Folha de São Paulo, segunda-feira, 07 de dezembro de 2009
Nova Constituição politizará Justiça, diz analista
DA ENVIADA A LA PAZ
Para George Gray Molina, ex-diretor do programa de desenvolvimento da ONU (Pnud) na Bolívia, o desenho do Judiciário na nova Carta boliviana é frágil e demasiadamente politizado, mas acerta ao incluir a justiça comunitária indígena.
Pelo texto, os juízes dos tribunais superiores serão eleitos pelo voto direto.
Leia a seguir trechos da entrevista de Gray Molina, que é pesquisador associado da Escola Woodrow Wilson de Assuntos Públicos e Internacionais em Princeton (EUA).
FOLHA - O sr. estudou a percepção dos bolivianos sobre si mesmos. O que mudou com Morales?
GEORGE GRAY MOLINA - Houve uma sobreposição entre mudanças de longo prazo (que vêm de 20 ou 30 anos de migração rural-urbana, mestiçagem e geração de novas elites populares) e mudanças de curto prazo (ascensão de Morales, polarização política). A opinião pública está dividida pelo impacto desses dois horizontes. Identificamos o surgimento de um "senso comum" que apoia a mudança social, a democracia como resolução de conflitos, a emergência de novas elites políticas e sociais e as mudanças nas políticas de recursos naturais. Entre 70% e 80% da população o compartilha. Ao mesmo tempo, continua a polarização em torno de Morales.
De toda forma, ele é o depositário do "imaginário" de mudança. Muitos dos questionamentos da oposição sobre política econômica não afetam sua imagem. A oposição não persuade, simula conversa "entre convertidos" -que não capta novos votos nem provoca um imaginário alternativo de esperança social e política.
FOLHA - Muitos acusam Morales de incentivar a polarização racial. Outros dizem que esse argumento é das elites. O que o sr. acha?
GRAY MOLINA - A polarização política na Bolívia é real, mas tem pouco a ver com o indigenismo. Tem a ver com as receitas dos recursos naturais e os projetos políticos que ganham ou perdem com a sua administração. Muito da polarização gira em torno de questões que afetam o equilíbrio de poder entre os projetos centralizados (MAS) ou descentralizados (autonomia) entre as novas elites (de extração popular) e as velhas (comitês cívicos, os partidos tradicionais).
FOLHA - Como vê a nova Carta?
GRAY MOLINA - Vista de maneira literal, tem muitas fraquezas e contradições.Vista de maneira política, oferece uma ordem jurídica híbrida, que incorpora direitos liberais e comunitários, individuais e coletivos, estatais e de mercado. Essa busca de um híbrido é o apropriado para uma sociedade num processo de transição política e social acelerado.
O que preocupa é o enfraquecimento do Poder Judiciário e a dificuldade de estabelecer árbitros imparciais para maiorias e minorias democráticas. A busca de um híbrido liberal e multicultural não é o o verdadeiro problema -é parte da solução. O problema central é a falta de moderação na construção da ordem judicial. O Judiciário não pode ser o braço legal de uma facção política. Há um falso debate sobre a fraqueza do componente indígena. O problema não está lá.
segunda-feira, 7 de dezembro de 2009
domingo, 6 de dezembro de 2009
Constitucionalismo latino-americano
ELPAIS
La hora de la Bolivia indígena
Morales promete a sus pares más derechos, una educación propia y preservar sus costumbres - Una docena de comunidades decide hoy su autonomía
FERNANDO GUALDONI (ENVIADO ESPECIAL) - La Paz - 06/12/2009
Cada jueves y domingo, una multitud de familias indígenas se adueña de la Avenida 16 de Julio de la ciudad de El Alto, cerca de La Paz, para poner en marcha uno de los mayores mercados populares de ropa usada de Suramérica. Se calcula que casi un cuarto de millón de personas se emplea en este negocio hormiga donde el límite entre lo legal, lo robado y el contrabando es difícil de precisar. Paradójicamente, la urbe boliviana que apoya sin fisuras al presidente Evo Morales y que albergó el pasado jueves el cierre de la campaña del Movimiento al Socialismo (MAS) para las elecciones de hoy, es también un bastión del capitalismo más salvaje. Aquí trabajan todos, el padre, la madre, los niños, parientes... Y a todas horas. No hay derechos laborales ni ningún otro amparo.
Evo y Barack no tienen química
Morales: "Las elecciones marcarán el desarrollo de democracia o el retorno del neoliberalismo a Bolivia"
Evo Morales Ayma
A FONDO
Nacimiento: 26-10-1959 Lugar: Orinoca
Bolivia
A FONDO
Capital: Sucre. Gobierno: República. Población: 9,247,816 (est. 2008)
La noticia en otros webs
webs en español
en otros idiomas
"Podrán elegir sus autoridades y aplicar sus leyes", explica un diputado
"Con Evo salimos de pobre, che camba [blanco]", gritan dos hombres que manipulan un fardo de ropa. Dicen apellidarse Colque y Amaru, que para un indígena urbano es como llamarse Pérez o Fernández. La ropa usada viene de Estados Unidos y entra por el puerto chileno de Arica hacia Bolivia. Miles de toneladas de un comercio semiesclavo e informal que el Gobierno no ha podido frenar y que ha barrido con la industria textil local. Doscientos años después de la independencia, indígenas como los de El Alto prácticamente no han pasado de la economía de subsistencia a la moderna de acumulación.
Morales ha prometido a sus pares indígenas -el 62% de los 10 millones de bolivianos- más derechos, subsidios, una educación propia, territorios con gestión autónoma y la preservación de sus costumbres. La Constitución del Estado Plurinacional, en vigor desde febrero, respalda los ancestrales modelos de gobierno, la justicia comunitaria y los tratamientos curativos propios. El Gobierno también se propone que los empleados públicos hablen obligatoriamente al menos una de las 36 lenguas reconocidas, además del español y un "idioma extranjero". En la realidad, las lenguas mayoritarias son tres (aymara, quechua y guaraní) y sólo nueve de las 36 perviven sin dificultad. Algunas, como el pacahuara, sólo la hablan los últimos 11 habitantes de esa tribu que ahora tiene rango constitucional de nación.
La revolución indígena que propone Morales se asienta básicamente en la autonomía territorial y la educación. Hoy mismo, al menos una docena de las 327 comunidades existentes celebra referéndum para decidir si se convierte en una autonomía indígena. Aunque se aprueben, la puesta en marcha de estos proyectos depende de una ley que aún no existe y para la cual Morales necesita tener el control de la Asamblea Plurinacional. "La nueva ley va a delimitar las competencias de esas autonomías para que no haya problemas", explica el diputado del MAS Gustavo Torrico.
"En esos territorios los indígenas podrán elegir sus autoridades, aplicar sus leyes, aunque no la penal, y gestionar sus recursos. No entrarán en conflicto con los municipios tradicionales porque éstos seguirán teniendo sus competencias actuales. En cuanto a la financiación del Gobierno central, el Ayuntamiento tendrá su parte y la autonomía originaria, la suya", añade.
A pesar de que muchas comunidades indígenas ya han ocupado por la fuerza campos y minas y zonas de reservas petroleras que consideran ancestralmente suyos, Torrico asegura que las expropiaciones sólo son competencia del Gobierno nacional. La mayoría del territorio boliviano no tiene demarcaciones fijas y los críticos de Morales esperan serios enfrentamientos entre comunidades una vez aprobadas las autonomías, aún entre los propios indígenas. Aparte de esto, nadie sabe con certeza cuánto costará al Estado esta reordenación territorial. Ya ha habido roces entre el Gobierno e indígenas del norte de La Paz por una concesión petrolera que la comunidad se negaba a conceder, pero que el Gobierno finalmente otorgó.
"El interés de un núcleo de dirigentes indígenas no está ni estará por encima del de todos los bolivianos", dijo tajante el vicepresidente Álvaro García Linera en una entrevista al diario La Razón. Y es que pese al encendido discurso indigenista, el Gobierno de Morales parece estar actuando con cautela en lo referente a las autonomías. Torrico tiene claro que sería muy difícil, por ejemplo, que los guaraníes, que hoy se reparten en tres provincias ricas en gas y petróleo, puedan formar un nuevo y único territorio con todos esos recursos naturales dentro.
La otra pata clave del "cambio" que propone Morales es la enseñanza. "La educación es la política pública reaccionaria del MAS", afirma el historiador Guillermo Mariaca, de la reconocida Universidad Mayor de San Andrés. "La nueva Constitución ha corporativizado la educación y la ha puesto en manos de un sindicato. Los maestros sólo se forman en un tipo de escuela oficial donde ellos mismos deciden qué aprender, no pueden ser expulsados y no son evaluados. Los maestros son el nexo entre el campo y la ciudad y son fundamentales para preservar la lealtad del mundo indígena al MAS", explica.
Durante la campaña, Morales prometió un ordenador portátil para cada uno de los 135.000 docentes y un aumento de los sueldos. La enseñanza es, junto a la policía y el ejército, una de las tres profesiones asalariadas más valoradas en la Bolivia rural.
Los indígenas tuvieron acceso a la educación a partir de la revolución de 1952. Hasta entonces prácticamente sólo las elites originarias eran educadas en los colegios criollos como parte de un pacto colonial por el que esas elites hacían de puente entre el mundo camba (blanco) y el colla (indio).
El ideal de educación para todos cuajó para el indio urbano pero fracasó en el ámbito rural, pero no fue hasta 1994 cuando se hizo otra reforma para corregir este fallo. Fue entonces cuando nacieron los Consejos Educativos de los Pueblos Originarios (Cepos) que diseñan los programas de enseñanza de sus pueblos y la formación política. Hoy, todos sus responsables responden a Morales y son los encargados de mantener vivo el discurso de liberación y de mitificación del caudillo.
La hora de la Bolivia indígena
Morales promete a sus pares más derechos, una educación propia y preservar sus costumbres - Una docena de comunidades decide hoy su autonomía
FERNANDO GUALDONI (ENVIADO ESPECIAL) - La Paz - 06/12/2009
Cada jueves y domingo, una multitud de familias indígenas se adueña de la Avenida 16 de Julio de la ciudad de El Alto, cerca de La Paz, para poner en marcha uno de los mayores mercados populares de ropa usada de Suramérica. Se calcula que casi un cuarto de millón de personas se emplea en este negocio hormiga donde el límite entre lo legal, lo robado y el contrabando es difícil de precisar. Paradójicamente, la urbe boliviana que apoya sin fisuras al presidente Evo Morales y que albergó el pasado jueves el cierre de la campaña del Movimiento al Socialismo (MAS) para las elecciones de hoy, es también un bastión del capitalismo más salvaje. Aquí trabajan todos, el padre, la madre, los niños, parientes... Y a todas horas. No hay derechos laborales ni ningún otro amparo.
Evo y Barack no tienen química
Morales: "Las elecciones marcarán el desarrollo de democracia o el retorno del neoliberalismo a Bolivia"
Evo Morales Ayma
A FONDO
Nacimiento: 26-10-1959 Lugar: Orinoca
Bolivia
A FONDO
Capital: Sucre. Gobierno: República. Población: 9,247,816 (est. 2008)
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en otros idiomas
"Podrán elegir sus autoridades y aplicar sus leyes", explica un diputado
"Con Evo salimos de pobre, che camba [blanco]", gritan dos hombres que manipulan un fardo de ropa. Dicen apellidarse Colque y Amaru, que para un indígena urbano es como llamarse Pérez o Fernández. La ropa usada viene de Estados Unidos y entra por el puerto chileno de Arica hacia Bolivia. Miles de toneladas de un comercio semiesclavo e informal que el Gobierno no ha podido frenar y que ha barrido con la industria textil local. Doscientos años después de la independencia, indígenas como los de El Alto prácticamente no han pasado de la economía de subsistencia a la moderna de acumulación.
Morales ha prometido a sus pares indígenas -el 62% de los 10 millones de bolivianos- más derechos, subsidios, una educación propia, territorios con gestión autónoma y la preservación de sus costumbres. La Constitución del Estado Plurinacional, en vigor desde febrero, respalda los ancestrales modelos de gobierno, la justicia comunitaria y los tratamientos curativos propios. El Gobierno también se propone que los empleados públicos hablen obligatoriamente al menos una de las 36 lenguas reconocidas, además del español y un "idioma extranjero". En la realidad, las lenguas mayoritarias son tres (aymara, quechua y guaraní) y sólo nueve de las 36 perviven sin dificultad. Algunas, como el pacahuara, sólo la hablan los últimos 11 habitantes de esa tribu que ahora tiene rango constitucional de nación.
La revolución indígena que propone Morales se asienta básicamente en la autonomía territorial y la educación. Hoy mismo, al menos una docena de las 327 comunidades existentes celebra referéndum para decidir si se convierte en una autonomía indígena. Aunque se aprueben, la puesta en marcha de estos proyectos depende de una ley que aún no existe y para la cual Morales necesita tener el control de la Asamblea Plurinacional. "La nueva ley va a delimitar las competencias de esas autonomías para que no haya problemas", explica el diputado del MAS Gustavo Torrico.
"En esos territorios los indígenas podrán elegir sus autoridades, aplicar sus leyes, aunque no la penal, y gestionar sus recursos. No entrarán en conflicto con los municipios tradicionales porque éstos seguirán teniendo sus competencias actuales. En cuanto a la financiación del Gobierno central, el Ayuntamiento tendrá su parte y la autonomía originaria, la suya", añade.
A pesar de que muchas comunidades indígenas ya han ocupado por la fuerza campos y minas y zonas de reservas petroleras que consideran ancestralmente suyos, Torrico asegura que las expropiaciones sólo son competencia del Gobierno nacional. La mayoría del territorio boliviano no tiene demarcaciones fijas y los críticos de Morales esperan serios enfrentamientos entre comunidades una vez aprobadas las autonomías, aún entre los propios indígenas. Aparte de esto, nadie sabe con certeza cuánto costará al Estado esta reordenación territorial. Ya ha habido roces entre el Gobierno e indígenas del norte de La Paz por una concesión petrolera que la comunidad se negaba a conceder, pero que el Gobierno finalmente otorgó.
"El interés de un núcleo de dirigentes indígenas no está ni estará por encima del de todos los bolivianos", dijo tajante el vicepresidente Álvaro García Linera en una entrevista al diario La Razón. Y es que pese al encendido discurso indigenista, el Gobierno de Morales parece estar actuando con cautela en lo referente a las autonomías. Torrico tiene claro que sería muy difícil, por ejemplo, que los guaraníes, que hoy se reparten en tres provincias ricas en gas y petróleo, puedan formar un nuevo y único territorio con todos esos recursos naturales dentro.
La otra pata clave del "cambio" que propone Morales es la enseñanza. "La educación es la política pública reaccionaria del MAS", afirma el historiador Guillermo Mariaca, de la reconocida Universidad Mayor de San Andrés. "La nueva Constitución ha corporativizado la educación y la ha puesto en manos de un sindicato. Los maestros sólo se forman en un tipo de escuela oficial donde ellos mismos deciden qué aprender, no pueden ser expulsados y no son evaluados. Los maestros son el nexo entre el campo y la ciudad y son fundamentales para preservar la lealtad del mundo indígena al MAS", explica.
Durante la campaña, Morales prometió un ordenador portátil para cada uno de los 135.000 docentes y un aumento de los sueldos. La enseñanza es, junto a la policía y el ejército, una de las tres profesiones asalariadas más valoradas en la Bolivia rural.
Los indígenas tuvieron acceso a la educación a partir de la revolución de 1952. Hasta entonces prácticamente sólo las elites originarias eran educadas en los colegios criollos como parte de un pacto colonial por el que esas elites hacían de puente entre el mundo camba (blanco) y el colla (indio).
El ideal de educación para todos cuajó para el indio urbano pero fracasó en el ámbito rural, pero no fue hasta 1994 cuando se hizo otra reforma para corregir este fallo. Fue entonces cuando nacieron los Consejos Educativos de los Pueblos Originarios (Cepos) que diseñan los programas de enseñanza de sus pueblos y la formación política. Hoy, todos sus responsables responden a Morales y son los encargados de mantener vivo el discurso de liberación y de mitificación del caudillo.
sábado, 5 de dezembro de 2009
O Poder Judiciário e a anistia para 1935
Folha de São Paulo de 5 de dezembro de 2009
União terá de indenizar filhos de militar
Cada um dos cinco filhos do segundo-tenente, já morto, receberá R$ 100 mil por dano moral; Estado ainda pode recorrer
Militar foi banido das Forças Armadas por levante contra Vargas em 1935; ele viveu 44 anos sem documentos com "morte civil" decretada
O TRF (Tribunal Regional Federal) da 4ª Região, em Porto Alegre, fixou em R$ 100 mil o valor de indenização por dano moral a ser paga pela União a cada um dos cinco filhos de um militar, já morto, que foi expulso do Exército depois da Intentona Comunista, em 1935.
O segundo-tenente Vital Carmanin Necchi foi banido das Forças Armadas após o fracasso do levante comandado pelo líder comunista Luís Carlos Prestes (1898-1990) contra o presidente Getúlio Vargas.
Decreto número 750, assinado por Getúlio em 1936, determinou a perda da patente e a "morte civil" de Necchi, estabelecendo que sua mulher passasse a receber pensão por viuvez.
A base da ação movida pelos cinco filhos do tenente sustenta que, nos 44 anos entre a "morte" por decreto e a de fato, em 1980, Necchi não conseguiu praticar atos da vida civil e viveu sob regime de clandestinidade imposto pelo Estado.
"Ele viveu como um morto-vivo todos esses anos, sem ser reintegrado ao Exército nem conseguir trabalho porque era dado como morto", diz a advogada Mariangela Guaspari.
Segundo ela e a outra advogada da família, Karen Muliterno, casos de "morte civil" são raros no direito brasileiro. A chamada "morte civil" consiste na perda de todos seus registros, com o punido passando a viver como se já houvesse morrido.
A elevação da indenização por danos morais, determinada pelo TRF em 20 de outubro, foi obtida a partir do julgamento de recursos apresentados pela União e pela família, que obteve vitória na primeira instância, quando foi fixado o valor da indenização em R$ 30 mil para cada um dos cinco filhos.
O sexto filho morreu durante o curso da ação, que começou a tramitar em 2006. A mulher de Necchi morreu nos anos 90.
Em outubro do ano passado, a juíza Paula Beck Bohn, da 2ª Vara da Justiça Federal de Porto Alegre, decidiu que Necchi se enquadrava nas condições de anistia política prevista pela Constituição de 1988 e determinou a promoção "post mortem" ao posto de coronel, graduação que teria alcançado se tivesse permanecido em serviço até sua reforma.
Com isso, o valor da pensão recebida por suas quatro filhas passou a ser o soldo de um general-de-brigada -militares reformados recebem o soldo do posto imediatamente superior ao do que ocupavam na ativa.
A União ainda pode recorrer. Nas duas contestações apresentadas à ação até agora, a União alegou que o direito à indenização invocado pela família já prescreveu e que, por se tratar de uma expulsão do Exército dos anos 30, Necchi não se enquadra nas condições de anistia previstas pela Constituição de 1988.
União terá de indenizar filhos de militar
Cada um dos cinco filhos do segundo-tenente, já morto, receberá R$ 100 mil por dano moral; Estado ainda pode recorrer
Militar foi banido das Forças Armadas por levante contra Vargas em 1935; ele viveu 44 anos sem documentos com "morte civil" decretada
O TRF (Tribunal Regional Federal) da 4ª Região, em Porto Alegre, fixou em R$ 100 mil o valor de indenização por dano moral a ser paga pela União a cada um dos cinco filhos de um militar, já morto, que foi expulso do Exército depois da Intentona Comunista, em 1935.
O segundo-tenente Vital Carmanin Necchi foi banido das Forças Armadas após o fracasso do levante comandado pelo líder comunista Luís Carlos Prestes (1898-1990) contra o presidente Getúlio Vargas.
Decreto número 750, assinado por Getúlio em 1936, determinou a perda da patente e a "morte civil" de Necchi, estabelecendo que sua mulher passasse a receber pensão por viuvez.
A base da ação movida pelos cinco filhos do tenente sustenta que, nos 44 anos entre a "morte" por decreto e a de fato, em 1980, Necchi não conseguiu praticar atos da vida civil e viveu sob regime de clandestinidade imposto pelo Estado.
"Ele viveu como um morto-vivo todos esses anos, sem ser reintegrado ao Exército nem conseguir trabalho porque era dado como morto", diz a advogada Mariangela Guaspari.
Segundo ela e a outra advogada da família, Karen Muliterno, casos de "morte civil" são raros no direito brasileiro. A chamada "morte civil" consiste na perda de todos seus registros, com o punido passando a viver como se já houvesse morrido.
A elevação da indenização por danos morais, determinada pelo TRF em 20 de outubro, foi obtida a partir do julgamento de recursos apresentados pela União e pela família, que obteve vitória na primeira instância, quando foi fixado o valor da indenização em R$ 30 mil para cada um dos cinco filhos.
O sexto filho morreu durante o curso da ação, que começou a tramitar em 2006. A mulher de Necchi morreu nos anos 90.
Em outubro do ano passado, a juíza Paula Beck Bohn, da 2ª Vara da Justiça Federal de Porto Alegre, decidiu que Necchi se enquadrava nas condições de anistia política prevista pela Constituição de 1988 e determinou a promoção "post mortem" ao posto de coronel, graduação que teria alcançado se tivesse permanecido em serviço até sua reforma.
Com isso, o valor da pensão recebida por suas quatro filhas passou a ser o soldo de um general-de-brigada -militares reformados recebem o soldo do posto imediatamente superior ao do que ocupavam na ativa.
A União ainda pode recorrer. Nas duas contestações apresentadas à ação até agora, a União alegou que o direito à indenização invocado pela família já prescreveu e que, por se tratar de uma expulsão do Exército dos anos 30, Necchi não se enquadra nas condições de anistia previstas pela Constituição de 1988.
sexta-feira, 4 de dezembro de 2009
O Judiciário e as políticas públicas
Valor Econômico
O Judiciário e as políticas públicas
Armando Castelar Pinheiro
04/12/2009
Nos últimos anos, a fronteira entre as atribuições do Legislativo e do Judiciário ficou progressivamente mais tênue, conforme este assumia um papel mais ativo na normatização da vida nacional. As diversas diretrizes ditadas pela Justiça Eleitoral, como a verticalização das coligações partidárias em 2002, são um exemplo; a proibição de fumar em viagens aéreas, um outro.
Essa atividade normativa do Judiciário não é exclusiva do Brasil, sendo em geral atribuída à necessidade de completar a legislação, quando esta é insuficientemente clara ou detalhada para orientar o que deve ser feito nos casos que chegam à Justiça. Mas o ativismo judicial também é motivado pelo desejo de avançar com uma agenda que, no entender dos magistrados, é modernizante e criadora de direitos, mas esbarra em um Congresso imobilizado pela fragmentação partidária e escândalos sucessivos.
A tensão entre Poderes que poderia resultar dessa mal definida fronteira de competências tem sido esvaziada pelas recorrentes crises do Legislativo, ainda que o tema não tenha escapado, por exemplo, à academia. Menos atenção tem sido dada, porém, ao crescente choque de atribuições entre o Judiciário e o Executivo, uma área em que as tensões são mais recentes, mas aumentam rapidamente. Os exemplos são vários, de decisões judiciais impedindo o gradeamento de viadutos para que os moradores de rua tenham onde dormir, à imposição de limites regionais à origem dos presos de determinado presídio.
É na gestão das políticas sociais, em especial a de saúde, que as tensões vêm aflorando com mais nitidez, conforme as pessoas passaram a recorrer aos magistrados para conseguir remédios e tratamentos. Os pleitos se baseiam em geral no dispositivo constitucional que impõe ao Estado garantir o acesso universal e gratuito a serviços de saúde. Eram poucas ações há alguns anos, mas seu número vem se multiplicando aceleradamente, fazendo com que um volume considerável de recursos seja gasto conforme decisões de magistrados. Este ano, o Ministério da Saúde deve alocar cerca de 15% de suas verbas para remédios e vacinas à compra de medicamentos por ordem judicial ("Globo", 15/11/09, p. 8). Evidências anedóticas indicam que 90% do orçamento da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul estão comprometidos com gastos definidos por decisões judiciais.
A popularização dessas ações, com o aumento de gastos daí resultante, pode imobilizar a saúde pública. O Brasil gasta 7,5% do PIB com saúde, sendo metade disso pelo setor público. São proporções semelhantes às dos países latino americanos e aos emergentes de renda média, e um terço a menos que nos países ricos, diferença largamente explicada por estes terem uma maior proporção de idosos. Naturalmente, é possível gastar mais. Em 2006, os EUA dispenderam com saúde US$ 6.719 por habitante, R$ 14.616 ao câmbio de então. Para replicar essa média, teríamos de alocar 114% do PIB a gastos com saúde, 15 vezes o que ocorre hoje. Ou seja, a multiplicação de decisões ordenando a compra de medicamentos de ponta pode rapidamente consumir todo o orçamento público para a saúde.
O cobertor é curto e, para avaliar qual o uso mais eficiente dos recursos, é necessário conhecimento técnico, boas informações epidemiológicas, e visão de conjunto. Gastar muito com tratamentos caros para poucos não parece a melhor forma de maximizar os benefícios dados ao universo de brasileiros que necessitem de cuidados, pois se tende a deixar a maioria mal assistida. Ao determinar como gastar sem coordenação e conhecimento, os magistrados, apesar de bem intencionados, reduzem os benefícios que os brasileiros obtêm dos recursos alocados à saúde.
Pesquisa em Minas Gerais mostrou que 53% das ações contra a Secretaria de Saúde de Belo Horizonte partiam de moradores da região mais rica da cidade (idem). Faz sentido, pois os mais ricos têm mais informação e meios para iniciar esse tipo de ação. A consequência, porém, é que as decisões judiciais acabam sendo regressivas, forçando elevados gastos per capita nas classes altas e reduzindo os recursos disponibilizados para os mais pobres.
Há outros problemas importantes, como a influência de certos segmentos da indústria farmacêutica sobre as decisões judiciais, de forma a vender remédios mais caros. Pesquisa da UFMG com uma amostra 1.429 ações contra a Secretaria de Saúde de Minas revelou que todos os 2.393 remédios solicitados tinham princípio ativo na lista do SUS (idem). Outras políticas públicas na área de saúde também devem sofrer a interferência crescente da Justiça, da concessão forçada de benefícios não contemplados nos planos de saúde, que deve encarecê-los e limitar sua expansão, à decisão sobre a legitimidade de transferir a gestão de unidades hospitalares para organizações da sociedade civil, o que melhora a qualidade e a eficiência dos serviços prestados.
Na ocupação do espaço do Legislativo pelo Judiciário, a preocupação maior é com o grau de substituição, na função de legislar, dos representantes eleitos pelo voto por servidores públicos selecionados quase unicamente por concurso. Na judicialização da execução das políticas sociais, soma-se à essa questão o comprometimento da eficiência e equidade do gasto público, com consequências diretas sobre o bem estar da população.
É difícil esperar que esse comportamento mude nas decisões de primeira instância, onde o juiz enfrenta diretamente o drama individual de pessoas doentes, que reclamam por acesso a soluções caras mas que podem resolver seus problemas. Essa responsabilidade terá de ficar com os tribunais superiores, melhor situados para entender o problema na sua completude. A alternativa será deixar esse processo atingir tal magnitude que simplesmente inviabilize a saúde pública. Essa perspectiva, talvez menos distante do que pareça, deve fazer com que o tema chegue num futuro próximo ao STF. O risco, porém, é que a decisão aí tomada não esvazie esse processo. A melhor forma de evitar isso é ampliar o debate e as informações sobre esse tema.
Armando Castelar Pinheiro, analista da Gávea Investimentos e professor do IE - UFRJ. Escreve mensalmente às sextas- feiras.
O Judiciário e as políticas públicas
Armando Castelar Pinheiro
04/12/2009
Nos últimos anos, a fronteira entre as atribuições do Legislativo e do Judiciário ficou progressivamente mais tênue, conforme este assumia um papel mais ativo na normatização da vida nacional. As diversas diretrizes ditadas pela Justiça Eleitoral, como a verticalização das coligações partidárias em 2002, são um exemplo; a proibição de fumar em viagens aéreas, um outro.
Essa atividade normativa do Judiciário não é exclusiva do Brasil, sendo em geral atribuída à necessidade de completar a legislação, quando esta é insuficientemente clara ou detalhada para orientar o que deve ser feito nos casos que chegam à Justiça. Mas o ativismo judicial também é motivado pelo desejo de avançar com uma agenda que, no entender dos magistrados, é modernizante e criadora de direitos, mas esbarra em um Congresso imobilizado pela fragmentação partidária e escândalos sucessivos.
A tensão entre Poderes que poderia resultar dessa mal definida fronteira de competências tem sido esvaziada pelas recorrentes crises do Legislativo, ainda que o tema não tenha escapado, por exemplo, à academia. Menos atenção tem sido dada, porém, ao crescente choque de atribuições entre o Judiciário e o Executivo, uma área em que as tensões são mais recentes, mas aumentam rapidamente. Os exemplos são vários, de decisões judiciais impedindo o gradeamento de viadutos para que os moradores de rua tenham onde dormir, à imposição de limites regionais à origem dos presos de determinado presídio.
É na gestão das políticas sociais, em especial a de saúde, que as tensões vêm aflorando com mais nitidez, conforme as pessoas passaram a recorrer aos magistrados para conseguir remédios e tratamentos. Os pleitos se baseiam em geral no dispositivo constitucional que impõe ao Estado garantir o acesso universal e gratuito a serviços de saúde. Eram poucas ações há alguns anos, mas seu número vem se multiplicando aceleradamente, fazendo com que um volume considerável de recursos seja gasto conforme decisões de magistrados. Este ano, o Ministério da Saúde deve alocar cerca de 15% de suas verbas para remédios e vacinas à compra de medicamentos por ordem judicial ("Globo", 15/11/09, p. 8). Evidências anedóticas indicam que 90% do orçamento da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul estão comprometidos com gastos definidos por decisões judiciais.
A popularização dessas ações, com o aumento de gastos daí resultante, pode imobilizar a saúde pública. O Brasil gasta 7,5% do PIB com saúde, sendo metade disso pelo setor público. São proporções semelhantes às dos países latino americanos e aos emergentes de renda média, e um terço a menos que nos países ricos, diferença largamente explicada por estes terem uma maior proporção de idosos. Naturalmente, é possível gastar mais. Em 2006, os EUA dispenderam com saúde US$ 6.719 por habitante, R$ 14.616 ao câmbio de então. Para replicar essa média, teríamos de alocar 114% do PIB a gastos com saúde, 15 vezes o que ocorre hoje. Ou seja, a multiplicação de decisões ordenando a compra de medicamentos de ponta pode rapidamente consumir todo o orçamento público para a saúde.
O cobertor é curto e, para avaliar qual o uso mais eficiente dos recursos, é necessário conhecimento técnico, boas informações epidemiológicas, e visão de conjunto. Gastar muito com tratamentos caros para poucos não parece a melhor forma de maximizar os benefícios dados ao universo de brasileiros que necessitem de cuidados, pois se tende a deixar a maioria mal assistida. Ao determinar como gastar sem coordenação e conhecimento, os magistrados, apesar de bem intencionados, reduzem os benefícios que os brasileiros obtêm dos recursos alocados à saúde.
Pesquisa em Minas Gerais mostrou que 53% das ações contra a Secretaria de Saúde de Belo Horizonte partiam de moradores da região mais rica da cidade (idem). Faz sentido, pois os mais ricos têm mais informação e meios para iniciar esse tipo de ação. A consequência, porém, é que as decisões judiciais acabam sendo regressivas, forçando elevados gastos per capita nas classes altas e reduzindo os recursos disponibilizados para os mais pobres.
Há outros problemas importantes, como a influência de certos segmentos da indústria farmacêutica sobre as decisões judiciais, de forma a vender remédios mais caros. Pesquisa da UFMG com uma amostra 1.429 ações contra a Secretaria de Saúde de Minas revelou que todos os 2.393 remédios solicitados tinham princípio ativo na lista do SUS (idem). Outras políticas públicas na área de saúde também devem sofrer a interferência crescente da Justiça, da concessão forçada de benefícios não contemplados nos planos de saúde, que deve encarecê-los e limitar sua expansão, à decisão sobre a legitimidade de transferir a gestão de unidades hospitalares para organizações da sociedade civil, o que melhora a qualidade e a eficiência dos serviços prestados.
Na ocupação do espaço do Legislativo pelo Judiciário, a preocupação maior é com o grau de substituição, na função de legislar, dos representantes eleitos pelo voto por servidores públicos selecionados quase unicamente por concurso. Na judicialização da execução das políticas sociais, soma-se à essa questão o comprometimento da eficiência e equidade do gasto público, com consequências diretas sobre o bem estar da população.
É difícil esperar que esse comportamento mude nas decisões de primeira instância, onde o juiz enfrenta diretamente o drama individual de pessoas doentes, que reclamam por acesso a soluções caras mas que podem resolver seus problemas. Essa responsabilidade terá de ficar com os tribunais superiores, melhor situados para entender o problema na sua completude. A alternativa será deixar esse processo atingir tal magnitude que simplesmente inviabilize a saúde pública. Essa perspectiva, talvez menos distante do que pareça, deve fazer com que o tema chegue num futuro próximo ao STF. O risco, porém, é que a decisão aí tomada não esvazie esse processo. A melhor forma de evitar isso é ampliar o debate e as informações sobre esse tema.
Armando Castelar Pinheiro, analista da Gávea Investimentos e professor do IE - UFRJ. Escreve mensalmente às sextas- feiras.
O novo CPC passará por controle prévio do STF
Consultor Jurídico, 03.12.09
Supremo pode fazer análise prévia do novo CPC
Por Gláucia Milício
O ministro Luiz Fux, presidente da Comissão de Juristas responsável por
elaborar o anteprojeto do novo Código de Processo Civil, se reuniu na manhã
desta quinta-feira (3/12) com o presidente do Supremo Tribunal Federal,
ministro Gilmar Mendes. Ele foi pedir a designação, pelo Supremo, de um
órgão ou de membros para aferir o controle prévio de constitucionalidade das
novas regras.
Ao explicar a importância de tal pedido, o ministro Luiz Fux destacou que a
intenção é, com a realização desse controle de forma prévia, evitar que
somente depois da lei (novo CPC) entrar em vigor é que comecem a ser
realizadas arguições de constitucionalidade. "Trata-se de uma técnica
utilizada em muitos países e que conferirá mais segurança aos trabalhos, sem
prejuízo para qualquer parte", afirmou, ao lembrar que "no caso de um país
como o Brasil, que tem uma Corte Suprema, essa Corte precisa ser ouvida
sempre".
O ministro Fux ressaltou, ainda, que levou ao presidente do STF temas que
podem ser avaliados sobre o prisma de: "em que ponto o STF poderá enxergar
que o assunto não estará violando a cláusula constitucional do
contraditório". Ou "de que maneira não estará sendo infrigido o princípio
constitucional da ampla defesa", na medida em que sejam suprimidos recursos
e as ações passem a ser consideradas recorríveis somente depois do processo.
A comissão se reuniu no último dia 30 para definir roteiro e agenda de
trabalho. Um dos pontos mais acentuados do no novo projeto é a tentativa de
dar um fim a utilização de recursos com fins meramente protelatórios. É que
pela proposta haverá apenas um recurso por instância. Na ocasião, o
presidente da comissão, ministro Luiz Fux, do Superior Tribunal de Justiça,
explicou à revista Consultor Jurídico que a ideia é que os recursos sejam
ajuizados apenas após a sentença. O objetivo é acelerar a tramitação e dar
uma resposta mais efetiva ao jurisdicionado.
O ministro rebateu, ainda, o principal argumento contra a redução de
recursos. Para ele, o princípio da ampla defesa não vai ser atingido. As
partes poderão contestar todas as partes do processos que quiseram, mas tudo
em um recurso único ajuizado depois de dada uma decisão de mérito, explicou.
Outro ponto forte do novo Código é a transferência de ações demarcatórias e
outras funções que não envolvem litígio do Judiciário para os cartórios. A
comissão aposta nesta desjudicialização para desafogar ainda mais o
Judiciário. Segundo Fux, já há consenso de que algumas responsabilidades
poderão ser transferidas aos cartórios com a fiscalização do Ministério
Público.
Integram a Comissão, além de Fux, Adroaldo Furtado Fabrício, Bruno Dantas,
Elpídio Donizete Nunes, Humberto Theodoro Junior, Jansen Fialho de Almeida,
José Miguel Garcia Medina, José Roberto dos Santos Bedaque, Marcus Vinicius
Furtado Coelho, Paulo Cezar Pinheiro Carneiro e Teresa Arruda Alvim Wambier,
que será relatora-geral dos trabalhos. Com informações do Superior Tribunal
de Justiça.
Supremo pode fazer análise prévia do novo CPC
Por Gláucia Milício
O ministro Luiz Fux, presidente da Comissão de Juristas responsável por
elaborar o anteprojeto do novo Código de Processo Civil, se reuniu na manhã
desta quinta-feira (3/12) com o presidente do Supremo Tribunal Federal,
ministro Gilmar Mendes. Ele foi pedir a designação, pelo Supremo, de um
órgão ou de membros para aferir o controle prévio de constitucionalidade das
novas regras.
Ao explicar a importância de tal pedido, o ministro Luiz Fux destacou que a
intenção é, com a realização desse controle de forma prévia, evitar que
somente depois da lei (novo CPC) entrar em vigor é que comecem a ser
realizadas arguições de constitucionalidade. "Trata-se de uma técnica
utilizada em muitos países e que conferirá mais segurança aos trabalhos, sem
prejuízo para qualquer parte", afirmou, ao lembrar que "no caso de um país
como o Brasil, que tem uma Corte Suprema, essa Corte precisa ser ouvida
sempre".
O ministro Fux ressaltou, ainda, que levou ao presidente do STF temas que
podem ser avaliados sobre o prisma de: "em que ponto o STF poderá enxergar
que o assunto não estará violando a cláusula constitucional do
contraditório". Ou "de que maneira não estará sendo infrigido o princípio
constitucional da ampla defesa", na medida em que sejam suprimidos recursos
e as ações passem a ser consideradas recorríveis somente depois do processo.
A comissão se reuniu no último dia 30 para definir roteiro e agenda de
trabalho. Um dos pontos mais acentuados do no novo projeto é a tentativa de
dar um fim a utilização de recursos com fins meramente protelatórios. É que
pela proposta haverá apenas um recurso por instância. Na ocasião, o
presidente da comissão, ministro Luiz Fux, do Superior Tribunal de Justiça,
explicou à revista Consultor Jurídico que a ideia é que os recursos sejam
ajuizados apenas após a sentença. O objetivo é acelerar a tramitação e dar
uma resposta mais efetiva ao jurisdicionado.
O ministro rebateu, ainda, o principal argumento contra a redução de
recursos. Para ele, o princípio da ampla defesa não vai ser atingido. As
partes poderão contestar todas as partes do processos que quiseram, mas tudo
em um recurso único ajuizado depois de dada uma decisão de mérito, explicou.
Outro ponto forte do novo Código é a transferência de ações demarcatórias e
outras funções que não envolvem litígio do Judiciário para os cartórios. A
comissão aposta nesta desjudicialização para desafogar ainda mais o
Judiciário. Segundo Fux, já há consenso de que algumas responsabilidades
poderão ser transferidas aos cartórios com a fiscalização do Ministério
Público.
Integram a Comissão, além de Fux, Adroaldo Furtado Fabrício, Bruno Dantas,
Elpídio Donizete Nunes, Humberto Theodoro Junior, Jansen Fialho de Almeida,
José Miguel Garcia Medina, José Roberto dos Santos Bedaque, Marcus Vinicius
Furtado Coelho, Paulo Cezar Pinheiro Carneiro e Teresa Arruda Alvim Wambier,
que será relatora-geral dos trabalhos. Com informações do Superior Tribunal
de Justiça.
Contrarevolução jurídica
Folha de São Paulo de 4 de dezembro de 2009
A contrarrevolução jurídica
BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS
ESTÁ EM curso uma contrarrevolução jurídica em vários países latino-americanos. É possível que o Brasil venha a ser um deles.
Entendo por contrarrevolução jurídica uma forma de ativismo judiciário conservador que consiste em neutralizar, por via judicial, muito dos avanços democráticos que foram conquistados ao longo das duas últimas décadas pela via política, quase sempre a partir de novas Constituições.
Como o sistema judicial é reativo, é necessário que alguma entidade, individual ou coletiva, decida mobilizá-lo. E assim tem vindo a acontecer porque consideram, não sem razão, que o Poder Judiciário tende a ser conservador. Essa mobilização pressupõe a existência de um sistema judicial com perfil técnico-burocrático, capaz de zelar pela sua independência e aplicar a Justiça com alguma eficiência.
A contrarrevolução jurídica não abrange todo o sistema judicial, sendo contrariada, quando possível, por setores progressistas.
Não é um movimento concertado, muito menos uma conspiração. É um entendimento tácito entre elites político-econômicas e judiciais, criado a partir de decisões judiciais concretas, em que as primeiras entendem ler sinais de que as segundas as encorajam a ser mais ativas, sinais que, por sua vez, colocam os setores judiciais progressistas em posição defensiva.
Cobre um vasto leque de temas que têm em comum referirem-se a conflitos individuais diretamente vinculados a conflitos coletivos sobre distribuição de poder e de recursos na sociedade, sobre concepções de democracia e visões de país e de identidade nacional.
Exige uma efetiva convergência entre elites, e não é claro que esteja plenamente consolidada no Brasil. Há apenas sinais nalguns casos perturbadores, noutros que revelam que está tudo em aberto. Vejamos alguns.
- Ações afirmativas no acesso à educação de negros e índios. Estão pendentes nos tribunais ações requerendo a anulação de políticas que visam garantir a educação superior a grupos sociais até agora dela excluídos.
Com o mesmo objetivo, está a ser pedida (nalguns casos, concedida) a anulação de turmas especiais para os filhos de assentados da reforma agrária (convênios entre universidades e Incra), de escolas itinerantes nos acampamentos do MST, de programas de educação indígena e de educação no campo.
- Terras indígenas e quilombolas. A ratificação do território indígena da Raposa/Serra do Sol e a certificação dos territórios remanescentes de quilombos constituem atos políticos de justiça social e de justiça histórica de grande alcance. Inconformados, setores oligárquicos estão a conduzir, por meio dos seus braços políticos (DEM, bancada ruralista) uma vasta luta que inclui medidas legislativas e judiciais.
Quanto a estas últimas, podem ser citadas as "cautelas" para dificultar a ratificação de novas reservas e o pedido de súmula vinculante relativo aos "aldeamentos extintos", ambos a ferir de morte as pretensões dos índios guarani, e uma ação proposta no STF que busca restringir drasticamente o conceito de quilombo.
- Criminalização do MST. Considerado um dos movimentos sociais mais importantes do continente, o MST tem vindo a ser alvo de tentativas judiciais no sentido de criminalizar as suas atividades e mesmo de o dissolver com o argumento de ser uma organização terrorista.
E, ao anúncio de alteração dos índices de produtividade para fins de reforma agrária, que ainda são baseados em censo de 1975, seguiu-se a criação de CPI específica para investigar as fontes de financiamento.
- A anistia dos torturadores na ditadura. Está pendente no STF arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta pela OAB requerendo que se interprete o artigo 1º da Lei da Anistia como inaplicável a crimes de tortura, assassinato e desaparecimento de corpos praticados por agentes da repressão contra opositores políticos durante o regime militar.
Essa questão tem diretamente a ver com o tipo de democracia que se pretende construir no Brasil: a decisão do STF pode dar a segurança de que a democracia é para defender a todo custo ou, pelo contrário, trivializar a tortura e execuções extrajudiciais que continuam a ser exercidas contra as populações pobres e também a atingir advogados populares e de movimentos sociais.
Há bons argumentos de direito ordinário, constitucional e internacional para bloquear a contrarrevolução jurídica. Mas os democratas brasileiros e os movimentos sociais também sabem que o cemitério judicial está juncado de bons argumentos.
BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS, 69, sociólogo português, é professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (Portugal). É autor, entre outros livros, de "Para uma Revolução Democrática da Justiça" (Cortez, 2007).
A contrarrevolução jurídica
BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS
ESTÁ EM curso uma contrarrevolução jurídica em vários países latino-americanos. É possível que o Brasil venha a ser um deles.
Entendo por contrarrevolução jurídica uma forma de ativismo judiciário conservador que consiste em neutralizar, por via judicial, muito dos avanços democráticos que foram conquistados ao longo das duas últimas décadas pela via política, quase sempre a partir de novas Constituições.
Como o sistema judicial é reativo, é necessário que alguma entidade, individual ou coletiva, decida mobilizá-lo. E assim tem vindo a acontecer porque consideram, não sem razão, que o Poder Judiciário tende a ser conservador. Essa mobilização pressupõe a existência de um sistema judicial com perfil técnico-burocrático, capaz de zelar pela sua independência e aplicar a Justiça com alguma eficiência.
A contrarrevolução jurídica não abrange todo o sistema judicial, sendo contrariada, quando possível, por setores progressistas.
Não é um movimento concertado, muito menos uma conspiração. É um entendimento tácito entre elites político-econômicas e judiciais, criado a partir de decisões judiciais concretas, em que as primeiras entendem ler sinais de que as segundas as encorajam a ser mais ativas, sinais que, por sua vez, colocam os setores judiciais progressistas em posição defensiva.
Cobre um vasto leque de temas que têm em comum referirem-se a conflitos individuais diretamente vinculados a conflitos coletivos sobre distribuição de poder e de recursos na sociedade, sobre concepções de democracia e visões de país e de identidade nacional.
Exige uma efetiva convergência entre elites, e não é claro que esteja plenamente consolidada no Brasil. Há apenas sinais nalguns casos perturbadores, noutros que revelam que está tudo em aberto. Vejamos alguns.
- Ações afirmativas no acesso à educação de negros e índios. Estão pendentes nos tribunais ações requerendo a anulação de políticas que visam garantir a educação superior a grupos sociais até agora dela excluídos.
Com o mesmo objetivo, está a ser pedida (nalguns casos, concedida) a anulação de turmas especiais para os filhos de assentados da reforma agrária (convênios entre universidades e Incra), de escolas itinerantes nos acampamentos do MST, de programas de educação indígena e de educação no campo.
- Terras indígenas e quilombolas. A ratificação do território indígena da Raposa/Serra do Sol e a certificação dos territórios remanescentes de quilombos constituem atos políticos de justiça social e de justiça histórica de grande alcance. Inconformados, setores oligárquicos estão a conduzir, por meio dos seus braços políticos (DEM, bancada ruralista) uma vasta luta que inclui medidas legislativas e judiciais.
Quanto a estas últimas, podem ser citadas as "cautelas" para dificultar a ratificação de novas reservas e o pedido de súmula vinculante relativo aos "aldeamentos extintos", ambos a ferir de morte as pretensões dos índios guarani, e uma ação proposta no STF que busca restringir drasticamente o conceito de quilombo.
- Criminalização do MST. Considerado um dos movimentos sociais mais importantes do continente, o MST tem vindo a ser alvo de tentativas judiciais no sentido de criminalizar as suas atividades e mesmo de o dissolver com o argumento de ser uma organização terrorista.
E, ao anúncio de alteração dos índices de produtividade para fins de reforma agrária, que ainda são baseados em censo de 1975, seguiu-se a criação de CPI específica para investigar as fontes de financiamento.
- A anistia dos torturadores na ditadura. Está pendente no STF arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta pela OAB requerendo que se interprete o artigo 1º da Lei da Anistia como inaplicável a crimes de tortura, assassinato e desaparecimento de corpos praticados por agentes da repressão contra opositores políticos durante o regime militar.
Essa questão tem diretamente a ver com o tipo de democracia que se pretende construir no Brasil: a decisão do STF pode dar a segurança de que a democracia é para defender a todo custo ou, pelo contrário, trivializar a tortura e execuções extrajudiciais que continuam a ser exercidas contra as populações pobres e também a atingir advogados populares e de movimentos sociais.
Há bons argumentos de direito ordinário, constitucional e internacional para bloquear a contrarrevolução jurídica. Mas os democratas brasileiros e os movimentos sociais também sabem que o cemitério judicial está juncado de bons argumentos.
BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS, 69, sociólogo português, é professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (Portugal). É autor, entre outros livros, de "Para uma Revolução Democrática da Justiça" (Cortez, 2007).
quinta-feira, 3 de dezembro de 2009
O perfil do Tribunal Constitucional russo
El País, 03/12/2009
Dos jueces del Constitucional ruso, castigados por ser críticos
PILAR BONET
Anatoli Kónonov y Vladímir Yaroslávtsev, los dos jueces del Tribunal
Constitucional de Rusia críticos con el Kremlin, han sido castigados por
airear sus disidencias, en el caso de Yaroslávtsev en una entrevista con EL
PAÍS en la que afirmaba que el Poder Judicial se ha convertido en un
instrumento al servicio del Ejecutivo durante las presidencias de Vladímir
Putin y Dmitri Medvédev.
Anatoli Kónonov y Vladímir Yaroslávtsev, los dos jueces del Tribunal
Constitucional de Rusia críticos con el Kremlin, han sido castigados por
airear sus disidencias, en el caso de Yaroslávtsev en una entrevista con EL
PAÍS en la que afirmaba que el Poder Judicial se ha convertido en un
instrumento al servicio del Ejecutivo durante las presidencias de Vladímir
Putin y Dmitri Medvédev.
En un pleno sin precedentes, el Constitucional reprendió a Yaroslávtsev, de
57 años, por las opiniones expresadas en este periódico el 31 de agosto. El
magistrado, miembro del Constitucional desde 1994, afirmó entonces que "el
reforzamiento del autoritarismo hace que los jueces sean cada vez más
dependientes" en Rusia y que "los órganos de seguridad pueden hacer lo que
quieran".
El pleno del Constitucional se celebró a puerta cerrada en San Petersburgo
el 6 de octubre. Posteriormente, Kónonov reveló a la revista Sobesédnik que
el Tribunal había azotado a Yaroslávtsev "siguiendo las mejores tradiciones"
y apoyó las declaraciones de su colega a EL PAÍS. "Ha sido muy valiente en
sus valoraciones", dijo el juez, que en nombre de la democracia ha expresado
su reserva a una cincuentena de decisiones del alto tribunal.
Acuerdo para el cese
El presidente del Constitucional, Valeri Zorkin, confirmó ayer que Kónonov
cesará como magistrado del Constitucional el 1 de enero y que Yaroslávtsev
dejará de representar al alto organismo en el Consejo de Jueces de Rusia.
Zorkin dijo haber llegado a un acuerdo con ambos para no comentar las
circunstancias de estas decisiones. Éstas se presentan formalmente como
voluntarias. En el caso de Kónonov, "por motivos de salud". Los jueces del
Constitucional se jubilan a los 70 años, y Kónonov, miembro de este tribunal
desde 1991, podía haber seguido hasta 2017. Yaroslávtsev se negó ayer a
hacer comentarios, invocando la recomendación del pleno.
Éste es el primer caso de la historia del Constitucional ruso en que dos de
sus miembros son sometidos a un juicio interno por expresar sus opiniones.
En él, los magistrados argumentaron que las declaraciones de Yaroslávtsev
"violan la ética" gremial por criticar el sistema judicial de Rusia. Zorkin
hizo una distinción entre las opiniones en sí mismas y el "tono" en la que
éstas se expresan. Subrayó que el tribunal había decidido no recurrir a la
"exclusión por descrédito".
Dos jueces del Constitucional ruso, castigados por ser críticos
PILAR BONET
Anatoli Kónonov y Vladímir Yaroslávtsev, los dos jueces del Tribunal
Constitucional de Rusia críticos con el Kremlin, han sido castigados por
airear sus disidencias, en el caso de Yaroslávtsev en una entrevista con EL
PAÍS en la que afirmaba que el Poder Judicial se ha convertido en un
instrumento al servicio del Ejecutivo durante las presidencias de Vladímir
Putin y Dmitri Medvédev.
Anatoli Kónonov y Vladímir Yaroslávtsev, los dos jueces del Tribunal
Constitucional de Rusia críticos con el Kremlin, han sido castigados por
airear sus disidencias, en el caso de Yaroslávtsev en una entrevista con EL
PAÍS en la que afirmaba que el Poder Judicial se ha convertido en un
instrumento al servicio del Ejecutivo durante las presidencias de Vladímir
Putin y Dmitri Medvédev.
En un pleno sin precedentes, el Constitucional reprendió a Yaroslávtsev, de
57 años, por las opiniones expresadas en este periódico el 31 de agosto. El
magistrado, miembro del Constitucional desde 1994, afirmó entonces que "el
reforzamiento del autoritarismo hace que los jueces sean cada vez más
dependientes" en Rusia y que "los órganos de seguridad pueden hacer lo que
quieran".
El pleno del Constitucional se celebró a puerta cerrada en San Petersburgo
el 6 de octubre. Posteriormente, Kónonov reveló a la revista Sobesédnik que
el Tribunal había azotado a Yaroslávtsev "siguiendo las mejores tradiciones"
y apoyó las declaraciones de su colega a EL PAÍS. "Ha sido muy valiente en
sus valoraciones", dijo el juez, que en nombre de la democracia ha expresado
su reserva a una cincuentena de decisiones del alto tribunal.
Acuerdo para el cese
El presidente del Constitucional, Valeri Zorkin, confirmó ayer que Kónonov
cesará como magistrado del Constitucional el 1 de enero y que Yaroslávtsev
dejará de representar al alto organismo en el Consejo de Jueces de Rusia.
Zorkin dijo haber llegado a un acuerdo con ambos para no comentar las
circunstancias de estas decisiones. Éstas se presentan formalmente como
voluntarias. En el caso de Kónonov, "por motivos de salud". Los jueces del
Constitucional se jubilan a los 70 años, y Kónonov, miembro de este tribunal
desde 1991, podía haber seguido hasta 2017. Yaroslávtsev se negó ayer a
hacer comentarios, invocando la recomendación del pleno.
Éste es el primer caso de la historia del Constitucional ruso en que dos de
sus miembros son sometidos a un juicio interno por expresar sus opiniones.
En él, los magistrados argumentaron que las declaraciones de Yaroslávtsev
"violan la ética" gremial por criticar el sistema judicial de Rusia. Zorkin
hizo una distinción entre las opiniones en sí mismas y el "tono" en la que
éstas se expresan. Subrayó que el tribunal había decidido no recurrir a la
"exclusión por descrédito".
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