A crise institucional italiana

Prof Farlei Martins envia a seguinte matéria:




El País, 24/10/2009
TRIBUNA: Stefano Rodotá
La peligrosa asimetría institucional italiana
Stefano Rodotá



Italia está viviendo desde hace años una inédita e inquietante forma de
extinción del Estado constitucional de derecho. No se trata únicamente de
que nos hallemos ante variedades extremas de la personalización de la
política que se manifiesta también en un número creciente de países. Ha
vuelto con prepotencia la lógica del Estado patrimonial, por la que los
numerosos instrumentos de la acción pública son utilizados para la tutela de
los intereses económicos del jefe del Gabinete. Berlusconi aspira a tratar
el gobierno como si fuera una empresa, y considera por ello como un
obstáculo cualquier forma de control democrático, empezando por el
parlamentario. La legalidad misma se considera insoportable y debe ser
sacrificada cada vez que entra en conflicto con los intereses personales del
jefe del Gabinete, o mejor dicho, debe desaparecer del todo frente al
consenso electoral, definitivamente presentado de forma obsesiva como una
suerte de absolución para todo comportamiento suyo presente, pasado o
futuro. De esta forma, el conflicto de intereses, del que se sigue hablando
sobre todo a causa de la propiedad de tres canales televisivos por parte de
Berlusconi, se dilata e invade todo momento de la vida pública.

Esta peligrosa deriva ha quedado interrumpida por la sentencia del Tribunal
Constitucional que ha anulado la ley que situaba a Berlusconi al resguardo
de los numerosos procesos penales que tenía pendientes. Es, sin duda, de
suma importancia que la más grave de las llamadas "leyes ad personam" haya
sido declarada públicamente contraria a la Constitución. Resulta
reconfortante que el máximo órgano de la justicia haya actuado sin ceder a
intimidaciones o presiones, al igual que reconfortan la firmeza y el
equilibrio con los que el presidente de la República ejerce las funciones de
su cargo. Pero todos estos acontecimientos demuestran también que la
concienciación institucional va retirándose cada vez más del gobierno y del
Parlamento para refugiarse en áreas circunscritas, por más que altamente
significativas, del sistema democrático. Se acentúa de esta forma una
peligrosa asimetría institucional, en la que la división de los papeles y el
respeto de las reglas son vistas como un obstáculo que ha de ser eliminado,
como confirman las amenazadoras palabras pronunciadas por Berlusconi contra
el presidente de la República y el Tribunal Constitucional, ahora amenazado
además por propuestas de reforma que quieren modificar su composición para
hacerla políticamente más controlable. Una vez más, la única norma
sustentadora del sistema que se reconoce es la investidura electoral, que
elimina cualquier otra regla y legitima toda clase de decisiones.

Precisamente contra esta última pretensión ha supuesto un grave revés la
sentencia del Tri-bunal Constitucional, que puede constituir, por lo tanto,
un sólido fundamento para reconstruir una cultura política que nos aleje de
la lógica de las leyes ad personam, que amén de proporcionar ventajas
directas para Berlusconi, han trastornado el marco institucional. El sistema
de las leyes ad personam, en efecto, no tiene precedentes en la historia de
la República Italiana y carece de parangón en otros países democráticos. Se
compone de tres tipos de reglas: las que atañen a las propiedades personales
de Berlusconi, las que se refieren a su vida privada, las que se derivan de
un uso distorsionado del poder por parte del jefe del Gobierno.

El caso del sistema televisivo es el más evidente. En 2004, con la ley de
reforma del sector audiovisual, la compañía del jefe del Gobierno, Mediaset,
vio confirmados y reforzados todos sus privilegios. A los que se añadieron
posteriormente otros derivados de una norma que hizo más gravoso el régimen
fiscal de una empresa rival, Sky, así como del acuerdo entre la televisión
pública, la RAI, y Mediaset para la creación de una plataforma común, que no
acarrea ventajas para la televisión pública y extiende en cambio la
presencia de la televisión privada berlusconiana. Además, ejerciendo de
manera impropia su poder político, Berlusconi ha condicionado los
nombramientos de los más altos cargos de dos de los canales públicos,
extendiendo de esta forma un directo control por su parte sobre el ámbito de
información que más influencia alcanza en la opinión pública, el de los
telediarios. Una reciente investigación, en efecto, ha demostrado que el
69.3% de los italianos conforma sus propias convicciones políticas
precisamente sobre la base de la información que le proporcionan los
telediarios. Y de esta manera se cierra el círculo, porque esta modalidad de
conformación de la opinión pública incide más tarde en los resultados de los
sondeos, que Berlusconi utiliza continuamente como prueba del consenso que
lo sostiene. Se comprende, así pues, la especial importancia del tema de la
información en la situación italiana. Los actuales equilibrios crecerán si
se modifican las normas sobre el derecho a aparecer en televisión durante
las campañas electorales, acentuando la cesión de poder al partido de
Berlusconi.

Extendiéndose desde el ámbito de la información al conjunto de las
actividades de Berlusconi, la misma red de protección ha determinado
desarreglos legislativos que en líneas generales están haciendo cada vez más
difícil o casi imposible el funcionamiento correcto de la justicia penal.
Una perversa trama de limitaciones a las investigaciones en el extranjero,
de reducción de los plazos para la prescripción de los delitos, de
cancelación de importantes delitos en materia mercantil y tributaria ha
supuesto, en la práctica, la concesión de una auténtica suerte de inmunidad
al Berlusconi empresario, granjeándole a la vez el consenso de las
categorías que han compartido con él los beneficios de esta caída de la
legalidad. Tras la sentencia de la Corte Constitucional, se busca evitar que
Berlusconi sea procesado con nuevas manipulaciones del proceso penal. Y, al
mismo tiempo, se ha lanzado una violenta campaña contra la magistratura,
intentando a la vez intimidar a los jueces de forma individual.

Pero las leyes ad personam, pese a constituir la manifestación más llamativa
y escandalosa de la línea adoptada por Berlusconi, no son el único
instrumento de perversión del sistema institucional. Recordemos el artículo
16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 1789,
uno de los textos fundadores de la moderna democracia, en el que pude
leerse: "Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los
derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de
Constitución". Cuando el jefe del Gobierno ataca frontalmente al Parlamento
y a la Magistratura, cuando elimina o vuelve resbaladizas las fronteras
entre los distintos poderes del Estado, cuando otorga su apoyo a medidas
lesivas de los derechos fundamentales de las personas (como las que atañen a
los inmigrantes), cuando sus conveniencias políticas lo impulsan a
subordinar a las sugerencias vaticanas la libertad de cada individuo a
gobernar su propia vida, el resultado es precisamente el que deprecaba la
Declaración del 1789: un país sin Constitución.

Cuando Berlusconi llega a definir el Parlamento como "pletórico, inútil,
contraproducente", no está manifestando únicamente desprecio hacia una
institución: niega la propia lógica democrática y transfiere al mundo de la
política una vieja fórmula, según la cual, "la democracia debe detenerse
ante las puertas de la empresa". Adoptando precisamente la lógica
empresarial, pretende gobernar a base de decretos ley y quiere anular el
Parlamento como sede de representación, proponiendo que las votaciones sean
realizadas únicamente por los portavoces, como ocurre en las juntas de
accionistas donde una sola persona puede presentarse con un paquete de
delegaciones.

Resistencias institucionales, como las del presidente de la República o el
Tribunal Constitucional, así como la reacción social ante las equívocas
frecuentaciones de Berlusconi han determinado también una cierta resistencia
y algunas reacciones políticas dentro de la propia mayoría gubernamental, de
las que se ha hecho intérprete incluso el presidente del Congreso,
Gianfranco Fini, y que tal vez podrían detener las dinámicas más peligrosas.
Pero estamos ante una ofensiva violentísima, y en cualquier caso, los años
del berlusconismo han producido una regresión cultural profunda, de la que
sólo lograremos salir con un gran esfuerzo y si nos asiste una
concienciación política adecuada.