no ordenamento jurídico, estando abaixo da Constituição, porém acima da legislação interna”, afirmou Gilmar Mendes.
Prisão preventiva
O Supremo também já recebeu pedidos de habeas corpus em que a defesa busca no Pacto de San José argumentos para a revogação da prisão preventiva em casos que diferem do infiel depositário. Um exemplo é o pedido de habeas corpus de uma pessoa presa em flagrante por tráfico ilícito de drogas e de armas (HC 91389), analisado pelo ministro Celso de Mello.
Mas nem sempre a alusão ao tratado é eficaz. Ao relatar o caso, o ministro lembrou que nem mesmo a Convenção Americana de Direitos Humanos “assegura, de modo irrestrito, o direito ao réu de sempre responder em liberdade”.
Segundo o ministro, a jurisprudência do Supremo tem advertido sobre a necessidade de que a decretação da prisão preventiva seja substancialmente fundamentada, demonstrando ser imprescindível a restrição da liberdade, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Nesse caso, o pedido de liminar foi indeferido.
Prova contra si
Também com base no Pacto de San José e na Constituição Federal, os ministros da Segunda Turma do Supremo concederam Habeas Corpus (HC 83096) em favor de um acusado que não queria ser submetido a teste de perícia de voz. Ele foi denunciado pela prática de associação para o tráfico de entorpecentes, após escuta telefônica efetuada pela Polícia Federal.
A defesa alegou ofensa ao artigo 8º, inciso II, alínea “g”, do Pacto San José, segundo o qual ninguém será obrigado a depor, fazer prova contra si mesmo ou se autoincriminar. Ao julgar o caso a Turma acompanhou o voto da relatora da matéria, ministra Ellen Gracie, para assegurar ao paciente o exercício do direito ao silêncio.
Fraude à Previdência
Em 2003, Jorgina de Freitas Fernandes, condenada por fraudes contra a Previdência Social, recorreu ao STF (RHC 79785), para pedir a aplicação da Convenção Americana de Direitos Humanos e o reexame da decisão que a condenou. Naquela ocasião, o relator do caso, ministro Sepúlveda Pertence, lembrou que não houve violação do direito de Jorgina de Freitas recorrer de decisão judicial, previsto tanto na Constituição brasileira quanto no Pacto de San José.
"A situação não se alterou, com a incorporação ao Direito brasileiro do Pacto de San Jose, na qual, efetivamente, o artigo 8º, inciso II, letra "h", consagrou, como garantia, ao mesmo na esfera processual penal, o duplo grau de jurisdição, em sua acepção mais própria: o direito de toda pessoa acusada de delito, durante o processo, de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior ", afirmou. Segundo o ministro, em nenhum momento ela teve seu direito de recorrer violado.
Jorgina de Freitas viveu na Costa Rica, onde ficou foragida da Justiça brasileira até ser presa naquele país e ter seu pedido de extradição autorizado. Ela foi condenada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Inconformada com a decisão recorreu ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), invocando a aplicação da Constituição Federal e do Pacto de San Jose. Porém, o STJ negou-lhe o pedido, porque Jorgina teria submetido ao Tribunal um "recurso inominado" não previsto na legislação brasileira. No STF os argumentos da defesa de também não prosperaram.
Ampliando a legitimidade no Conselho Constitucional
Prof Farlei Martins, Ucam e doutorando de direito da puc-rio envia-nos
Le Monde, 25.11.2009
Les justiciables vont pouvoir saisir le Conseil constitutionnel
Le Parlement a définitivement approuvé, mardi 24 novembre, un des volets de
la révision constitutionnelle de juillet 2008 : la saisine indirecte du
Conseil constitutionnel par un justiciable contestant une loi.
Jusqu'à présent, seuls 60 députés ou sénateurs pouvaient saisir le Conseil
constitutionnel pour contrôler une loi avant sa promulgation. Désormais,
tout justiciable aura la possibilité de contester une loi déjà appliquée
mais qu'il juge contraire à la Constitution. Il pourra saisir indirectement
les Sages au cours d'un procès (sauf en cour d'assises), via la juridiction
de première instance ou d'appel. Cette juridiction, si elle juge la saisine
recevable, la transmettra à l'instance suprême dont elle relève (Conseil
d'Etat ou Cour de cassation), qui décidera en dernier ressort d'en appeler
ou non au Conseil constitutionnel.
DES DÉLAIS PEU ENCADRÉS
Le texte a été approuvé en seconde lecture par les seuls députés UMP et NC.
En première lecture, ceux-ci avaient voté contre l'avis du gouvernement des
moyens de saisir la juridiction supérieure si les juridictions saisies ne
donnaient pas de réponse avant un certain délai. Mais ils se sont finalement
rangés à la version adoptée au Sénat : elle supprime ces garde-fous, qui
auraient "encombré" les juridictions, selon la ministre de la justice
Michèle Alliot-Marie.
Aucun délai n'est donc prévu pour que la juridiction de première instance
statue. Le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation doit pour sa part se
prononcer dans un délai de trois mois, ainsi que le Conseil constitutionnel,
à qui il revient de décider d'abroger ou non la disposition contestée.
La réforme devrait pouvoir être mise en ouvre au printemps. Un texte de loi
similaire, proposé par le sénateur PS Robert Badinter en 1990, avait
finalement été rejeté par le Sénat.
Le Monde, 25.11.2009
Les justiciables vont pouvoir saisir le Conseil constitutionnel
Le Parlement a définitivement approuvé, mardi 24 novembre, un des volets de
la révision constitutionnelle de juillet 2008 : la saisine indirecte du
Conseil constitutionnel par un justiciable contestant une loi.
Jusqu'à présent, seuls 60 députés ou sénateurs pouvaient saisir le Conseil
constitutionnel pour contrôler une loi avant sa promulgation. Désormais,
tout justiciable aura la possibilité de contester une loi déjà appliquée
mais qu'il juge contraire à la Constitution. Il pourra saisir indirectement
les Sages au cours d'un procès (sauf en cour d'assises), via la juridiction
de première instance ou d'appel. Cette juridiction, si elle juge la saisine
recevable, la transmettra à l'instance suprême dont elle relève (Conseil
d'Etat ou Cour de cassation), qui décidera en dernier ressort d'en appeler
ou non au Conseil constitutionnel.
DES DÉLAIS PEU ENCADRÉS
Le texte a été approuvé en seconde lecture par les seuls députés UMP et NC.
En première lecture, ceux-ci avaient voté contre l'avis du gouvernement des
moyens de saisir la juridiction supérieure si les juridictions saisies ne
donnaient pas de réponse avant un certain délai. Mais ils se sont finalement
rangés à la version adoptée au Sénat : elle supprime ces garde-fous, qui
auraient "encombré" les juridictions, selon la ministre de la justice
Michèle Alliot-Marie.
Aucun délai n'est donc prévu pour que la juridiction de première instance
statue. Le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation doit pour sa part se
prononcer dans un délai de trois mois, ainsi que le Conseil constitutionnel,
à qui il revient de décider d'abroger ou non la disposition contestée.
La réforme devrait pouvoir être mise en ouvre au printemps. Un texte de loi
similaire, proposé par le sénateur PS Robert Badinter en 1990, avait
finalement été rejeté par le Sénat.
CNJ e o segredo de justiça
Valor Econômico
CNJ discute se pode determinar quebra de segredo de Justiça
Luiza de Carvalho, de Brasília
25/11/2009
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) começa a discutir a possibilidade de decretar o fim do segredo de Justiça quando chamado a avaliar a questão por meio de procedimento de controle administrativo (PAC) ajuizado no órgão. A possibilidade foi discutida em um procedimento investigativo em andamento no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) contra três desembargadores acusados de formação de quadrilha. Por votação apertada de sete a seis votos, os conselheiros decidiram que o CNJ não deveria intervir no caso. No entanto, a discussão deve ser retomada em processos similares que já chegaram ao CNJ.
No caso, o advogado José Leite Saraiva Filho, que defende um dos magistrados do TJES, pleiteava o acesso aos autos dos demais processos, protegidos pelo segredo. Saraiva argumentou que os três processos estavam interligados e seria necessário ter acesso a eles para estabelecer uma linha de defesa. O relator do processo, conselheiro Nelson Tomaz Braga, votou pela negativa do pedido do advogado, e foi acompanhado pela maioria dos conselheiros. De acordo com o conselheiro Milton Nobre, o CNJ não deve exercer a função de "órgão recursal de decisões interlocutórias", e que caberia ao tribunal de segundo grau manter ou não a decisão pelo segredo de Justiça.
Mas o julgamento trouxe à tona opiniões contrárias. "Não me atrai o uso excessivo do segredo de Justiça, que parece herança dos tempos da ditadura", diz o conselheiro Walter Nunes. Para ele, a Constituição Federal de 1988 rompeu com essa tradição, assegurando a ampla publicidade dos atos processuais, e deve prevalecer o direito à publicidade sempre que tiver em conflito com o interesse público. Na opinião do conselheiro Ives Gandra da Silva Martins Filho, ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), há possibilidade de intervenção do CNJ quando houver uma ilegalidade gritante. "Em uma acusação de formação de quadrilha não há necessidade de preservação do segredo de Justiça", diz Ives Gandra.
A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) manifestou-se a favor da quebra do segredo de justiça no caso levado ao CNJ. A entidade foi responsável pela proposição da súmula vinculante nº 14, do Supremo Tribunal Federal (STF), que garante aos advogados dos investigados o acesso aos autos do processo protegido por segredo de justiça. De acordo com AlbertoToron, secretário-geral adjunto da OAB, o CNJ têm a competência para afastar o segredo de Justiça total ou parcialmente. "No caso analisado, o advogado tinha o direito de examinar porque havia uma conexão entre os casos", diz
CNJ discute se pode determinar quebra de segredo de Justiça
Luiza de Carvalho, de Brasília
25/11/2009
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) começa a discutir a possibilidade de decretar o fim do segredo de Justiça quando chamado a avaliar a questão por meio de procedimento de controle administrativo (PAC) ajuizado no órgão. A possibilidade foi discutida em um procedimento investigativo em andamento no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) contra três desembargadores acusados de formação de quadrilha. Por votação apertada de sete a seis votos, os conselheiros decidiram que o CNJ não deveria intervir no caso. No entanto, a discussão deve ser retomada em processos similares que já chegaram ao CNJ.
No caso, o advogado José Leite Saraiva Filho, que defende um dos magistrados do TJES, pleiteava o acesso aos autos dos demais processos, protegidos pelo segredo. Saraiva argumentou que os três processos estavam interligados e seria necessário ter acesso a eles para estabelecer uma linha de defesa. O relator do processo, conselheiro Nelson Tomaz Braga, votou pela negativa do pedido do advogado, e foi acompanhado pela maioria dos conselheiros. De acordo com o conselheiro Milton Nobre, o CNJ não deve exercer a função de "órgão recursal de decisões interlocutórias", e que caberia ao tribunal de segundo grau manter ou não a decisão pelo segredo de Justiça.
Mas o julgamento trouxe à tona opiniões contrárias. "Não me atrai o uso excessivo do segredo de Justiça, que parece herança dos tempos da ditadura", diz o conselheiro Walter Nunes. Para ele, a Constituição Federal de 1988 rompeu com essa tradição, assegurando a ampla publicidade dos atos processuais, e deve prevalecer o direito à publicidade sempre que tiver em conflito com o interesse público. Na opinião do conselheiro Ives Gandra da Silva Martins Filho, ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), há possibilidade de intervenção do CNJ quando houver uma ilegalidade gritante. "Em uma acusação de formação de quadrilha não há necessidade de preservação do segredo de Justiça", diz Ives Gandra.
A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) manifestou-se a favor da quebra do segredo de justiça no caso levado ao CNJ. A entidade foi responsável pela proposição da súmula vinculante nº 14, do Supremo Tribunal Federal (STF), que garante aos advogados dos investigados o acesso aos autos do processo protegido por segredo de justiça. De acordo com AlbertoToron, secretário-geral adjunto da OAB, o CNJ têm a competência para afastar o segredo de Justiça total ou parcialmente. "No caso analisado, o advogado tinha o direito de examinar porque havia uma conexão entre os casos", diz
O papel do Ministério Público
Valor Econômico
Juliano Basile, de Salvador
25/11/2009
Roberto Gurgel, procurador-geral da República: "A lei atual favorece um número de recursos excessivo e exagerado"
O procurador-geral da República, Roberto Gurgel, acredita que, sem o poder de conduzir investigações, o Ministério Público se tornará uma instituição capenga.
O debate sobre esse poder, disputado pela Polícia Federal, está sendo travado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) numa ação de grandes proporções políticas: um habeas corpus de Sérgio Gomes da Silva, o Sombra, no caso do assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel, ocorrido em janeiro de 2002.
O habeas foi impetrado pela defesa de Sombra porque, após a polícia concluir que foi crime comum (sequestro seguido de morte), promotores complementaram as investigações para identificar possível crime político (um eventual envolvimento de Sombra num esquema de corrupção na prefeitura).
Esse processo acabou se tornando chave para o MP, pois definirá se procuradores e promotores podem auxiliar o trabalho de produção de provas da polícia. O assunto é polêmico, pois a PF defende que cabe a si o papel de produzir provas em investigações, enquanto ao MP seria dada a tarefa de fazer as ações penais.
Já Gurgel defende uma complementaridade entre o trabalho da PF e do MP. "A parceria entre ambos é absolutamente essencial para o sucesso da ação penal", afirmou.
Conhecido na sede do MP como Jô Soares, por causa de sua semelhança física com o famoso comediante, o novo procurador-geral costuma fazer defesas polidas no STF. É extremamente discreto e evita entrar em polêmicas com os ministros. Por outro lado, procura sempre enfatizar aos procuradores que a sua cordialidade não deve ser vista como falta de firmeza. Um exemplo dessa atuação é a defesa que ele faz para que os agentes políticos possam ser réus em ações de improbidade. Esse é mais um tema polêmico que será decidido pelo STF e nele Gurgel tem uma posição dura. Para o procurador-geral, se o STF retirar os políticos do rol de processados por improbidade, "haverá um desastre de impunidade no país", pois muitas ações serão extintas.
O procurador-geral também pede ao Supremo que não seja excessivamente garantista. O risco, em sua avaliação, é que, para proteger os direitos de defesa dos acusados, o STF acabe inviabilizando as ações penais.
Ainda com relação ao STF, Gurgel adotou posição antiativista no julgamento de Cesare Battisti. No início, ele foi favorável à extradição por entender que os crimes do italiano eram comuns, e não políticos. Com a concessão do refúgio, ele passou a defender a permanência do italiano no Brasil, alegando que o tribunal não poderia rever a posição do Executivo. Mas, quando o STF derrubou o refúgio dado a Battisti, ele passou a defender que a última palavra fosse do presidente, e não do tribunal. Essa posição acabou prevalecendo num julgamento em que o procurador-geral foi o único a não entrar em discussões ríspidas na Corte, o que não significa que ele estivesse ausente.
Gurgel relaciona-se muito bem com os ministros do Supremo e segue à risca o estilo de seu antecessor no cargo, o procurador Antonio Fernando de Souza, que é bastante tímido e quieto, mas foi responsável pela ação mais forte do MP nos últimos anos, a denúncia do mensalão. Avesso a entrevistas, o chefe do MP conversou com o Valor ao fim do encontro da Estratégia Nacional de Combate ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Enccla), que reuniu mais de 70 órgãos públicos, em Salvador.
Valor: A discussão no STF sobre o poder de o Ministério Público investigar é, hoje, a mais importante para a instituição?
Roberto Gurgel: O poder investigativo é absolutamente necessário para que se tenha um Ministério Público efetivo. Sem ele, o MP se torna uma instituição capenga. É uma questão de fundamental importância para nós. O poder investigativo já foi reconhecido pelo STF nos crimes envolvendo policiais. É por esse motivo que afirmamos que o Supremo tem reconhecido essa nossa competência.
Valor: Mas a Polícia Federal defende para si a competência para a investigação de crimes. Há um conflito com a PF?
Gurgel: O MP só deverá investigar nas hipóteses em que a polícia não tem as melhores condições para fazê-lo. Há hipóteses em que policiais estão envolvidos e são alvos de investigações. Nesses casos, o MP deve fazer a investigação. Mas é importante que o poder investigativo chegue para outras hipóteses. Um exemplo está nos casos em que estão envolvidas autoridades com foro privilegiado. São pessoas que teriam condições de criar embaraços para as investigações. Então, nós temos de verificar caso a caso.
Valor: Qual a melhor solução para esse debate? Qual seria o papel do MP e qual o da PF?
Gurgel: O MP não pretende substituir a polícia na atividade investigatória. Nas conversas com a PF, buscamos pontos de convergência. A parceria entre o MP e a PF é absolutamente essencial para o sucesso da ação penal. O relacionamento com a direção da PF foi bom em outras gestões e continua excelente. Temos pontos em comum a respeito da maioria das questões.
Valor: O senhor entende que o STF tem sido excessivamente garantista em suas decisões e que isso tem dificultado a realização de investigações de organizações criminosas?
Gurgel: Eu acho que nós temos de ter a imensa preocupação em assegurar os direitos do acusado. Mas deve haver igual preocupação com a tutela penal efetiva. Ela é imprescindível. O que é preciso é chegar a uma justa medida. As garantias (de direitos aos acusados) devem ser seguidas, mas a ação penal também deve ser garantida.
Valor: É preciso mudar a legislação penal para reduzir a quantidade de recursos que permite que um processo criminal jamais chegue ao fim?
Gurgel: A legislação atual favorece um número de recursos excessivo e exagerado. Isso precisa ser mudado. O processo penal deve assegurar todos os direitos fundamentais, mas deve também ser concluído em tempo hábil.
Valor: Como o senhor vê o debate, no STF, a respeito de os agentes políticos serem submetidos a ações de improbidade administrativa?
Gurgel: Essa é uma questão em aberto no Supremo. Não há decisão final a esse respeito. Os agentes políticos devem sim estar submetidos à Lei de Improbidade e não a crime de responsabilidade. Se eles forem acionados por crime de responsabilidade, só vão responder à ação enquanto estiverem no exercício do cargo. Essa tese é de extrema gravidade, pois, se for observada, resultará em impunidade. Fizemos um levantamento e descobrimos que 60% dessas ações são ajuizadas depois que eles deixam o cargo.
Valor: O senhor está dizendo que, se o STF livrar os políticos da Lei de Improbidade, as ações contra eles podem simplesmente ser extintas?
Gurgel: Se esse entendimento for consagrado - de que não cabe aos agentes públicos responder por improbidade, mas por crime de responsabilidade -, eles ficariam ser qualquer tipo de punição. Seria absolutamente desastroso. E é na ação de improbidade que se consegue de volta os bens desviados e se pode impedir que o agente político continue exercendo a função pública. A ação de improbidade é o grande temor dos prefeitos, pois os tira do cargo e indispõe seus bens.
Valor: O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) está aquém do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), onde há mais decisões disciplinares contra juízes e mais ações de planejamento do Judiciário?
Gurgel: Acompanho o CNMP desde a sua instalação e acho injusto que se diga que os conselheiros não desempenharam adequadamente as funções do órgão. No início, houve ausência de estrutura administrativa e falta de um orçamento mínimo se comparado com o CNJ. Mas houve também ações disciplinares importantes, como, por exemplo, no MP do Amazonas. Durante as eleições para a Procuradoria de lá, houve até a contratação de pistoleiros e o CNMP, na sua primeira composição já atuou em cima de casos como esse. Agora, continua cumprindo as suas funções e temos melhores condições de estimular uma atuação mais intensa não apenas em ações disciplinares, mas também no planejamento institucional do MP.
Valor: Como será feito esse planejamento?
Gurgel: O importante é fazermos um diagnóstico do MP em termos nacionais e a partir dele vamos definir ações para que tenhamos um MP atuante em todas as regiões do país. Reconheço que há Estados em que o MP não possui estrutura mínima e outros em que é muito eficiente.
Valor: O que o senhor achou da decisão do STF sobre a extradição do italiano Cesare Battisti?
Gurgel: A posição da procuradoria era a de que não se tratava de crime político, mas de crime comum. Éramos a favor da extradição, mas sobreveio o refúgio e, por esse motivo, entendemos que o STF não deveria revê-lo. Só que o Supremo decidiu o contrário, então, defendemos que a palavra final sobre a extradição deve ser do Poder Executivo. Ao final, acabou prevalecendo esse entendimento que defendemos de que não caberia ao STF impor uma decisão de caráter político ao presidente da República.
Juliano Basile, de Salvador
25/11/2009
Roberto Gurgel, procurador-geral da República: "A lei atual favorece um número de recursos excessivo e exagerado"
O procurador-geral da República, Roberto Gurgel, acredita que, sem o poder de conduzir investigações, o Ministério Público se tornará uma instituição capenga.
O debate sobre esse poder, disputado pela Polícia Federal, está sendo travado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) numa ação de grandes proporções políticas: um habeas corpus de Sérgio Gomes da Silva, o Sombra, no caso do assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel, ocorrido em janeiro de 2002.
O habeas foi impetrado pela defesa de Sombra porque, após a polícia concluir que foi crime comum (sequestro seguido de morte), promotores complementaram as investigações para identificar possível crime político (um eventual envolvimento de Sombra num esquema de corrupção na prefeitura).
Esse processo acabou se tornando chave para o MP, pois definirá se procuradores e promotores podem auxiliar o trabalho de produção de provas da polícia. O assunto é polêmico, pois a PF defende que cabe a si o papel de produzir provas em investigações, enquanto ao MP seria dada a tarefa de fazer as ações penais.
Já Gurgel defende uma complementaridade entre o trabalho da PF e do MP. "A parceria entre ambos é absolutamente essencial para o sucesso da ação penal", afirmou.
Conhecido na sede do MP como Jô Soares, por causa de sua semelhança física com o famoso comediante, o novo procurador-geral costuma fazer defesas polidas no STF. É extremamente discreto e evita entrar em polêmicas com os ministros. Por outro lado, procura sempre enfatizar aos procuradores que a sua cordialidade não deve ser vista como falta de firmeza. Um exemplo dessa atuação é a defesa que ele faz para que os agentes políticos possam ser réus em ações de improbidade. Esse é mais um tema polêmico que será decidido pelo STF e nele Gurgel tem uma posição dura. Para o procurador-geral, se o STF retirar os políticos do rol de processados por improbidade, "haverá um desastre de impunidade no país", pois muitas ações serão extintas.
O procurador-geral também pede ao Supremo que não seja excessivamente garantista. O risco, em sua avaliação, é que, para proteger os direitos de defesa dos acusados, o STF acabe inviabilizando as ações penais.
Ainda com relação ao STF, Gurgel adotou posição antiativista no julgamento de Cesare Battisti. No início, ele foi favorável à extradição por entender que os crimes do italiano eram comuns, e não políticos. Com a concessão do refúgio, ele passou a defender a permanência do italiano no Brasil, alegando que o tribunal não poderia rever a posição do Executivo. Mas, quando o STF derrubou o refúgio dado a Battisti, ele passou a defender que a última palavra fosse do presidente, e não do tribunal. Essa posição acabou prevalecendo num julgamento em que o procurador-geral foi o único a não entrar em discussões ríspidas na Corte, o que não significa que ele estivesse ausente.
Gurgel relaciona-se muito bem com os ministros do Supremo e segue à risca o estilo de seu antecessor no cargo, o procurador Antonio Fernando de Souza, que é bastante tímido e quieto, mas foi responsável pela ação mais forte do MP nos últimos anos, a denúncia do mensalão. Avesso a entrevistas, o chefe do MP conversou com o Valor ao fim do encontro da Estratégia Nacional de Combate ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Enccla), que reuniu mais de 70 órgãos públicos, em Salvador.
Valor: A discussão no STF sobre o poder de o Ministério Público investigar é, hoje, a mais importante para a instituição?
Roberto Gurgel: O poder investigativo é absolutamente necessário para que se tenha um Ministério Público efetivo. Sem ele, o MP se torna uma instituição capenga. É uma questão de fundamental importância para nós. O poder investigativo já foi reconhecido pelo STF nos crimes envolvendo policiais. É por esse motivo que afirmamos que o Supremo tem reconhecido essa nossa competência.
Valor: Mas a Polícia Federal defende para si a competência para a investigação de crimes. Há um conflito com a PF?
Gurgel: O MP só deverá investigar nas hipóteses em que a polícia não tem as melhores condições para fazê-lo. Há hipóteses em que policiais estão envolvidos e são alvos de investigações. Nesses casos, o MP deve fazer a investigação. Mas é importante que o poder investigativo chegue para outras hipóteses. Um exemplo está nos casos em que estão envolvidas autoridades com foro privilegiado. São pessoas que teriam condições de criar embaraços para as investigações. Então, nós temos de verificar caso a caso.
Valor: Qual a melhor solução para esse debate? Qual seria o papel do MP e qual o da PF?
Gurgel: O MP não pretende substituir a polícia na atividade investigatória. Nas conversas com a PF, buscamos pontos de convergência. A parceria entre o MP e a PF é absolutamente essencial para o sucesso da ação penal. O relacionamento com a direção da PF foi bom em outras gestões e continua excelente. Temos pontos em comum a respeito da maioria das questões.
Valor: O senhor entende que o STF tem sido excessivamente garantista em suas decisões e que isso tem dificultado a realização de investigações de organizações criminosas?
Gurgel: Eu acho que nós temos de ter a imensa preocupação em assegurar os direitos do acusado. Mas deve haver igual preocupação com a tutela penal efetiva. Ela é imprescindível. O que é preciso é chegar a uma justa medida. As garantias (de direitos aos acusados) devem ser seguidas, mas a ação penal também deve ser garantida.
Valor: É preciso mudar a legislação penal para reduzir a quantidade de recursos que permite que um processo criminal jamais chegue ao fim?
Gurgel: A legislação atual favorece um número de recursos excessivo e exagerado. Isso precisa ser mudado. O processo penal deve assegurar todos os direitos fundamentais, mas deve também ser concluído em tempo hábil.
Valor: Como o senhor vê o debate, no STF, a respeito de os agentes políticos serem submetidos a ações de improbidade administrativa?
Gurgel: Essa é uma questão em aberto no Supremo. Não há decisão final a esse respeito. Os agentes políticos devem sim estar submetidos à Lei de Improbidade e não a crime de responsabilidade. Se eles forem acionados por crime de responsabilidade, só vão responder à ação enquanto estiverem no exercício do cargo. Essa tese é de extrema gravidade, pois, se for observada, resultará em impunidade. Fizemos um levantamento e descobrimos que 60% dessas ações são ajuizadas depois que eles deixam o cargo.
Valor: O senhor está dizendo que, se o STF livrar os políticos da Lei de Improbidade, as ações contra eles podem simplesmente ser extintas?
Gurgel: Se esse entendimento for consagrado - de que não cabe aos agentes públicos responder por improbidade, mas por crime de responsabilidade -, eles ficariam ser qualquer tipo de punição. Seria absolutamente desastroso. E é na ação de improbidade que se consegue de volta os bens desviados e se pode impedir que o agente político continue exercendo a função pública. A ação de improbidade é o grande temor dos prefeitos, pois os tira do cargo e indispõe seus bens.
Valor: O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) está aquém do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), onde há mais decisões disciplinares contra juízes e mais ações de planejamento do Judiciário?
Gurgel: Acompanho o CNMP desde a sua instalação e acho injusto que se diga que os conselheiros não desempenharam adequadamente as funções do órgão. No início, houve ausência de estrutura administrativa e falta de um orçamento mínimo se comparado com o CNJ. Mas houve também ações disciplinares importantes, como, por exemplo, no MP do Amazonas. Durante as eleições para a Procuradoria de lá, houve até a contratação de pistoleiros e o CNMP, na sua primeira composição já atuou em cima de casos como esse. Agora, continua cumprindo as suas funções e temos melhores condições de estimular uma atuação mais intensa não apenas em ações disciplinares, mas também no planejamento institucional do MP.
Valor: Como será feito esse planejamento?
Gurgel: O importante é fazermos um diagnóstico do MP em termos nacionais e a partir dele vamos definir ações para que tenhamos um MP atuante em todas as regiões do país. Reconheço que há Estados em que o MP não possui estrutura mínima e outros em que é muito eficiente.
Valor: O que o senhor achou da decisão do STF sobre a extradição do italiano Cesare Battisti?
Gurgel: A posição da procuradoria era a de que não se tratava de crime político, mas de crime comum. Éramos a favor da extradição, mas sobreveio o refúgio e, por esse motivo, entendemos que o STF não deveria revê-lo. Só que o Supremo decidiu o contrário, então, defendemos que a palavra final sobre a extradição deve ser do Poder Executivo. Ao final, acabou prevalecendo esse entendimento que defendemos de que não caberia ao STF impor uma decisão de caráter político ao presidente da República.
segunda-feira, 23 de novembro de 2009
Ayres Britto e o caso Battisti
Paulo, segunda-feira, 23 de novembro de 2009
FSP de 23 de novembro de 2009
STF não é tutor do presidente, diz Ayres Britto
Se Lula não extraditar Battisti, "não cabem reclamações ao Supremo", afirma ministro autor de voto polêmico no caso do italiano
Ayres Britto afirma que corte tomou decisão unânime em caso semelhante há dois meses, dando ao presidente palavra final sobre extradição
FERNANDO RODRIGUES
DA SUCURSAL DE BRASÍLIA
Autor do voto mais polêmico durante o processo sobre a extradição do italiano Cesare Battisti, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Carlos Ayres Britto nega ter se decidido apenas agora sobre o tema. Ele foi a favor da extradição, mas também de dar o poder final ao presidente da República. Ayres Britto mostra um caso concreto, há dois meses, envolvendo um israelense, para justificar seu posicionamento. Agora, se Lula se decidir por não devolver Battisti à Itália, diz ele, o STF não terá mais o que fazer. "O STF não é tutor do presidente no plano das relações internacionais."
FOLHA - O seu voto foi único no caso Battisti: a favor da extradição, mas dando ao presidente a palavra final. Alguns críticos acham que o STF perdeu tempo. O sr. concorda?
CARLOS AYRES BRITTO - Não. É uma interpretação equivocada. No nosso sistema, de influência belga, não entramos no mérito da condenação. Apenas analisamos as condições do extraditando ser extraditado. Cabe ao presidente o poder discricionário de extraditar.
FOLHA - Críticos acham que esse conceito algo novo. É fato?
AYRES BRITTO - Há dois meses nós julgamos um caso sobre a extradição de um israelense. A decisão foi unânime a favor da extradição. Eu fui o relator. As notas da sessão mostram como tudo o que se fala agora já estava expresso lá. O ministro Marco Aurélio, à época, perguntou se a decisão resultaria no "pedido de imediata entrega formulado pelo governo requerente". Eu respondo claramente que "imediata entrega, não; imediato cumprimento do acórdão". Como você pode observar nessas transcrições [mostra o documento], o ministro Eros Grau diz claramente: "A execução compete ao presidente".
FOLHA - Mas nesse caso não havia celeuma e Lula estava disposto a seguir a recomendação de extraditar...
AYRES BRITTO - Mas essa é a competência do presidente.
FOLHA - A Itália deve reclamar da decisão do STF?
AYRES BRITTO - A Itália está soltando foguetes com a nossa decisão. Não reclamou porque lá é assim também, como na França, Bélgica, Espanha e Suíça.
FOLHA - Ao final do julgamento, o presidente do STF, Gilmar Mendes, teve um entendimento diverso sobre o poder discricionário do presidente da República em casos de extradição. Houve uma confusão?
AYRES BRITTO - O ministro Gilmar, e também os ministros [Cezar] Peluso, [Ricardo] Lewandowski e Ellen Gracie discordaram dessa interpretação. Mas foi a primeira vez que disseram isso. Achavam que o STF deveria dar a palavra final para que a corte não se transformasse em um órgão de consulta.
FOLHA - E não foi o que acabou acontecendo?
AYRES BRITTO - Não. O STF tem poder para proibir a extradição. E quando a extradição é possível, a última palavra é do presidente condicionadamente à palavra do STF de que isso é certo.
FOLHA - Por que então Mendes não entendeu dessa forma ao final, mesmo após os votos proferidos?
AYRES BRITTO - Talvez por causa do voto de Eros Grau. Ele leu um trecho do tratado entre Brasil e Itália sobre o tema, onde se fala que por "ponderáveis razões" as partes poderiam negar a entregar do extraditando.
FOLHA - O que acontece se com a eventual recusa de extradição?
AYRES BRITTO - Se o presidente entender que há "ponderáveis razões" para não haver a extradição, ele não entrega. E não cabem reclamações ao STF. O Supremo não é tutor do presidente no plano das relações internacionais. O presidente responde pelos seus atos perante a comunidade internacional, perante o Estado que foi parte no tratado, e, no limite, perante o Congresso. O STF está fora.
FOLHA - Nos dias que precederam o julgamento houve informação nos bastidores sobre influência que o sr. poderia ter sofrido do governo e do advogado Celso Bandeira de Mello, seu amigo. O que aconteceu?
AYRES BRITTO - Se eu tiver de sofrer uma influência mais forte é muito mais da choupana do que do palácio. Bandeira de Mello defendeu que era crime político e eu votei contra.
FOLHA - E o Planalto?
AYRES BRITTO - [rindo] E a minha decisão foi boa para o Planalto? Todos falam que Lula ficou em uma sinuca de bico.
FOLHA - Não haverá uma crise entre Executivo e Judiciário se o presidente se decidir por não extraditar, até porque será algo inédito?
AYRES BRITTO - Será inédito, mas não será ilegal, não será inconstitucional. Não creio em crise.
FSP de 23 de novembro de 2009
STF não é tutor do presidente, diz Ayres Britto
Se Lula não extraditar Battisti, "não cabem reclamações ao Supremo", afirma ministro autor de voto polêmico no caso do italiano
Ayres Britto afirma que corte tomou decisão unânime em caso semelhante há dois meses, dando ao presidente palavra final sobre extradição
FERNANDO RODRIGUES
DA SUCURSAL DE BRASÍLIA
Autor do voto mais polêmico durante o processo sobre a extradição do italiano Cesare Battisti, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Carlos Ayres Britto nega ter se decidido apenas agora sobre o tema. Ele foi a favor da extradição, mas também de dar o poder final ao presidente da República. Ayres Britto mostra um caso concreto, há dois meses, envolvendo um israelense, para justificar seu posicionamento. Agora, se Lula se decidir por não devolver Battisti à Itália, diz ele, o STF não terá mais o que fazer. "O STF não é tutor do presidente no plano das relações internacionais."
FOLHA - O seu voto foi único no caso Battisti: a favor da extradição, mas dando ao presidente a palavra final. Alguns críticos acham que o STF perdeu tempo. O sr. concorda?
CARLOS AYRES BRITTO - Não. É uma interpretação equivocada. No nosso sistema, de influência belga, não entramos no mérito da condenação. Apenas analisamos as condições do extraditando ser extraditado. Cabe ao presidente o poder discricionário de extraditar.
FOLHA - Críticos acham que esse conceito algo novo. É fato?
AYRES BRITTO - Há dois meses nós julgamos um caso sobre a extradição de um israelense. A decisão foi unânime a favor da extradição. Eu fui o relator. As notas da sessão mostram como tudo o que se fala agora já estava expresso lá. O ministro Marco Aurélio, à época, perguntou se a decisão resultaria no "pedido de imediata entrega formulado pelo governo requerente". Eu respondo claramente que "imediata entrega, não; imediato cumprimento do acórdão". Como você pode observar nessas transcrições [mostra o documento], o ministro Eros Grau diz claramente: "A execução compete ao presidente".
FOLHA - Mas nesse caso não havia celeuma e Lula estava disposto a seguir a recomendação de extraditar...
AYRES BRITTO - Mas essa é a competência do presidente.
FOLHA - A Itália deve reclamar da decisão do STF?
AYRES BRITTO - A Itália está soltando foguetes com a nossa decisão. Não reclamou porque lá é assim também, como na França, Bélgica, Espanha e Suíça.
FOLHA - Ao final do julgamento, o presidente do STF, Gilmar Mendes, teve um entendimento diverso sobre o poder discricionário do presidente da República em casos de extradição. Houve uma confusão?
AYRES BRITTO - O ministro Gilmar, e também os ministros [Cezar] Peluso, [Ricardo] Lewandowski e Ellen Gracie discordaram dessa interpretação. Mas foi a primeira vez que disseram isso. Achavam que o STF deveria dar a palavra final para que a corte não se transformasse em um órgão de consulta.
FOLHA - E não foi o que acabou acontecendo?
AYRES BRITTO - Não. O STF tem poder para proibir a extradição. E quando a extradição é possível, a última palavra é do presidente condicionadamente à palavra do STF de que isso é certo.
FOLHA - Por que então Mendes não entendeu dessa forma ao final, mesmo após os votos proferidos?
AYRES BRITTO - Talvez por causa do voto de Eros Grau. Ele leu um trecho do tratado entre Brasil e Itália sobre o tema, onde se fala que por "ponderáveis razões" as partes poderiam negar a entregar do extraditando.
FOLHA - O que acontece se com a eventual recusa de extradição?
AYRES BRITTO - Se o presidente entender que há "ponderáveis razões" para não haver a extradição, ele não entrega. E não cabem reclamações ao STF. O Supremo não é tutor do presidente no plano das relações internacionais. O presidente responde pelos seus atos perante a comunidade internacional, perante o Estado que foi parte no tratado, e, no limite, perante o Congresso. O STF está fora.
FOLHA - Nos dias que precederam o julgamento houve informação nos bastidores sobre influência que o sr. poderia ter sofrido do governo e do advogado Celso Bandeira de Mello, seu amigo. O que aconteceu?
AYRES BRITTO - Se eu tiver de sofrer uma influência mais forte é muito mais da choupana do que do palácio. Bandeira de Mello defendeu que era crime político e eu votei contra.
FOLHA - E o Planalto?
AYRES BRITTO - [rindo] E a minha decisão foi boa para o Planalto? Todos falam que Lula ficou em uma sinuca de bico.
FOLHA - Não haverá uma crise entre Executivo e Judiciário se o presidente se decidir por não extraditar, até porque será algo inédito?
AYRES BRITTO - Será inédito, mas não será ilegal, não será inconstitucional. Não creio em crise.
STF e o Estado Laico
Conjur de 24 de novembro de 2009
Estado laicoSTF rejeita remarcação de prova do Enem para judeusEstudantes judeus terão de fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos próximos dias 5 e 6 de dezembro, conforme previsto na inscrição. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, suspendeu decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que obrigava a União a marcar data alternativa para a realização das provas, para que não coincidisse com o Shabat, período sagrado judaico.
A análise da questão ocorreu em pedido de Suspensão de Tutela Antecipada, formulado pela União perante o STF, com base em argumentos de lesão à ordem jurídica.
Conforme a ação, o Centro de Educação Religiosa Judaica e 22 alunos secundaristas ajuizaram Ação Ordinária, com pedido de tutela antecipada, contra a União e o Instituto Nacional de Estudos Anísio Teixeira (Inep), para que fosse marcada data alternativa para as provas do Enem. A modificação tinha o objetivo de que o exame não coincidisse com o Shabat (do pôr-do-sol de sexta-feira até o pôr-do-sol de sábado) ou qualquer outro feriado religioso judaico.
Para os candidatos judeus, a participação no Enem deveria ocorrer em dia compatível com exercício da fé por eles professada, “a ser fixado pelas autoridades responsáveis pela realização das provas, observando-se o mesmo grau de dificuldade das provas realizadas por todos os demais estudantes”.
Ao examinar a Ação Ordinária, a 16ª Vara Federal de São Paulo negou o pedido de tutela antecipada, sob o fundamento de que a designação de dias e horários alternativos para a realização de provas representaria estabelecimento de regras especiais para um determinado grupo de candidatos em detrimento dos demais. No entanto, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região reformou essa decisão ao entender que a designação da data alternativa para a realização das provas do Enem constituiria meio de efetivação do direito fundamental à liberdade de crença, conforme estabelece a Constituição Federal.
Conforme Gilmar Mendes, o Ministério da Educação informou que na inscrição para o Enem foi oferecida a opção de “atendimento a necessidades especiais”, com a finalidade de garantir a possibilidade de participação de pessoas com limitações por motivo de convicção religiosa ou que se encontram reclusas em hospitais e penitenciárias. De acordo com esse documento, todos que realizaram suas inscrições no Enem e solicitaram atendimento especial por razões religiosas terão suas solicitações atendidas. No caso dos adventistas do Sétimo Dia, a prova do sábado, dia 3 de outubro próximo será realizada após o pôr-do-sol.
“Tal providência (início da prova após o pôr-do-sol) revela-se aplicável não apenas aos adventistas do Sétimo Dia, mas também àqueles que professam a fé judaica e respeitam a tradição do Shabat. Em uma análise preliminar, parece-me medida razoável, apta a propiciar uma melhor ‘acomodação’ dos interesses em conflito”, explicou o ministro Gilmar Mendes.
O presidente do STF, em sua decisão, ressaltou a existência de outras confissões religiosas, “as quais possuem ‘dias de guarda’ diversos dos autores”. “A fixação da data alternativa apenas para um determinado grupo religioso configuraria, em mero juízo de delibação, violação ao princípio da isonomia e ao dever de neutralidade do Estado diante do fenômeno religioso”, afirmou o ministro.
Mendes salientou que tal fato atesta, ainda, o efeito multiplicador da decisão questionada, uma vez que, “se os demais grupos religiosos existentes em nosso país também fizessem valer as suas pretensões, tornar-se-ia inviável a realização de qualquer concurso, prova ou avaliação de âmbito nacional, ante a variedade de pretensões, que conduziriam à formulação de um sem-número de tipos de prova”.
STA 389
Estado laicoSTF rejeita remarcação de prova do Enem para judeusEstudantes judeus terão de fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos próximos dias 5 e 6 de dezembro, conforme previsto na inscrição. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, suspendeu decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que obrigava a União a marcar data alternativa para a realização das provas, para que não coincidisse com o Shabat, período sagrado judaico.
A análise da questão ocorreu em pedido de Suspensão de Tutela Antecipada, formulado pela União perante o STF, com base em argumentos de lesão à ordem jurídica.
Conforme a ação, o Centro de Educação Religiosa Judaica e 22 alunos secundaristas ajuizaram Ação Ordinária, com pedido de tutela antecipada, contra a União e o Instituto Nacional de Estudos Anísio Teixeira (Inep), para que fosse marcada data alternativa para as provas do Enem. A modificação tinha o objetivo de que o exame não coincidisse com o Shabat (do pôr-do-sol de sexta-feira até o pôr-do-sol de sábado) ou qualquer outro feriado religioso judaico.
Para os candidatos judeus, a participação no Enem deveria ocorrer em dia compatível com exercício da fé por eles professada, “a ser fixado pelas autoridades responsáveis pela realização das provas, observando-se o mesmo grau de dificuldade das provas realizadas por todos os demais estudantes”.
Ao examinar a Ação Ordinária, a 16ª Vara Federal de São Paulo negou o pedido de tutela antecipada, sob o fundamento de que a designação de dias e horários alternativos para a realização de provas representaria estabelecimento de regras especiais para um determinado grupo de candidatos em detrimento dos demais. No entanto, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região reformou essa decisão ao entender que a designação da data alternativa para a realização das provas do Enem constituiria meio de efetivação do direito fundamental à liberdade de crença, conforme estabelece a Constituição Federal.
Conforme Gilmar Mendes, o Ministério da Educação informou que na inscrição para o Enem foi oferecida a opção de “atendimento a necessidades especiais”, com a finalidade de garantir a possibilidade de participação de pessoas com limitações por motivo de convicção religiosa ou que se encontram reclusas em hospitais e penitenciárias. De acordo com esse documento, todos que realizaram suas inscrições no Enem e solicitaram atendimento especial por razões religiosas terão suas solicitações atendidas. No caso dos adventistas do Sétimo Dia, a prova do sábado, dia 3 de outubro próximo será realizada após o pôr-do-sol.
“Tal providência (início da prova após o pôr-do-sol) revela-se aplicável não apenas aos adventistas do Sétimo Dia, mas também àqueles que professam a fé judaica e respeitam a tradição do Shabat. Em uma análise preliminar, parece-me medida razoável, apta a propiciar uma melhor ‘acomodação’ dos interesses em conflito”, explicou o ministro Gilmar Mendes.
O presidente do STF, em sua decisão, ressaltou a existência de outras confissões religiosas, “as quais possuem ‘dias de guarda’ diversos dos autores”. “A fixação da data alternativa apenas para um determinado grupo religioso configuraria, em mero juízo de delibação, violação ao princípio da isonomia e ao dever de neutralidade do Estado diante do fenômeno religioso”, afirmou o ministro.
Mendes salientou que tal fato atesta, ainda, o efeito multiplicador da decisão questionada, uma vez que, “se os demais grupos religiosos existentes em nosso país também fizessem valer as suas pretensões, tornar-se-ia inviável a realização de qualquer concurso, prova ou avaliação de âmbito nacional, ante a variedade de pretensões, que conduziriam à formulação de um sem-número de tipos de prova”.
STA 389
domingo, 22 de novembro de 2009
O que é a reputação hoje!
ELPAIS.de 22 de novembro de 2009
Dime cómo eres y te devolveré tu imagen
Internet y las redes sociales pueden distorsionar prestigio y fama - Para las empresas es crucial medir objetivamente la fotografía que proyectan - La reputación ya no es una categoría moral
M. A. SÁNCHEZ-VALLEJO 22/11/2009
Si reputación es, como dice la RAE, la opinión o consideración en que se tiene a alguien o algo -desde un individuo a un Estado, pasando por un colectivo, una empresa o un producto-, tener una -a ser posible positiva- en un mundo expuesto a la visibilidad social gracias a las nuevas tecnologías, resulta hoy una tarea más ardua que nunca.
España sigue siendo 'different'
La noticia en otros webs
webs en español
en otros idiomas
"La reputación nos la dan los demás", dice la psicóloga Laura Rojas-Marcos
El boca a boca ha sido sustituido por consultas en el ciberespacio
Una foto enviada por móvil o colgada en Internet puede destruir la imagen
Los adolescentes son más sensibles a los efectos nocivos de la Red
Suiza, Canadá y Australia son los países que suscitan mayor confianza
La mejor estrategia de comunicación es la transparencia, asegura un experto
La reputación es, hoy, una unidad de medida del crédito, la confianza o el respeto que despertamos en terceros; un criterio valorativo que, lejos de la añeja categoría moral que en su día fue, los demás enarbolan al referirse a nosotros. En pleno siglo XXI, la reputación ya no es la heredera directa de la honra clásica, la del Siglo de Oro español, ni suele acompañarse, como hace unos pocos años, de calificativos como "dudosa" o "equívoca", que sentenciaban moralmente. Es decir, ya tiene poco que ver con un juicio de cintura para abajo, porque es un instrumento que formula nuestro prestigio en términos pretendidamente objetivos.
En los últimos años han surgido conceptos como la reputación corporativa -la relativa a la imagen de empresas-, la reputación en Internet, o NetRep -relativa al prestigio que nosotros o nuestros productos generamos en la Red-, o, en fin, la reputación-país, que permite establecer clasificaciones de naciones según la admiración, el respeto y la confianza que despiertan en otros.
La reputación -según la RAE, también "opinión, consideración, prestigio o estima"- se mueve por tanto en una horquilla delimitada, por un lado, por la mayor exposición pública, casi global, y, por otro, por su dimensión de herramienta para medir realidades más tangibles: la eficacia empresarial, o la confianza que suscita un país en inversores extranjeros. Existen instrumentos para determinar intangibles tales como el prestigio de un país, como los que utiliza el Reputation Institute (www.reputationinstitute.com) en clasificaciones como CountryRep: una muestra de cómo la reputación de los países influye en la opinión -y la acción- de inversores o visitantes. Los resultados son llamativos: los países que más confianza suscitan en el mundo son Suiza, Canadá y Australia, aunque a la hora de invertir los preferidos son Suiza, Suecia y Canadá. España, no obstante, no queda nada mal situada en esta lista (ver despiece).
La raíz de todas las reputaciones que en el mundo son radica en "la valoración exterior que se hace sobre un individuo . La reputación nos la dan los demás, y está muy relacionada con la imagen que uno quiere dar", pero no sólo, señala la psicóloga Laura Rojas-Marcos. "La reputación tiene mucho que ver con nuestro autoconcepto, con cómo nos percibimos a nosotros mismos y por tanto con nuestra autoestima, pero también con la imagen que los demás tienen de nosotros. Hay un efecto espejo: damos una imagen que vuelve a nosotros modificada o transformada por la opinión de aquellos con los que nos relacionamos", afirma Rojas-Marcos.
Tener una reputación positiva no siempre es bueno: "Estamos continuamente luchando y compitiendo, y la reputación es uno de los recursos que utilizamos en la batalla diaria. Pero frases tales como 'es tan bueno que parece tonto' subrayan que incluso la reputación positiva tiene a veces sus inconvenientes. Lo mismo puede decirse a la inversa: cuando se habla de un financiero de éxito, se le pide que sea despiadado, agresivo, incluso déspota. Parece que alguien bondadoso o amable no encaja en el perfil de tiburón de las finanzas", explica esta psicóloga.
La reputación como arma de doble filo es una realidad insoslayable; la exposición pública, con las distorsiones a que puede dar lugar, de nuestra fama, también. "Las nuevas tecnologías son tan nuevas para todos que aún no hay normas. Cualquiera de ellas puede destruir la reputación de una persona por completo, desde un comentario colgado en una red social a una imagen enviada por móvil. Sobre todo en el caso de los adolescentes hay que tener mucho cuidado, porque el efecto de las nuevas tecnologías trasciende tu círculo y tiene consecuencias globales. En lo relativo a esta franja de edad, hay que evitar una serie de cosas que pueden resultar destructivas y convertirse incluso en herramientas de acoso", apunta Laura Rojas-Marcos.
En el ámbito individual, el boca a boca de antaño, por el que la comunidad se transmitía información sobre algo o alguien, está siendo sustituido por consultas en buscadores de Internet y, cada vez más, por el ingente tráfico de información que mueven las redes sociales. "Cada vez más gente se informa de tu imagen, de tus productos o de tu empresa en Internet", señala Enrique Dans, profesor del IE Business School.
El riesgo de amplificación cibernética de la imagen que proyectamos implica casi siempre una falta de control sobre el contenido de la información, pero Dans no lo ve como un riesgo, sino como algo consustancial al vehículo. "Pretender controlar lo que dicen de nosotros es un error; es imposible encontrar a alguien con una cierta visibilidad que no tenga detractores. Uno no puede aspirar a gustar a todo el mundo, aunque es verdad que esto a las empresas les horroriza", continúa Dans, y añade: "Si tiras basura al mar, recibes basura; se trata de generar contenidos que se conviertan en objetos sociales que otros quieran compartir". Así, con un individuo, una empresa, un colectivo o un producto, que también genera una opinión en terceros, de lo que se trata es de transmitir "la mayor cantidad posible de información; la transparencia es la mejor estrategia de comunicación".
La crítica, en un mundo tan libre como Internet -"y que nos desinhibe tanto", subraya Dans-, no escasea, así que las sorpresas pueden ser frecuentes. "Ante una crítica negativa sobre nuestra persona, hay que tener la habilidad política suficiente para no contestar. No están aún asentados los protocolos de uso y es un trabajo a muy largo plazo". Otros, en cambio, como indica la especialista en marketing Magali Benítez, autora del libro Visibilidad. Cómo gestionar la reputación en Internet (Gestión 2000), recurren a "empresas especializadas en desplazar resultados con comentarios negativos. No se pueden eliminar de la Red, pero sí hacer que aparezcan colocados por abajo ". "Hoy, la gente, cuando tiene que buscar información sobre alguien o algo, recurre a la Red; para muchos, la reputación es Google, tu currículo es Google. Y los mecanismos de funcionamiento de la reputación online son los mismos que en la tradicional: lo que los demás opinan sobre ti. La diferencia es que ahora hay millones de personas opinando", añade Martínez. La cantidad y la persistencia de esa información son el denominador común de la NetRep: "Es como el boca a oreja tradicional, pero multiplicado al infinito".
"Una buena gestión de la información que sobre uno corre por la Red es clave para que la reputación virtual se ajuste a la real. Además, no siempre se encontrará una perspectiva negativa, también una fotografía bastante real de uno mismo", advierte Magali Martínez, quien recomienda hacer un seguimiento frecuente de la Red para seguir la pista a la reputación personal, de la empresa, el colectivo o el producto en cuestión. "En Internet se alcanza un volumen enorme si no lo atajas, pero off-line es mucho más difícil hacerlo. Además, hay herramientas, tanto para individuos como para corporaciones, que te permiten estar informado sobre lo que se dice de ti en todo momento". Por ejemplo, la monitorización de la blogosfera, y otras tareas casi de espionaje en la Red.
Pero pretender un control absoluto, monolítico, sobre la propia imagen es poco menos que imposible. Mucho más fácil resulta cuando se aplican modelos econométricos, basados en análisis de variables cualitativas y cuantitativas, al estudio de la reputación. Es el caso, por ejemplo, de la denominada reputación corporativa. Fernando Prado, socio director del Reputation Institute España, define la reputación corporativa como "el conjunto de percepciones que tienen los distintos grupos de interés
[clientes, publicistas, inversores, etcétera] sobre una empresa. Esas percepciones se construyen a través de la experiencia que se ha tenido con esa empresa y sobre sus percepciones de futuro". La reputación corporativa, recuerda Prado, "va de fuera adentro; mira hacia atrás, pero también genera expectativas de futuro". Y se construye de tres maneras: por la experiencia personal o de otros; a través de la comunicación (lo que la empresa dice de sí misma), y por las opiniones de terceros (medios de comunicación, redes sociales, etcétera). El responsable español de Reputation Institute incide, refiriéndose a las opiniones de terceros, en el papel fundamental de Internet, "que hace que todo se mueva muy rápido, imprime una gran velocidad de movimiento a las opiniones y puede hacer que la reputación mejore o empeore".
A través de un indicador llamado RepTrack, que analiza siete dimensiones de la empresa, es posible tener un conocimiento bastante objetivo de la reputación de una compañía, y esto vale tanto para una pyme como para una multinacional. Las siete dimensiones se basan, recuerda Prado, "en modelos econométricos, y son: productos y servicios (oferta); entorno de trabajo (sueldos y horarios justos, conciliación, etcétera); integridad (ética y transparencia); ciudadanía (contribución positiva a la sociedad: acción social y medio ambiente); liderazgo, innovación (adelantarse a los competidores, adaptarse bien a los cambios) y resultados financieros".
Conceptos de nuevo cuño como la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) son transversales a las dimensiones citadas. "La RSC tiene que ver con la integridad, la ciudadanía y el entorno. Y la suma de estas tres dimensiones arroja el 45% de la reputación de una empresa para el público general, aunque es cierto que es la oferta de bienes y servicios la que más importancia tiene habitualmente entre la población", explica Prado.
Corporativa o individual, expuesta o no al escrutinio público -aunque, por definición, la reputación siempre es social-, esa fama que nos precede y que proyectamos como una sombra nos acompaña siempre. En mayor o menor medida, eso sí. Ya lo dijo Rousseau: "La reputación de un hombre es como su sombra, unas veces parece más larga que él y otras más corta".
Dime cómo eres y te devolveré tu imagen
Internet y las redes sociales pueden distorsionar prestigio y fama - Para las empresas es crucial medir objetivamente la fotografía que proyectan - La reputación ya no es una categoría moral
M. A. SÁNCHEZ-VALLEJO 22/11/2009
Si reputación es, como dice la RAE, la opinión o consideración en que se tiene a alguien o algo -desde un individuo a un Estado, pasando por un colectivo, una empresa o un producto-, tener una -a ser posible positiva- en un mundo expuesto a la visibilidad social gracias a las nuevas tecnologías, resulta hoy una tarea más ardua que nunca.
España sigue siendo 'different'
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"La reputación nos la dan los demás", dice la psicóloga Laura Rojas-Marcos
El boca a boca ha sido sustituido por consultas en el ciberespacio
Una foto enviada por móvil o colgada en Internet puede destruir la imagen
Los adolescentes son más sensibles a los efectos nocivos de la Red
Suiza, Canadá y Australia son los países que suscitan mayor confianza
La mejor estrategia de comunicación es la transparencia, asegura un experto
La reputación es, hoy, una unidad de medida del crédito, la confianza o el respeto que despertamos en terceros; un criterio valorativo que, lejos de la añeja categoría moral que en su día fue, los demás enarbolan al referirse a nosotros. En pleno siglo XXI, la reputación ya no es la heredera directa de la honra clásica, la del Siglo de Oro español, ni suele acompañarse, como hace unos pocos años, de calificativos como "dudosa" o "equívoca", que sentenciaban moralmente. Es decir, ya tiene poco que ver con un juicio de cintura para abajo, porque es un instrumento que formula nuestro prestigio en términos pretendidamente objetivos.
En los últimos años han surgido conceptos como la reputación corporativa -la relativa a la imagen de empresas-, la reputación en Internet, o NetRep -relativa al prestigio que nosotros o nuestros productos generamos en la Red-, o, en fin, la reputación-país, que permite establecer clasificaciones de naciones según la admiración, el respeto y la confianza que despiertan en otros.
La reputación -según la RAE, también "opinión, consideración, prestigio o estima"- se mueve por tanto en una horquilla delimitada, por un lado, por la mayor exposición pública, casi global, y, por otro, por su dimensión de herramienta para medir realidades más tangibles: la eficacia empresarial, o la confianza que suscita un país en inversores extranjeros. Existen instrumentos para determinar intangibles tales como el prestigio de un país, como los que utiliza el Reputation Institute (www.reputationinstitute.com) en clasificaciones como CountryRep: una muestra de cómo la reputación de los países influye en la opinión -y la acción- de inversores o visitantes. Los resultados son llamativos: los países que más confianza suscitan en el mundo son Suiza, Canadá y Australia, aunque a la hora de invertir los preferidos son Suiza, Suecia y Canadá. España, no obstante, no queda nada mal situada en esta lista (ver despiece).
La raíz de todas las reputaciones que en el mundo son radica en "la valoración exterior que se hace sobre un individuo . La reputación nos la dan los demás, y está muy relacionada con la imagen que uno quiere dar", pero no sólo, señala la psicóloga Laura Rojas-Marcos. "La reputación tiene mucho que ver con nuestro autoconcepto, con cómo nos percibimos a nosotros mismos y por tanto con nuestra autoestima, pero también con la imagen que los demás tienen de nosotros. Hay un efecto espejo: damos una imagen que vuelve a nosotros modificada o transformada por la opinión de aquellos con los que nos relacionamos", afirma Rojas-Marcos.
Tener una reputación positiva no siempre es bueno: "Estamos continuamente luchando y compitiendo, y la reputación es uno de los recursos que utilizamos en la batalla diaria. Pero frases tales como 'es tan bueno que parece tonto' subrayan que incluso la reputación positiva tiene a veces sus inconvenientes. Lo mismo puede decirse a la inversa: cuando se habla de un financiero de éxito, se le pide que sea despiadado, agresivo, incluso déspota. Parece que alguien bondadoso o amable no encaja en el perfil de tiburón de las finanzas", explica esta psicóloga.
La reputación como arma de doble filo es una realidad insoslayable; la exposición pública, con las distorsiones a que puede dar lugar, de nuestra fama, también. "Las nuevas tecnologías son tan nuevas para todos que aún no hay normas. Cualquiera de ellas puede destruir la reputación de una persona por completo, desde un comentario colgado en una red social a una imagen enviada por móvil. Sobre todo en el caso de los adolescentes hay que tener mucho cuidado, porque el efecto de las nuevas tecnologías trasciende tu círculo y tiene consecuencias globales. En lo relativo a esta franja de edad, hay que evitar una serie de cosas que pueden resultar destructivas y convertirse incluso en herramientas de acoso", apunta Laura Rojas-Marcos.
En el ámbito individual, el boca a boca de antaño, por el que la comunidad se transmitía información sobre algo o alguien, está siendo sustituido por consultas en buscadores de Internet y, cada vez más, por el ingente tráfico de información que mueven las redes sociales. "Cada vez más gente se informa de tu imagen, de tus productos o de tu empresa en Internet", señala Enrique Dans, profesor del IE Business School.
El riesgo de amplificación cibernética de la imagen que proyectamos implica casi siempre una falta de control sobre el contenido de la información, pero Dans no lo ve como un riesgo, sino como algo consustancial al vehículo. "Pretender controlar lo que dicen de nosotros es un error; es imposible encontrar a alguien con una cierta visibilidad que no tenga detractores. Uno no puede aspirar a gustar a todo el mundo, aunque es verdad que esto a las empresas les horroriza", continúa Dans, y añade: "Si tiras basura al mar, recibes basura; se trata de generar contenidos que se conviertan en objetos sociales que otros quieran compartir". Así, con un individuo, una empresa, un colectivo o un producto, que también genera una opinión en terceros, de lo que se trata es de transmitir "la mayor cantidad posible de información; la transparencia es la mejor estrategia de comunicación".
La crítica, en un mundo tan libre como Internet -"y que nos desinhibe tanto", subraya Dans-, no escasea, así que las sorpresas pueden ser frecuentes. "Ante una crítica negativa sobre nuestra persona, hay que tener la habilidad política suficiente para no contestar. No están aún asentados los protocolos de uso y es un trabajo a muy largo plazo". Otros, en cambio, como indica la especialista en marketing Magali Benítez, autora del libro Visibilidad. Cómo gestionar la reputación en Internet (Gestión 2000), recurren a "empresas especializadas en desplazar resultados con comentarios negativos. No se pueden eliminar de la Red, pero sí hacer que aparezcan colocados por abajo ". "Hoy, la gente, cuando tiene que buscar información sobre alguien o algo, recurre a la Red; para muchos, la reputación es Google, tu currículo es Google. Y los mecanismos de funcionamiento de la reputación online son los mismos que en la tradicional: lo que los demás opinan sobre ti. La diferencia es que ahora hay millones de personas opinando", añade Martínez. La cantidad y la persistencia de esa información son el denominador común de la NetRep: "Es como el boca a oreja tradicional, pero multiplicado al infinito".
"Una buena gestión de la información que sobre uno corre por la Red es clave para que la reputación virtual se ajuste a la real. Además, no siempre se encontrará una perspectiva negativa, también una fotografía bastante real de uno mismo", advierte Magali Martínez, quien recomienda hacer un seguimiento frecuente de la Red para seguir la pista a la reputación personal, de la empresa, el colectivo o el producto en cuestión. "En Internet se alcanza un volumen enorme si no lo atajas, pero off-line es mucho más difícil hacerlo. Además, hay herramientas, tanto para individuos como para corporaciones, que te permiten estar informado sobre lo que se dice de ti en todo momento". Por ejemplo, la monitorización de la blogosfera, y otras tareas casi de espionaje en la Red.
Pero pretender un control absoluto, monolítico, sobre la propia imagen es poco menos que imposible. Mucho más fácil resulta cuando se aplican modelos econométricos, basados en análisis de variables cualitativas y cuantitativas, al estudio de la reputación. Es el caso, por ejemplo, de la denominada reputación corporativa. Fernando Prado, socio director del Reputation Institute España, define la reputación corporativa como "el conjunto de percepciones que tienen los distintos grupos de interés
[clientes, publicistas, inversores, etcétera] sobre una empresa. Esas percepciones se construyen a través de la experiencia que se ha tenido con esa empresa y sobre sus percepciones de futuro". La reputación corporativa, recuerda Prado, "va de fuera adentro; mira hacia atrás, pero también genera expectativas de futuro". Y se construye de tres maneras: por la experiencia personal o de otros; a través de la comunicación (lo que la empresa dice de sí misma), y por las opiniones de terceros (medios de comunicación, redes sociales, etcétera). El responsable español de Reputation Institute incide, refiriéndose a las opiniones de terceros, en el papel fundamental de Internet, "que hace que todo se mueva muy rápido, imprime una gran velocidad de movimiento a las opiniones y puede hacer que la reputación mejore o empeore".
A través de un indicador llamado RepTrack, que analiza siete dimensiones de la empresa, es posible tener un conocimiento bastante objetivo de la reputación de una compañía, y esto vale tanto para una pyme como para una multinacional. Las siete dimensiones se basan, recuerda Prado, "en modelos econométricos, y son: productos y servicios (oferta); entorno de trabajo (sueldos y horarios justos, conciliación, etcétera); integridad (ética y transparencia); ciudadanía (contribución positiva a la sociedad: acción social y medio ambiente); liderazgo, innovación (adelantarse a los competidores, adaptarse bien a los cambios) y resultados financieros".
Conceptos de nuevo cuño como la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) son transversales a las dimensiones citadas. "La RSC tiene que ver con la integridad, la ciudadanía y el entorno. Y la suma de estas tres dimensiones arroja el 45% de la reputación de una empresa para el público general, aunque es cierto que es la oferta de bienes y servicios la que más importancia tiene habitualmente entre la población", explica Prado.
Corporativa o individual, expuesta o no al escrutinio público -aunque, por definición, la reputación siempre es social-, esa fama que nos precede y que proyectamos como una sombra nos acompaña siempre. En mayor o menor medida, eso sí. Ya lo dijo Rousseau: "La reputación de un hombre es como su sombra, unas veces parece más larga que él y otras más corta".
A renovação do Tribunal Constitucional espanhol
ELPAIS. La polémica sentencia sobre Cataluña
Y de telón de fondo, la presidencia
La estrategia de Aragón para acceder al cargo puede haberle perjudicado
JULIO MARTÍNEZ LÁZARO - Madrid - 22/11/2009
La cuestión que se debate en círculos políticos y constitucionalistas es si la postura del progresista Manuel Aragón Reyes podría costarle la presidencia del Tribunal, cargo para el que figuraba en cabeza entre los posibles candidatos tras la renovación que se produzca después de la sentencia del Estatuto. Tradicionalmente, a la presidencia y vicepresidencia acceden los magistrados del segundo escalón, los que llevan ya seis años en el Constitucional y les quedan los tres últimos. Esta regla sólo se alteró en el caso de Francisco Tomás y Valiente, que accedió al puesto tras sus tres primeros años de mandato.
El término "nación" se cae del Estatuto
La noticia en otros webs
webs en español
en otros idiomas
Pero con el retraso en la renovación, el pasado 6 de noviembre, los del escalón de seis años han cumplido ocho en el Tribunal. Son Javier Delgado Barrio, Elisa Pérez Vera y Eugeni Gay y les queda uno, es decir, deben ser renovados en noviembre de 2010. De este grupo de tres, debido a los problemas de salud de Javier Delgado y el amplio rechazo que suscitaría la candidatura de Gay, la que más posibilidades tendría sería la ponente Elisa Pérez Vera.
Medios próximos al Tribunal sostienen que el abogado catalán Eugeni Gay mantiene un discurso en Cataluña y otro en Madrid. Mientras en Cataluña defiende que cualquier nimia modificación afecta a la columna vertebral del Estatuto y haría mucho daño a la comunidad autónoma, en Madrid habría aceptado la ponencia de Pérez Vera sin el término "nación". En cualquier caso, pasa por no ser el más popular entre los magistrados.
En cambio, el arduo trabajo que ha desarrollado Pérez Vera, tras cuatro borradores de la ponencia, le están granjeando el reconocimiento de los demás magistrados, que podría traducirse en apoyos si finalmente la sentencia es razonable. Aunque le quedaría menos de un año de mandato, quizá sólo unos meses, sus partidarios explican que el modelo italiano ha consentido el nombramiento de algún presidente incluso para menos de dos meses. A su favor estarían también otros factores, como que tras el relevo de María Emilia Casas no habría otra mujer al frente de ninguna de las altas instituciones del Estado y que mantener separadas las renovaciones por tercios es lo que plantea la Constitución. Pero en su contra pesa el corto periodo de mandato.
Todo apunta, pues, a que la presidencia se dirimirá entre los del tercer escalón, es decir, entre Pascual Sala, Ramón Rodríguez Arribas, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps, y que cuentan ya cinco años en el Tribunal. Aunque el único que ha evidenciado deseos de acceder al cargo ha sido Aragón, su estrategia por asegurarse el puesto puede haberle perjudicado. Sala cuenta en su haber presidido el Supremo y el Poder Judicial y sería el primer magistrado de carrera que preside el Constitucional, ya que hasta ahora todos los presidentes del Constitucional han sido catedráticos de universidad. Pérez Tremps, el magistrado más joven del Tribunal, ha superado sus problemas de salud y podría entrar en la liza. Las malas relaciones entre Aragón y los otros dos magistrados, que no le votarían, le ponen a éste las cosas más difíciles.
Dado que tras la renovación debería haber mayoría progresista, en principio, no se plantea que el conservador Rodríguez Arribas acceda al cargo, aunque sobre el papel, tendría garantizada la vicepresidencia. Pero hasta para eso puede haber excepciones: en primer lugar porque en anteriores etapas del Tribunal ha habido presidentes y vicepresidentes pertenecientes al mismo sector: tal ha sido el caso de Tomás y Valiente y Luis López Guerra, o de Pedro Cruz Villalón y Carles Viver. Y aunque sería más difícil, tampoco cabe descartar incluso la presidencia de un conservador al frente de una mayoría progresista. Casas, que accedió al cargo después de que el conservador Vicente Conde fuese defenestrado por dos de sus compañeros, es un buen ejemplo de ello.
Y de telón de fondo, la presidencia
La estrategia de Aragón para acceder al cargo puede haberle perjudicado
JULIO MARTÍNEZ LÁZARO - Madrid - 22/11/2009
La cuestión que se debate en círculos políticos y constitucionalistas es si la postura del progresista Manuel Aragón Reyes podría costarle la presidencia del Tribunal, cargo para el que figuraba en cabeza entre los posibles candidatos tras la renovación que se produzca después de la sentencia del Estatuto. Tradicionalmente, a la presidencia y vicepresidencia acceden los magistrados del segundo escalón, los que llevan ya seis años en el Constitucional y les quedan los tres últimos. Esta regla sólo se alteró en el caso de Francisco Tomás y Valiente, que accedió al puesto tras sus tres primeros años de mandato.
El término "nación" se cae del Estatuto
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Pero con el retraso en la renovación, el pasado 6 de noviembre, los del escalón de seis años han cumplido ocho en el Tribunal. Son Javier Delgado Barrio, Elisa Pérez Vera y Eugeni Gay y les queda uno, es decir, deben ser renovados en noviembre de 2010. De este grupo de tres, debido a los problemas de salud de Javier Delgado y el amplio rechazo que suscitaría la candidatura de Gay, la que más posibilidades tendría sería la ponente Elisa Pérez Vera.
Medios próximos al Tribunal sostienen que el abogado catalán Eugeni Gay mantiene un discurso en Cataluña y otro en Madrid. Mientras en Cataluña defiende que cualquier nimia modificación afecta a la columna vertebral del Estatuto y haría mucho daño a la comunidad autónoma, en Madrid habría aceptado la ponencia de Pérez Vera sin el término "nación". En cualquier caso, pasa por no ser el más popular entre los magistrados.
En cambio, el arduo trabajo que ha desarrollado Pérez Vera, tras cuatro borradores de la ponencia, le están granjeando el reconocimiento de los demás magistrados, que podría traducirse en apoyos si finalmente la sentencia es razonable. Aunque le quedaría menos de un año de mandato, quizá sólo unos meses, sus partidarios explican que el modelo italiano ha consentido el nombramiento de algún presidente incluso para menos de dos meses. A su favor estarían también otros factores, como que tras el relevo de María Emilia Casas no habría otra mujer al frente de ninguna de las altas instituciones del Estado y que mantener separadas las renovaciones por tercios es lo que plantea la Constitución. Pero en su contra pesa el corto periodo de mandato.
Todo apunta, pues, a que la presidencia se dirimirá entre los del tercer escalón, es decir, entre Pascual Sala, Ramón Rodríguez Arribas, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps, y que cuentan ya cinco años en el Tribunal. Aunque el único que ha evidenciado deseos de acceder al cargo ha sido Aragón, su estrategia por asegurarse el puesto puede haberle perjudicado. Sala cuenta en su haber presidido el Supremo y el Poder Judicial y sería el primer magistrado de carrera que preside el Constitucional, ya que hasta ahora todos los presidentes del Constitucional han sido catedráticos de universidad. Pérez Tremps, el magistrado más joven del Tribunal, ha superado sus problemas de salud y podría entrar en la liza. Las malas relaciones entre Aragón y los otros dos magistrados, que no le votarían, le ponen a éste las cosas más difíciles.
Dado que tras la renovación debería haber mayoría progresista, en principio, no se plantea que el conservador Rodríguez Arribas acceda al cargo, aunque sobre el papel, tendría garantizada la vicepresidencia. Pero hasta para eso puede haber excepciones: en primer lugar porque en anteriores etapas del Tribunal ha habido presidentes y vicepresidentes pertenecientes al mismo sector: tal ha sido el caso de Tomás y Valiente y Luis López Guerra, o de Pedro Cruz Villalón y Carles Viver. Y aunque sería más difícil, tampoco cabe descartar incluso la presidencia de un conservador al frente de una mayoría progresista. Casas, que accedió al cargo después de que el conservador Vicente Conde fuese defenestrado por dos de sus compañeros, es un buen ejemplo de ello.
Tribunal Constitucional espanhol e o estatuto da Catalunha
ELPAIS La polémica sentencia sobre Cataluña
El término "nación" se cae del Estatuto
Más de 40 artículos sufrirán tachas de inconstitucionalidad o serán reinterpretados - La mayoría conservadora del Constitucional se opone a los "símbolos nacionales"
JULIO M. LÁZARO - MADRID - 22/11/2009
Vota Resultado 183 votos Comentarios - 446
El Tribunal Constitucional afronta la recta final de la sentencia del Estatuto de Cataluña entre fuertes divisiones internas y peticiones de dimisión. Mientras, en Cataluña cunde el nerviosismo por las consecuencias que una eventual sentencia adversa pueda tener sobre las elecciones autonómicas del otoño de 2010. La votación prospectiva del pleno del Constitucional del pasado día 12 dejó patente que una mayoría de seis magistrados frente a cuatro sigue encallada en su oposición a los "símbolos nacionales", en tanto que el término "nación" ha quedado en la práctica descartado en el último borrador de la ponencia. Un tercio de los preceptos impugnados por el PP se verá afectado, siempre según las fuentes consultadas.
El bloque conservador ve tachas en 55 ó 60 preceptos
Una sentencia de consenso dejaría más competencias y mejor financiación
La votación prospectiva fue para ver si Aragón variaba su posición
Las tres sesiones plenarias celebradas esta semana, con nuevas votaciones prospectivas sobre aspectos puntuales del título preliminar, han mantenido las posiciones de todos. No obstante, no ha habido renuncia ni cambio de ponente, por lo que la magistrada encargada de la redacción de la sentencia, Elisa Pérez Vera, ha salido con nuevas instrucciones para la reunión del pleno del próximo jueves.
Tras las deliberaciones de los últimos meses, la opinión generalizada es que el enunciado del término "nación" se caerá del Preámbulo del Estatuto, salvo si hay un cambio excepcional de última hora. De hecho, ni siquiera se debate sobre él en las últimas prospecciones, que se centran en los aspectos más polémicos del Título Preliminar y singularmente, en torno a los derechos nacionales de Cataluña. Las votaciones prospectivas han dejado claro que el magistrado del bloque progresista Manuel Aragón Reyes sigue sin aceptar los principales símbolos identitarios, lo que aboca a buscar nuevas fórmulas que permitan consensuar una mayoría que salve del Estatuto todo lo posible.
Desde el pasado verano hay constancia del encallamiento del Tribunal en dos bloques, que dejan en minoría a cuatro magistrados del sector progresista encabezados por la presidenta María Emilia Casas, junto a la ponente Elisa Pérez Vera, Pascual Sala y Eugeni Gay. Del otro lado, a los conservadores Javier Delgado Barrio, Jorge Rodríguez Zapata, Vicente Conde y Ramón Rodríguez Arribas a los que se suman, en una posición intermedia, Manuel Aragón y el vicepresidente Guillermo Jiménez.
Los bloques progresista y conservador, siempre según las fuentes consultadas, tampoco son homogéneos entre ellos y en cada uno se mantienen posiciones más o menos inamovibles. Así que, vista la actual situación, expertos constitucionalistas creen que ahora de debería intentar conformar una nueva relación de fuerzas, desplazando hacia el centro a dos progresistas y a otros dos conservadores y conformando una nueva mayoría de seis a cuatro integrada por tres magistrados de cada bloque: la presidenta María Emilia Casas, que lideraría el acercamiento; la ponente Elisa Pérez Vera y Manuel Aragón de un lado, y el vicepresidente, Guillermo Jiménez, y los magistrados Vicente Conde y Ramón Rodríguez Arribas del otro.
Quedarían fuera, en principio, los más proclives a la constitucionalidad el Estatut, el catalán Eugeni Gay y el magistrado Pascual Sala, y del otro, el líder del sector conservador, Javier Delgado Barrio y el ultraconservador más irreductible de todo el tribunal, Jorge Rodríguez Zapata. No obstante, de llegarse a esa situación ideal, se confiaría en atraer finalmente a Sala y Delgado Barrio, apelando a su sentido institucional ya que ambos han sido presidentes del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial.
Esa hipotética mayoría sería la encargada de encontrar un mínimo común denominador en torno a los temas identitarios, que pasaría por desprenderse definitivamente del término "nación" tal como consta en el preámbulo, y tendría que aquilatar las cuestiones más polémicas del título preliminar. Podría admitir la bilateralidad del artículo tres pero los mayores problemas para pasar el listón los tendrían los "derechos históricos" del artículo cinco o los símbolos "nacionales" del artículo ocho, en cuanto podrían interpretarse como un "derecho a la nacionalidad" de los catalanes. La obligatoriedad de conocer el catalán por todos los ciudadanos de Cataluña del artículo seis sigue estando muy discutida.
En compensación, el Estatuto mantendría una parte sustancial de las nuevas competencias. Sería un Estatuto de "tercera generación", el más avanzado competencialmente de todos y que sería el modelo a aplicar a los demás.
Con todo, las fuentes consultadas señalan que alrededor de un tercio de los preceptos impugnados en el recurso de inconstitucionalidad del PP sufrirá tachas de inconstitucionalidad en algunos casos, y en su mayor parte habrán de ser interpretados en el sentido que declare la sentencia del Constitucional. Es decir, que alrededor de 40 artículos de los 126 preceptos impugnados por el PP podrían verse afectados. Los conservadores pretenden elevar esa cifra hasta la mitad de las impugnaciones, es decir, hasta unos 55 o 60 preceptos.
El capítulo relativo al Poder Judicial en Cataluña sigue como estaba en agosto. El PP impugnó la regulación del Consejo de Justicia de Cataluña por ser "órgano de gobierno" del Poder Judicial en Cataluña y "órgano desconcentrado" del Consejo General del Poder Judicial y por sus atribuciones. La mayoría entiende que el capítulo de la Justicia debe quedar regulado, con carácter general, en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En cambio, el capítulo de la financiación es el que podría concitar mayores acuerdos, al margen de algunos aspectos que puedan puntualizarse en la sentencia, aunque en las últimas deliberaciones el tema de la financiación apenas se ha mencionado.
Fuentes de los magistrados matizan sin embargo que el debate está "aún abierto" e incluso el término "nación" puede ser "reconsiderado", si bien no dejan de atribuir a Manuel Aragón la responsabilidad de lo que ha pasado por "hacer la guerra por su cuenta". De puertas hacia dentro muchos creen que la votación prospectiva del pasado día 12, impulsada por dos jueces del sector progresista y uno conservador, tuvo por objeto comprobar si Aragón, teóricamente adscrito al bloque progresista, mantendría sus posiciones llegado el momento de votar.
O si, por el contrario, un cambio de última hora decantaría junto al voto de Aragón el del vicepresidente Guillermo Jiménez, que ya en día se adhirió al bloque progresista para sacar adelante el Estatuto de Valencia. Siempre se había especulado con un cambio de última hora, dentro de una estrategia para asegurarse la presidencia tras la renovación del Tribunal. Un cambio que ahora parece difuminarse en el horizonte.
El término "nación" se cae del Estatuto
Más de 40 artículos sufrirán tachas de inconstitucionalidad o serán reinterpretados - La mayoría conservadora del Constitucional se opone a los "símbolos nacionales"
JULIO M. LÁZARO - MADRID - 22/11/2009
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El Tribunal Constitucional afronta la recta final de la sentencia del Estatuto de Cataluña entre fuertes divisiones internas y peticiones de dimisión. Mientras, en Cataluña cunde el nerviosismo por las consecuencias que una eventual sentencia adversa pueda tener sobre las elecciones autonómicas del otoño de 2010. La votación prospectiva del pleno del Constitucional del pasado día 12 dejó patente que una mayoría de seis magistrados frente a cuatro sigue encallada en su oposición a los "símbolos nacionales", en tanto que el término "nación" ha quedado en la práctica descartado en el último borrador de la ponencia. Un tercio de los preceptos impugnados por el PP se verá afectado, siempre según las fuentes consultadas.
El bloque conservador ve tachas en 55 ó 60 preceptos
Una sentencia de consenso dejaría más competencias y mejor financiación
La votación prospectiva fue para ver si Aragón variaba su posición
Las tres sesiones plenarias celebradas esta semana, con nuevas votaciones prospectivas sobre aspectos puntuales del título preliminar, han mantenido las posiciones de todos. No obstante, no ha habido renuncia ni cambio de ponente, por lo que la magistrada encargada de la redacción de la sentencia, Elisa Pérez Vera, ha salido con nuevas instrucciones para la reunión del pleno del próximo jueves.
Tras las deliberaciones de los últimos meses, la opinión generalizada es que el enunciado del término "nación" se caerá del Preámbulo del Estatuto, salvo si hay un cambio excepcional de última hora. De hecho, ni siquiera se debate sobre él en las últimas prospecciones, que se centran en los aspectos más polémicos del Título Preliminar y singularmente, en torno a los derechos nacionales de Cataluña. Las votaciones prospectivas han dejado claro que el magistrado del bloque progresista Manuel Aragón Reyes sigue sin aceptar los principales símbolos identitarios, lo que aboca a buscar nuevas fórmulas que permitan consensuar una mayoría que salve del Estatuto todo lo posible.
Desde el pasado verano hay constancia del encallamiento del Tribunal en dos bloques, que dejan en minoría a cuatro magistrados del sector progresista encabezados por la presidenta María Emilia Casas, junto a la ponente Elisa Pérez Vera, Pascual Sala y Eugeni Gay. Del otro lado, a los conservadores Javier Delgado Barrio, Jorge Rodríguez Zapata, Vicente Conde y Ramón Rodríguez Arribas a los que se suman, en una posición intermedia, Manuel Aragón y el vicepresidente Guillermo Jiménez.
Los bloques progresista y conservador, siempre según las fuentes consultadas, tampoco son homogéneos entre ellos y en cada uno se mantienen posiciones más o menos inamovibles. Así que, vista la actual situación, expertos constitucionalistas creen que ahora de debería intentar conformar una nueva relación de fuerzas, desplazando hacia el centro a dos progresistas y a otros dos conservadores y conformando una nueva mayoría de seis a cuatro integrada por tres magistrados de cada bloque: la presidenta María Emilia Casas, que lideraría el acercamiento; la ponente Elisa Pérez Vera y Manuel Aragón de un lado, y el vicepresidente, Guillermo Jiménez, y los magistrados Vicente Conde y Ramón Rodríguez Arribas del otro.
Quedarían fuera, en principio, los más proclives a la constitucionalidad el Estatut, el catalán Eugeni Gay y el magistrado Pascual Sala, y del otro, el líder del sector conservador, Javier Delgado Barrio y el ultraconservador más irreductible de todo el tribunal, Jorge Rodríguez Zapata. No obstante, de llegarse a esa situación ideal, se confiaría en atraer finalmente a Sala y Delgado Barrio, apelando a su sentido institucional ya que ambos han sido presidentes del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial.
Esa hipotética mayoría sería la encargada de encontrar un mínimo común denominador en torno a los temas identitarios, que pasaría por desprenderse definitivamente del término "nación" tal como consta en el preámbulo, y tendría que aquilatar las cuestiones más polémicas del título preliminar. Podría admitir la bilateralidad del artículo tres pero los mayores problemas para pasar el listón los tendrían los "derechos históricos" del artículo cinco o los símbolos "nacionales" del artículo ocho, en cuanto podrían interpretarse como un "derecho a la nacionalidad" de los catalanes. La obligatoriedad de conocer el catalán por todos los ciudadanos de Cataluña del artículo seis sigue estando muy discutida.
En compensación, el Estatuto mantendría una parte sustancial de las nuevas competencias. Sería un Estatuto de "tercera generación", el más avanzado competencialmente de todos y que sería el modelo a aplicar a los demás.
Con todo, las fuentes consultadas señalan que alrededor de un tercio de los preceptos impugnados en el recurso de inconstitucionalidad del PP sufrirá tachas de inconstitucionalidad en algunos casos, y en su mayor parte habrán de ser interpretados en el sentido que declare la sentencia del Constitucional. Es decir, que alrededor de 40 artículos de los 126 preceptos impugnados por el PP podrían verse afectados. Los conservadores pretenden elevar esa cifra hasta la mitad de las impugnaciones, es decir, hasta unos 55 o 60 preceptos.
El capítulo relativo al Poder Judicial en Cataluña sigue como estaba en agosto. El PP impugnó la regulación del Consejo de Justicia de Cataluña por ser "órgano de gobierno" del Poder Judicial en Cataluña y "órgano desconcentrado" del Consejo General del Poder Judicial y por sus atribuciones. La mayoría entiende que el capítulo de la Justicia debe quedar regulado, con carácter general, en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En cambio, el capítulo de la financiación es el que podría concitar mayores acuerdos, al margen de algunos aspectos que puedan puntualizarse en la sentencia, aunque en las últimas deliberaciones el tema de la financiación apenas se ha mencionado.
Fuentes de los magistrados matizan sin embargo que el debate está "aún abierto" e incluso el término "nación" puede ser "reconsiderado", si bien no dejan de atribuir a Manuel Aragón la responsabilidad de lo que ha pasado por "hacer la guerra por su cuenta". De puertas hacia dentro muchos creen que la votación prospectiva del pasado día 12, impulsada por dos jueces del sector progresista y uno conservador, tuvo por objeto comprobar si Aragón, teóricamente adscrito al bloque progresista, mantendría sus posiciones llegado el momento de votar.
O si, por el contrario, un cambio de última hora decantaría junto al voto de Aragón el del vicepresidente Guillermo Jiménez, que ya en día se adhirió al bloque progresista para sacar adelante el Estatuto de Valencia. Siempre se había especulado con un cambio de última hora, dentro de una estrategia para asegurarse la presidencia tras la renovación del Tribunal. Un cambio que ahora parece difuminarse en el horizonte.
Os bastidores do Caso Battisti
Matéria enviada pela mestre em Direito da Puc-rio e integrante do OJB/UFRJ Monica Re
O Estado de São Paulo,Domingo, 22 de Novembro de 2009
Caso Battisti expõe crise no STF
Relações entre os ministros beiram o vale-tudo, seja nos julgamentos em
plenário ou no trato do dia a dia
Felipe Recondo e Mariângela Gallucci
O clima de guerra que se instalou no Supremo Tribunal Federal (STF) nas
últimas semanas, especialmente por causa do processo da extradição do
ativista italiano Cesare Battisti, mostra que as relações entre os
ministros beiram o vale-tudo - seja nos julgamentos em plenário ou no
trato do dia a dia. Em conversas reservadas, há ministros que até xingam
colegas por desavenças ocorridas durante os julgamentos.
Recentemente, ao comentar o caso Battisti, um deles questionou se o
autor de determinado voto chegaria ao STF se tivesse de se submeter a
exame prévio de sanidade mental. Outro, chamado de "burro" por um de
seus pares numa conversa reservada, acusou um terceiro de ser "menino de
recado" do presidente do Supremo, Gilmar Mendes.
Esses ataques pessoais e o clima de desconfiança geral nem sempre ficam
nos bastidores do tribunal. No recém-concluído caso Battisti, o ministro
Eros Grau afirmou que colegas abandonavam a razão para julgar o processo
com paixão. "Parece que não há condições no tribunal de um ouvir o
outro, dada a paixão que tem presidido o julgamento deste caso", afirmou
ele, depois de várias tentativas frustradas de explicar seu voto durante
a sessão.
A paixão que Eros Grau disse ter dominado o julgamento pode, de acordo
com alguns ministros, ser a explicação para fatos estranhos que rondaram
o processo. Um deles se refere às divergências entre a ata publicada e o
resultado proclamado na primeira sessão de julgamento. A resistência de
ministros em aceitar que a maioria do tribunal dava ao presidente da
República a última palavra no caso da extradição de Battisti foi
outra demonstração de que essa guerra extravasa os bastidores.
BATE-BOCA
Em outros casos julgados no ano passado e neste ano, as desavenças se
tornaram elementos dos processos, como o bate-boca entre Marco Aurélio
Mello e Carlos Ayres Britto no julgamento do processo de demarcação da
terra indígena Raposa Serra do Sol. Ou da briga entre o presidente do
STF e o ministro Joaquim Barbosa, quando discutiam uma lei de Minas
Gerais que tratava de servidores públicos, caso que não prometia grandes
polêmicas.
"Vossa Excelência não está na rua, não. Vossa Excelência está na mídia,
destruindo a credibilidade do Judiciário brasileiro", afirmou Barbosa
naquele julgamento, em abril deste ano. "Vossa Excelência quando se
dirige a mim, não está falando com os seus capangas de Mato Grosso,
ministro Gilmar. Respeite."
O confronto ríspido tem se tornado habitual na corte. Para alguns
ministros, não basta divergir do voto do colega, é preciso atacá-lo.
"Respeite meu voto. Não acho que seja adequado criticar o voto alheio.
Vossa Excelência classificou meu voto de periférico, como se eu tivesse
aqui delirado", reagiu Marco Aurélio, em referência às intervenções de
Ayres Britto durante o julgamento da Raposa Serra do Sol.
TESES
A resistência ao argumento alheio se evidenciou no julgamento do caso
Battisti, quando Gilmar Mendes demorou a proclamar o resultado, depois
que sua tese sobre a obrigação de o presidente da República seguir a
decisão do Supremo foi derrotada. Ou quando Cezar Peluso, relator do
processo, se recusou a redigir o acórdão sozinho, ao se dizer incapaz
"intelectualmente" de relatar a tese contrária ao seu entendimento.
"Olha, eu não fui incapaz intelectualmente de entender o voto dele",
reagiu Ayres Britto. O ministro concordou duas vezes, no julgamento de
Battisti, com a tese de Peluso. Na última votação, divergiu, votou por
deixar a última palavra sobre a extradição ou não do ativista com o
presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Isso é incompreensível?
Incompreensível como? Eu estou falando grego?"
"ESTICA E PUXA"
Sinal desse jogo de "estica e puxa", como definiu o próprio Ayres Britto
durante o julgamento da demarcação da Raposa Serra do Sol, são as
pressões nos bastidores por mudança de votos, especialmente em casos
polêmicos. Nesses processos, um voto alterado muda por completo o
destino de um investigado. A denúncia contra o deputado Antonio Palocci
(PT-SP) no processo de violação do sigilo bancário do caseiro
Francenildo dos Santos Costa, por exemplo, foi rejeitada por 5 votos a
4. Mesmo placar das três votações do caso Battisti - ao julgar ilegal o
refúgio, ao autorizar a extradição e ao garantir a Lula a última palavra
no processo.
De acordo com ministros, essa projeção que deu um placar apertado na
análise do caso Battisti foi a razão de tantas acusações dentro do
Supremo de que Ayres Britto estaria sofrendo pressão para mudar seu
voto. Acusações que forçaram o ministro, dos mais calmos da atual
composição, a elevar o tom. "Eu sou imune a pressão. Quem se meter a me
pressionar está perdendo seu tempo. Venha de onde vier esse tipo de
pressão", afirmou. "Estou me lixando para os que pensam que me dobram."
O Estado de São Paulo,Domingo, 22 de Novembro de 2009
Caso Battisti expõe crise no STF
Relações entre os ministros beiram o vale-tudo, seja nos julgamentos em
plenário ou no trato do dia a dia
Felipe Recondo e Mariângela Gallucci
O clima de guerra que se instalou no Supremo Tribunal Federal (STF) nas
últimas semanas, especialmente por causa do processo da extradição do
ativista italiano Cesare Battisti, mostra que as relações entre os
ministros beiram o vale-tudo - seja nos julgamentos em plenário ou no
trato do dia a dia. Em conversas reservadas, há ministros que até xingam
colegas por desavenças ocorridas durante os julgamentos.
Recentemente, ao comentar o caso Battisti, um deles questionou se o
autor de determinado voto chegaria ao STF se tivesse de se submeter a
exame prévio de sanidade mental. Outro, chamado de "burro" por um de
seus pares numa conversa reservada, acusou um terceiro de ser "menino de
recado" do presidente do Supremo, Gilmar Mendes.
Esses ataques pessoais e o clima de desconfiança geral nem sempre ficam
nos bastidores do tribunal. No recém-concluído caso Battisti, o ministro
Eros Grau afirmou que colegas abandonavam a razão para julgar o processo
com paixão. "Parece que não há condições no tribunal de um ouvir o
outro, dada a paixão que tem presidido o julgamento deste caso", afirmou
ele, depois de várias tentativas frustradas de explicar seu voto durante
a sessão.
A paixão que Eros Grau disse ter dominado o julgamento pode, de acordo
com alguns ministros, ser a explicação para fatos estranhos que rondaram
o processo. Um deles se refere às divergências entre a ata publicada e o
resultado proclamado na primeira sessão de julgamento. A resistência de
ministros em aceitar que a maioria do tribunal dava ao presidente da
República a última palavra no caso da extradição de Battisti foi
outra demonstração de que essa guerra extravasa os bastidores.
BATE-BOCA
Em outros casos julgados no ano passado e neste ano, as desavenças se
tornaram elementos dos processos, como o bate-boca entre Marco Aurélio
Mello e Carlos Ayres Britto no julgamento do processo de demarcação da
terra indígena Raposa Serra do Sol. Ou da briga entre o presidente do
STF e o ministro Joaquim Barbosa, quando discutiam uma lei de Minas
Gerais que tratava de servidores públicos, caso que não prometia grandes
polêmicas.
"Vossa Excelência não está na rua, não. Vossa Excelência está na mídia,
destruindo a credibilidade do Judiciário brasileiro", afirmou Barbosa
naquele julgamento, em abril deste ano. "Vossa Excelência quando se
dirige a mim, não está falando com os seus capangas de Mato Grosso,
ministro Gilmar. Respeite."
O confronto ríspido tem se tornado habitual na corte. Para alguns
ministros, não basta divergir do voto do colega, é preciso atacá-lo.
"Respeite meu voto. Não acho que seja adequado criticar o voto alheio.
Vossa Excelência classificou meu voto de periférico, como se eu tivesse
aqui delirado", reagiu Marco Aurélio, em referência às intervenções de
Ayres Britto durante o julgamento da Raposa Serra do Sol.
TESES
A resistência ao argumento alheio se evidenciou no julgamento do caso
Battisti, quando Gilmar Mendes demorou a proclamar o resultado, depois
que sua tese sobre a obrigação de o presidente da República seguir a
decisão do Supremo foi derrotada. Ou quando Cezar Peluso, relator do
processo, se recusou a redigir o acórdão sozinho, ao se dizer incapaz
"intelectualmente" de relatar a tese contrária ao seu entendimento.
"Olha, eu não fui incapaz intelectualmente de entender o voto dele",
reagiu Ayres Britto. O ministro concordou duas vezes, no julgamento de
Battisti, com a tese de Peluso. Na última votação, divergiu, votou por
deixar a última palavra sobre a extradição ou não do ativista com o
presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Isso é incompreensível?
Incompreensível como? Eu estou falando grego?"
"ESTICA E PUXA"
Sinal desse jogo de "estica e puxa", como definiu o próprio Ayres Britto
durante o julgamento da demarcação da Raposa Serra do Sol, são as
pressões nos bastidores por mudança de votos, especialmente em casos
polêmicos. Nesses processos, um voto alterado muda por completo o
destino de um investigado. A denúncia contra o deputado Antonio Palocci
(PT-SP) no processo de violação do sigilo bancário do caseiro
Francenildo dos Santos Costa, por exemplo, foi rejeitada por 5 votos a
4. Mesmo placar das três votações do caso Battisti - ao julgar ilegal o
refúgio, ao autorizar a extradição e ao garantir a Lula a última palavra
no processo.
De acordo com ministros, essa projeção que deu um placar apertado na
análise do caso Battisti foi a razão de tantas acusações dentro do
Supremo de que Ayres Britto estaria sofrendo pressão para mudar seu
voto. Acusações que forçaram o ministro, dos mais calmos da atual
composição, a elevar o tom. "Eu sou imune a pressão. Quem se meter a me
pressionar está perdendo seu tempo. Venha de onde vier esse tipo de
pressão", afirmou. "Estou me lixando para os que pensam que me dobram."
sexta-feira, 20 de novembro de 2009
Lula e Battisti
Folha de São Paulo, sexta-feira, 20 de novembro de 2009
Ignorar tratado pode gerar ação contra Lula
Segundo especialistas, se presidente descumprir acordo de extradição com a Itália, estará sujeito a responder por crime de responsabilidade
Advogado-geral da União, Luís Inácio Adams, vai se encarregar da engenharia jurídica para sustentar a decisão de Lula sobre Battisti
DA SUCURSAL DE BRASÍLIA
Se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva descumprir o tratado de extradição entre Brasil e Itália para manter o terrorista italiano Cesare Battisti no país, ele poderá responder por crime de responsabilidade perante o Senado. A avaliação é de assessores jurídicos do STF, que falaram em caráter reservado.
A lei nº 1.079 de 1950, que trata dos crimes de responsabilidade cometidos por autoridades, prevê no parágrafo 11 do artigo 5º que "são crimes de responsabilidade contra a existência política da União violar tratados legitimamente feitos com nações estrangeiras".
Qualquer cidadão, assim como a Procuradoria-Geral da República, pode denunciar o presidente pela suposta prática de crime de responsabilidade. Caberia ao Senado, porém, aceitar ou recusar a denúncia.
O tratado foi firmado em Roma em 1989 e ratificado pelo Congresso em 1993 e tem força legal. Ele permite que o presidente se recuse a entregar o italiano. Diz, contudo, que o fato precisa ser "motivado", justificado. Existem sete opções para que o presidente deixe de entregar um extraditando, mas a única que poderia ser usada no caso é dizer que o italiano poderá ser submetido a "atos de perseguição por opinião política".
Lula busca uma saída jurídica para manter Battisti no Brasil sem afrontar o Supremo nem desrespeitar o tratado. O advogado-geral da União, Luís Inácio Adams, vai se encarregar da engenharia jurídica para sustentar a decisão de Lula.
Segundo o professor de Direito Internacional da UnB (Universidade de Brasília) George Galindo, se Lula argumentar questões humanitárias para não extraditar Battisti, ele estará descumprindo o tratado. "O tratado diz que as razões humanitárias, assim como enfermidade grave ou algum outro processo penal que ele responda no Brasil, só podem ser usadas para postergar a entrega e não para recusa-la", disse.
Ironia
O relator do processo no STF, Cezar Peluso, vencido pela decisão de delegar a Lula o destino de Battisti, ironizou ontem os colegas. Ele questionou quem seria responsável por redigir o acórdão com a decisão. "Não tenho condições intelectuais de sequer resumir com inteira fidelidade o douto raciocínio da maioria", disse.
(FELIPE SELIGMAN E ANDREA MICHAEL)
Ignorar tratado pode gerar ação contra Lula
Segundo especialistas, se presidente descumprir acordo de extradição com a Itália, estará sujeito a responder por crime de responsabilidade
Advogado-geral da União, Luís Inácio Adams, vai se encarregar da engenharia jurídica para sustentar a decisão de Lula sobre Battisti
DA SUCURSAL DE BRASÍLIA
Se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva descumprir o tratado de extradição entre Brasil e Itália para manter o terrorista italiano Cesare Battisti no país, ele poderá responder por crime de responsabilidade perante o Senado. A avaliação é de assessores jurídicos do STF, que falaram em caráter reservado.
A lei nº 1.079 de 1950, que trata dos crimes de responsabilidade cometidos por autoridades, prevê no parágrafo 11 do artigo 5º que "são crimes de responsabilidade contra a existência política da União violar tratados legitimamente feitos com nações estrangeiras".
Qualquer cidadão, assim como a Procuradoria-Geral da República, pode denunciar o presidente pela suposta prática de crime de responsabilidade. Caberia ao Senado, porém, aceitar ou recusar a denúncia.
O tratado foi firmado em Roma em 1989 e ratificado pelo Congresso em 1993 e tem força legal. Ele permite que o presidente se recuse a entregar o italiano. Diz, contudo, que o fato precisa ser "motivado", justificado. Existem sete opções para que o presidente deixe de entregar um extraditando, mas a única que poderia ser usada no caso é dizer que o italiano poderá ser submetido a "atos de perseguição por opinião política".
Lula busca uma saída jurídica para manter Battisti no Brasil sem afrontar o Supremo nem desrespeitar o tratado. O advogado-geral da União, Luís Inácio Adams, vai se encarregar da engenharia jurídica para sustentar a decisão de Lula.
Segundo o professor de Direito Internacional da UnB (Universidade de Brasília) George Galindo, se Lula argumentar questões humanitárias para não extraditar Battisti, ele estará descumprindo o tratado. "O tratado diz que as razões humanitárias, assim como enfermidade grave ou algum outro processo penal que ele responda no Brasil, só podem ser usadas para postergar a entrega e não para recusa-la", disse.
Ironia
O relator do processo no STF, Cezar Peluso, vencido pela decisão de delegar a Lula o destino de Battisti, ironizou ontem os colegas. Ele questionou quem seria responsável por redigir o acórdão com a decisão. "Não tenho condições intelectuais de sequer resumir com inteira fidelidade o douto raciocínio da maioria", disse.
(FELIPE SELIGMAN E ANDREA MICHAEL)
quinta-feira, 19 de novembro de 2009
Partes dos votos de G.F. Mendes e Peluso veja e ouça!
www.folha.com.br/093221 Acesse esse endereço eletrônico de 19 de novembro de 2009
Tratado e extradição de Battisti
Folha de São Paulo, quinta-feira, 19 de novembro de 2009
Tratado já dá a Lula poder de negar extradição
Pelo acordo assinado com a Itália em 1989, presidente pode alegar que ex-terrorista corre o risco de sofrer "perseguição política"
Decisão do STF representa derrota do presidente do tribunal; para ministra Ellen Gracie, medida cria constrangimento a Lula
O tratado de extradição entre Brasil e Itália permite ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva negar a entrega do ex-terrorista italiano Cesare Battisti ao seu país de origem, mas para isso deverá dizer que ele poderá correr o risco de ser submetido a "atos de perseguição e discriminação por motivo de opinião política". O tratado foi assinado em Roma em 1989 e ratificado pelo Congresso em 1993.
O entendimento representa uma derrota do relator do caso, ministro Cezar Peluso, do presidente do tribunal, Gilmar Mendes, e de Ricardo Lewandowski e Ellen Gracie, para os quais o tratado obrigaria Lula a respeitar a decisão do STF. Eles argumentaram que nunca na história do Brasil um presidente da República deixou de extraditar alguém após decisão neste sentido do Supremo Tribunal Federal.
"É criar uma polêmica onde ela não há. O que se procura agora é criar uma situação de constrangimento de ordem política ao presidente da República", afirmou Ellen Gracie, durante o julgamento. "Não há espaço, pós-decisão, para a escolha quanto a sua observação, até porque o Supremo não é órgão de consulta", tentou argumentar Mendes. "A Suprema Corte se ocupa de um tema para depois dizer não, nós estávamos brincando, se trata de um rematado absurdo", completou Cezar Peluso.
Por 5 votos a 4, porém, o STF afirmou que cabe a Lula a decisão final do caso. Como existe um tratado bilateral sobre processo de extradição assinado com a Itália ele deverá ser observado, segundo afirmaram alguns ministros ontem. Esse tratado afirma que o presidente pode "recusar" a entrega de um extraditando, mas essa recusa deve ser "motivada", ou seja, justificada.
Em seu artigo 3º, o tratado aponta sete opções para "casos de recusa de extradição". Apenas uma delas cabe ao caso de Cesare Battisti, que diz: "se a parte requerida tiver razões ponderáveis para supor que a pessoa reclamada será submetida a atos de perseguição e discriminação por motivo de raça, religião, sexo, nacionalidade, língua, opinião política, condição social ou pessoal; ou que sua situação possa ser agravada por um dos elementos antes mencionados".
Divergência
A discussão sobre o tema esquentou ao final da sessão de ontem, que terminou depois das 20h. Os ministros que optaram por deixar o presidente Lula livre para decidir foram Cármen Lúcia, Eros Grau, Carlos Ayres Britto, Joaquim Barbosa e Marco Aurélio Mello. Eles argumentaram que a competência de manter as relações internacionais entre os países, segundo a Constituição Federal, é do presidente da República e não do STF e por isso, Lula pode fazer o que bem entender, até mesmo desrespeitar o tratado. A discussão ocorreu porque os ministros vencidos argumentaram que o Supremo deveria já na decisão de ontem afirmar que Lula precisa necessariamente cumprir o tratado e as leis que tratam sobre o tema.
Os cinco ministros que saíram vencedores, porém, argumentavam que não cabe ao tribunal dizer isso neste momento a Lula e que, se ele quiser não respeitar o que diz o documento internacional, podeRÁ até faze-lo, arcando com as consequências disso. "Eu não posso prever se o presidente vai ou não vai cumprir o tratado, porque isso não está em jogo", afirmou Eros Grau. "O que estamos dizendo é que Lula não precisa seguir o que disse o Supremo", disse Marco Aurélio Mello. (FELIPE SELIGMAN E ANDRÉA MICHAEL)
Tratado já dá a Lula poder de negar extradição
Pelo acordo assinado com a Itália em 1989, presidente pode alegar que ex-terrorista corre o risco de sofrer "perseguição política"
Decisão do STF representa derrota do presidente do tribunal; para ministra Ellen Gracie, medida cria constrangimento a Lula
O tratado de extradição entre Brasil e Itália permite ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva negar a entrega do ex-terrorista italiano Cesare Battisti ao seu país de origem, mas para isso deverá dizer que ele poderá correr o risco de ser submetido a "atos de perseguição e discriminação por motivo de opinião política". O tratado foi assinado em Roma em 1989 e ratificado pelo Congresso em 1993.
O entendimento representa uma derrota do relator do caso, ministro Cezar Peluso, do presidente do tribunal, Gilmar Mendes, e de Ricardo Lewandowski e Ellen Gracie, para os quais o tratado obrigaria Lula a respeitar a decisão do STF. Eles argumentaram que nunca na história do Brasil um presidente da República deixou de extraditar alguém após decisão neste sentido do Supremo Tribunal Federal.
"É criar uma polêmica onde ela não há. O que se procura agora é criar uma situação de constrangimento de ordem política ao presidente da República", afirmou Ellen Gracie, durante o julgamento. "Não há espaço, pós-decisão, para a escolha quanto a sua observação, até porque o Supremo não é órgão de consulta", tentou argumentar Mendes. "A Suprema Corte se ocupa de um tema para depois dizer não, nós estávamos brincando, se trata de um rematado absurdo", completou Cezar Peluso.
Por 5 votos a 4, porém, o STF afirmou que cabe a Lula a decisão final do caso. Como existe um tratado bilateral sobre processo de extradição assinado com a Itália ele deverá ser observado, segundo afirmaram alguns ministros ontem. Esse tratado afirma que o presidente pode "recusar" a entrega de um extraditando, mas essa recusa deve ser "motivada", ou seja, justificada.
Em seu artigo 3º, o tratado aponta sete opções para "casos de recusa de extradição". Apenas uma delas cabe ao caso de Cesare Battisti, que diz: "se a parte requerida tiver razões ponderáveis para supor que a pessoa reclamada será submetida a atos de perseguição e discriminação por motivo de raça, religião, sexo, nacionalidade, língua, opinião política, condição social ou pessoal; ou que sua situação possa ser agravada por um dos elementos antes mencionados".
Divergência
A discussão sobre o tema esquentou ao final da sessão de ontem, que terminou depois das 20h. Os ministros que optaram por deixar o presidente Lula livre para decidir foram Cármen Lúcia, Eros Grau, Carlos Ayres Britto, Joaquim Barbosa e Marco Aurélio Mello. Eles argumentaram que a competência de manter as relações internacionais entre os países, segundo a Constituição Federal, é do presidente da República e não do STF e por isso, Lula pode fazer o que bem entender, até mesmo desrespeitar o tratado. A discussão ocorreu porque os ministros vencidos argumentaram que o Supremo deveria já na decisão de ontem afirmar que Lula precisa necessariamente cumprir o tratado e as leis que tratam sobre o tema.
Os cinco ministros que saíram vencedores, porém, argumentavam que não cabe ao tribunal dizer isso neste momento a Lula e que, se ele quiser não respeitar o que diz o documento internacional, podeRÁ até faze-lo, arcando com as consequências disso. "Eu não posso prever se o presidente vai ou não vai cumprir o tratado, porque isso não está em jogo", afirmou Eros Grau. "O que estamos dizendo é que Lula não precisa seguir o que disse o Supremo", disse Marco Aurélio Mello. (FELIPE SELIGMAN E ANDRÉA MICHAEL)
quarta-feira, 18 de novembro de 2009
ADPF da ação afirmativa
Monica Re mestre em direito da Puc-rio envia a seguinte matéria e pode ser obtida a petição inicial no endereço eletrônico abaixo
PGR pede constitucionalidade de lei fluminense que institui cotas nas
universidades estaduais
18/11/2009 11h37
ADPF afirma constitucionalidade das políticas de ação afirmativa no
acesso ao ensino público superior no Brasil
O procurador-geral da República, Roberto Gurgel, ajuizou arguição de
descumprimento de preceito fundamental (ADPF 199) no Supremo Tribunal
Federal (STF), com pedido de medida cautelar, para declarar a
constitucionalidade da Lei 5.346/08, do estado do Rio de Janeiro, que
dispõe sobre o novo sistema de cotas para ingresso nas universidades
estaduais. Caso a Corte entenda improcedente o pedido, o PGR pede que
seja invalidada decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ/RJ)
que suspendeu a eficácia da lei fluminense, proferida na Representação
por Inconstitucionalidade 09/2009.
A referida lei institui o sistema de cotas para estudantes negros e
indígenas (20%), alunos da rede pública de ensino (20%), pessoas
portadoras de deficiência e filhos de policiais civis e militares,
bombeiros e inspetores de segurança e administração penitenciária,
mortos ou incapacitados em razão do serviço (5%). A lei admite a adoção
do sistema de auto-declaração para negros e pessoas integrantes de
minorias étnicas, cabendo à universidade criar mecanismos de combate à
fraude. Também está previsto o pagamento de bolsa-auxílio durante o
período do curso universitário dos estudantes carentes destinatários
da ação afirmativa.
De acordo com a ADPF elaborada pela vice-procuradora-geral da República,
Deborah Duprat, o estado do Rio de Janeiro foi pioneiro no país na
questão de políticas de ação afirmativa no ensino público
superior,com resultados extremamente positivos, ampliando o acesso à
universidade pública de estudantes de camadas excluídas da população e
pluralizando, com isso, o corpo discente dessas instituições, sem
qualquer prejuízo para a qualidade do ensino ou para o rendimento dos
alunos.
Segundo informa, nesse período, não se percebeu no estado qualquer
agravamento de tensão ou animosidade social ou racial que possa ser
correlacionado, direta ou indiretamente, com as medidas de
democratização do ensino público superior.
Decisão estadual – Segundo explica, a lei substituiu o anterior sistema
de cotas das universidades estaduais (Lei 4.151/03) e foi impugnada no
TJ/RJ, através da Representação de Inconstitucionalidade 09/2009, que
postulou a declaração de inconstitucionalidade, em face da Constituição
do Estado do Rio de Janeiro, de toda a Lei Estadual 5.346/08. Mas, de
acordo com Deborah Duprat, foram questionadas apenas as cotas étnicas,
que criaram reserva de vagas em favor de negros e indígenas. Para ela, o
autor da representação argumenta sobre normas e valores hospedados na
Constituição Federal, notadamente o princípio da isonomia, a vedação de
discriminações raciais, o acesso igualitário ao ensino e a proteção à
segurança jurídica.
Ao apreciar questão de ordem suscitada pelo estado do Rio de Janeiro, o
TJ/RJ atribuiu eficácia ex nunc (não retroativa) à medida cautelar
concedida em maio de 2009, para excluir da sua incidência o vestibular
em curso das universidades mantidas pelo estado. Com a decisão, diversas
entidades da sociedade civil e do movimento negro encaminharam à
Procuradoria Geral da República representação pedindo a propositura de
ADPF no STF, “a fim de garantir a manutenção e permanência das políticas
de ações afirmativas já adotadas e bem sucedidas pela Uerj e demais
instituições de ensino público do Brasil”.
Insegurança - Para a vice-procuradora-geral, a decisão do TJ/RJ, apesar
de ser inaplicável ao vestibular que ainda está em curso, é um
verdadeiro convite à judicialização para os candidatos que se sentirem
prejudicados com a política de ação afirmativa em discussão, pois
sinaliza que, no âmbito daquela Corte, será praticamente certo o êxito,
em eventuais impugnações aos resultados do certame. “Por outro lado,
gera grave insegurança para todo o universo de beneficiários das cotas
instituídas pelo legislador fluminense”, afirma. Ela pede a concessão de
medida cautelar para, até o julgamento definitivo da ação, sustar os
efeitos da decisão do TJ/RJ.
Deborah Duprat informa que o STF discute no momento a
constitucionalidade das políticas de ação afirmativa no campo da
educação superior em várias ações e que houve convocação de audiência
pública para discussão do tema, a ser realizada nos dias 3 a 5 de
março de 2010. Nesse quadro, para ela, nada justifica que o TJ/RJ se
antecipe à iminente decisão do STF sobre o tema, sobretudo quando se
percebe a inclinação da Corte Estadual no sentido de invalidar a decisão
do legislador fluminense, que vem se esforçando por concretizar, no
campo da educação superior, os mandamentos constitucionais de promoção
da igualdade material e do pluralismo.
Na ADPF, os argumentos no sentido da constitucionalidade da Lei 5.346/08
são os seguintes:
Igualdade – Para a autora da ADPF, o princípio da igualdade, tal como
concebido no sistema constitucional brasileiro, não só é compatível,
como, em determinadas situações, até reclama a promoção de políticas de
ação afirmativa, para superação de desigualdades profundamente
entrincheiradas nas nossas práticas sociais e instituições. De acordo
com ela, o art. 3º, inciso IV, da Constituição, ao vedar os preconceitos
de “raça, sexo, cor, idade, e outras formas de discriminação”, não pode
ser visto como um empecilho para a instituição de medidas que favoreçam
os grupos e segmentos que são costumeiramente discriminados, ainda que
tais medidas adotam como fator de desigualação qualquer destes
critérios.
Normativa internacional – Segundo a vice-procuradora-geral, o Brasil é
signatário de diversos tratados internacionais, devidamente incorporados
ao nosso ordenamento, que são expressos no reconhecimento da validade da
promoção de políticas de ação afirmativa com o objetivo de promoção da
igualdade. É o caso da Convenção sobre Eliminação de todas as Formas de
Discriminação Racial.
Igualdade substantiva – Outro argumento que levanta em favor da
constitucionalidade das políticas de ação afirmativa no acesso ao ensino
superior é o de que se trata de promoção da igualdade substantiva,
objetivo fundamental no contexto de um Estado Social, e de uma sociedade
que se pretende justa e solidária. “As provas de vestibular favorecem
aqueles que estudaram nas melhores escolas – no Brasil, quase que
invariavelmente privadas – que são caras, e portanto, inacessíveis aos
membros dos grupos desprivilegiados, compostos majoritariamente pelos
afrodescendentes”, informa.
Outros – Deborah Duprat cita ainda como justificativas relevantes: a
promoção do pluralismo, considerando que, em um país que tem como uma
das suas maiores riquezas a diversidade étnica e cultural, é preciso que
haja um contato real e paritário entre pessoas de diferentes etnias e
egressas de variadas realidades sociais; a justiça compensatória,
sobretudo em relação aos candidatos negros e com deficiência; e a
razoabilidade na alocação dos recursos públicos, que não pode prescindir
de considerações sobre os destinatários finais dos gastos estatais, o
que justifica a busca de critérios que visem a favorecer os grupos
tradicionalmente excluídos do acesso às universidades públicas.
A ADPF refuta ainda argumentos frequentemente invocados contra as
políticas de ação afirmativa nas universidades públicas:
Meritocracia – Esclarece que o sistema meritocrático prevê que “o acesso
aos níveis mais elevados de ensino” devem se dar de acordo com a
“capacidade de cada um”. Para ela, o raciocínio só seria válido se
elementos como a pobreza, a péssima qualidade do ensino público
fundamental e médio, o preconceito e desigualdade racial e as barreiras
existentes para as pessoas com deficiência não contaminassem
profundamente os procedimentos ditos meritocráticos, como os concursos
de vestibular, desigualando as oportunidades dos concorrentes.
Melhoria no ensino fundamental – Para Deborah Duprat, o argumento de que
não caberia a doação de políticas de ação afirmativa no acesso ao ensino
superior, uma vez que a solução para a inclusão no ensino estaria na
melhoria dos seus níveis inferiores, padece de vício lógico, já que as
propostas não são incompatíveis, mas antes se reforçam mutuamente.
Segundo explica, melhorar a qualidade do ensino básico não exclui a
necessidade de também atuar no âmbito do ensino superior.
Auto-declaração - A autora da ADPF defende ainda a auto-declaração como
critério de seleção dos beneficiários das cotas étnicas como fórmula
razoável, diante das alternativas existentes. “Parece inequívoco que as
classificações raciais devem incorporar a ideia de auto-declaração, seja
porque ignorar a percepção que cada um tem da própria identidade seria
uma violência, atentatória à própria dignidade da pessoa humana, seja
porque o critério encontra-se previsto no art. 1º, item 1, alínea 'a' da
Convenção 169 da OIT, em vigor no ordenamento brasileiro”, defende.
Princípio da proporcionalidade – Para ela, as cotas instituídas na Lei
5.346/08 não ofendem a nenhum dos subprincípios em que se desdobra o
princípio da proporcionalidade. Em sentido estrito, de acordo com
Deborah Duprat, cumpre atentar para o valor que tem o ingresso no ensino
superior na emancipação real dos excluídos no Brasil. “A admissão em
boas universidades talvez seja a mais importante porta de acesso a
funções socialmente relevantes, que propiciam o empoderamento das
minorias estigmatizadas e a promoção da justiça material”.
Ela considera que as restrições a outros bens jurídicos acarretadas pela
medida não são tão intensas, já que mais da metade (55%) das vagas das
universidades públicais estaduais fluminenses permanece aberta à disputa
em igualdade formal de condições. “E os percentuais das cotas não são
tão elevados, considerando-se o quadro empírico subjacente”, conclui.
O relator da ação no STF é o ministro Cezar Peluso.
A integra da inicial está em :
http://noticias.pgr.mpf.gov.br/noticias-do-site/pdfs/ADPF%20-%20lei%20fluminense.pdf
PGR pede constitucionalidade de lei fluminense que institui cotas nas
universidades estaduais
18/11/2009 11h37
ADPF afirma constitucionalidade das políticas de ação afirmativa no
acesso ao ensino público superior no Brasil
O procurador-geral da República, Roberto Gurgel, ajuizou arguição de
descumprimento de preceito fundamental (ADPF 199) no Supremo Tribunal
Federal (STF), com pedido de medida cautelar, para declarar a
constitucionalidade da Lei 5.346/08, do estado do Rio de Janeiro, que
dispõe sobre o novo sistema de cotas para ingresso nas universidades
estaduais. Caso a Corte entenda improcedente o pedido, o PGR pede que
seja invalidada decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ/RJ)
que suspendeu a eficácia da lei fluminense, proferida na Representação
por Inconstitucionalidade 09/2009.
A referida lei institui o sistema de cotas para estudantes negros e
indígenas (20%), alunos da rede pública de ensino (20%), pessoas
portadoras de deficiência e filhos de policiais civis e militares,
bombeiros e inspetores de segurança e administração penitenciária,
mortos ou incapacitados em razão do serviço (5%). A lei admite a adoção
do sistema de auto-declaração para negros e pessoas integrantes de
minorias étnicas, cabendo à universidade criar mecanismos de combate à
fraude. Também está previsto o pagamento de bolsa-auxílio durante o
período do curso universitário dos estudantes carentes destinatários
da ação afirmativa.
De acordo com a ADPF elaborada pela vice-procuradora-geral da República,
Deborah Duprat, o estado do Rio de Janeiro foi pioneiro no país na
questão de políticas de ação afirmativa no ensino público
superior,com resultados extremamente positivos, ampliando o acesso à
universidade pública de estudantes de camadas excluídas da população e
pluralizando, com isso, o corpo discente dessas instituições, sem
qualquer prejuízo para a qualidade do ensino ou para o rendimento dos
alunos.
Segundo informa, nesse período, não se percebeu no estado qualquer
agravamento de tensão ou animosidade social ou racial que possa ser
correlacionado, direta ou indiretamente, com as medidas de
democratização do ensino público superior.
Decisão estadual – Segundo explica, a lei substituiu o anterior sistema
de cotas das universidades estaduais (Lei 4.151/03) e foi impugnada no
TJ/RJ, através da Representação de Inconstitucionalidade 09/2009, que
postulou a declaração de inconstitucionalidade, em face da Constituição
do Estado do Rio de Janeiro, de toda a Lei Estadual 5.346/08. Mas, de
acordo com Deborah Duprat, foram questionadas apenas as cotas étnicas,
que criaram reserva de vagas em favor de negros e indígenas. Para ela, o
autor da representação argumenta sobre normas e valores hospedados na
Constituição Federal, notadamente o princípio da isonomia, a vedação de
discriminações raciais, o acesso igualitário ao ensino e a proteção à
segurança jurídica.
Ao apreciar questão de ordem suscitada pelo estado do Rio de Janeiro, o
TJ/RJ atribuiu eficácia ex nunc (não retroativa) à medida cautelar
concedida em maio de 2009, para excluir da sua incidência o vestibular
em curso das universidades mantidas pelo estado. Com a decisão, diversas
entidades da sociedade civil e do movimento negro encaminharam à
Procuradoria Geral da República representação pedindo a propositura de
ADPF no STF, “a fim de garantir a manutenção e permanência das políticas
de ações afirmativas já adotadas e bem sucedidas pela Uerj e demais
instituições de ensino público do Brasil”.
Insegurança - Para a vice-procuradora-geral, a decisão do TJ/RJ, apesar
de ser inaplicável ao vestibular que ainda está em curso, é um
verdadeiro convite à judicialização para os candidatos que se sentirem
prejudicados com a política de ação afirmativa em discussão, pois
sinaliza que, no âmbito daquela Corte, será praticamente certo o êxito,
em eventuais impugnações aos resultados do certame. “Por outro lado,
gera grave insegurança para todo o universo de beneficiários das cotas
instituídas pelo legislador fluminense”, afirma. Ela pede a concessão de
medida cautelar para, até o julgamento definitivo da ação, sustar os
efeitos da decisão do TJ/RJ.
Deborah Duprat informa que o STF discute no momento a
constitucionalidade das políticas de ação afirmativa no campo da
educação superior em várias ações e que houve convocação de audiência
pública para discussão do tema, a ser realizada nos dias 3 a 5 de
março de 2010. Nesse quadro, para ela, nada justifica que o TJ/RJ se
antecipe à iminente decisão do STF sobre o tema, sobretudo quando se
percebe a inclinação da Corte Estadual no sentido de invalidar a decisão
do legislador fluminense, que vem se esforçando por concretizar, no
campo da educação superior, os mandamentos constitucionais de promoção
da igualdade material e do pluralismo.
Na ADPF, os argumentos no sentido da constitucionalidade da Lei 5.346/08
são os seguintes:
Igualdade – Para a autora da ADPF, o princípio da igualdade, tal como
concebido no sistema constitucional brasileiro, não só é compatível,
como, em determinadas situações, até reclama a promoção de políticas de
ação afirmativa, para superação de desigualdades profundamente
entrincheiradas nas nossas práticas sociais e instituições. De acordo
com ela, o art. 3º, inciso IV, da Constituição, ao vedar os preconceitos
de “raça, sexo, cor, idade, e outras formas de discriminação”, não pode
ser visto como um empecilho para a instituição de medidas que favoreçam
os grupos e segmentos que são costumeiramente discriminados, ainda que
tais medidas adotam como fator de desigualação qualquer destes
critérios.
Normativa internacional – Segundo a vice-procuradora-geral, o Brasil é
signatário de diversos tratados internacionais, devidamente incorporados
ao nosso ordenamento, que são expressos no reconhecimento da validade da
promoção de políticas de ação afirmativa com o objetivo de promoção da
igualdade. É o caso da Convenção sobre Eliminação de todas as Formas de
Discriminação Racial.
Igualdade substantiva – Outro argumento que levanta em favor da
constitucionalidade das políticas de ação afirmativa no acesso ao ensino
superior é o de que se trata de promoção da igualdade substantiva,
objetivo fundamental no contexto de um Estado Social, e de uma sociedade
que se pretende justa e solidária. “As provas de vestibular favorecem
aqueles que estudaram nas melhores escolas – no Brasil, quase que
invariavelmente privadas – que são caras, e portanto, inacessíveis aos
membros dos grupos desprivilegiados, compostos majoritariamente pelos
afrodescendentes”, informa.
Outros – Deborah Duprat cita ainda como justificativas relevantes: a
promoção do pluralismo, considerando que, em um país que tem como uma
das suas maiores riquezas a diversidade étnica e cultural, é preciso que
haja um contato real e paritário entre pessoas de diferentes etnias e
egressas de variadas realidades sociais; a justiça compensatória,
sobretudo em relação aos candidatos negros e com deficiência; e a
razoabilidade na alocação dos recursos públicos, que não pode prescindir
de considerações sobre os destinatários finais dos gastos estatais, o
que justifica a busca de critérios que visem a favorecer os grupos
tradicionalmente excluídos do acesso às universidades públicas.
A ADPF refuta ainda argumentos frequentemente invocados contra as
políticas de ação afirmativa nas universidades públicas:
Meritocracia – Esclarece que o sistema meritocrático prevê que “o acesso
aos níveis mais elevados de ensino” devem se dar de acordo com a
“capacidade de cada um”. Para ela, o raciocínio só seria válido se
elementos como a pobreza, a péssima qualidade do ensino público
fundamental e médio, o preconceito e desigualdade racial e as barreiras
existentes para as pessoas com deficiência não contaminassem
profundamente os procedimentos ditos meritocráticos, como os concursos
de vestibular, desigualando as oportunidades dos concorrentes.
Melhoria no ensino fundamental – Para Deborah Duprat, o argumento de que
não caberia a doação de políticas de ação afirmativa no acesso ao ensino
superior, uma vez que a solução para a inclusão no ensino estaria na
melhoria dos seus níveis inferiores, padece de vício lógico, já que as
propostas não são incompatíveis, mas antes se reforçam mutuamente.
Segundo explica, melhorar a qualidade do ensino básico não exclui a
necessidade de também atuar no âmbito do ensino superior.
Auto-declaração - A autora da ADPF defende ainda a auto-declaração como
critério de seleção dos beneficiários das cotas étnicas como fórmula
razoável, diante das alternativas existentes. “Parece inequívoco que as
classificações raciais devem incorporar a ideia de auto-declaração, seja
porque ignorar a percepção que cada um tem da própria identidade seria
uma violência, atentatória à própria dignidade da pessoa humana, seja
porque o critério encontra-se previsto no art. 1º, item 1, alínea 'a' da
Convenção 169 da OIT, em vigor no ordenamento brasileiro”, defende.
Princípio da proporcionalidade – Para ela, as cotas instituídas na Lei
5.346/08 não ofendem a nenhum dos subprincípios em que se desdobra o
princípio da proporcionalidade. Em sentido estrito, de acordo com
Deborah Duprat, cumpre atentar para o valor que tem o ingresso no ensino
superior na emancipação real dos excluídos no Brasil. “A admissão em
boas universidades talvez seja a mais importante porta de acesso a
funções socialmente relevantes, que propiciam o empoderamento das
minorias estigmatizadas e a promoção da justiça material”.
Ela considera que as restrições a outros bens jurídicos acarretadas pela
medida não são tão intensas, já que mais da metade (55%) das vagas das
universidades públicais estaduais fluminenses permanece aberta à disputa
em igualdade formal de condições. “E os percentuais das cotas não são
tão elevados, considerando-se o quadro empírico subjacente”, conclui.
O relator da ação no STF é o ministro Cezar Peluso.
A integra da inicial está em :
http://noticias.pgr.mpf.gov.br/noticias-do-site/pdfs/ADPF%20-%20lei%20fluminense.pdf
Lula terá a última voz no caso Battisti?
Folha de São Paulo 18 de novembro de 2009
Decisão final sobre Battisti deve caber a Lula
STF deve concluir julgamento hoje, com placar de 5 a 4 pela extradição; no entanto, maioria pode julgar que última palavra é do Executivo
Apesar de maioria a favor de entregar Battisti à Itália, STF pode discutir também se a decisão final é do petista, e assim o placar se inverteria
O Supremo Tribunal Federal conclui hoje o julgamento da extradição do ex-militante de extrema esquerda Cesare Battisti, preso no Brasil em março de 2007. Nesta terceira e última sessão sobre o caso, os ministros deverão, por maioria apertada, autorizar a entrega do italiano ao seu país de origem, mas com a ressalva de que a última palavra cabe ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
O julgamento será retomado com o voto do presidente do tribunal, Gilmar Mendes. Ele já sinalizou concordar com o voto do relator do processo de extradição, Cezar Peluso, para quem a concessão de refúgio a Battisti pelo ministro da Justiça, Tarso Genro, foi um ato "ilegal", os assassinatos imputados ao italiano foram crimes comuns e não políticos, e o presidente da República é obrigado a cumprir aquilo que o Supremo decidir.
Peluso já foi acompanhado pelos ministros Ricardo Lewandowski, Ellen Gracie e Carlos Ayres Britto. O último, porém, afirmou que concorda com o relator apenas quanto à extradição, mas ainda não se pronunciou quanto a obrigar que Lula cumpra aquilo que for decidido hoje no Supremo.
Após o voto de Mendes, o placar deverá ficar em 5 a 4 pela extradição de Battisti. Começará, então, outra discussão, sobre a obrigatoriedade de Lula em seguir a posição do STF.
Como Ayres Britto já disse que ainda não votou sobre o que o presidente pode ou não pode fazer, ele sinaliza que deverá seguir uma divergência já apresentada pelos ministros Marco Aurélio Mello e Joaquim Barbosa em seus votos sobre o caso. "Se o Executivo, que é o órgão titular das relações internacionais do nosso país, decidir comunicar ao Estado estrangeiro que não procederá à entrega da pessoa procurada, fazendo uso do princípio de soberania que rege as relações internacionais, não poderá o Supremo forçar o Executivo a extraditar a pessoa", afirmou, por exemplo, Barbosa.
Essa também deve ser a posição dos ministros Eros Grau e Cármen Lúcia, que votaram a favor de Cesare Battisti. O placar neste caso seria um outro 5 a 4, só que desta vez afirmando que o presidente é livre para fazer o que bem entender.
Battisti foi integrante do PAC (Proletários Armados pelo Comunismo), grupo radical de esquerda que atuou durante os anos 70, período conhecido como os anos de chumbo da Itália, quando uma série de leis foi editada em reação a tais movimentos que queriam derrubar o poder pela luta armada.
Nos anos 80, depoimentos de ex-colegas do PAC, em troca de benefícios jurídicos, o ligaram a quatro assassinatos pelos quais foi condenado à prisão perpétua na Itália. Ele nega a autoria dos crimes e diz que não teve a oportunidade de se defender.
Decisão final sobre Battisti deve caber a Lula
STF deve concluir julgamento hoje, com placar de 5 a 4 pela extradição; no entanto, maioria pode julgar que última palavra é do Executivo
Apesar de maioria a favor de entregar Battisti à Itália, STF pode discutir também se a decisão final é do petista, e assim o placar se inverteria
O Supremo Tribunal Federal conclui hoje o julgamento da extradição do ex-militante de extrema esquerda Cesare Battisti, preso no Brasil em março de 2007. Nesta terceira e última sessão sobre o caso, os ministros deverão, por maioria apertada, autorizar a entrega do italiano ao seu país de origem, mas com a ressalva de que a última palavra cabe ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
O julgamento será retomado com o voto do presidente do tribunal, Gilmar Mendes. Ele já sinalizou concordar com o voto do relator do processo de extradição, Cezar Peluso, para quem a concessão de refúgio a Battisti pelo ministro da Justiça, Tarso Genro, foi um ato "ilegal", os assassinatos imputados ao italiano foram crimes comuns e não políticos, e o presidente da República é obrigado a cumprir aquilo que o Supremo decidir.
Peluso já foi acompanhado pelos ministros Ricardo Lewandowski, Ellen Gracie e Carlos Ayres Britto. O último, porém, afirmou que concorda com o relator apenas quanto à extradição, mas ainda não se pronunciou quanto a obrigar que Lula cumpra aquilo que for decidido hoje no Supremo.
Após o voto de Mendes, o placar deverá ficar em 5 a 4 pela extradição de Battisti. Começará, então, outra discussão, sobre a obrigatoriedade de Lula em seguir a posição do STF.
Como Ayres Britto já disse que ainda não votou sobre o que o presidente pode ou não pode fazer, ele sinaliza que deverá seguir uma divergência já apresentada pelos ministros Marco Aurélio Mello e Joaquim Barbosa em seus votos sobre o caso. "Se o Executivo, que é o órgão titular das relações internacionais do nosso país, decidir comunicar ao Estado estrangeiro que não procederá à entrega da pessoa procurada, fazendo uso do princípio de soberania que rege as relações internacionais, não poderá o Supremo forçar o Executivo a extraditar a pessoa", afirmou, por exemplo, Barbosa.
Essa também deve ser a posição dos ministros Eros Grau e Cármen Lúcia, que votaram a favor de Cesare Battisti. O placar neste caso seria um outro 5 a 4, só que desta vez afirmando que o presidente é livre para fazer o que bem entender.
Battisti foi integrante do PAC (Proletários Armados pelo Comunismo), grupo radical de esquerda que atuou durante os anos 70, período conhecido como os anos de chumbo da Itália, quando uma série de leis foi editada em reação a tais movimentos que queriam derrubar o poder pela luta armada.
Nos anos 80, depoimentos de ex-colegas do PAC, em troca de benefícios jurídicos, o ligaram a quatro assassinatos pelos quais foi condenado à prisão perpétua na Itália. Ele nega a autoria dos crimes e diz que não teve a oportunidade de se defender.
terça-feira, 17 de novembro de 2009
CNJ, STF e STJ
Valor Economico 17 de novembro de 2009
Judiciário: Para cumprir 'Meta 2', corte analisa casos sobrestados por repercussão geral do STFSTJ julga processos suspensos
Diversos ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) têm decidido julgar processos sobre temas que serão analisados em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (STF), mesmo sob o risco de terem que mudar o entendimento no futuro, caso o Supremo decida de forma contrária. Nessa hipótese, caberia recurso na Justiça contra as decisões que seguiram o entendimento do STJ. Quando o Supremo concede o status de repercussão geral para determinada matéria, todos os tribunais suspendem os julgamentos de recursos que abordam o mesmo tema, até um pronunciamento da corte. A estratégia do STJ, no entanto, foi adotada diante do acúmulo de processos nos gabinetes dos ministros e da pressão pelo cumprimento da chamada " Meta 2 " , do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que determina o julgamento de todos os processos ajuizados até 2005.
O STJ defende que, a rigor, a repercussão geral determina apenas o sobrestamento de recursos extraordinários - destinados ao Supremo - e que, portanto, não impediria o julgamento de recurso especial, destinado ao STJ. A ideia se baseia em uma interpretação dos artigos 543-A e 543-B do Código de Processo Civil (CPC). Por esse entendimento, o sobrestamento estaria assegurado apenas caso venha a ser ajuizado um recurso extraordinário contra um acórdão do STJ. O primeiro acórdão nesse sentido, que se tem notícia, foi proferido em maio de 2008, quando a Segunda Turma do STJ decidiu julgar um processo que tratava de reajuste salarial de servidores estaduais e que também aguardava julgamento pelo Supremo. Outro caso ocorreu em junho deste ano. A Primeira Turma do STJ decidiu que a repercussão geral das causas relativas à cobrança de assinatura básica mensal de telefonia, reconhecida pelo Supremo, não tem o poder de sobrestar um recurso especial de mesmo tema.
Na semana passada, no entanto, a tese ganhou mais força no STJ. A primeira seção da corte - que reúne a primeira e segunda turmas -, decidiu julgar um recurso sobre a aplicação retroativa da Lei Complementar nº118, de 2005, ainda que exista o risco de o Supremo, posteriormente, decidir de forma oposta e causar uma enxurrada de novas ações. A norma reduziu para cinco anos o prazo para os contribuintes pleitearem a restituição de valores na Justiça. A discussão chegou ao Judiciário porque, em 2004, o STJ passou a aplicar a tese dos "cinco mais cinco anos", pela qual o direito de ajuizar uma ação prescreve após dez anos do pagamento do tributo. No entanto, em 2005, a lei complementar reduziu esse prazo para cinco anos. Com isso, o STJ decidiu pela inconstitucionalidade de um dos artigos da lei, que previa sua aplicação retroativa. A questão está pendente de julgamento em um recurso no Supremo há dois anos, fazendo com que os processos sobre o tema aguardem uma posição da corte.
O problema é que, por envolver a prescrição do direito de ação, a Lei nº118 é questionada em milhares de processos sobre todos os tributos, ainda que não seja o tema central da ação. O ministro do STJ, Luiz Fux, por exemplo, conta que possui pelo menos 500 processos parados em seu gabinete por envolverem o tema. De acordo com o voto do ministro Fux, relator do processo, caso o Supremo julgue de forma diferente do STJ a matéria poderá ser reafetada para a seção. No entanto, segundo o ministro Fux, no caso o risco disso ocorrer é muito baixo. "Não é razoável que 50 anos após o Código Tributário Nacional, surja uma lei interpretativa do código. A Lei nº 118 teria que ser contemporânea ao código", diz Fux. Segundo o ministro, não se trata de fazer "pressão" para que o Supremo julgue a ação, ou de afrontar a corte. "Trata-se de uma medida profilática para os próprios gabinetes visando o cumprimento da Meta 2 do CNJ", diz.
O relator do processo sobre o alcance da Lei Complementar nº 118 no Supremo, ministro Marco Aurélio, decidiu não polemizar sobre a postura adotada pelo STJ. Mas não poupou críticas ao CNJ. "Eu não sou censor dos meus colegas do STJ. Cada juiz deve agir de acordo com a sua consciência. Mas veja a que leva a Meta 2", diz o ministro, que afirma não considerar a pressão feita sob o Judiciário em razão da Meta 2. "Não se pode ver a atuação judicante como algo tarifado. Recebo 500 processos por mês em meu gabinete, trabalho de sol a sol, de modo que não posso produzir mais do que já faço."
Judiciário: Para cumprir 'Meta 2', corte analisa casos sobrestados por repercussão geral do STFSTJ julga processos suspensos
Diversos ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) têm decidido julgar processos sobre temas que serão analisados em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (STF), mesmo sob o risco de terem que mudar o entendimento no futuro, caso o Supremo decida de forma contrária. Nessa hipótese, caberia recurso na Justiça contra as decisões que seguiram o entendimento do STJ. Quando o Supremo concede o status de repercussão geral para determinada matéria, todos os tribunais suspendem os julgamentos de recursos que abordam o mesmo tema, até um pronunciamento da corte. A estratégia do STJ, no entanto, foi adotada diante do acúmulo de processos nos gabinetes dos ministros e da pressão pelo cumprimento da chamada " Meta 2 " , do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que determina o julgamento de todos os processos ajuizados até 2005.
O STJ defende que, a rigor, a repercussão geral determina apenas o sobrestamento de recursos extraordinários - destinados ao Supremo - e que, portanto, não impediria o julgamento de recurso especial, destinado ao STJ. A ideia se baseia em uma interpretação dos artigos 543-A e 543-B do Código de Processo Civil (CPC). Por esse entendimento, o sobrestamento estaria assegurado apenas caso venha a ser ajuizado um recurso extraordinário contra um acórdão do STJ. O primeiro acórdão nesse sentido, que se tem notícia, foi proferido em maio de 2008, quando a Segunda Turma do STJ decidiu julgar um processo que tratava de reajuste salarial de servidores estaduais e que também aguardava julgamento pelo Supremo. Outro caso ocorreu em junho deste ano. A Primeira Turma do STJ decidiu que a repercussão geral das causas relativas à cobrança de assinatura básica mensal de telefonia, reconhecida pelo Supremo, não tem o poder de sobrestar um recurso especial de mesmo tema.
Na semana passada, no entanto, a tese ganhou mais força no STJ. A primeira seção da corte - que reúne a primeira e segunda turmas -, decidiu julgar um recurso sobre a aplicação retroativa da Lei Complementar nº118, de 2005, ainda que exista o risco de o Supremo, posteriormente, decidir de forma oposta e causar uma enxurrada de novas ações. A norma reduziu para cinco anos o prazo para os contribuintes pleitearem a restituição de valores na Justiça. A discussão chegou ao Judiciário porque, em 2004, o STJ passou a aplicar a tese dos "cinco mais cinco anos", pela qual o direito de ajuizar uma ação prescreve após dez anos do pagamento do tributo. No entanto, em 2005, a lei complementar reduziu esse prazo para cinco anos. Com isso, o STJ decidiu pela inconstitucionalidade de um dos artigos da lei, que previa sua aplicação retroativa. A questão está pendente de julgamento em um recurso no Supremo há dois anos, fazendo com que os processos sobre o tema aguardem uma posição da corte.
O problema é que, por envolver a prescrição do direito de ação, a Lei nº118 é questionada em milhares de processos sobre todos os tributos, ainda que não seja o tema central da ação. O ministro do STJ, Luiz Fux, por exemplo, conta que possui pelo menos 500 processos parados em seu gabinete por envolverem o tema. De acordo com o voto do ministro Fux, relator do processo, caso o Supremo julgue de forma diferente do STJ a matéria poderá ser reafetada para a seção. No entanto, segundo o ministro Fux, no caso o risco disso ocorrer é muito baixo. "Não é razoável que 50 anos após o Código Tributário Nacional, surja uma lei interpretativa do código. A Lei nº 118 teria que ser contemporânea ao código", diz Fux. Segundo o ministro, não se trata de fazer "pressão" para que o Supremo julgue a ação, ou de afrontar a corte. "Trata-se de uma medida profilática para os próprios gabinetes visando o cumprimento da Meta 2 do CNJ", diz.
O relator do processo sobre o alcance da Lei Complementar nº 118 no Supremo, ministro Marco Aurélio, decidiu não polemizar sobre a postura adotada pelo STJ. Mas não poupou críticas ao CNJ. "Eu não sou censor dos meus colegas do STJ. Cada juiz deve agir de acordo com a sua consciência. Mas veja a que leva a Meta 2", diz o ministro, que afirma não considerar a pressão feita sob o Judiciário em razão da Meta 2. "Não se pode ver a atuação judicante como algo tarifado. Recebo 500 processos por mês em meu gabinete, trabalho de sol a sol, de modo que não posso produzir mais do que já faço."
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