O Professor Farlei Oliveira doutorando de direito da puc-rio envia-nos essa noticia do Wanshington Post sobre Lawrence Tribe, um dos maiores constitucionalistas americanos vivos. Ele foi advogado de Clinton no caso do seu impeachment. Tribe vai trabalhar no Departamento da Justiça para concretizar a questão do acesso à justiça para os pobres. Obama assim contará com Tribe como assessor como conta com Cass R.Sustein como seu "Czar da regulação". A noticia enviada relata que Tribe teve um tumor benigno no cerebro. É dos possíveis indicados a futura vaga na Corte Suprema. É importante lembrar que Sustein tem consciência para o fato de sua indicação para a Corte Suprema não passaria no senado.
The Washington Post, 26.02.2010
Prominent Harvard law professor joins Justice Department
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/02/25/AR2010022505697.html
domingo, 28 de fevereiro de 2010
Garzón nas mãos de juizes conservadores
Domingo, 28/2/2010
ELPAIS. Ofensiva de implicados en la Gürtel
Están en manos de jueces conservadores
Camps, Bárcenas y Garzón dependen de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo
JULIO M. LÁZARO
Quince magistrados, la mayoría de tendencia conservadora y aupados por el PP a través del Consejo General del Poder Judicial, tienen en sus manos una buena parte del juego político de España. Las decisiones que deberán adoptar en las próximas semanas afectarán al futuro del PP o la carrera del juez que ha instruido los casos más importantes de la democracia: ETA, el terrorismo de Estado, la corrupción, las redes de narcotráfico y los delitos de lesa humanidad. Son los miembros de la Sala Segunda, de lo Penal, del Tribunal Supremo y tienen que dirimir el futuro de Baltasar Garzón, el recurso de Anticorrupción contra la exoneración del presidente valenciano Francisco Camps de sus vínculos con la trama Gürtel, o las acusaciones de cohecho contra el tesorero del PP, Luis Bárcenas.
En la etapa de Aznar entraron 8 jueces conservadores y sólo 3 progresistas
La estrategia del PP pasa por liquidar al juez instructor y anular las escuchas
Los trámites del recurso del fiscal contra Camps ya están terminados
Las decisiones sobre Bárcenas pueden afectar al PP en época electoral
Como telón de fondo, las escuchas ordenadas por Garzón a la trama corrupta son, tras el juez, el objetivo a batir. Empresarios de la trama, implicados del PP, asociaciones y colectivos de abogados son los hilos que mueve el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, según fuentes próximas al PP, en su estrategia destinada a conseguir la anulación de las escuchas.
Cuando el Gobierno de Zapatero llegó al poder en mayo de 2004 enseguida se percató de que el Consejo General del Poder Judicial, de mayoría conservadora, aplicaba el rodillo en los nombramientos estratégicos y copaba las plazas de magistrados de la Sala Segunda del Supremo, la encargada de juzgar a políticos y jueces relevantes. El desequilibrio era más que evidente: durante las dos legislaturas de Aznar, entre 1996 y 2004, habían entrado ocho magistrados conservadores por sólo tres progresistas. "Si no paramos esto, nos acabarán matando a través de una sala estratégica en la Administración de Justicia, donde han conseguido una mayoría apabullante", reflexionaba un ministro de entonces.
La solución no arregló demasiado las cosas. Una reforma legal exigió que los nombramientos del Supremo y de las presidencias de tribunales superiores se aprobaran por mayoría cualificada, lo que exigía el acuerdo de 13 de 21 vocales del Poder Judicial. La situación ha degenerado en el inevitable mercadeo entre los colectivos judiciales más representados en el Consejo, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Jueces para la Democracia (JpD), para evitar el bloqueo permanente de las plazas de altos cargos.
Los ocho magistrados que accedieron en la época de Aznar siguen marcando la diferencia. En la composición actual de la Sala Penal, de una plantilla de 15 magistrados, nueve pertenecen al bloque conservador, y los otros seis, al progresista. El desequilibrio se acentuará si, como apuntan fuentes del Poder Judicial, el próximo en acceder a la Sala es el fiscal Antonio del Moral, un conservador del Opus Dei, cuyo nombramiento promueven sus homólogos a cambio de que el candidato de la vocal Margarita Robles, el portavoz de JpD, Miguel Ángel Jimeno, presida el Tribunal Superior de Cataluña.
Las normas internas de la propia Sala, impulsadas por la mayoría conservadora, contribuyen a mantener la situación. Los magistrados eméritos, que siguen en activo tras cumplir los 70 años, han sido excluidos de las "causas especiales" -las que afectan a políticos y jueces aforados- y de los plenos jurisdiccionales. Tres de ellos son progresistas y el cuarto, conservador. "Nos tienen para sacar papel", alega el progresista José Antonio Martín Pallín, uno de los cuatro que siguen en la Sala.
La estrategia del PP para la red Gürtel pasa por reeditar el caso Naseiro, la trama para obtener financiación ilegal para el PP descubierta por el juez Luis Manglano a principios de los 90. Diseñada por Trillo, funcionó entonces y sigue funcionando ahora. Primero, liquidar al juez que instruyó la causa y, a renglón seguido, anular las escuchas telefónicas y cuanto "traiga causa de ellas".
En las próximas semanas, la Sala Penal proseguirá la instrucción de las tres causas abiertas al juez Garzón en menos de nueve meses. Durante sus 20 años en la Audiencia Nacional, a Garzón le han presentado más de 40 querellas, pero la Sala Penal nunca admitió a trámite ninguna. Las primeras informaciones sobre el caso Gürtel se divulgaron en febrero de 2009. En mayo de ese año se admitió la primera querella, por la investigación de los crímenes del franquismo. En septiembre se reabrió la investigación sobre el patrocinio por el banco Santander de unos cursos en Nueva York que impartió Garzón y el pasado jueves le cayó la tercera, por las escuchas a la red Gürtel.
En el cerco a Garzón no ha influido un sector ideológico concreto. Por un motivo u otro han coincidido magistrados de todas las tendencias. Algunos, como el asociado a JpD Luciano Varela o el ultraconservador Adolfo Prego, "con una especial dedicación a la causa", según fuentes del alto tribunal. Ahora, con Garzón en fase terminal, la Sala debe enfrentarse a las ramificaciones del caso Gürtel, las más susceptibles de levantar suspicacias.
Entre ellas, la Sala debe resolver el recurso del fiscal contra el auto del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana que exoneró al presidente de esa comunidad, Francisco Camps, del delito de cohecho impropio que no apreciaron el presidente del tribunal y "más que amigo" de Camps, según dijo éste, Juan Luis de la Rúa, y el juez Francisco Ceres. Según fuentes fiscales, "en principio todos los trámites del recurso ya están hechos y ahora es un problema de agenda". Anticorrupción no pidió en su momento vista para el recurso y no parece que Camps tenga interés en ello. De la decisión de la Sala puede depender su carrera política y, sobre todo, el curso de las próximas elecciones valencianas.
Las finanzas del PP deben estar siendo analizadas por el magistrado del Supremo Francisco Monterde, instructor de la causa contra Bárcenas y Merino, quienes deben a Garzón su implicación en la trama. Monterde ejerció casi toda su carrera en Valencia hasta que fue llevado al Consejo del Poder Judicial por el PP. Luego, fue promovido a la Sala Penal por los vocales afines a ese partido. Monterde, un magistrado discreto, acaba de decretar la séptima prórroga del secreto de un sumario hasta ahora impenetrable. Sus decisiones sobre Bárcenas pueden suponer un trastorno mayor para el PP en época preelectoral (catalanas en noviembre de 2010; municipales y autonómicas, en mayo de 2011 y generales, en marzo de 2012).
Desde que las conversaciones grabadas a la trama Gürtel revelaron la gravedad de las conductas de dirigentes populares, este partido ha promovido una campaña contra el sistema de interceptación de comunicaciones denominado Sitel. El PP, que contrató esa tecnología cuando gobernaba, no se había preocupado de la misma hasta que se destapó la mayor trama de corrupción que le ha salpicado en toda su historia. En el Supremo había nueve sentencias avalando la legalidad del Sitel. Hasta que el PP culpó al sistema de vulnerar las garantías y reclamó su regulación por una norma con rango de ley orgánica.
A primeros de este mes llegaron los primeros votos disidentes del sistema Sitel por parte de dos magistrados del sector conservador, que aseguraban que el sistema convierte a juzgados y tribunales en una "tierra de nadie" y que no hay seguridad de que los DVD que contienen las grabaciones no puedan sufrir alteraciones por parte de los agentes de policía que los llevan al juzgado. La propuesta de los magistrados disidentes exige comprobar que los agentes policiales no han abierto ni suprimido fragmentos de conversaciones, un sistema de sellado electrónico y hasta la intervención de un tercero que garantice la integridad del documento.
Este embrión de doctrina contiene dinamita para las grabaciones del caso Gürtel que, como todas las obtenidas de teléfonos móviles en los últimos años, proceden de la utilización del sistema Sitel. Por ahora la postura es minoritaria, pero si gana adeptos podría convertirse en criterio oficial de la Sala.
Fuentes del Supremo apuntan a que antes de que se extienda ese criterio, debería estudiarse el criterio en Sala general por todos los magistrados. Una sala que seguirá dominada por los conservadores durante mucho tiempo todavía y que la semana pasada acordó, por 12 votos 8, restringir las diligencias de investigación que practican policías y fiscales, que a partir de ahora tendrán que acudir ante el juez para solicitar la identidad de los titulares de los teléfonos móviles.
ELPAIS. Ofensiva de implicados en la Gürtel
Están en manos de jueces conservadores
Camps, Bárcenas y Garzón dependen de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo
JULIO M. LÁZARO
Quince magistrados, la mayoría de tendencia conservadora y aupados por el PP a través del Consejo General del Poder Judicial, tienen en sus manos una buena parte del juego político de España. Las decisiones que deberán adoptar en las próximas semanas afectarán al futuro del PP o la carrera del juez que ha instruido los casos más importantes de la democracia: ETA, el terrorismo de Estado, la corrupción, las redes de narcotráfico y los delitos de lesa humanidad. Son los miembros de la Sala Segunda, de lo Penal, del Tribunal Supremo y tienen que dirimir el futuro de Baltasar Garzón, el recurso de Anticorrupción contra la exoneración del presidente valenciano Francisco Camps de sus vínculos con la trama Gürtel, o las acusaciones de cohecho contra el tesorero del PP, Luis Bárcenas.
En la etapa de Aznar entraron 8 jueces conservadores y sólo 3 progresistas
La estrategia del PP pasa por liquidar al juez instructor y anular las escuchas
Los trámites del recurso del fiscal contra Camps ya están terminados
Las decisiones sobre Bárcenas pueden afectar al PP en época electoral
Como telón de fondo, las escuchas ordenadas por Garzón a la trama corrupta son, tras el juez, el objetivo a batir. Empresarios de la trama, implicados del PP, asociaciones y colectivos de abogados son los hilos que mueve el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, según fuentes próximas al PP, en su estrategia destinada a conseguir la anulación de las escuchas.
Cuando el Gobierno de Zapatero llegó al poder en mayo de 2004 enseguida se percató de que el Consejo General del Poder Judicial, de mayoría conservadora, aplicaba el rodillo en los nombramientos estratégicos y copaba las plazas de magistrados de la Sala Segunda del Supremo, la encargada de juzgar a políticos y jueces relevantes. El desequilibrio era más que evidente: durante las dos legislaturas de Aznar, entre 1996 y 2004, habían entrado ocho magistrados conservadores por sólo tres progresistas. "Si no paramos esto, nos acabarán matando a través de una sala estratégica en la Administración de Justicia, donde han conseguido una mayoría apabullante", reflexionaba un ministro de entonces.
La solución no arregló demasiado las cosas. Una reforma legal exigió que los nombramientos del Supremo y de las presidencias de tribunales superiores se aprobaran por mayoría cualificada, lo que exigía el acuerdo de 13 de 21 vocales del Poder Judicial. La situación ha degenerado en el inevitable mercadeo entre los colectivos judiciales más representados en el Consejo, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Jueces para la Democracia (JpD), para evitar el bloqueo permanente de las plazas de altos cargos.
Los ocho magistrados que accedieron en la época de Aznar siguen marcando la diferencia. En la composición actual de la Sala Penal, de una plantilla de 15 magistrados, nueve pertenecen al bloque conservador, y los otros seis, al progresista. El desequilibrio se acentuará si, como apuntan fuentes del Poder Judicial, el próximo en acceder a la Sala es el fiscal Antonio del Moral, un conservador del Opus Dei, cuyo nombramiento promueven sus homólogos a cambio de que el candidato de la vocal Margarita Robles, el portavoz de JpD, Miguel Ángel Jimeno, presida el Tribunal Superior de Cataluña.
Las normas internas de la propia Sala, impulsadas por la mayoría conservadora, contribuyen a mantener la situación. Los magistrados eméritos, que siguen en activo tras cumplir los 70 años, han sido excluidos de las "causas especiales" -las que afectan a políticos y jueces aforados- y de los plenos jurisdiccionales. Tres de ellos son progresistas y el cuarto, conservador. "Nos tienen para sacar papel", alega el progresista José Antonio Martín Pallín, uno de los cuatro que siguen en la Sala.
La estrategia del PP para la red Gürtel pasa por reeditar el caso Naseiro, la trama para obtener financiación ilegal para el PP descubierta por el juez Luis Manglano a principios de los 90. Diseñada por Trillo, funcionó entonces y sigue funcionando ahora. Primero, liquidar al juez que instruyó la causa y, a renglón seguido, anular las escuchas telefónicas y cuanto "traiga causa de ellas".
En las próximas semanas, la Sala Penal proseguirá la instrucción de las tres causas abiertas al juez Garzón en menos de nueve meses. Durante sus 20 años en la Audiencia Nacional, a Garzón le han presentado más de 40 querellas, pero la Sala Penal nunca admitió a trámite ninguna. Las primeras informaciones sobre el caso Gürtel se divulgaron en febrero de 2009. En mayo de ese año se admitió la primera querella, por la investigación de los crímenes del franquismo. En septiembre se reabrió la investigación sobre el patrocinio por el banco Santander de unos cursos en Nueva York que impartió Garzón y el pasado jueves le cayó la tercera, por las escuchas a la red Gürtel.
En el cerco a Garzón no ha influido un sector ideológico concreto. Por un motivo u otro han coincidido magistrados de todas las tendencias. Algunos, como el asociado a JpD Luciano Varela o el ultraconservador Adolfo Prego, "con una especial dedicación a la causa", según fuentes del alto tribunal. Ahora, con Garzón en fase terminal, la Sala debe enfrentarse a las ramificaciones del caso Gürtel, las más susceptibles de levantar suspicacias.
Entre ellas, la Sala debe resolver el recurso del fiscal contra el auto del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana que exoneró al presidente de esa comunidad, Francisco Camps, del delito de cohecho impropio que no apreciaron el presidente del tribunal y "más que amigo" de Camps, según dijo éste, Juan Luis de la Rúa, y el juez Francisco Ceres. Según fuentes fiscales, "en principio todos los trámites del recurso ya están hechos y ahora es un problema de agenda". Anticorrupción no pidió en su momento vista para el recurso y no parece que Camps tenga interés en ello. De la decisión de la Sala puede depender su carrera política y, sobre todo, el curso de las próximas elecciones valencianas.
Las finanzas del PP deben estar siendo analizadas por el magistrado del Supremo Francisco Monterde, instructor de la causa contra Bárcenas y Merino, quienes deben a Garzón su implicación en la trama. Monterde ejerció casi toda su carrera en Valencia hasta que fue llevado al Consejo del Poder Judicial por el PP. Luego, fue promovido a la Sala Penal por los vocales afines a ese partido. Monterde, un magistrado discreto, acaba de decretar la séptima prórroga del secreto de un sumario hasta ahora impenetrable. Sus decisiones sobre Bárcenas pueden suponer un trastorno mayor para el PP en época preelectoral (catalanas en noviembre de 2010; municipales y autonómicas, en mayo de 2011 y generales, en marzo de 2012).
Desde que las conversaciones grabadas a la trama Gürtel revelaron la gravedad de las conductas de dirigentes populares, este partido ha promovido una campaña contra el sistema de interceptación de comunicaciones denominado Sitel. El PP, que contrató esa tecnología cuando gobernaba, no se había preocupado de la misma hasta que se destapó la mayor trama de corrupción que le ha salpicado en toda su historia. En el Supremo había nueve sentencias avalando la legalidad del Sitel. Hasta que el PP culpó al sistema de vulnerar las garantías y reclamó su regulación por una norma con rango de ley orgánica.
A primeros de este mes llegaron los primeros votos disidentes del sistema Sitel por parte de dos magistrados del sector conservador, que aseguraban que el sistema convierte a juzgados y tribunales en una "tierra de nadie" y que no hay seguridad de que los DVD que contienen las grabaciones no puedan sufrir alteraciones por parte de los agentes de policía que los llevan al juzgado. La propuesta de los magistrados disidentes exige comprobar que los agentes policiales no han abierto ni suprimido fragmentos de conversaciones, un sistema de sellado electrónico y hasta la intervención de un tercero que garantice la integridad del documento.
Este embrión de doctrina contiene dinamita para las grabaciones del caso Gürtel que, como todas las obtenidas de teléfonos móviles en los últimos años, proceden de la utilización del sistema Sitel. Por ahora la postura es minoritaria, pero si gana adeptos podría convertirse en criterio oficial de la Sala.
Fuentes del Supremo apuntan a que antes de que se extienda ese criterio, debería estudiarse el criterio en Sala general por todos los magistrados. Una sala que seguirá dominada por los conservadores durante mucho tiempo todavía y que la semana pasada acordó, por 12 votos 8, restringir las diligencias de investigación que practican policías y fiscales, que a partir de ahora tendrán que acudir ante el juez para solicitar la identidad de los titulares de los teléfonos móviles.
O julgamento da neurociência
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Folha de São Paulo, domingo, 28 de fevereiro de 2010
Neurociência vai a julgamento nos EUA
Jurista estima que mais de cem advogados já usaram imagens de ressonância para tentar atenuar pena de seus clientes
Comunidade acadêmica absolve controverso uso de mapeamento cerebral em tribunal simulado durante encontro científico nos EUA
RAFAEL GARCIA
ENVIADO ESPECIAL A SAN DIEGO
O uso de imagens de mapeamento cerebral em julgamentos está proliferando nos Estados Unidos, e juristas estimam que mais de cem advogados já tenham recorrido a elas. Cientistas estão tão preocupados com o uso -e abuso- dessa tecnologia que resolveram pôr ela própria no banco dos réus.
Receosos de que estudos de neuroimagem estejam sendo mal interpretados por juízes e jurados, pesquisadores realizaram um julgamento simulado há uma semana para testar a receptividade da academia a essa prática. No fim, a nova "neurociência forense" foi absolvida.
O veredicto, decidido por um numeroso "júri" de professores universitários, estudantes e jornalistas, foi expedido em San Diego durante o encontro da AAAS (Associação Americana para o Avanço da Ciência). Todos acompanharam o julgamento de um crime ficcional em que a defesa evocou imagens de ressonância magnética como testemunhas.
Se o processo era ficcional, porém, os personagens que o interpretaram eram bem reais. Quem conduziu a simulação foi o juiz Luis Rodriguez, da Corte Superior da Califórnia. Representando a acusação estava o jurista Henry Greely, que arrolou o neurocientista Michael Rafii, da UCSD (Universidade da Califórnia em San Diego), como testemunha. Já o advogado Robert Knaier, a defesa, convocou outro especialista da entidade, James Brewer, para ajudar seu cliente hipotético.
O acusado em questão era um homem que havia comprovadamente cometido homicídio: usou uma frigideira para matar sua ex-namorada após fracassar numa tentativa de reatar. A missão da defesa era tentar livrá-lo da acusação de homicídio intencional e provar que ele não chegou a premeditar o crime, livrando-o da pena de morte. Uma extensa lesão cerebral no córtex frontal -mostrada por ressonância magnética- seria a prova de que ele não teria tido capacidade mental para refletir sobre o crime antes de cometê-lo.
Sessão aberta
O debate científico, que mais parecia filme de tribunal, lotou um dos maiores auditórios do encontro de ciência mais importante do país. A sessão começou com a arguição do advogado de defesa. Segundo Knaier argumentou, a lesão cerebral do acusado o tornava impulsivo contra sua vontade e o impedia de planejar suas atitudes.
"Existem teorias relacionando lesões nos lobos frontais com alterações de personalidade", disse Brewer, sua testemunha especialista. "Isso remonta a até 1948, com o famoso caso de Phineas Gage, um ferroviário que sobreviveu a uma lesão severa nos lobos frontais. Ele se tornou, contudo, imprevisível, irreverente, impulsivo e acabou perdendo o emprego."
A tentativa de provar que o acusado em questão teria o mesmo perfil de Gage, porém, foi contestada pela testemunha técnica da "promotoria". "É quase impossível dizer algo da personalidade do indivíduo só com base em neuroimagem", afirmou o cientista Rafii. "Em nossa clínica de neurologia cognitiva, já vimos exames de ressonância mostrando estruturas cerebrais anormais em pessoas que não possuem sintomas, e já vimos estruturas normais em pessoas com sintomas."
O fato de que a lesão era apenas uma das hipóteses para o comportamento do acusado, porém, se reverteu a favor da defesa, que rejeitou o ônus da prova. "É o Estado quem precisa provar, para além de uma margem de dúvida razoável, que a morte foi premeditada ou refletida por parte do acusado", argumentou Knaier. "Se a testemunha da promotoria reconhece que uma lesão no córtex "pode" afetar o comportamento, sua alegação ainda está dentro da margem de dúvida".
Veredicto
Aparentemente convencida pela argumentação do advogado, a plateia bancou o júri no fim do evento, pronunciando o acusado inocente de homicídio em primeiro grau (premeditado), o crime mais grave. Como considerou que pelo menos a "intenção" de matar existiu, o homem acabou condenado a homicídio em segundo grau.
Greely, que representou o promotor derrotado, disse que na realidade não é contra o uso da neurociência no tribunal, mas é preciso cautela. "Existem pesquisas mostrando que afirmações totalmente ridículas e ilógicas, se acompanhadas de frases como "a ciência diz" a "neurociência mostra", são em geral aceitas pela maioria das pessoas leigas", disse.
Para Greely, uma corte deve pesar a vantagem de provas tecnicamente complexas contra seus custos. É preciso considerar o tempo gasto com explicações técnicas ao júri, além do preço de exames como os de ressonância, que não são baratos. E testemunhas neurocientistas, diz, não estão disponíveis em qualquer lugar.
Folha de São Paulo, domingo, 28 de fevereiro de 2010
Neurociência vai a julgamento nos EUA
Jurista estima que mais de cem advogados já usaram imagens de ressonância para tentar atenuar pena de seus clientes
Comunidade acadêmica absolve controverso uso de mapeamento cerebral em tribunal simulado durante encontro científico nos EUA
RAFAEL GARCIA
ENVIADO ESPECIAL A SAN DIEGO
O uso de imagens de mapeamento cerebral em julgamentos está proliferando nos Estados Unidos, e juristas estimam que mais de cem advogados já tenham recorrido a elas. Cientistas estão tão preocupados com o uso -e abuso- dessa tecnologia que resolveram pôr ela própria no banco dos réus.
Receosos de que estudos de neuroimagem estejam sendo mal interpretados por juízes e jurados, pesquisadores realizaram um julgamento simulado há uma semana para testar a receptividade da academia a essa prática. No fim, a nova "neurociência forense" foi absolvida.
O veredicto, decidido por um numeroso "júri" de professores universitários, estudantes e jornalistas, foi expedido em San Diego durante o encontro da AAAS (Associação Americana para o Avanço da Ciência). Todos acompanharam o julgamento de um crime ficcional em que a defesa evocou imagens de ressonância magnética como testemunhas.
Se o processo era ficcional, porém, os personagens que o interpretaram eram bem reais. Quem conduziu a simulação foi o juiz Luis Rodriguez, da Corte Superior da Califórnia. Representando a acusação estava o jurista Henry Greely, que arrolou o neurocientista Michael Rafii, da UCSD (Universidade da Califórnia em San Diego), como testemunha. Já o advogado Robert Knaier, a defesa, convocou outro especialista da entidade, James Brewer, para ajudar seu cliente hipotético.
O acusado em questão era um homem que havia comprovadamente cometido homicídio: usou uma frigideira para matar sua ex-namorada após fracassar numa tentativa de reatar. A missão da defesa era tentar livrá-lo da acusação de homicídio intencional e provar que ele não chegou a premeditar o crime, livrando-o da pena de morte. Uma extensa lesão cerebral no córtex frontal -mostrada por ressonância magnética- seria a prova de que ele não teria tido capacidade mental para refletir sobre o crime antes de cometê-lo.
Sessão aberta
O debate científico, que mais parecia filme de tribunal, lotou um dos maiores auditórios do encontro de ciência mais importante do país. A sessão começou com a arguição do advogado de defesa. Segundo Knaier argumentou, a lesão cerebral do acusado o tornava impulsivo contra sua vontade e o impedia de planejar suas atitudes.
"Existem teorias relacionando lesões nos lobos frontais com alterações de personalidade", disse Brewer, sua testemunha especialista. "Isso remonta a até 1948, com o famoso caso de Phineas Gage, um ferroviário que sobreviveu a uma lesão severa nos lobos frontais. Ele se tornou, contudo, imprevisível, irreverente, impulsivo e acabou perdendo o emprego."
A tentativa de provar que o acusado em questão teria o mesmo perfil de Gage, porém, foi contestada pela testemunha técnica da "promotoria". "É quase impossível dizer algo da personalidade do indivíduo só com base em neuroimagem", afirmou o cientista Rafii. "Em nossa clínica de neurologia cognitiva, já vimos exames de ressonância mostrando estruturas cerebrais anormais em pessoas que não possuem sintomas, e já vimos estruturas normais em pessoas com sintomas."
O fato de que a lesão era apenas uma das hipóteses para o comportamento do acusado, porém, se reverteu a favor da defesa, que rejeitou o ônus da prova. "É o Estado quem precisa provar, para além de uma margem de dúvida razoável, que a morte foi premeditada ou refletida por parte do acusado", argumentou Knaier. "Se a testemunha da promotoria reconhece que uma lesão no córtex "pode" afetar o comportamento, sua alegação ainda está dentro da margem de dúvida".
Veredicto
Aparentemente convencida pela argumentação do advogado, a plateia bancou o júri no fim do evento, pronunciando o acusado inocente de homicídio em primeiro grau (premeditado), o crime mais grave. Como considerou que pelo menos a "intenção" de matar existiu, o homem acabou condenado a homicídio em segundo grau.
Greely, que representou o promotor derrotado, disse que na realidade não é contra o uso da neurociência no tribunal, mas é preciso cautela. "Existem pesquisas mostrando que afirmações totalmente ridículas e ilógicas, se acompanhadas de frases como "a ciência diz" a "neurociência mostra", são em geral aceitas pela maioria das pessoas leigas", disse.
Para Greely, uma corte deve pesar a vantagem de provas tecnicamente complexas contra seus custos. É preciso considerar o tempo gasto com explicações técnicas ao júri, além do preço de exames como os de ressonância, que não são baratos. E testemunhas neurocientistas, diz, não estão disponíveis em qualquer lugar.
Entrevista sobre a aplicação da neurociência e o direito
Folha de São Paulo, domingo, 28 de fevereiro de 2010
Com júri, técnica pode ser tiro pela culatra
Universidade de Stanford
O jurista Henry Greely, da Universidade de Stanford, tem dedicado sua carreira a pesquisar o impacto das biociências no direito. Segundo ele, uma pequena amostragem de casos conhecidos indica que o uso forense da neuroimagem está proliferando, mas apelar a essa estratégia com o júri pode ter um efeito reverso. Em entrevista à Folha, Greely conta como o fenômeno começou. (RG)
FOLHA - Quantos julgamentos com uso de mapeamento cerebral os EUA já tiveram?
HENRY GREELY - Não sabemos. Não há um boa base de dados para nos contar isso.
FOLHA - Mas com quantos casos o sr. já se deparou?
GREELY - Nós sabemos por relatos anedóticos de pelo menos cinco episódios em que a neuroimagem foi usada em casos criminais, tanto para tentar evitar a responsabilização criminal quanto ou para atenuar penas capitais. Suspeito que o número no país seja maior que cem, mas provavelmente menor que mil, se contado ao longo dos últimos 25 ou 30 anos. O primeiro caso foi após John Hinckley tentar matar o presidente Ronald Reagan, em 1981. Havia farta evidência comportamental e psiquiátrica de que ele era psicótico, mas uma tomografia computadorizada entrou no processo, contra a vontade da promotoria. Ela foi apreciada pelo júri que o inocentou por insanidade.
FOLHA - Academicamente, o sr. defende a mesma posição que interpretou aqui, a de que a ressonância magnética ainda não é capaz de fornecer dados úteis em um processo?
GREELY - É costume dizer que a resposta correta de um advogado para qualquer pergunta começa com três palavras: "depende do caso". Isso se aplica aqui. Há áreas em que evidências por neuroimagem são claramente apropriadas, como na investigação de casos de negligência médica. A defesa pode alegar que o cliente foi vítima de uma neurocirurgia que lhe causou lesão. Nesse caso, a neuroimagem tem uso adequado. Para a questão de responsabilidade criminal, porém, pode ser útil em alguns casos e não em outros. O que importa é que a ciência usada seja bem estabelecida, para permitir que um júri ou um juiz possam tirar conclusões razoáveis disso.
FOLHA - O sr. acha que outros julgamentos estão sendo tão justos quanto a simulação da AAAS aqui?
GREELY - Bom, talvez eles estejam sendo mais justos, porque o que fizemos aqui, intencionalmente, foi meio que uma caricatura de um julgamento. Julgamentos reais são muitos mais longos e chatos. Mas também são muito mais detalhados e, afinal de contas, mais justos. Contudo, tenho certo receio sobre como promotores estão encarando isso, porque em geral é a defesa que introduz esse tipo de evidência, em favor do acusado. Quando o julgamento tem início, os advogados provavelmente já recrutaram especialistas, fizeram os exames e sabem para que estes servirão. Os promotores podem chegar sem saber nada. Então, existe uma preocupação em saber se ambos os lado são igualmente respaldados por especialistas. Por outro lado, aparentemente promotores têm usado esse tipo de evidência para ampliar a estimativa de dano sofrido pela vítima. Nesses casos, temo pelos advogados de defesa, que às vezes não sabem distinguir um cérebro de um fígado.
FOLHA - Mas a estratégia é eficaz?
GREELY - É difícil dizer. Num caso em que a defesa procura provar que o acusado é incapaz de planejar e refletir sobre o crime, parte do júri poderia ser levado a pensar: "puxa, esse cara tem um cérebro assassino, então vamos mantê-lo preso".
Com júri, técnica pode ser tiro pela culatra
Universidade de Stanford
O jurista Henry Greely, da Universidade de Stanford, tem dedicado sua carreira a pesquisar o impacto das biociências no direito. Segundo ele, uma pequena amostragem de casos conhecidos indica que o uso forense da neuroimagem está proliferando, mas apelar a essa estratégia com o júri pode ter um efeito reverso. Em entrevista à Folha, Greely conta como o fenômeno começou. (RG)
FOLHA - Quantos julgamentos com uso de mapeamento cerebral os EUA já tiveram?
HENRY GREELY - Não sabemos. Não há um boa base de dados para nos contar isso.
FOLHA - Mas com quantos casos o sr. já se deparou?
GREELY - Nós sabemos por relatos anedóticos de pelo menos cinco episódios em que a neuroimagem foi usada em casos criminais, tanto para tentar evitar a responsabilização criminal quanto ou para atenuar penas capitais. Suspeito que o número no país seja maior que cem, mas provavelmente menor que mil, se contado ao longo dos últimos 25 ou 30 anos. O primeiro caso foi após John Hinckley tentar matar o presidente Ronald Reagan, em 1981. Havia farta evidência comportamental e psiquiátrica de que ele era psicótico, mas uma tomografia computadorizada entrou no processo, contra a vontade da promotoria. Ela foi apreciada pelo júri que o inocentou por insanidade.
FOLHA - Academicamente, o sr. defende a mesma posição que interpretou aqui, a de que a ressonância magnética ainda não é capaz de fornecer dados úteis em um processo?
GREELY - É costume dizer que a resposta correta de um advogado para qualquer pergunta começa com três palavras: "depende do caso". Isso se aplica aqui. Há áreas em que evidências por neuroimagem são claramente apropriadas, como na investigação de casos de negligência médica. A defesa pode alegar que o cliente foi vítima de uma neurocirurgia que lhe causou lesão. Nesse caso, a neuroimagem tem uso adequado. Para a questão de responsabilidade criminal, porém, pode ser útil em alguns casos e não em outros. O que importa é que a ciência usada seja bem estabelecida, para permitir que um júri ou um juiz possam tirar conclusões razoáveis disso.
FOLHA - O sr. acha que outros julgamentos estão sendo tão justos quanto a simulação da AAAS aqui?
GREELY - Bom, talvez eles estejam sendo mais justos, porque o que fizemos aqui, intencionalmente, foi meio que uma caricatura de um julgamento. Julgamentos reais são muitos mais longos e chatos. Mas também são muito mais detalhados e, afinal de contas, mais justos. Contudo, tenho certo receio sobre como promotores estão encarando isso, porque em geral é a defesa que introduz esse tipo de evidência, em favor do acusado. Quando o julgamento tem início, os advogados provavelmente já recrutaram especialistas, fizeram os exames e sabem para que estes servirão. Os promotores podem chegar sem saber nada. Então, existe uma preocupação em saber se ambos os lado são igualmente respaldados por especialistas. Por outro lado, aparentemente promotores têm usado esse tipo de evidência para ampliar a estimativa de dano sofrido pela vítima. Nesses casos, temo pelos advogados de defesa, que às vezes não sabem distinguir um cérebro de um fígado.
FOLHA - Mas a estratégia é eficaz?
GREELY - É difícil dizer. Num caso em que a defesa procura provar que o acusado é incapaz de planejar e refletir sobre o crime, parte do júri poderia ser levado a pensar: "puxa, esse cara tem um cérebro assassino, então vamos mantê-lo preso".
sexta-feira, 26 de fevereiro de 2010
Suicídio assistido I
Folha de São Paulo de 26 de fevereiro de 2010
Londres dá brecha a suicídio assistido
Embora sem legalizar a prática, Reino Unido cria lista de atenuantes para quem ajudar doente terminal a morrer
Diretrizes chegam dias após polêmica confissão de jornalista da BBC, admitindo ter sufocado namorado em fase terminal de Aids
LUCIANA COELHO
DE GENEBRA
O Reino Unido adotou ontem um conjunto de diretrizes sobre o suicídio assistido que, embora não legalize a prática, lista seis atenuantes e 16 agravantes em caso de processos. O foco das regras, que em uma versão provisória era a condição do paciente, passa agora a ser os interesses do suspeito na morte do paciente.
Lançadas em caráter definitivo após cinco meses de debate público e mais de 5.000 cartas e pareceres, as diretrizes visam ajudar pessoas que consideram auxiliar um ente querido a se matar a saber se elas se enquadram em casos de "morte por compaixão". A elaboração ficou a cargo da Procuradoria da Coroa e é resultado de uma solicitação de Debby Purdy, uma assessora de imprensa de 46 anos com esclerose múltipla.
No ano passado, ela requisitou esclarecimentos da Justiça para saber se seu marido seria ou não condenado caso a ajudasse a se matar em um estágio mais avançado da doença.
Purdy, que na época havia dito à Folha que as diretrizes eram uma "libertação" para que ela e o marido deixassem de pensar somente em como lidar com a questão, festejou a nova decisão. Em comunicado, afirmou que a Procuradoria fez o correto, mas que ela continuará a fazer campanha para legalizar o suicídio assistido.
O tema está em evidência no Reino Unido após um jornalista da BBC ter confessado, há duas semanas, que sufocou o namorado em fase terminal de Aids. Ray Gosling, 70, foi preso, mas solto em menos de um dia por falta de provas -nem o nome da vítima é sabido.
A prática é crime no Reino Unido, com pena máxima de 14 anos de prisão. Apesar disso, é tolerada e normalmente acarreta penas brandas. Ante o paradoxo, muitos britânicos viajam para a Suíça, onde o suicídio assistido é permitido, para morrer (leia texto ao lado).
"Isso não muda a lei sobre suicídio assistido nem abre a porta para a eutanásia [ato de proporcionar morte sem sofrimento a um doente atingido por afecção incurável que produz dores intoleráveis]", disse o diretor da Procuradoria, Keir Starmer, em comunicado.
"O que ela faz é dar um arcabouço claro para que os promotores decidam quais os casos devem avançar para um julgamento e quais não", continuou. Ele insistiu, porém, que as avaliações serão caso a caso.
A maior diferença quanto às diretrizes provisórias é que deixou de ser atenuante ajudar um ente querido "com doença terminal, problema físico grave ou incurável ou uma condição degenerativa irreversível" a se matar. Entidades contrárias à prática, como a Care Not Killing, elogiaram a mudança.
São atenuantes a manifestação clara, a partir de decisão informada, do paciente em favor do suicídio; a motivação do suspeito ser apenas compaixão; suas ações serem secundárias para a morte; e o fato de o suspeito ter tentado dissuadir o paciente. Sua colaboração com a polícia e a relutância em ajudar o paciente pesam a favor.
Entre os agravantes, está o fato de o réu ser médico ou enfermeiro do paciente ou de ser um funcionário ou manter relações comerciais com ele; ter recebido dinheiro; ter histórico de relações violentas ou ter pressionado a vítima. O paciente ser menor de idade ou não ter discernimento suficiente para decidir pelo suicídio também conta contra o réu.
"As diretrizes não dão um meio de salvaguardar o suicídio assistido", disse Sarah Wotton, da organização pró-suicídio assistido Dignity in Dying. "Assim, o suicídio assistido só é uma opção real para os que podem pagar para ir à Suíça."
Londres dá brecha a suicídio assistido
Embora sem legalizar a prática, Reino Unido cria lista de atenuantes para quem ajudar doente terminal a morrer
Diretrizes chegam dias após polêmica confissão de jornalista da BBC, admitindo ter sufocado namorado em fase terminal de Aids
LUCIANA COELHO
DE GENEBRA
O Reino Unido adotou ontem um conjunto de diretrizes sobre o suicídio assistido que, embora não legalize a prática, lista seis atenuantes e 16 agravantes em caso de processos. O foco das regras, que em uma versão provisória era a condição do paciente, passa agora a ser os interesses do suspeito na morte do paciente.
Lançadas em caráter definitivo após cinco meses de debate público e mais de 5.000 cartas e pareceres, as diretrizes visam ajudar pessoas que consideram auxiliar um ente querido a se matar a saber se elas se enquadram em casos de "morte por compaixão". A elaboração ficou a cargo da Procuradoria da Coroa e é resultado de uma solicitação de Debby Purdy, uma assessora de imprensa de 46 anos com esclerose múltipla.
No ano passado, ela requisitou esclarecimentos da Justiça para saber se seu marido seria ou não condenado caso a ajudasse a se matar em um estágio mais avançado da doença.
Purdy, que na época havia dito à Folha que as diretrizes eram uma "libertação" para que ela e o marido deixassem de pensar somente em como lidar com a questão, festejou a nova decisão. Em comunicado, afirmou que a Procuradoria fez o correto, mas que ela continuará a fazer campanha para legalizar o suicídio assistido.
O tema está em evidência no Reino Unido após um jornalista da BBC ter confessado, há duas semanas, que sufocou o namorado em fase terminal de Aids. Ray Gosling, 70, foi preso, mas solto em menos de um dia por falta de provas -nem o nome da vítima é sabido.
A prática é crime no Reino Unido, com pena máxima de 14 anos de prisão. Apesar disso, é tolerada e normalmente acarreta penas brandas. Ante o paradoxo, muitos britânicos viajam para a Suíça, onde o suicídio assistido é permitido, para morrer (leia texto ao lado).
"Isso não muda a lei sobre suicídio assistido nem abre a porta para a eutanásia [ato de proporcionar morte sem sofrimento a um doente atingido por afecção incurável que produz dores intoleráveis]", disse o diretor da Procuradoria, Keir Starmer, em comunicado.
"O que ela faz é dar um arcabouço claro para que os promotores decidam quais os casos devem avançar para um julgamento e quais não", continuou. Ele insistiu, porém, que as avaliações serão caso a caso.
A maior diferença quanto às diretrizes provisórias é que deixou de ser atenuante ajudar um ente querido "com doença terminal, problema físico grave ou incurável ou uma condição degenerativa irreversível" a se matar. Entidades contrárias à prática, como a Care Not Killing, elogiaram a mudança.
São atenuantes a manifestação clara, a partir de decisão informada, do paciente em favor do suicídio; a motivação do suspeito ser apenas compaixão; suas ações serem secundárias para a morte; e o fato de o suspeito ter tentado dissuadir o paciente. Sua colaboração com a polícia e a relutância em ajudar o paciente pesam a favor.
Entre os agravantes, está o fato de o réu ser médico ou enfermeiro do paciente ou de ser um funcionário ou manter relações comerciais com ele; ter recebido dinheiro; ter histórico de relações violentas ou ter pressionado a vítima. O paciente ser menor de idade ou não ter discernimento suficiente para decidir pelo suicídio também conta contra o réu.
"As diretrizes não dão um meio de salvaguardar o suicídio assistido", disse Sarah Wotton, da organização pró-suicídio assistido Dignity in Dying. "Assim, o suicídio assistido só é uma opção real para os que podem pagar para ir à Suíça."
Suicído assistido II
Folha de São Paulo, sexta-feira, 26 de fevereiro de 2010
Brasileiros se inscrevem em clínica suíça
DE GENEBRA
Cinco brasileiros cujos nomes não foram divulgados estão entre os membros da clínica suíça de suicídio assistido Dignitas, mostraram dados publicados ontem pelo jornal britânico "Guardian" e fornecidos pela própria entidade. Ao todo, a Dignitas tem 5.898 membros. Metade deles é alemã.
A clínica, que funciona em Zurique, ajudou 89 pessoas a morrer (27 delas, britânicas) no ano passado. Desde sua criação, há 12 anos, foram 1.041 suicídios assistidos (nenhum deles de brasileiro). Todos, segundo a Dignitas, eram pacientes terminais ou em estágio avançado de doenças incuráveis.
Os membros da clínica são responsáveis por sua manutenção financeira e passam por uma complexa avaliação de caso, que busca tratamentos alternativos ou paliativos.
A Suíça é um dos poucos países que permitem o suicídio assistido, aceitando inclusive estrangeiros (Holanda, Bélgica, Luxemburgo e o Estado americano do Oregon também permitem). Temendo que o país vire destino do "turismo suicida", no entanto, o governo pediu em novembro que o Legislativo revisasse a lei para restringir ou até vetar a prática.
Brasileiros se inscrevem em clínica suíça
DE GENEBRA
Cinco brasileiros cujos nomes não foram divulgados estão entre os membros da clínica suíça de suicídio assistido Dignitas, mostraram dados publicados ontem pelo jornal britânico "Guardian" e fornecidos pela própria entidade. Ao todo, a Dignitas tem 5.898 membros. Metade deles é alemã.
A clínica, que funciona em Zurique, ajudou 89 pessoas a morrer (27 delas, britânicas) no ano passado. Desde sua criação, há 12 anos, foram 1.041 suicídios assistidos (nenhum deles de brasileiro). Todos, segundo a Dignitas, eram pacientes terminais ou em estágio avançado de doenças incuráveis.
Os membros da clínica são responsáveis por sua manutenção financeira e passam por uma complexa avaliação de caso, que busca tratamentos alternativos ou paliativos.
A Suíça é um dos poucos países que permitem o suicídio assistido, aceitando inclusive estrangeiros (Holanda, Bélgica, Luxemburgo e o Estado americano do Oregon também permitem). Temendo que o país vire destino do "turismo suicida", no entanto, o governo pediu em novembro que o Legislativo revisasse a lei para restringir ou até vetar a prática.
Audiência pública da ação afirmativa
Sexta-feira, 26 de Fevereiro de 2010
Boletim STF
STF realiza audiência pública sobre adoção de critérios raciais
para a reserva de vagas no ensino superior
A Sala de Sessões da Primeira Turma
do Supremo Tribunal Federal se transformará, na semana que vem, em um
grande fórum de debates sobre a política de reserva de vagas em
universidades públicas com base em critérios raciais – as chamadas
cotas. A audiência pública sobre políticas de ação afirmativa
para reserva de vagas no ensino superior será aberta pelo ministro
Ricardo Lewandowski, na próxima quarta-feira (3), às 8h30.
Serão três dias de debates com 38 especialistas de associações,
fundações, movimentos sociais e entidades envolvidas com o tema. A lista completa
dos participantes pode ser acessada pelolink audiências públicas no site do STF. Nos
dias 3 e 4 de março a audiência será realizada no período da manhã, entre 8h30 e
12h. Já no dia 5 de março a programação será durante todo o dia.
Também participam da abertura da audiência pública o procurador-geral da República,
Roberto Gurgel; o presidente nacional da Ordem dos
Advogados do Brasil, Ophir Cavalcante Filho; o advogado-geral da União,
Luís Inácio Adams; e o ministro da Secretaria Especial de Políticas de
Promoção de Igualdade Racial (SEPPIR), Edson Santos de Souza.
Demandas judiciais
A audiência pública foi convocada pelo ministro Ricardo Lewandowski,
relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 186 e do
Recurso Extraordinário (RE) 597285 que serão julgadas pelo
Plenário da Corte. Os processos contestam a adoção de reserva de vagas
em universidades públicas com base em critérios raciais.
Para Lewandowski, a audiência tem grande importância sob o ponto de
vista jurídico, “uma vez que a interpretação a ser firmada por esta
Corte poderá autorizar, ou não, o uso de critérios raciais nos programas de admissão
das universidades brasileiras”, afirmou quando da
convocação da audiência.
A ADPF 186 foi ajuizada pelo Partido Democratas contra o Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade de Brasília (Cespe/UnB)
e questiona atos administrativos utilizados como critérios raciais para a admissão
de alunos pelo sistema de reserva de vagas na UnB. Segundo
o partido Democratas, há violação dos artigos 1º, 3º, 4º, 5º, 37, 207 e
208 da Constituição Federal.
Já o RE 597285 foi interposto por um estudante que se sentiu
prejudicado pelo sistema de cotas adotado pela Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS). O estudante contesta a constitucionalidade
do sistema de reserva de vagas como meio de ingresso no ensino superior. Ele não foi
aprovado no vestibular para o curso de Administração,
embora tenha alcançado pontuação maior do que alguns candidatos
admitidos no mesmo curso pelo sistema de cotas.
Transmissão ao vivo
As apresentações dos especialistas serão transmitidas ao vivo
pela TV Justiça e pela Rádio Justiça, inclusive pela Internet. Demais
emissoras interessadas em retransmitir o sinal da TV deverão encaminhar o pedido à
Secretaria de Comunicação Social do STF.
A entrada na Sala de Sessões é aberta ao público, dentro do limite de assentos
disponíveis. A ocupação dos lugares será feita por ordem de
chegada. Um telão será instalado na Sala de Sessões da Segunda Turma,
com transmissão em tempo real, para atender as pessoas que não consigam
assento na Sala da Primeira Turma.
Não é necessário credenciamento prévio de imprensa, exceto para os
jornalistas com notebook, que necessitem usar a rede de Internet
sem fio (wireless). Nesse caso, o profissional deve solicitar a
senha de acesso junto à Coordenadoria de Imprensa, até as 19h da
terça-feira, pelos telefones (61) 3217.3824/3217.4480.
Trajes
De acordo com normas internas do Tribunal, a entrada na Sala de
Sessões da Primeira Turma requer o uso de traje social, sendo terno e
gravata para homens, e vestidos de mangas e comprimento abaixo do
joelho, tailleurs (saia abaixo do joelho e blazer), ou ternos
(calça e blazer de manga comprida), para mulheres. Essa vestimenta será
exigida dos profissionais que venham fazer a cobertura jornalística do
evento. É proibida a entrada de pessoas calçando chinelos, tênis,
sandálias ou calçados estilo “sapatênis”, assim como trajando qualquer
peça de roupa de tecido jeans.Repercussão social
A audiência pública sobre políticas de ação afirmativa para reserva de
vagas no ensino superior é a quinta sobre temas de grande repercussão
social realizada pelo Supremo Tribunal Federal.
Veja as demais audiências públicas realizadas pelo STF:
Biossegurança - realizada em 20 de abril de 2007 para debater a
Lei de Biossegurança (Lei 11105/05). A audiência foi convocada pelo
ministro Carlos Ayres Britto, relator da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 3510 ajuizada pela Procuradoria Geral da
República. A discussão sobre quando começa a vida do ponto de vista
científico, religioso e jurídico foi destaque nessa audiência, que
debateu o uso de células-tronco embrionárias em pesquisas científicas.
Anencefalia - convocada pelo ministro Marco Aurélio e teve início em 28 de agosto de
2008. Especialistas foram convidados para debater a
ADPF 54, que trata da interrupção da gravidez quando comprovada a
ausência de cérebro no feto. Foram vários dias de debates. De um lado
estavam aqueles que defendiam a liberdade de escolha da mulher em
prosseguir ou não com a gestação de um feto sem cérebro. De outro
estavam aqueles que consideram a vida intocável e não admitem a
interrupção da gravidez mesmo no caso de um bebê anencéfalo.
Pneus - a audiência sobre importação de pneus usados foi
realizada em 27 de junho de 2008, a pedido da ministra Cármen Lúcia
Antunes Rocha. Relatora da Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) 101, a ministra coordenou a audiência que reuniu
especialistas em saúde, comércio exterior e meio ambiente. A ação foi
ajuizada pela Presidência da República contra a importação por empresas
brasileiras de carcaças de pneus para a fabricação de pneus reformados.
Saúde – a última audiência pública realizada no Supremo começou
no dia 27 de abril deste ano e reuniu 50 especialistas entre advogados,
defensores públicos, promotores e procuradores de Justiça, magistrados,
professores, médicos, técnicos de saúde, gestores e usuários do Sistema
Único de Saúde. A audiência foi convocada pelo presidente do STF,
ministro Gilmar Mendes, para auxiliar no julgamento dos processos de
competência da Presidência do Supremo que versam sobre direito à saúde.
Entre eles estão os Agravos Regimentais nas Suspensões de Liminares 47 e 64, nas
Suspensões de Tutela Antecipada 36, 185, 211 e 278, e nas
Suspensões de Segurança 2361, 2944, 3345 e 3355.
Boletim STF
STF realiza audiência pública sobre adoção de critérios raciais
para a reserva de vagas no ensino superior
A Sala de Sessões da Primeira Turma
do Supremo Tribunal Federal se transformará, na semana que vem, em um
grande fórum de debates sobre a política de reserva de vagas em
universidades públicas com base em critérios raciais – as chamadas
cotas. A audiência pública sobre políticas de ação afirmativa
para reserva de vagas no ensino superior será aberta pelo ministro
Ricardo Lewandowski, na próxima quarta-feira (3), às 8h30.
Serão três dias de debates com 38 especialistas de associações,
fundações, movimentos sociais e entidades envolvidas com o tema. A lista completa
dos participantes pode ser acessada pelolink audiências públicas no site do STF. Nos
dias 3 e 4 de março a audiência será realizada no período da manhã, entre 8h30 e
12h. Já no dia 5 de março a programação será durante todo o dia.
Também participam da abertura da audiência pública o procurador-geral da República,
Roberto Gurgel; o presidente nacional da Ordem dos
Advogados do Brasil, Ophir Cavalcante Filho; o advogado-geral da União,
Luís Inácio Adams; e o ministro da Secretaria Especial de Políticas de
Promoção de Igualdade Racial (SEPPIR), Edson Santos de Souza.
Demandas judiciais
A audiência pública foi convocada pelo ministro Ricardo Lewandowski,
relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 186 e do
Recurso Extraordinário (RE) 597285 que serão julgadas pelo
Plenário da Corte. Os processos contestam a adoção de reserva de vagas
em universidades públicas com base em critérios raciais.
Para Lewandowski, a audiência tem grande importância sob o ponto de
vista jurídico, “uma vez que a interpretação a ser firmada por esta
Corte poderá autorizar, ou não, o uso de critérios raciais nos programas de admissão
das universidades brasileiras”, afirmou quando da
convocação da audiência.
A ADPF 186 foi ajuizada pelo Partido Democratas contra o Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade de Brasília (Cespe/UnB)
e questiona atos administrativos utilizados como critérios raciais para a admissão
de alunos pelo sistema de reserva de vagas na UnB. Segundo
o partido Democratas, há violação dos artigos 1º, 3º, 4º, 5º, 37, 207 e
208 da Constituição Federal.
Já o RE 597285 foi interposto por um estudante que se sentiu
prejudicado pelo sistema de cotas adotado pela Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS). O estudante contesta a constitucionalidade
do sistema de reserva de vagas como meio de ingresso no ensino superior. Ele não foi
aprovado no vestibular para o curso de Administração,
embora tenha alcançado pontuação maior do que alguns candidatos
admitidos no mesmo curso pelo sistema de cotas.
Transmissão ao vivo
As apresentações dos especialistas serão transmitidas ao vivo
pela TV Justiça e pela Rádio Justiça, inclusive pela Internet. Demais
emissoras interessadas em retransmitir o sinal da TV deverão encaminhar o pedido à
Secretaria de Comunicação Social do STF.
A entrada na Sala de Sessões é aberta ao público, dentro do limite de assentos
disponíveis. A ocupação dos lugares será feita por ordem de
chegada. Um telão será instalado na Sala de Sessões da Segunda Turma,
com transmissão em tempo real, para atender as pessoas que não consigam
assento na Sala da Primeira Turma.
Não é necessário credenciamento prévio de imprensa, exceto para os
jornalistas com notebook, que necessitem usar a rede de Internet
sem fio (wireless). Nesse caso, o profissional deve solicitar a
senha de acesso junto à Coordenadoria de Imprensa, até as 19h da
terça-feira, pelos telefones (61) 3217.3824/3217.4480.
Trajes
De acordo com normas internas do Tribunal, a entrada na Sala de
Sessões da Primeira Turma requer o uso de traje social, sendo terno e
gravata para homens, e vestidos de mangas e comprimento abaixo do
joelho, tailleurs (saia abaixo do joelho e blazer), ou ternos
(calça e blazer de manga comprida), para mulheres. Essa vestimenta será
exigida dos profissionais que venham fazer a cobertura jornalística do
evento. É proibida a entrada de pessoas calçando chinelos, tênis,
sandálias ou calçados estilo “sapatênis”, assim como trajando qualquer
peça de roupa de tecido jeans.Repercussão social
A audiência pública sobre políticas de ação afirmativa para reserva de
vagas no ensino superior é a quinta sobre temas de grande repercussão
social realizada pelo Supremo Tribunal Federal.
Veja as demais audiências públicas realizadas pelo STF:
Biossegurança - realizada em 20 de abril de 2007 para debater a
Lei de Biossegurança (Lei 11105/05). A audiência foi convocada pelo
ministro Carlos Ayres Britto, relator da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 3510 ajuizada pela Procuradoria Geral da
República. A discussão sobre quando começa a vida do ponto de vista
científico, religioso e jurídico foi destaque nessa audiência, que
debateu o uso de células-tronco embrionárias em pesquisas científicas.
Anencefalia - convocada pelo ministro Marco Aurélio e teve início em 28 de agosto de
2008. Especialistas foram convidados para debater a
ADPF 54, que trata da interrupção da gravidez quando comprovada a
ausência de cérebro no feto. Foram vários dias de debates. De um lado
estavam aqueles que defendiam a liberdade de escolha da mulher em
prosseguir ou não com a gestação de um feto sem cérebro. De outro
estavam aqueles que consideram a vida intocável e não admitem a
interrupção da gravidez mesmo no caso de um bebê anencéfalo.
Pneus - a audiência sobre importação de pneus usados foi
realizada em 27 de junho de 2008, a pedido da ministra Cármen Lúcia
Antunes Rocha. Relatora da Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) 101, a ministra coordenou a audiência que reuniu
especialistas em saúde, comércio exterior e meio ambiente. A ação foi
ajuizada pela Presidência da República contra a importação por empresas
brasileiras de carcaças de pneus para a fabricação de pneus reformados.
Saúde – a última audiência pública realizada no Supremo começou
no dia 27 de abril deste ano e reuniu 50 especialistas entre advogados,
defensores públicos, promotores e procuradores de Justiça, magistrados,
professores, médicos, técnicos de saúde, gestores e usuários do Sistema
Único de Saúde. A audiência foi convocada pelo presidente do STF,
ministro Gilmar Mendes, para auxiliar no julgamento dos processos de
competência da Presidência do Supremo que versam sobre direito à saúde.
Entre eles estão os Agravos Regimentais nas Suspensões de Liminares 47 e 64, nas
Suspensões de Tutela Antecipada 36, 185, 211 e 278, e nas
Suspensões de Segurança 2361, 2944, 3345 e 3355.
quinta-feira, 25 de fevereiro de 2010
STF e a intervenção federal
Valor Econômico
Senado substituiria Câmara Distrital
Juliano Basile, de Brasília
25/02/2010
O Senado pode substituir a Câmara Legislativa se for decretada a intervenção no Distrito Federal. Essa solução está sendo estudada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).
Até o início da semana, eles acreditavam que a intervenção era medida extrema e bastante difícil de ser decretada. Porém, com a renúncia do vice-governador, Paulo Octávio, anteontem, e o governador afastado, José Roberto Arruda (sem partido), preso, os ministros começaram a analisar hipóteses reais para a decretação da intervenção.
Há dois problemas graves para a decretação. Primeiro, o fato de o Congresso ficar impossibilitado de votar emendas à Constituição durante intervenção num ente federativo. É uma norma clara da Constituição. Está no artigo 60. "A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio", diz o texto.
Os ministros avaliaram, em conversas reservadas, que é bastante difícil de superar esse impedimento. Com isso, se for determinada a intervenção, o país conviverá com um impedimento sério: a Constituição não poderá ser alterada no período.
O segundo problema grave para a decretação de intervenção está no Legislativo do DF. Ao apontar um suposto esquema de corrupção e compra de votos no governo de Arruda, o procurador-geral da República, Roberto Gurgel, informou ao STF que a Câmara Legislativa também estaria contaminada e, portanto, sem condições de exercer o seu papel. A intervenção na Câmara é avaliada como medida bastante complexa pelos ministros, pois os deputados distritais, por mais que estejam envolvidos em denúncias, foram eleitos pela população. A questão é: como substitui-los?
A solução, até aqui, seria a de convocar o Senado para atuar como legislador do DF. Isso afastaria a Câmara Distrital de suas funções e garantiria um mínimo de exercício de poder legislativo nas questões que envolvem o governo de Brasília, como, por exemplo, a aprovação do orçamento. Mesmo assim, a medida é considerada forte. Seria a primeira vez que o STF determinaria a intervenção e fazê-lo em dois Poderes - Executivo e Legislativo - seria uma medida sem precedentes.
O STF julgou poucos processos sobre intervenção nos Estados. O auge desses julgamentos ocorreu durante a presidência do ministro Marco Aurélio Mello, na Corte, entre 2001 e 03. Na época, o Judiciário vivia um descrédito porque muitas decisões judiciais que condenavam Estados não eram cumpridas sob a alegação de falta de caixa para pagá-las. Marco Aurélio colocou vários casos desse tipo para julgamento, nos quais defendeu a intervenção para que os Estados voltassem a quitar os seus débitos. Mas, ao fim, prevaleceu o entendimento da maioria dos ministros de que os Estados não poderiam sofrer intervenção, desde que fizessem um plano para quitar as suas dívidas. Essa posição foi fortemente defendida por Nelson Jobim - então ministro do STF - e acabou firmando jurisprudência na Corte (entendimento consolidado).
Ontem, Marco Aurélio afirmou que a situação, em Brasília, não é normal. "Não é normal um vice-governador renunciar", disse o ministro. "Isso não revela um quadro de normalidade e uma intervenção se baseia justamente na discrepância dos fatos e das instituições."
Marco Aurélio disse ainda que a decretação de intervenção federal é "tão excepcional" que a matéria não é analisada no dia a dia do STF. O tema também divide a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Enquanto a OAB Federal é a favor da medida, a OAB do DF é contrária.
Senado substituiria Câmara Distrital
Juliano Basile, de Brasília
25/02/2010
O Senado pode substituir a Câmara Legislativa se for decretada a intervenção no Distrito Federal. Essa solução está sendo estudada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).
Até o início da semana, eles acreditavam que a intervenção era medida extrema e bastante difícil de ser decretada. Porém, com a renúncia do vice-governador, Paulo Octávio, anteontem, e o governador afastado, José Roberto Arruda (sem partido), preso, os ministros começaram a analisar hipóteses reais para a decretação da intervenção.
Há dois problemas graves para a decretação. Primeiro, o fato de o Congresso ficar impossibilitado de votar emendas à Constituição durante intervenção num ente federativo. É uma norma clara da Constituição. Está no artigo 60. "A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio", diz o texto.
Os ministros avaliaram, em conversas reservadas, que é bastante difícil de superar esse impedimento. Com isso, se for determinada a intervenção, o país conviverá com um impedimento sério: a Constituição não poderá ser alterada no período.
O segundo problema grave para a decretação de intervenção está no Legislativo do DF. Ao apontar um suposto esquema de corrupção e compra de votos no governo de Arruda, o procurador-geral da República, Roberto Gurgel, informou ao STF que a Câmara Legislativa também estaria contaminada e, portanto, sem condições de exercer o seu papel. A intervenção na Câmara é avaliada como medida bastante complexa pelos ministros, pois os deputados distritais, por mais que estejam envolvidos em denúncias, foram eleitos pela população. A questão é: como substitui-los?
A solução, até aqui, seria a de convocar o Senado para atuar como legislador do DF. Isso afastaria a Câmara Distrital de suas funções e garantiria um mínimo de exercício de poder legislativo nas questões que envolvem o governo de Brasília, como, por exemplo, a aprovação do orçamento. Mesmo assim, a medida é considerada forte. Seria a primeira vez que o STF determinaria a intervenção e fazê-lo em dois Poderes - Executivo e Legislativo - seria uma medida sem precedentes.
O STF julgou poucos processos sobre intervenção nos Estados. O auge desses julgamentos ocorreu durante a presidência do ministro Marco Aurélio Mello, na Corte, entre 2001 e 03. Na época, o Judiciário vivia um descrédito porque muitas decisões judiciais que condenavam Estados não eram cumpridas sob a alegação de falta de caixa para pagá-las. Marco Aurélio colocou vários casos desse tipo para julgamento, nos quais defendeu a intervenção para que os Estados voltassem a quitar os seus débitos. Mas, ao fim, prevaleceu o entendimento da maioria dos ministros de que os Estados não poderiam sofrer intervenção, desde que fizessem um plano para quitar as suas dívidas. Essa posição foi fortemente defendida por Nelson Jobim - então ministro do STF - e acabou firmando jurisprudência na Corte (entendimento consolidado).
Ontem, Marco Aurélio afirmou que a situação, em Brasília, não é normal. "Não é normal um vice-governador renunciar", disse o ministro. "Isso não revela um quadro de normalidade e uma intervenção se baseia justamente na discrepância dos fatos e das instituições."
Marco Aurélio disse ainda que a decretação de intervenção federal é "tão excepcional" que a matéria não é analisada no dia a dia do STF. O tema também divide a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Enquanto a OAB Federal é a favor da medida, a OAB do DF é contrária.
Pacto Federativo e a questão tributária
Valor Econômico 25 de fevereiro de 2010
Congresso tem prazo até dezembro de 2012 para aprovar lei com novos critérios de divisãoSTF derruba rateio de verbas do FPE, que pode ser extinto
Juliano Basile
Gilmar Mendes, ministro do STF e relator do processo: "Essa é a contribuição que vamos dar para a reforma tributária"
Ao derrubar, ontem, parte da lei que fixa as cotas de rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE), o Supremo Tribunal Federal (STF) deu a largada para a realização da reforma tributária. Pela decisão, o FPE será extinto se o Congresso não aprovar, até 31 de dezembro de 2012, uma nova lei determinando novos critérios para a divisão de verbas entre os Estados e o DF.
Isso fará com que os Estados tenham de rediscutir a forma de divisão de receitas. Há Estados que dependem do FPE para sobreviver, pois obtêm pouca arrecadação tributária. Agora, os critérios terão de ser revistos e o STF acredita que, nesse debate, também será reavaliada a distribuição de receitas tributárias. "Essa é a contribuição que vamos dar para a reforma tributária", afirmou o relator do processo, ministro Gilmar Mendes.
Segundo ele, o FPE tem caráter redistributivo ao dividir verbas da União entre os Estados, por intermédio de diferentes coeficientes. O objetivo é compensar Estados que recebem menos em tributos e são mais pobres. O problema é que essa divisão estava, na opinião do STF, desatualizada.
Os ministros do STF derrubaram o artigo 2º da Lei Complementar nº 62, aprovada em dezembro de 1989. O artigo determinava que 85% do FPE deveriam ser distribuídos aos Estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, enquanto os 15% restantes seriam divididos pelo Sul e Sudeste. Uma tabela, anexada à lei, determinava a cota de cada Estado. A Bahia é quem mais recebe, tendo direito a 9,3%. O DF é o que menos recebe, com 0,6%. São Paulo obtém 1% do FPE.
Pesou na decisão o fato de os coeficientes terem sido definidos nos anos 80 e, até hoje, serem mantidos. Mendes argumentou que a repartição das receitas tributárias deveria ter vigorado apenas nos exercícios fiscais de 1990 e 1992. Após esse período, a previsão era que o censo do IBGE reorientaria a distribuição. Porém, as mudanças não foram feitas e, com isso, os percentuais da lei de 1989 continuam em vigor, mais de 20 anos depois.
"Os índices foram definidos, mediante acordo entre os entes federativos formalizado no âmbito do Conselho de Política fazendária (Confaz), com base na média histórica dos coeficientes aplicados anteriormente à Constituição de 1988", disse Mendes. Para ele, os índices deveriam ter sido atualizados pelo Congresso. Como o Legislativo não fez esse serviço, o STF decidiu, ontem, forçá-lo a agir até o dia 31 de dezembro de 2012.
No início do julgamento, os ministros cogitaram dar apenas dois anos para a aprovação de novos critérios de rateio. Mas, ao fim, eles concluíram que será difícil o Congresso examinar o assunto neste ano, por causa das eleições. Por esse motivo, resolveram dar 36 meses. "Este ano está praticamente perdido em termos legislativos. É ano eleitoral", justificou o ministro Ricardo Lewandowski.
"É bom ficar claro que, se não aprovarem no prazo, os Estados vão sofrer as consequências econômicas", advertiu o ministro Cezar Peluso, citando a possibilidade real de perda de recursos do Fundo dos Estados.
A decisão foi tomada no julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade apresentadas pelos governos do Mato Grosso, Goiás, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Todos pediram o fim do artigo 2º da Lei Complementar nº 62. O STF atendeu ao pedido, mas fixou um prazo para manter o FPE em vigor, até a aprovação de nova lei. Esse prazo vai funcionar como uma bomba-relógio: se o Congresso não se mobilizar até 31 de dezembro de 2012, o FPE será extinto.
Congresso tem prazo até dezembro de 2012 para aprovar lei com novos critérios de divisãoSTF derruba rateio de verbas do FPE, que pode ser extinto
Juliano Basile
Gilmar Mendes, ministro do STF e relator do processo: "Essa é a contribuição que vamos dar para a reforma tributária"
Ao derrubar, ontem, parte da lei que fixa as cotas de rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE), o Supremo Tribunal Federal (STF) deu a largada para a realização da reforma tributária. Pela decisão, o FPE será extinto se o Congresso não aprovar, até 31 de dezembro de 2012, uma nova lei determinando novos critérios para a divisão de verbas entre os Estados e o DF.
Isso fará com que os Estados tenham de rediscutir a forma de divisão de receitas. Há Estados que dependem do FPE para sobreviver, pois obtêm pouca arrecadação tributária. Agora, os critérios terão de ser revistos e o STF acredita que, nesse debate, também será reavaliada a distribuição de receitas tributárias. "Essa é a contribuição que vamos dar para a reforma tributária", afirmou o relator do processo, ministro Gilmar Mendes.
Segundo ele, o FPE tem caráter redistributivo ao dividir verbas da União entre os Estados, por intermédio de diferentes coeficientes. O objetivo é compensar Estados que recebem menos em tributos e são mais pobres. O problema é que essa divisão estava, na opinião do STF, desatualizada.
Os ministros do STF derrubaram o artigo 2º da Lei Complementar nº 62, aprovada em dezembro de 1989. O artigo determinava que 85% do FPE deveriam ser distribuídos aos Estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, enquanto os 15% restantes seriam divididos pelo Sul e Sudeste. Uma tabela, anexada à lei, determinava a cota de cada Estado. A Bahia é quem mais recebe, tendo direito a 9,3%. O DF é o que menos recebe, com 0,6%. São Paulo obtém 1% do FPE.
Pesou na decisão o fato de os coeficientes terem sido definidos nos anos 80 e, até hoje, serem mantidos. Mendes argumentou que a repartição das receitas tributárias deveria ter vigorado apenas nos exercícios fiscais de 1990 e 1992. Após esse período, a previsão era que o censo do IBGE reorientaria a distribuição. Porém, as mudanças não foram feitas e, com isso, os percentuais da lei de 1989 continuam em vigor, mais de 20 anos depois.
"Os índices foram definidos, mediante acordo entre os entes federativos formalizado no âmbito do Conselho de Política fazendária (Confaz), com base na média histórica dos coeficientes aplicados anteriormente à Constituição de 1988", disse Mendes. Para ele, os índices deveriam ter sido atualizados pelo Congresso. Como o Legislativo não fez esse serviço, o STF decidiu, ontem, forçá-lo a agir até o dia 31 de dezembro de 2012.
No início do julgamento, os ministros cogitaram dar apenas dois anos para a aprovação de novos critérios de rateio. Mas, ao fim, eles concluíram que será difícil o Congresso examinar o assunto neste ano, por causa das eleições. Por esse motivo, resolveram dar 36 meses. "Este ano está praticamente perdido em termos legislativos. É ano eleitoral", justificou o ministro Ricardo Lewandowski.
"É bom ficar claro que, se não aprovarem no prazo, os Estados vão sofrer as consequências econômicas", advertiu o ministro Cezar Peluso, citando a possibilidade real de perda de recursos do Fundo dos Estados.
A decisão foi tomada no julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade apresentadas pelos governos do Mato Grosso, Goiás, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Todos pediram o fim do artigo 2º da Lei Complementar nº 62. O STF atendeu ao pedido, mas fixou um prazo para manter o FPE em vigor, até a aprovação de nova lei. Esse prazo vai funcionar como uma bomba-relógio: se o Congresso não se mobilizar até 31 de dezembro de 2012, o FPE será extinto.
quarta-feira, 24 de fevereiro de 2010
Parecer do IAB sobre o projeto do Código de Processo Penal
http://www.iabnacional.org.br/IMG/pdf/doc-2377.pdf Parecer do IAB sobre o projeto do Código de Processo Penal
terça-feira, 23 de fevereiro de 2010
A composição do Conselho Constitucional na França
Le Figaro on line 23 de fevereiro de 2010 Vejam a noticia abaixo deparem que a composição do Conselho Constitucional francês é escancaradamente política. Não é uma opção certa ter essa explicitação política?
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Sarkozy nomme Charasse au Conseil constitutionnel
Mots clés : Michel Charasse, Hubert Haenel, Jacques Barrot, CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Par Bruno Jeudy
23/02/2010 | Mise à jour : 14:29 Réactions (143)
Michel Charasse (au centre) a expliqué avoir reçu une promesse du chef de l'État en 2007, pendant la campagne présidentielle. Jacques Barrot (à gauche), ancien commissaire européen et Hubert Haenel, sénateur UMP du Haut-Rhin, sont également nommés. (photos : Le Figaro et AFP)
INFO FIGARO - Le chef de l'État poursuit l'ouverture en nommant cette figure du mitterrandisme. Jacques Barrot et Hubert Haenel sont les deux autres nouveaux Sages.
Après avoir nommé le socialiste Didier Migaud à la présidence de la Cour des Comptes, Nicolas Sarkozy a décidé de rejouer la carte ouverture à l'occasion du renouvellement des membres du Conseil constitutionnel. Demain, le président de la République nommera Michel Charasse, 68 ans, ancien ministre de François Mitterrand et actuel sénateur du Puy-de-Dôme. Nicolas Sarkozy a lui-même prévenu les dirigeants de la majorité réunis ce matin à l'Élysée juste avant le Conseil des ministres. Selon un participant, le chef de l'État a vanté le profil de Charasse et souligné ses «compétences» pour le poste.
Le choix de Michel Charasse, transfuge du PS, est une surprise car sa candidature avait perdu du terrain au cours des derniers jours. Lui-même se disait très «amer» car il avait dit avoir une promesse du chef de l'État. Une promesse scellée, en 2007, pendant la campagne présidentielle, lors d'une visite à Puy-Guillaume, la commune dont Charasse est le maire. Brice Hortefeux, ministre de l'Intérieur, ami de trente ans de Nicolas Sarkozy et Auvergnat, avait renouvelé la promesse.
Michel Charasse ne sera pas le seul sénateur à rejoindre les Sages du Conseil constitutionnel. Hubert Haenel, élu du Haut-Rhin, membre de la Haute Assemblée depuis 1986, siégera aussi au Conseil constitutionnel. Il est nommé par le président du Sénat Gérard Larcher. Enfin, le président de l'Assemblée Bernard Accoyer a désigné lui aussi un ancien parlementaire : Jacques Barrot, 73 ans, figure historique du courant démocrate chrétien, Auvergnat lui aussi (il fut député de la Haute-Loire et maire d'Yssingeaux) était encore, il y a quelques mois, commissaire européen. Les trois nouveaux membres du Conseil constitutionnel seront officiellement nommés demain matin. Ils seront ensuite auditionnés par les commission des lois des deux assemblées. Avant d'aller s'installer rue Montpensier où les attend leur futur président Jean-Louis Debré.
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Sarkozy nomme Charasse au Conseil constitutionnel
Mots clés : Michel Charasse, Hubert Haenel, Jacques Barrot, CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Par Bruno Jeudy
23/02/2010 | Mise à jour : 14:29 Réactions (143)
Michel Charasse (au centre) a expliqué avoir reçu une promesse du chef de l'État en 2007, pendant la campagne présidentielle. Jacques Barrot (à gauche), ancien commissaire européen et Hubert Haenel, sénateur UMP du Haut-Rhin, sont également nommés. (photos : Le Figaro et AFP)
INFO FIGARO - Le chef de l'État poursuit l'ouverture en nommant cette figure du mitterrandisme. Jacques Barrot et Hubert Haenel sont les deux autres nouveaux Sages.
Après avoir nommé le socialiste Didier Migaud à la présidence de la Cour des Comptes, Nicolas Sarkozy a décidé de rejouer la carte ouverture à l'occasion du renouvellement des membres du Conseil constitutionnel. Demain, le président de la République nommera Michel Charasse, 68 ans, ancien ministre de François Mitterrand et actuel sénateur du Puy-de-Dôme. Nicolas Sarkozy a lui-même prévenu les dirigeants de la majorité réunis ce matin à l'Élysée juste avant le Conseil des ministres. Selon un participant, le chef de l'État a vanté le profil de Charasse et souligné ses «compétences» pour le poste.
Le choix de Michel Charasse, transfuge du PS, est une surprise car sa candidature avait perdu du terrain au cours des derniers jours. Lui-même se disait très «amer» car il avait dit avoir une promesse du chef de l'État. Une promesse scellée, en 2007, pendant la campagne présidentielle, lors d'une visite à Puy-Guillaume, la commune dont Charasse est le maire. Brice Hortefeux, ministre de l'Intérieur, ami de trente ans de Nicolas Sarkozy et Auvergnat, avait renouvelé la promesse.
Michel Charasse ne sera pas le seul sénateur à rejoindre les Sages du Conseil constitutionnel. Hubert Haenel, élu du Haut-Rhin, membre de la Haute Assemblée depuis 1986, siégera aussi au Conseil constitutionnel. Il est nommé par le président du Sénat Gérard Larcher. Enfin, le président de l'Assemblée Bernard Accoyer a désigné lui aussi un ancien parlementaire : Jacques Barrot, 73 ans, figure historique du courant démocrate chrétien, Auvergnat lui aussi (il fut député de la Haute-Loire et maire d'Yssingeaux) était encore, il y a quelques mois, commissaire européen. Les trois nouveaux membres du Conseil constitutionnel seront officiellement nommés demain matin. Ils seront ensuite auditionnés par les commission des lois des deux assemblées. Avant d'aller s'installer rue Montpensier où les attend leur futur président Jean-Louis Debré.
Audiências Públicas e a intervenção federal
Valor Econômico 23 de fevereiro de 2010
Audiências Públicas e Intervenção Federal
Juliano Basile | Valor BRASÍLIA - Relator do pedido de intervenção no governo de Brasília, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, acredita que o julgamento deveria ser aberto a todos os interessados, com a realização de audiência pública para manifestações de governistas, da oposição, do Ministério Público e do governo federal.
A realização da audiência em casos de intervenção federal está prevista num projeto de lei escrito por Mendes. O texto já foi aprovado pelo Senado e depende apenas do aval da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados. Se for aprovado pela CCJ, e não houver recurso ao plenário da Câmara, o projeto de lei será enviado diretamente à sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Uma vez sancionado, Mendes defende que o pedido de intervenção no Distrito Federal seja julgado pela forma prevista no projeto, com ampla participação de todas as partes envolvidas.
A ideia do presidente do STF é que o pedido de intervenção seja decidido como um grande julgamento, a exemplo do que ocorreu com a liberação das pesquisas com células-tronco ou a aprovação da reserva indígena Raposa Serra do Sol. " O projeto de lei transforma o pedido de intervenção num processo mais aberto " , justificou Mendes ao Valor. " Ele permitiria que todos os interessados se manifestassem " , continuou o ministro.
Hoje, a intervenção é um processo fechado. A rigor, o STF ouve apenas duas partes antes de julgar o caso. Primeiro, recebe o pedido do procurador-geral da República e, depois, pede informações ao procurador-geral do Distrito Federal. Em seguida, marca a data do julgamento para decisão final.
No caso do DF, o procurador-geral da República, Roberto Gurgel, defendeu a intervenção por considerar que o esquema de corrupção atinge tanto o Poder Executivo local quanto o Legislativo. Isso porque a compra de votos para apoio político atingiu boa parte da Câmara Legislativa. É essa " metástase " que, segundo Gurgel, impossibilitaria os deputados distritais de eleger um de seus membros para o governo do DF.
" O problema, em Brasília, é mais profundo e a única solução e a intervenção federal " , afirmou, ontem, o procurador-geral da República. Para ele, o fato de a Câmara Legislativa anunciar a votação de pedidos de cassação de mandatos de deputados distritais não resolve a questão. " Me parece que estão em busca de soluções mágicas, como a cassação de três ou quatro deputados, mas isso não vai resgatar a credibilidade das instituições e dos administradores públicos " , disse Gurgel.
Já o procurador-geral do DF, Marcelo Lavocat Galvão, pediu o arquivamento do pedido de intervenção. Ele afirmou que seria medida " muito drástica " . " A intervenção federal implica na negação da capacidade do povo brasiliense de se autogovernar e definir seu futuro. Nós não estamos aqui defendendo mandatos ou pessoas, mas sim, a instituição Distrito Federal. " Galvão alegou ainda que a crise no DF " não tem interferido na questão administrativa " . " Os serviços públicos estão sendo prestados normalmente e as obras continuam em andamento " , defendeu o procurador-geral do DF, que foi indicado pelo governador afastado, José Roberto Arruda, para o cargo.
O projeto de lei que cria novos procedimentos para o processo de intervenção prevê ainda o sorteio de um relator para o caso. Com isso, o processo do DF sairia da condução, hoje, de Gilmar Mendes, e seria distribuído entre os demais dez ministros do Supremo. É esse ministro-relator que poderia convocar a realização de audiência pública para discutir o assunto.
Antes de decidir sobre a intervenção, o STF deverá julgar a prisão de Arruda, na quinta-feira. O relator do processo, ministro Marco Aurélio Mello, deverá votar pela manifestação da prisão. Isso porque ele já decidiu, no dia 12, pela manutenção da decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, por 12 votos a 2, mandou Arruda para a cadeia. Na ocasião, pesou contra Arruda o fato de ele ter obstruído o trabalho de investigação da Justiça. O governador afastado nega, mas, segundo o STJ, ele tentou interferir no depoimento de um jornalista sobre o escândalo de pagamento de propina em seu governo, através do oferecimento de R$ 200 mil em espécie.
A expectativa inicial é a de que o STF mantenha Arruda afastado do governo. Com relação à prisão, há ministros que devem defender a sua continuidade, para evitar que Arruda interfira nas investigações, e outros devem argumentar que ninguém pode ser mantido preso antes do julgamento final.
Os ministros do STF têm se dividido no julgamento de ações contra políticos e os placares das últimas decisões foram bastante apertados. Na semana passada, por exemplo, houve empate quanto a abertura de ação penal contra a senadora Rosalba Ciarlini (DEM-RN), acusada de utilizar quase R$ 4 mil dos cofres de Mossoró, quando era prefeita, para atrair um supermercado para a cidade. O dinheiro foi gasto com asfalto perto para o supermercado. Quatro ministros foram favoráveis à abertura da ação e outros quatro, contrários. Com isso, o caso não foi concluído e o STF terá de esperar pelos votos dos três ministros que falta
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Audiências Públicas e Intervenção Federal
Juliano Basile | Valor BRASÍLIA - Relator do pedido de intervenção no governo de Brasília, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, acredita que o julgamento deveria ser aberto a todos os interessados, com a realização de audiência pública para manifestações de governistas, da oposição, do Ministério Público e do governo federal.
A realização da audiência em casos de intervenção federal está prevista num projeto de lei escrito por Mendes. O texto já foi aprovado pelo Senado e depende apenas do aval da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados. Se for aprovado pela CCJ, e não houver recurso ao plenário da Câmara, o projeto de lei será enviado diretamente à sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Uma vez sancionado, Mendes defende que o pedido de intervenção no Distrito Federal seja julgado pela forma prevista no projeto, com ampla participação de todas as partes envolvidas.
A ideia do presidente do STF é que o pedido de intervenção seja decidido como um grande julgamento, a exemplo do que ocorreu com a liberação das pesquisas com células-tronco ou a aprovação da reserva indígena Raposa Serra do Sol. " O projeto de lei transforma o pedido de intervenção num processo mais aberto " , justificou Mendes ao Valor. " Ele permitiria que todos os interessados se manifestassem " , continuou o ministro.
Hoje, a intervenção é um processo fechado. A rigor, o STF ouve apenas duas partes antes de julgar o caso. Primeiro, recebe o pedido do procurador-geral da República e, depois, pede informações ao procurador-geral do Distrito Federal. Em seguida, marca a data do julgamento para decisão final.
No caso do DF, o procurador-geral da República, Roberto Gurgel, defendeu a intervenção por considerar que o esquema de corrupção atinge tanto o Poder Executivo local quanto o Legislativo. Isso porque a compra de votos para apoio político atingiu boa parte da Câmara Legislativa. É essa " metástase " que, segundo Gurgel, impossibilitaria os deputados distritais de eleger um de seus membros para o governo do DF.
" O problema, em Brasília, é mais profundo e a única solução e a intervenção federal " , afirmou, ontem, o procurador-geral da República. Para ele, o fato de a Câmara Legislativa anunciar a votação de pedidos de cassação de mandatos de deputados distritais não resolve a questão. " Me parece que estão em busca de soluções mágicas, como a cassação de três ou quatro deputados, mas isso não vai resgatar a credibilidade das instituições e dos administradores públicos " , disse Gurgel.
Já o procurador-geral do DF, Marcelo Lavocat Galvão, pediu o arquivamento do pedido de intervenção. Ele afirmou que seria medida " muito drástica " . " A intervenção federal implica na negação da capacidade do povo brasiliense de se autogovernar e definir seu futuro. Nós não estamos aqui defendendo mandatos ou pessoas, mas sim, a instituição Distrito Federal. " Galvão alegou ainda que a crise no DF " não tem interferido na questão administrativa " . " Os serviços públicos estão sendo prestados normalmente e as obras continuam em andamento " , defendeu o procurador-geral do DF, que foi indicado pelo governador afastado, José Roberto Arruda, para o cargo.
O projeto de lei que cria novos procedimentos para o processo de intervenção prevê ainda o sorteio de um relator para o caso. Com isso, o processo do DF sairia da condução, hoje, de Gilmar Mendes, e seria distribuído entre os demais dez ministros do Supremo. É esse ministro-relator que poderia convocar a realização de audiência pública para discutir o assunto.
Antes de decidir sobre a intervenção, o STF deverá julgar a prisão de Arruda, na quinta-feira. O relator do processo, ministro Marco Aurélio Mello, deverá votar pela manifestação da prisão. Isso porque ele já decidiu, no dia 12, pela manutenção da decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, por 12 votos a 2, mandou Arruda para a cadeia. Na ocasião, pesou contra Arruda o fato de ele ter obstruído o trabalho de investigação da Justiça. O governador afastado nega, mas, segundo o STJ, ele tentou interferir no depoimento de um jornalista sobre o escândalo de pagamento de propina em seu governo, através do oferecimento de R$ 200 mil em espécie.
A expectativa inicial é a de que o STF mantenha Arruda afastado do governo. Com relação à prisão, há ministros que devem defender a sua continuidade, para evitar que Arruda interfira nas investigações, e outros devem argumentar que ninguém pode ser mantido preso antes do julgamento final.
Os ministros do STF têm se dividido no julgamento de ações contra políticos e os placares das últimas decisões foram bastante apertados. Na semana passada, por exemplo, houve empate quanto a abertura de ação penal contra a senadora Rosalba Ciarlini (DEM-RN), acusada de utilizar quase R$ 4 mil dos cofres de Mossoró, quando era prefeita, para atrair um supermercado para a cidade. O dinheiro foi gasto com asfalto perto para o supermercado. Quatro ministros foram favoráveis à abertura da ação e outros quatro, contrários. Com isso, o caso não foi concluído e o STF terá de esperar pelos votos dos três ministros que falta
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Há razões seculares?
O doutorando e Procurador da República Carlos Bruno Ferreira envia essa matéria publicada pelo New York Times 22 de fevereiro de 2010. O importante também do texto é o acesso a outros textos com os endereços eletrônicos indicados
Are There Secular Reasons?
By STANLEY FISH
Stanley FishStanley Fish
on
education, law and society.
Tags:
Politics
In the always-ongoing debate about the role of religion in public life,
the argument most often made on the liberal side (by which I mean the
side of Classical Liberalism, not the side of left politics) is that
policy decisions should be made on the basis of secular reasons, reasons
that, because they do not reflect the commitments or agendas of any
religion, morality or ideology, can be accepted /as/ reasons by all
citizens no matter what their individual beliefs and affiliations. So
it's O.K. to argue that a proposed piece of legislation will benefit the
economy, or improve the nation's health, or strengthen national
security; but it's not O.K. to argue that a proposed piece of
legislation should be passed because it comports with a verse from the
book of Genesis or corresponds to the will of God.
A somewhat less stringent version of the argument permits religious
reasons to be voiced in contexts of public decision-making so long as
they have a secular counterpart: thus, citing the prohibition against
stealing in the Ten Commandments is all right because there is a secular
version of the prohibition rooted in the law of property rights rather
than in a biblical command. In a more severe version of the argument, on
the other hand, you are not supposed even to have religious thoughts
when reflecting on the wisdom or folly of a piece of policy. Not only
should you act secularly when you enter the public sphere; you should
also think secularly.
Whether the argument appears in its softer or harder versions, behind it
is a form of intellectual/political apartheid known as the
private/public distinction: matters that pertain to the spirit and to
salvation are the province of religion and are to be settled by
religious reasons; matters that pertain to the good order and prosperity
of civil society are the province of democratically elected
representatives and are to be settled by secular reasons. As John Locke
put it in 1689 ("A Letter Concerning Toleration")
,
the "care of men's souls" is the responsibility of the church while to
the civil magistrate belongs the care of "outward things such as money,
land, houses, furniture and the like"; it is his responsibility to
secure for everyone, of whatever denomination or belief, "the just
possession of these things belonging to this life."
A neat division, to be sure, which has the effect (not, I think,
intended by Locke) of honoring religion by kicking it upstairs and out
of sight. If the business of everyday life --- commerce, science,
medicine, law, agriculture, education, foreign policy, etc. --- can be
assigned to secular institutions employing secular reasons to justify
actions, what is left to religious institutions and religious reasons is
a private area of contemplation and worship, an area that can be safely
and properly ignored when there are "real" decisions to be made. Let
those who remain captives of ancient superstitions and fairy tales have
their churches, chapels, synagogues, mosques, rituals and liturgical
mumbo-jumbo; just don't confuse the (pseudo)knowledge they traffic in
with the knowledge needed to solve the world's problems.
This picture is routinely challenged by those who contend that secular
reasons and secular discourse in general don't tell the whole story;
they leave out too much of what we know to be important to human life.
No they don't, is the reply; everything said to be left out can be
accounted for by the vocabularies of science, empiricism and naturalism;
secular reasons can do the whole job. And so the debate goes, as
polemicists on both sides hurl accusations in an exchange that has
become as predictable as it is over-heated.
But the debate takes another turn if one argues, as the professor of law
Steven Smith does in his new book, "The Disenchantment of Secular
Discourse," that there
are no secular reasons, at least not reasons of the kind that could
justify a decision to take one course of action rather than another.
It is not, Smith tells us, that secular reason can't do the job (of
identifying ultimate meanings and values) we need religion to do; it's
worse; secular reason can't do its own self-assigned job --- of
describing the world in ways that allow us to move forward in our
projects --- without importing, but not acknowledging, the very
perspectives it pushes away in disdain.
While secular discourse, in the form of statistical analyses, controlled
experiments and rational decision-trees, can yield banks of data that
can then be subdivided and refined in more ways than we can count, it
cannot tell us what that data means or what to do with it. No matter how
much information you pile up and how sophisticated are the analytical
operations you perform, you will never get one millimeter closer to the
moment when you can move from the piled-up information to some lesson or
imperative it points to; for it doesn't point anywhere; it just sits
there, inert and empty.
Once the world is no longer assumed to be informed by some presiding
meaning or spirit (associated either with a theology or an undoubted
philosophical first principle) and is instead thought of as being
"composed of atomic particles randomly colliding and . . . sometimes
evolving into more and more complicated systems and entities including
ourselves" there is no way, says Smith, to look at it and answer
normative questions, questions like "what are we supposed to do?" and
"at the behest of who or what are we to do it?"
Smith is not in the business of denigrating science and rationalism or
minimizing their great achievements. Secular reason --- reason cut off
from any a priori stipulations of what is good and valuable --- can take
us a long way. We'll do fine as long as we only want to find out how
many X's or Y's there are or investigate their internal structure or
discover what happens when they are combined, and so forth.
But the next step, the step of going from observation to evaluation and
judgment, proves difficult, indeed impossible, says Smith, for the
"truncated discursive resources available within the downsized domain of
'public reason' are insufficient to yield any definite answer to a
difficult issue --- abortion, say, or same sex marriage, or the
permissibility of torture . . . ." If public reason has "deprived" the
natural world of "its normative dimension" by conceiving of it as
free-standing and tethered to nothing higher than or prior to itself,
how, Smith asks, "could one squeeze moral values or judgments about
justice . . . out of brute empirical facts?" No way that is not a
sleight of hand. This is the cul de sac Enlightenment philosophy traps
itself in when it renounces metaphysical foundations in favor of the
"pure" investigation of "observable facts." It must somehow bootstrap or
engineer itself back up to meaning and the possibility of justified
judgment, but it has deliberately jettisoned the resources that would
enable it do so.
Nevertheless, Smith observes, the self-impoverished discourse of secular
reason does in fact produce judgments, formulate and defend agendas, and
speak in a normative vocabulary. How is this managed? By "smuggling,"
Smith answers.
. . . the secular vocabulary within which public discourse is
constrained today is insufficient to convey our full set of
normative convictions and commitments. We manage to debate normative
matters anyway --- but only by smuggling in notions that are
formally inadmissible, and hence that cannot be openly acknowledged
or adverted to.
The notions we must smuggle in, according to Smith, include "notions
about a purposive cosmos, or a teleological nature stocked with
Aristotelian 'final causes' or a providential design," all banished from
secular discourse because they stipulate truth and value in advance
rather than waiting for them to be revealed by the outcomes of rational
calculation. But if secular discourse needs notions like these to have a
direction --- to even get started --- "we have little choice except to
smuggle [them] into the conversations --- to introduce them incognito
under some sort of secular disguise."
And how do we do that? Well, one way is to invoke secular concepts like
freedom and equality --- concepts sufficiently general to escape the
taint of partisan or religious affiliation --- and claim that your
argument follows from them. But, Smith points out (following Peter
Westen and others), freedom and equality --- and we might add justice,
fairness and impartiality --- are empty abstractions. Nothing follows
from them until we have answered questions like "fairness in relation to
what standard?" or "equality with respect to what measures?" --- for
only then will they have content enough to guide deliberation.
That content, however, will always come from the suspect realm of
contested substantive values. Is fairness to be extended to everyone or
only to those with certain credentials (of citizenship, education,
longevity, etc.)? Is it equality of opportunity or equality of results
(the distinction on which affirmative action debates turn)? Only when
these matters have been settled can the abstractions do any work, and
the abstractions, in and of themselves, cannot settle them. Indeed,
concepts like fairness and equality are normatively useless, except as
rhetorical ornaments, until they are filled in by some partisan or
ideological or theological perspective, precisely the perspectives
secular reason has forsworn. Therefore, Smith concludes, "conversations
in the secular cage could not proceed very far without smuggling."
Smith does not claim to be saying something wholly new. He cites David
Hume
itself "reason is incompetent to answer any fundamental question," and
Alasdair MacIntyre's description in "After Virtue"
of modern secular discourse as
consisting "of the now incoherent fragments of a kind of reasoning that
made sense on older metaphysical assumptions."
And he might have added Augustine
Trinitate" that the entailments of reason cannot unfold in the absence
of a substantive proposition they did not and could not generate; or
Roberto Unger's insistence in "Knowledge and Politics"
that "as long as formal neutrality is strictly maintained, the standards
it produces will be . . . empty shells . . . incapable of determining
precisely what is commanded or prohibited in particular situations of
choice." (In "The Trouble With Principle"
I myself argue that
"there are no neutral principles, only principles that are already
informed by the substantive content to which they are rhetorically
opposed.")
But no matter who delivers the lesson, its implication is clear. Insofar
as modern liberal discourse rests on a distinction between reasons that
emerge in the course of disinterested observation --- secular reasons
--- and reasons that flow from a prior metaphysical commitment, it
hasn't got a leg to stand on.
Are There Secular Reasons?
By STANLEY FISH
Stanley FishStanley Fish
education, law and society.
Tags:
Politics
In the always-ongoing debate about the role of religion in public life,
the argument most often made on the liberal side (by which I mean the
side of Classical Liberalism, not the side of left politics) is that
policy decisions should be made on the basis of secular reasons, reasons
that, because they do not reflect the commitments or agendas of any
religion, morality or ideology, can be accepted /as/ reasons by all
citizens no matter what their individual beliefs and affiliations. So
it's O.K. to argue that a proposed piece of legislation will benefit the
economy, or improve the nation's health, or strengthen national
security; but it's not O.K. to argue that a proposed piece of
legislation should be passed because it comports with a verse from the
book of Genesis or corresponds to the will of God.
A somewhat less stringent version of the argument permits religious
reasons to be voiced in contexts of public decision-making so long as
they have a secular counterpart: thus, citing the prohibition against
stealing in the Ten Commandments is all right because there is a secular
version of the prohibition rooted in the law of property rights rather
than in a biblical command. In a more severe version of the argument, on
the other hand, you are not supposed even to have religious thoughts
when reflecting on the wisdom or folly of a piece of policy. Not only
should you act secularly when you enter the public sphere; you should
also think secularly.
Whether the argument appears in its softer or harder versions, behind it
is a form of intellectual/political apartheid known as the
private/public distinction: matters that pertain to the spirit and to
salvation are the province of religion and are to be settled by
religious reasons; matters that pertain to the good order and prosperity
of civil society are the province of democratically elected
representatives and are to be settled by secular reasons. As John Locke
put it in 1689 ("A Letter Concerning Toleration")
the "care of men's souls" is the responsibility of the church while to
the civil magistrate belongs the care of "outward things such as money,
land, houses, furniture and the like"; it is his responsibility to
secure for everyone, of whatever denomination or belief, "the just
possession of these things belonging to this life."
A neat division, to be sure, which has the effect (not, I think,
intended by Locke) of honoring religion by kicking it upstairs and out
of sight. If the business of everyday life --- commerce, science,
medicine, law, agriculture, education, foreign policy, etc. --- can be
assigned to secular institutions employing secular reasons to justify
actions, what is left to religious institutions and religious reasons is
a private area of contemplation and worship, an area that can be safely
and properly ignored when there are "real" decisions to be made. Let
those who remain captives of ancient superstitions and fairy tales have
their churches, chapels, synagogues, mosques, rituals and liturgical
mumbo-jumbo; just don't confuse the (pseudo)knowledge they traffic in
with the knowledge needed to solve the world's problems.
This picture is routinely challenged by those who contend that secular
reasons and secular discourse in general don't tell the whole story;
they leave out too much of what we know to be important to human life.
No they don't, is the reply; everything said to be left out can be
accounted for by the vocabularies of science, empiricism and naturalism;
secular reasons can do the whole job. And so the debate goes, as
polemicists on both sides hurl accusations in an exchange that has
become as predictable as it is over-heated.
But the debate takes another turn if one argues, as the professor of law
Steven Smith does in his new book, "The Disenchantment of Secular
Discourse,"
are no secular reasons, at least not reasons of the kind that could
justify a decision to take one course of action rather than another.
It is not, Smith tells us, that secular reason can't do the job (of
identifying ultimate meanings and values) we need religion to do; it's
worse; secular reason can't do its own self-assigned job --- of
describing the world in ways that allow us to move forward in our
projects --- without importing, but not acknowledging, the very
perspectives it pushes away in disdain.
While secular discourse, in the form of statistical analyses, controlled
experiments and rational decision-trees, can yield banks of data that
can then be subdivided and refined in more ways than we can count, it
cannot tell us what that data means or what to do with it. No matter how
much information you pile up and how sophisticated are the analytical
operations you perform, you will never get one millimeter closer to the
moment when you can move from the piled-up information to some lesson or
imperative it points to; for it doesn't point anywhere; it just sits
there, inert and empty.
Once the world is no longer assumed to be informed by some presiding
meaning or spirit (associated either with a theology or an undoubted
philosophical first principle) and is instead thought of as being
"composed of atomic particles randomly colliding and . . . sometimes
evolving into more and more complicated systems and entities including
ourselves" there is no way, says Smith, to look at it and answer
normative questions, questions like "what are we supposed to do?" and
"at the behest of who or what are we to do it?"
Smith is not in the business of denigrating science and rationalism or
minimizing their great achievements. Secular reason --- reason cut off
from any a priori stipulations of what is good and valuable --- can take
us a long way. We'll do fine as long as we only want to find out how
many X's or Y's there are or investigate their internal structure or
discover what happens when they are combined, and so forth.
But the next step, the step of going from observation to evaluation and
judgment, proves difficult, indeed impossible, says Smith, for the
"truncated discursive resources available within the downsized domain of
'public reason' are insufficient to yield any definite answer to a
difficult issue --- abortion, say, or same sex marriage, or the
permissibility of torture . . . ." If public reason has "deprived" the
natural world of "its normative dimension" by conceiving of it as
free-standing and tethered to nothing higher than or prior to itself,
how, Smith asks, "could one squeeze moral values or judgments about
justice . . . out of brute empirical facts?" No way that is not a
sleight of hand. This is the cul de sac Enlightenment philosophy traps
itself in when it renounces metaphysical foundations in favor of the
"pure" investigation of "observable facts." It must somehow bootstrap or
engineer itself back up to meaning and the possibility of justified
judgment, but it has deliberately jettisoned the resources that would
enable it do so.
Nevertheless, Smith observes, the self-impoverished discourse of secular
reason does in fact produce judgments, formulate and defend agendas, and
speak in a normative vocabulary. How is this managed? By "smuggling,"
Smith answers.
. . . the secular vocabulary within which public discourse is
constrained today is insufficient to convey our full set of
normative convictions and commitments. We manage to debate normative
matters anyway --- but only by smuggling in notions that are
formally inadmissible, and hence that cannot be openly acknowledged
or adverted to.
The notions we must smuggle in, according to Smith, include "notions
about a purposive cosmos, or a teleological nature stocked with
Aristotelian 'final causes' or a providential design," all banished from
secular discourse because they stipulate truth and value in advance
rather than waiting for them to be revealed by the outcomes of rational
calculation. But if secular discourse needs notions like these to have a
direction --- to even get started --- "we have little choice except to
smuggle [them] into the conversations --- to introduce them incognito
under some sort of secular disguise."
And how do we do that? Well, one way is to invoke secular concepts like
freedom and equality --- concepts sufficiently general to escape the
taint of partisan or religious affiliation --- and claim that your
argument follows from them. But, Smith points out (following Peter
Westen and others), freedom and equality --- and we might add justice,
fairness and impartiality --- are empty abstractions. Nothing follows
from them until we have answered questions like "fairness in relation to
what standard?" or "equality with respect to what measures?" --- for
only then will they have content enough to guide deliberation.
That content, however, will always come from the suspect realm of
contested substantive values. Is fairness to be extended to everyone or
only to those with certain credentials (of citizenship, education,
longevity, etc.)? Is it equality of opportunity or equality of results
(the distinction on which affirmative action debates turn)? Only when
these matters have been settled can the abstractions do any work, and
the abstractions, in and of themselves, cannot settle them. Indeed,
concepts like fairness and equality are normatively useless, except as
rhetorical ornaments, until they are filled in by some partisan or
ideological or theological perspective, precisely the perspectives
secular reason has forsworn. Therefore, Smith concludes, "conversations
in the secular cage could not proceed very far without smuggling."
Smith does not claim to be saying something wholly new. He cites David
Hume
itself "reason is incompetent to answer any fundamental question," and
Alasdair MacIntyre's description in "After Virtue"
consisting "of the now incoherent fragments of a kind of reasoning that
made sense on older metaphysical assumptions."
And he might have added Augustine
Trinitate" that the entailments of reason cannot unfold in the absence
of a substantive proposition they did not and could not generate; or
Roberto Unger's insistence in "Knowledge and Politics"
that "as long as formal neutrality is strictly maintained, the standards
it produces will be . . . empty shells . . . incapable of determining
precisely what is commanded or prohibited in particular situations of
choice." (In "The Trouble With Principle"
"there are no neutral principles, only principles that are already
informed by the substantive content to which they are rhetorically
opposed.")
But no matter who delivers the lesson, its implication is clear. Insofar
as modern liberal discourse rests on a distinction between reasons that
emerge in the course of disinterested observation --- secular reasons
--- and reasons that flow from a prior metaphysical commitment, it
hasn't got a leg to stand on.
domingo, 21 de fevereiro de 2010
O debate do Código de Processo Constitucional
Folha de São Paulo de 20 de fevereiro de 2010
Mais um código?
ANDRÉ RAMOS TAVARES e DOMINGO GARCÍA BELAUNDE
--------------------------------------------------------------------------------
A proposta de um Código de Processo Constitucional, lançada neste espaço, não é de mera perfumaria jurídica, sem consequências positivas
--------------------------------------------------------------------------------
DESDE MEADOS do século 19 à nossa América foram incorporados diversos instrumentos de controle que permitiram, ainda no limiar de nossa tradição jurídica, estabelecer balizas controláveis em relação aos novos Estados que surgiam. Assim ocorreu no Brasil durante o império, período em que foi incorporado um precioso instrumento como o habeas corpus, já em 1830.
E, em 1841, se criaria, no México, o mundialmente reverenciado "amparo". Esses exemplos foram seguidos pouco a pouco pelos demais países da região, os quais adotaram o padrão de disciplinar tais processos nos códigos processuais existentes (penais e civis). Porém, se originalmente isso era concebido como uma defesa corriqueira de certos direitos, com o tempo tomou-se consciência de que essa fórmula promovia os próprios direitos fundamentais, ou, em terminologia moderna, os direitos humanos recolhidos nos textos constitucionais.
Já no século 20 teve-se clara percepção de que estávamos fazendo um uso de processos que se destinavam à defesa de valores constitucionais. E por isso se começou a falar de "processos constitucionais". Quem fez isso pela primeira vez foi Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, grande processualista espanhol que viveu na Argentina e no México. Foi um embaixador da moderna doutrina processual em nossos países, muitos dos quais visitou e proferiu cursos e conferências, incluindo o Brasil.
Percebe-se que há algumas décadas se começou a estudar com rigor o que são os processos constitucionais e como esses processos se movem no âmbito jurisdicional. E para obter melhor desempenho é que se buscou elaborar leis mais técnicas, mais modernas e, sobretudo, mais especializadas. É o caso da Lei de Jurisdição Constitucional da Costa Rica, aprovada em 1989. Indo mais além, tem-se o Código de Processo Constitucional da província argentina de Tucumán, de 1999. Caso especial e paradigmático é constituído pelo Código de Processo Constitucional aprovado no Peru em 2004, atualmente em vigor. É praticamente o único que existe com essa estrutura, tendo produzido excelentes resultados.
Entendemos que a larga experiência existente em nossa América Latina e em especial no Brasil, com sua grande tradição jurídica, merece que seja sistematizada toda a legislação dispersa que aqui existe, contribuindo assim para melhorar o funcionamento dos processos constitucionais, que têm uma antiguidade respeitável, a sustentar essa proposta de um novo código, lançada neste espaço ("Proposta: Código de Processo Constitucional", "Tendências/Debates", 10/1). A proposta não é de mera perfumaria jurídica, sem maiores consequências positivas ou razões práticas para a sociedade.
A adoção desse Código de Processo Constitucional visa, sobretudo, a que esses processos já existentes se desenvolvam mais adequadamente, com maior intensidade e clareza de seu sentido real, colocando o Direito a serviço dos direitos humanos.
A proposta, portanto, está bem distante das "grandes" codificações do final do século 18 e início do século 19, da Europa, que apenas exprimiam a realização do projeto típico do liberalismo e da ideologia das classes dominantes. Não se pode mais assumir os pressupostos desses movimentos codificadores de outrora, especialmente alicerçados na concepção de um Direito reduzido à lei (ou ao código). A ideia de um código, fora desses ultrapassados parâmetros, é válida na atualidade, pelos motivos aqui expostos, sendo, ainda, expressamente recebida pela Constituição brasileira (artigo 64, parágrafo 4º, "in fine").
A presença de todo esse conjunto normativo em corpo único permite que floresça, ademais, uma disciplina própria nas faculdades de direito, pois ainda não se incorporou aos planos pedagógicos escolares, salvo raras exceções, o chamado direito processual constitucional. Esse código será uma constante e benéfica provocação, exigindo olhares mais atentos tanto da doutrina como dos juízes.
O segundo pacto republicano de Estado, lançado recentemente no Brasil pelos chefes dos três Poderes para atualizar as leis processuais (como a recente Lei do Mandado de Segurança, em 2009) e superar algumas lacunas processuais (como a lei do processo da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, também de 2009), ainda apresenta uma visão fragmentada do fenômeno, que contribui para uma certa acomodação das coisas.
Teria sido uma excelente oportunidade de pensar o sistema como um todo e realmente contribuir para a defesa dos direitos humanos fundamentais no Brasil, a incorporação da proposta de um Código de Processo Constitucional brasileiro, cujo significado, portanto, transcende o da mera troca de leis por um código.
ANDRÉ RAMOS TAVARES é professor de direito constitucional da PUC-SP, livre-docente em direito constitucional pela USP e diretor do Instituto Brasileiro de Estudos Constitucionais.
DOMINGO GARCÍA BELAUNDE é professor de direito constitucional da PUC-Peru e presidente honorário da Associação Peruana de Direito Constitucional. Foi um dos autores do Código de Processo Constitucional peruano.
Mais um código?
ANDRÉ RAMOS TAVARES e DOMINGO GARCÍA BELAUNDE
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A proposta de um Código de Processo Constitucional, lançada neste espaço, não é de mera perfumaria jurídica, sem consequências positivas
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DESDE MEADOS do século 19 à nossa América foram incorporados diversos instrumentos de controle que permitiram, ainda no limiar de nossa tradição jurídica, estabelecer balizas controláveis em relação aos novos Estados que surgiam. Assim ocorreu no Brasil durante o império, período em que foi incorporado um precioso instrumento como o habeas corpus, já em 1830.
E, em 1841, se criaria, no México, o mundialmente reverenciado "amparo". Esses exemplos foram seguidos pouco a pouco pelos demais países da região, os quais adotaram o padrão de disciplinar tais processos nos códigos processuais existentes (penais e civis). Porém, se originalmente isso era concebido como uma defesa corriqueira de certos direitos, com o tempo tomou-se consciência de que essa fórmula promovia os próprios direitos fundamentais, ou, em terminologia moderna, os direitos humanos recolhidos nos textos constitucionais.
Já no século 20 teve-se clara percepção de que estávamos fazendo um uso de processos que se destinavam à defesa de valores constitucionais. E por isso se começou a falar de "processos constitucionais". Quem fez isso pela primeira vez foi Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, grande processualista espanhol que viveu na Argentina e no México. Foi um embaixador da moderna doutrina processual em nossos países, muitos dos quais visitou e proferiu cursos e conferências, incluindo o Brasil.
Percebe-se que há algumas décadas se começou a estudar com rigor o que são os processos constitucionais e como esses processos se movem no âmbito jurisdicional. E para obter melhor desempenho é que se buscou elaborar leis mais técnicas, mais modernas e, sobretudo, mais especializadas. É o caso da Lei de Jurisdição Constitucional da Costa Rica, aprovada em 1989. Indo mais além, tem-se o Código de Processo Constitucional da província argentina de Tucumán, de 1999. Caso especial e paradigmático é constituído pelo Código de Processo Constitucional aprovado no Peru em 2004, atualmente em vigor. É praticamente o único que existe com essa estrutura, tendo produzido excelentes resultados.
Entendemos que a larga experiência existente em nossa América Latina e em especial no Brasil, com sua grande tradição jurídica, merece que seja sistematizada toda a legislação dispersa que aqui existe, contribuindo assim para melhorar o funcionamento dos processos constitucionais, que têm uma antiguidade respeitável, a sustentar essa proposta de um novo código, lançada neste espaço ("Proposta: Código de Processo Constitucional", "Tendências/Debates", 10/1). A proposta não é de mera perfumaria jurídica, sem maiores consequências positivas ou razões práticas para a sociedade.
A adoção desse Código de Processo Constitucional visa, sobretudo, a que esses processos já existentes se desenvolvam mais adequadamente, com maior intensidade e clareza de seu sentido real, colocando o Direito a serviço dos direitos humanos.
A proposta, portanto, está bem distante das "grandes" codificações do final do século 18 e início do século 19, da Europa, que apenas exprimiam a realização do projeto típico do liberalismo e da ideologia das classes dominantes. Não se pode mais assumir os pressupostos desses movimentos codificadores de outrora, especialmente alicerçados na concepção de um Direito reduzido à lei (ou ao código). A ideia de um código, fora desses ultrapassados parâmetros, é válida na atualidade, pelos motivos aqui expostos, sendo, ainda, expressamente recebida pela Constituição brasileira (artigo 64, parágrafo 4º, "in fine").
A presença de todo esse conjunto normativo em corpo único permite que floresça, ademais, uma disciplina própria nas faculdades de direito, pois ainda não se incorporou aos planos pedagógicos escolares, salvo raras exceções, o chamado direito processual constitucional. Esse código será uma constante e benéfica provocação, exigindo olhares mais atentos tanto da doutrina como dos juízes.
O segundo pacto republicano de Estado, lançado recentemente no Brasil pelos chefes dos três Poderes para atualizar as leis processuais (como a recente Lei do Mandado de Segurança, em 2009) e superar algumas lacunas processuais (como a lei do processo da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, também de 2009), ainda apresenta uma visão fragmentada do fenômeno, que contribui para uma certa acomodação das coisas.
Teria sido uma excelente oportunidade de pensar o sistema como um todo e realmente contribuir para a defesa dos direitos humanos fundamentais no Brasil, a incorporação da proposta de um Código de Processo Constitucional brasileiro, cujo significado, portanto, transcende o da mera troca de leis por um código.
ANDRÉ RAMOS TAVARES é professor de direito constitucional da PUC-SP, livre-docente em direito constitucional pela USP e diretor do Instituto Brasileiro de Estudos Constitucionais.
DOMINGO GARCÍA BELAUNDE é professor de direito constitucional da PUC-Peru e presidente honorário da Associação Peruana de Direito Constitucional. Foi um dos autores do Código de Processo Constitucional peruano.
sábado, 20 de fevereiro de 2010
O impasse no STF: a intervenção federal no DF
Folha de São Paulo 20 de fevereiro de 2010
Eliane Cantanhêde: Impasse joga decisões sobre DF para março
A situação do Executivo e do Legislativo do Distrito Federal se deteriorou a tal ponto que a saída para a crise não parte mais de lá, mas do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. Neste momento, as decisões políticas, como a renúncia do governador interino Paulo Octávio (DEM), estão paradas, aguardando a decisão do Supremo sobre outras duas questões.
Uma delas é o habeas corpus para o governador do DF, José Roberto Arruda (sem partido), preso na Superintendência da Polícia Federal. A outra é o pedido de intervenção federal no DF feito pela Procuradoria Geral da República.
O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Gilmar Mendes, afirmou ontem sexta-feira (19) que a votação sobre possível intervenção no Distrito Federal só acontecerá a partir do próximo mês. De acordo com Mendes, a decisão sobre o habeas corpus para libertar o governador afastado José Roberto Arruda também poderá sair apenas em março.
Os votos dos onze ministros do STF em ambos os casos são uma incógnita, pois não há precedentes dos fatos no país. Além disso, três dos ministros não estarão em Brasília na próxima semana: Celso de Mello, Eros Grau e Ricardo Lewandowsky.
Para Eliane Cantanhêde, colunista da Folha e da Folha Online, as duas questões devem ficar mesmo só para março, já que os ministros do Supremo estão indecisos.
"A tendência é o Supremo esperar a maturação de uma solução política no Planalto enquanto o Palácio espera a maturação jurídica do Supremo. De certa forma, um empurrando para o outro", diz a colunista neste podcast.
Eliane Cantanhêde: Impasse joga decisões sobre DF para março
A situação do Executivo e do Legislativo do Distrito Federal se deteriorou a tal ponto que a saída para a crise não parte mais de lá, mas do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. Neste momento, as decisões políticas, como a renúncia do governador interino Paulo Octávio (DEM), estão paradas, aguardando a decisão do Supremo sobre outras duas questões.
Uma delas é o habeas corpus para o governador do DF, José Roberto Arruda (sem partido), preso na Superintendência da Polícia Federal. A outra é o pedido de intervenção federal no DF feito pela Procuradoria Geral da República.
O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Gilmar Mendes, afirmou ontem sexta-feira (19) que a votação sobre possível intervenção no Distrito Federal só acontecerá a partir do próximo mês. De acordo com Mendes, a decisão sobre o habeas corpus para libertar o governador afastado José Roberto Arruda também poderá sair apenas em março.
Os votos dos onze ministros do STF em ambos os casos são uma incógnita, pois não há precedentes dos fatos no país. Além disso, três dos ministros não estarão em Brasília na próxima semana: Celso de Mello, Eros Grau e Ricardo Lewandowsky.
Para Eliane Cantanhêde, colunista da Folha e da Folha Online, as duas questões devem ficar mesmo só para março, já que os ministros do Supremo estão indecisos.
"A tendência é o Supremo esperar a maturação de uma solução política no Planalto enquanto o Palácio espera a maturação jurídica do Supremo. De certa forma, um empurrando para o outro", diz a colunista neste podcast.
sexta-feira, 19 de fevereiro de 2010
O STF e a intervenção federal em Brasilia
Folha de São Paulo, sexta-feira, 19 de fevereiro de 2010
Indeciso, STF ainda estuda intervenção
Nem governo federal consegue detectar tendência, e Lula ouve de ex-presidentes da corte que votação é imprevisível
Pedido, solicitado pela Procuradoria-Geral, divide opiniões no Supremo, onde há quem classifique a ação de "dramática demais
Todo o processo de decisões políticas e até pessoais na maior crise dos 50 anos de Brasília está paralisado, na expectativa da votação do Supremo Tribunal Federal, na próxima semana, sobre o pedido de intervenção federal na capital da República. Os ministros estão indecisos, estudando ainda a questão, e nem mesmo o governo detecta tendências.
O pedido de intervenção federal no DF foi solicitado ao Supremo pela Procuradoria-Geral da República, e o resultado da votação é que vai ditar o comportamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que prefere não ter de nomear um interventor, mas discretamente já se informa e se prepara para essa possibilidade.
Ontem, Lula se reuniu com dois ex-presidentes do Supremo, o atual ministro da Defesa, Nelson Jobim, e o presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência, Sepúlveda Pertence. Ambos lhe disseram que a votação no tribunal é imprevisível e que há dúvidas, também, sobre a abrangência de uma eventual intervenção.
No pedido, o procurador-geral da República, Roberto Gurgel, requer a intervenção tanto no Executivo quanto na Câmara Legislativa, alegando que "os Poderes estão incapacitados de exercer suas atribuições".
Conforme a Folha apurou, um dos ministros do Supremo achou o documento de Gurgel "vago", e outro considerou que a medida seria "dramática demais", principalmente num ano eleitoral. O interventor acabaria sendo, na prática, um "superinterventor", o que poderia ferir o princípio da independência entre os Poderes.
Ontem, Roberto Gurgel voltou a defender o pedido de intervenção proposto por seu órgão. "Soluções mágicas não terão o condão de afastar o pedido de intervenção federal", disse, ao comentar a ameaça de renúncia do governador interino, Paulo Octávio (DEM), que chegou a redigir uma carta nesse sentido, mas recuou.
Prazo
O relator da intervenção federal é o presidente do STF, ministro Gilmar Mendes. O prazo para que o governo do DF se manifeste sobre o pedido termina na próxima segunda-feira, mas, antes da apreciação pelo tribunal, é preciso que a Procuradoria-Geral da República se manifeste outra vez.
Caso o Supremo autorize a intervenção, cabe a Lula decidir se adotará a medida ou não. Se resolver adotá-la, ele nomeará um interventor e editará um decreto "que especificará amplitude, prazo e condições" do ato. Jobim e Pertence já participam preventivamente dessa parte formal, além de acompanharem discretamente as conversas e tendências no tribunal. Jobim embarcou ontem para os Estados Unidos, mas pretende voltar no fim de semana.
Indeciso, STF ainda estuda intervenção
Nem governo federal consegue detectar tendência, e Lula ouve de ex-presidentes da corte que votação é imprevisível
Pedido, solicitado pela Procuradoria-Geral, divide opiniões no Supremo, onde há quem classifique a ação de "dramática demais
Todo o processo de decisões políticas e até pessoais na maior crise dos 50 anos de Brasília está paralisado, na expectativa da votação do Supremo Tribunal Federal, na próxima semana, sobre o pedido de intervenção federal na capital da República. Os ministros estão indecisos, estudando ainda a questão, e nem mesmo o governo detecta tendências.
O pedido de intervenção federal no DF foi solicitado ao Supremo pela Procuradoria-Geral da República, e o resultado da votação é que vai ditar o comportamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que prefere não ter de nomear um interventor, mas discretamente já se informa e se prepara para essa possibilidade.
Ontem, Lula se reuniu com dois ex-presidentes do Supremo, o atual ministro da Defesa, Nelson Jobim, e o presidente da Comissão de Ética Pública da Presidência, Sepúlveda Pertence. Ambos lhe disseram que a votação no tribunal é imprevisível e que há dúvidas, também, sobre a abrangência de uma eventual intervenção.
No pedido, o procurador-geral da República, Roberto Gurgel, requer a intervenção tanto no Executivo quanto na Câmara Legislativa, alegando que "os Poderes estão incapacitados de exercer suas atribuições".
Conforme a Folha apurou, um dos ministros do Supremo achou o documento de Gurgel "vago", e outro considerou que a medida seria "dramática demais", principalmente num ano eleitoral. O interventor acabaria sendo, na prática, um "superinterventor", o que poderia ferir o princípio da independência entre os Poderes.
Ontem, Roberto Gurgel voltou a defender o pedido de intervenção proposto por seu órgão. "Soluções mágicas não terão o condão de afastar o pedido de intervenção federal", disse, ao comentar a ameaça de renúncia do governador interino, Paulo Octávio (DEM), que chegou a redigir uma carta nesse sentido, mas recuou.
Prazo
O relator da intervenção federal é o presidente do STF, ministro Gilmar Mendes. O prazo para que o governo do DF se manifeste sobre o pedido termina na próxima segunda-feira, mas, antes da apreciação pelo tribunal, é preciso que a Procuradoria-Geral da República se manifeste outra vez.
Caso o Supremo autorize a intervenção, cabe a Lula decidir se adotará a medida ou não. Se resolver adotá-la, ele nomeará um interventor e editará um decreto "que especificará amplitude, prazo e condições" do ato. Jobim e Pertence já participam preventivamente dessa parte formal, além de acompanharem discretamente as conversas e tendências no tribunal. Jobim embarcou ontem para os Estados Unidos, mas pretende voltar no fim de semana.
quarta-feira, 17 de fevereiro de 2010
Revista do MP democrático
www.mpd.org.br/img/userfiles/image/Dialogico_27.pdf Enviado pela Procuradora Regional da República, mestre em direito pela Puc-rio Monica Re
domingo, 14 de fevereiro de 2010
Entrevista com Peter Häberle
http://www.conjur.com.br/2010-fev-13/entrevista-peter-haberle-constitucionalista-alemao publicada pelo Conjur de 14 de fevereiro de 2010
sábado, 13 de fevereiro de 2010
Constitucionalismo latino-americano
Folha de São Paulo, sábado, 13 de fevereiro de 2010
Morales ganha poder de nomear juízes
Por projeto aprovado na Câmara, presidente da Bolívia escolherá magistrados interinos para completar quadro de cortes Projeto está no Senado, onde governo também tem maioria; oposição critica medida e prisões arbitrárias antes de eleições de abril
FLÁVIA MARREIRO
DA REPORTAGEM LOCAL
O presidente da Bolívia, Evo Morales, terá poder para escolher juízes para os postos vagos nos tribunais superiores do país. Os nomeados atuarão até dezembro quando, como previsto na nova Constituição, todas as autoridades máximas do Judiciário serão eleitas, de maneira inédita, pelo voto direto.
A norma de transição, batizada de "lei curta", foi aprovada nesta semana pela Câmara dos Deputados e deve passar em breve pelo Senado, onde o governo também conquistou maioria no pleito de dezembro.
A estreia do "rolo compressor" de Morales no Legislativo provocou duras críticas da enfraquecida oposição, para quem a medida é um mecanismo direto de controle do Executivo sobre a Justiça.
Desde meados de 2007, os tribunais superiores da Bolívia têm quadros de juízes incompletos. O impasse entre governo e oposição no Congresso, que tinha até então a prerrogativa das nomeações, foi responsável pelo não preenchimento de algumas das vagas. No período, magistrados renunciaram alegando pressão do governo, e La Paz promoveu a suspensão de uma juíza acusando-a de falta de decoro no cargo.
Com a nova norma, Morales deve nomear até 18 nomes para as cortes: todos os dez magistrados (cinco titulares e cinco suplentes) do Tribunal Constitucional (TC); três integrantes do Conselho da Magistratura (órgão disciplinar); e cinco ministros da Corte Suprema, de um total de 12 nomes.
Em resposta às críticas, o presidente boliviano disse nesta semana que há "total independência de Poderes" na Bolívia. Ele argumentou que as nomeações são necessárias para aliviar o acúmulo de processos.
"Morales vai nomear pessoas do seu partido, e o governo vai continuar o que já está fazendo: processar os opositores", critica o ex-vice-presidente Víctor Hugo Cárdenas (1993-1997).
Na quinta-feira, o candidato da oposição ao governo do departamento de Chuquisaca (centro), John Cava, teve ordem de prisão decretada. A Promotoria diz que ele faltou a uma audiência do processo no qual é acusado de tentativa de extorsão. Cava nega e se diz um "perseguido político".
Os governadores opositores de Santa Cruz, Beni e Tarija também respondem a ações na Justiça, acusados de diferentes delitos -todos negam e veem intenção política nos processos, enquanto o Ministério Público diz ter provas dos crimes.
A lista inclui ainda o ex-candidato à Presidência Manfred Reyes Villa. Respondendo a mais de 20 ações, ele fugiu para Miami no mês passado.
A fase de transição na Justiça acabará em 5 de dezembro, quando a população elegerá os juízes superiores, a partir de uma lista sugerida por um órgão regulador do Judiciário submetida ao Congresso.
O governo diz que, dessa forma, haverá democratização da Justiça, que estará sintonizada com os desejos dos bolivianos, e não alinhada aos partidos políticos que lhes indicaram.
Mas a modalidade é criticada por juristas e opositores que temem a total politização da Justiça. "O remédio será pior do que a doença", diz Cárdenas.
No novo desenho do Judiciário, também haverá cota para a representação indígena direta nos tribunais superiores.
Morales ganha poder de nomear juízes
Por projeto aprovado na Câmara, presidente da Bolívia escolherá magistrados interinos para completar quadro de cortes Projeto está no Senado, onde governo também tem maioria; oposição critica medida e prisões arbitrárias antes de eleições de abril
FLÁVIA MARREIRO
DA REPORTAGEM LOCAL
O presidente da Bolívia, Evo Morales, terá poder para escolher juízes para os postos vagos nos tribunais superiores do país. Os nomeados atuarão até dezembro quando, como previsto na nova Constituição, todas as autoridades máximas do Judiciário serão eleitas, de maneira inédita, pelo voto direto.
A norma de transição, batizada de "lei curta", foi aprovada nesta semana pela Câmara dos Deputados e deve passar em breve pelo Senado, onde o governo também conquistou maioria no pleito de dezembro.
A estreia do "rolo compressor" de Morales no Legislativo provocou duras críticas da enfraquecida oposição, para quem a medida é um mecanismo direto de controle do Executivo sobre a Justiça.
Desde meados de 2007, os tribunais superiores da Bolívia têm quadros de juízes incompletos. O impasse entre governo e oposição no Congresso, que tinha até então a prerrogativa das nomeações, foi responsável pelo não preenchimento de algumas das vagas. No período, magistrados renunciaram alegando pressão do governo, e La Paz promoveu a suspensão de uma juíza acusando-a de falta de decoro no cargo.
Com a nova norma, Morales deve nomear até 18 nomes para as cortes: todos os dez magistrados (cinco titulares e cinco suplentes) do Tribunal Constitucional (TC); três integrantes do Conselho da Magistratura (órgão disciplinar); e cinco ministros da Corte Suprema, de um total de 12 nomes.
Em resposta às críticas, o presidente boliviano disse nesta semana que há "total independência de Poderes" na Bolívia. Ele argumentou que as nomeações são necessárias para aliviar o acúmulo de processos.
"Morales vai nomear pessoas do seu partido, e o governo vai continuar o que já está fazendo: processar os opositores", critica o ex-vice-presidente Víctor Hugo Cárdenas (1993-1997).
Na quinta-feira, o candidato da oposição ao governo do departamento de Chuquisaca (centro), John Cava, teve ordem de prisão decretada. A Promotoria diz que ele faltou a uma audiência do processo no qual é acusado de tentativa de extorsão. Cava nega e se diz um "perseguido político".
Os governadores opositores de Santa Cruz, Beni e Tarija também respondem a ações na Justiça, acusados de diferentes delitos -todos negam e veem intenção política nos processos, enquanto o Ministério Público diz ter provas dos crimes.
A lista inclui ainda o ex-candidato à Presidência Manfred Reyes Villa. Respondendo a mais de 20 ações, ele fugiu para Miami no mês passado.
A fase de transição na Justiça acabará em 5 de dezembro, quando a população elegerá os juízes superiores, a partir de uma lista sugerida por um órgão regulador do Judiciário submetida ao Congresso.
O governo diz que, dessa forma, haverá democratização da Justiça, que estará sintonizada com os desejos dos bolivianos, e não alinhada aos partidos políticos que lhes indicaram.
Mas a modalidade é criticada por juristas e opositores que temem a total politização da Justiça. "O remédio será pior do que a doença", diz Cárdenas.
No novo desenho do Judiciário, também haverá cota para a representação indígena direta nos tribunais superiores.
Juízes franquistas e a Lei da Anistia
Sábado, 13/2/2010
ELPAIS. Amnistía ve "inédito" que Garzón pueda acabar en el banquillo
La nieta de Negrín dice que los jueces del caso juraron fidelidad a Franco
NATALIA JUNQUERA / AGENCIAS - Madrid - 13/02/2010
Amnistía Internacional (AI) no da crédito a lo que está ocurriendo con el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por sus actuaciones respecto a los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. Giulia Tamayo, responsable de Investigación y Políticas de la ONG, aseguró ayer a Servimedia que esta situación es "paradójica" e "inédita a nivel mundial" y que si el juez tuviera que sentarse en el banquillo y abandonar su puesto "sintetizaría el extremo desprecio a los derechos de las víctimas".
Tamayo también subrayó que Amnistía está dispuesta a declarar en defensa de la actuación del juez. AI considera "sorprendente" que "quien está a punto de ser sentado en el banquillo sea quien cumplió con su deber de investigar conforme a la legalidad internacional y que se opongan aquellos que han estado negándose a cumplir con ese deber".
Carmen Negrín, nieta del último jefe de Gobierno de la Segunda República, Juan Negrín, se sumó ayer desde la estupefacción a la repulsa por la situación del magistrado, y pidió ser escuchada por el Supremo. Ese tribunal rechazó estudiar las pruebas que ella presentó para pedir la recusación de los magistrados del alto tribunal.
En su opinión, los jueces que llevan el caso de Garzón no puden ser imparciales, ya que "juraron fidelidad al caudillo y a los ideales del movimiento". Por eso, Negrín ha vuelto a pedir esta semana que estos jueces, incluido el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, sean apartados del proceso. "Una cosa así nunca hubiera pasado en Alemania, porque allí, para empezar, nadie hubiera permitido que existiera una formación como Falange Española de las JONS", declaró a EL PAÍS. "El problema de Garzón es que es demasiado eficaz y eso no ha gustado a la derecha [en referencia al caso de corrupción Gürtel]", zanjó.
ELPAIS. Amnistía ve "inédito" que Garzón pueda acabar en el banquillo
La nieta de Negrín dice que los jueces del caso juraron fidelidad a Franco
NATALIA JUNQUERA / AGENCIAS - Madrid - 13/02/2010
Amnistía Internacional (AI) no da crédito a lo que está ocurriendo con el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por sus actuaciones respecto a los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. Giulia Tamayo, responsable de Investigación y Políticas de la ONG, aseguró ayer a Servimedia que esta situación es "paradójica" e "inédita a nivel mundial" y que si el juez tuviera que sentarse en el banquillo y abandonar su puesto "sintetizaría el extremo desprecio a los derechos de las víctimas".
Tamayo también subrayó que Amnistía está dispuesta a declarar en defensa de la actuación del juez. AI considera "sorprendente" que "quien está a punto de ser sentado en el banquillo sea quien cumplió con su deber de investigar conforme a la legalidad internacional y que se opongan aquellos que han estado negándose a cumplir con ese deber".
Carmen Negrín, nieta del último jefe de Gobierno de la Segunda República, Juan Negrín, se sumó ayer desde la estupefacción a la repulsa por la situación del magistrado, y pidió ser escuchada por el Supremo. Ese tribunal rechazó estudiar las pruebas que ella presentó para pedir la recusación de los magistrados del alto tribunal.
En su opinión, los jueces que llevan el caso de Garzón no puden ser imparciales, ya que "juraron fidelidad al caudillo y a los ideales del movimiento". Por eso, Negrín ha vuelto a pedir esta semana que estos jueces, incluido el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, sean apartados del proceso. "Una cosa así nunca hubiera pasado en Alemania, porque allí, para empezar, nadie hubiera permitido que existiera una formación como Falange Española de las JONS", declaró a EL PAÍS. "El problema de Garzón es que es demasiado eficaz y eso no ha gustado a la derecha [en referencia al caso de corrupción Gürtel]", zanjó.
Jose Saramago e Baltazar Garzon
El Pais
Ni leyes ni justicia
JOSÉ SARAMAGO 13/02/2010
En Portugal, en la aldea medieval de Monsaraz, hay un fresco alegórico de finales del siglo XV que representa al Buen Juez y al Mal Juez, el primero con una expresión grave y digna en el rostro y sosteniendo en la mano la recta vara de la justicia, el segundo con dos caras y la vara de la justicia quebrada. Por no se sabe qué razones, estas pinturas estuvieron escondidas tras un tabique de ladrillos durante siglos y sólo en 1958 pudieron ver la luz del día y ser apreciadas por los amantes del arte y de la justicia. De la justicia, digo bien, porque la lección cívica que esas antiguas figuras nos transmiten es clara e ilustrativa. Hay jueces buenos y justos a quienes se agradece que existan; hay otros que, proclamándose a sí mismos justos, de buenos tienen poco, y, finalmente, además de injustos, no son, dicho con otras palabras, a la luz de los más simples criterios éticos, buena gente. Nunca hubo una edad de oro para la justicia.
Hoy, ni oro, ni plata, vivimos en tiempos de plomo. Que lo diga el juez Baltasar Garzón que, víctima del despecho de algunos de sus pares demasiado complacientes con el fascismo que perdura tras el nombre de la Falange Española y de sus acólitos, vive bajo la amenaza de una inhabilitación de entre doce y dieciséis años que liquidaría definitivamente su carrera de magistrado. El mismo Garzón que, no siendo deportista de élite, no siendo ciclista ni futbolista o tenista, hizo universalmente conocido y respetado el nombre de España. El mismo Garzón que hizo nacer en la conciencia de los españoles la necesidad de una Ley de la Memoria Histórica y que, a su abrigo, pretendió investigar no sólo los crímenes del franquismo sino los de las otras partes del conflicto. El mismo corajoso y honesto Baltasar Garzón que se atrevió a procesar a Pinochet, dándole a la justicia de países como Argentina y Chile un ejemplo de dignidad que luego sería continuado. Se invoca en España la Ley de Amnistía para justificar la persecución a Garzón pero, según mi opinión de ciudadano común, la Ley de Amnistía fue una manera hipócrita de intentar pasar página, equiparando a las víctimas con sus verdugos, en nombre de un igualmente hipócrita perdón general. Pero la página, al contrario de lo que piensan los enemigos de Baltasar Garzón, no se dejará pasar. Faltando Baltasar Garzón, suponiendo que se llegue a ese punto, será la conciencia de la parte más sana de la sociedad española la que exigirá la revocación de la Ley de Amnistía y que prosigan las investigaciones que permitirán poner la verdad en el lugar donde estaba faltando. No con leyes que son viciosamente despreciadas y mal interpretadas, no con una justicia que es ofendida todos los días. El destino del juez Baltasar Garzón está en las manos del pueblo español, no de los malos jueces que un anónimo pintor portugués retrató en el siglo XV.
José Saramago es premio Nobel de Literatura.
Ni leyes ni justicia
JOSÉ SARAMAGO 13/02/2010
En Portugal, en la aldea medieval de Monsaraz, hay un fresco alegórico de finales del siglo XV que representa al Buen Juez y al Mal Juez, el primero con una expresión grave y digna en el rostro y sosteniendo en la mano la recta vara de la justicia, el segundo con dos caras y la vara de la justicia quebrada. Por no se sabe qué razones, estas pinturas estuvieron escondidas tras un tabique de ladrillos durante siglos y sólo en 1958 pudieron ver la luz del día y ser apreciadas por los amantes del arte y de la justicia. De la justicia, digo bien, porque la lección cívica que esas antiguas figuras nos transmiten es clara e ilustrativa. Hay jueces buenos y justos a quienes se agradece que existan; hay otros que, proclamándose a sí mismos justos, de buenos tienen poco, y, finalmente, además de injustos, no son, dicho con otras palabras, a la luz de los más simples criterios éticos, buena gente. Nunca hubo una edad de oro para la justicia.
Hoy, ni oro, ni plata, vivimos en tiempos de plomo. Que lo diga el juez Baltasar Garzón que, víctima del despecho de algunos de sus pares demasiado complacientes con el fascismo que perdura tras el nombre de la Falange Española y de sus acólitos, vive bajo la amenaza de una inhabilitación de entre doce y dieciséis años que liquidaría definitivamente su carrera de magistrado. El mismo Garzón que, no siendo deportista de élite, no siendo ciclista ni futbolista o tenista, hizo universalmente conocido y respetado el nombre de España. El mismo Garzón que hizo nacer en la conciencia de los españoles la necesidad de una Ley de la Memoria Histórica y que, a su abrigo, pretendió investigar no sólo los crímenes del franquismo sino los de las otras partes del conflicto. El mismo corajoso y honesto Baltasar Garzón que se atrevió a procesar a Pinochet, dándole a la justicia de países como Argentina y Chile un ejemplo de dignidad que luego sería continuado. Se invoca en España la Ley de Amnistía para justificar la persecución a Garzón pero, según mi opinión de ciudadano común, la Ley de Amnistía fue una manera hipócrita de intentar pasar página, equiparando a las víctimas con sus verdugos, en nombre de un igualmente hipócrita perdón general. Pero la página, al contrario de lo que piensan los enemigos de Baltasar Garzón, no se dejará pasar. Faltando Baltasar Garzón, suponiendo que se llegue a ese punto, será la conciencia de la parte más sana de la sociedad española la que exigirá la revocación de la Ley de Amnistía y que prosigan las investigaciones que permitirán poner la verdad en el lugar donde estaba faltando. No con leyes que son viciosamente despreciadas y mal interpretadas, no con una justicia que es ofendida todos los días. El destino del juez Baltasar Garzón está en las manos del pueblo español, no de los malos jueces que un anónimo pintor portugués retrató en el siglo XV.
José Saramago es premio Nobel de Literatura.
quinta-feira, 11 de fevereiro de 2010
Justiça comunitária na Bolivia
Folha de São Paulo 11 de fevereiro de 2010
Ex-ministro boliviano é condenado a fazer tijolos de barro por dirigir bêbado
FLÁVIA MARREIRO
DA REPORTAGEM LOCAL
O ex-ministro da Educação da Bolívia Félix Patzi fabricou anteontem 300 tijolos de barro, parte da sentença imposta por sua comunidade indígena por ter sido flagrado dirigindo bêbado.
O resto da pena comunitária ele já cumprira no domingo: pediu, diante das TVs, perdão ao presidente Evo Morales, aimará como ele, e disse que, assim, estava livre para retomar a candidatura governista à chefia do Departamento de La Paz nas eleições de abril.
O caso gera debate na Bolívia: quais os limites da Justiça comunitária sob a nova Constituição? Quem terá a última palavra no fortalecido partido governista MAS (Movimento ao Socialismo)?
"Estão manipulando a Justiça comunitária por motivos políticos", disse à Folha o ex-vice-presidente Victor Hugo Cárdenas, aimará e crítico da Carta de Morales.
No começo do mês, Patzi tentou, sem sucesso, fugir de policiais após passar numa blitz em La Paz. Para seu azar, dias antes, Morales havia baixado decreto endurecendo as regras de trânsito: bêbados flagrados ao volante teriam a carteira cassada.
O presidente se enfureceu e anunciou que Patzi, que chegara a renunciar, estava vetado como candidato.
Enquanto promete terminar de fazer os tijolos (mil ao todo), Patzi, sociólogo expoente do movimento indígena, acusa o "entorno brancoide" de Morales de "preconceito" e de tentar alijá-los do poder. Também reclamou do rigor da "lei seca".
Não foi o único insatisfeito no país com altos índices de acidentes -não raro envolvendo álcool- nas sinuosas estradas. Ontem, motoristas de La Paz começaram greve contra a nova lei.
Ex-ministro boliviano é condenado a fazer tijolos de barro por dirigir bêbado
FLÁVIA MARREIRO
DA REPORTAGEM LOCAL
O ex-ministro da Educação da Bolívia Félix Patzi fabricou anteontem 300 tijolos de barro, parte da sentença imposta por sua comunidade indígena por ter sido flagrado dirigindo bêbado.
O resto da pena comunitária ele já cumprira no domingo: pediu, diante das TVs, perdão ao presidente Evo Morales, aimará como ele, e disse que, assim, estava livre para retomar a candidatura governista à chefia do Departamento de La Paz nas eleições de abril.
O caso gera debate na Bolívia: quais os limites da Justiça comunitária sob a nova Constituição? Quem terá a última palavra no fortalecido partido governista MAS (Movimento ao Socialismo)?
"Estão manipulando a Justiça comunitária por motivos políticos", disse à Folha o ex-vice-presidente Victor Hugo Cárdenas, aimará e crítico da Carta de Morales.
No começo do mês, Patzi tentou, sem sucesso, fugir de policiais após passar numa blitz em La Paz. Para seu azar, dias antes, Morales havia baixado decreto endurecendo as regras de trânsito: bêbados flagrados ao volante teriam a carteira cassada.
O presidente se enfureceu e anunciou que Patzi, que chegara a renunciar, estava vetado como candidato.
Enquanto promete terminar de fazer os tijolos (mil ao todo), Patzi, sociólogo expoente do movimento indígena, acusa o "entorno brancoide" de Morales de "preconceito" e de tentar alijá-los do poder. Também reclamou do rigor da "lei seca".
Não foi o único insatisfeito no país com altos índices de acidentes -não raro envolvendo álcool- nas sinuosas estradas. Ontem, motoristas de La Paz começaram greve contra a nova lei.
Mudança no perfil do processo penal no Brasil
Folha de São Paulo, quinta-feira, 11 de fevereiro de 2010
Para secretário da CGU, processo penal não tem fim
A dificuldade de punir criminalmente empresas no Brasil por atos de corrupção contra o poder público levou o governo a optar por sanções administrativas duras e claramente definidas.
Essa é a essência do projeto de lei enviado nesta semana ao Congresso, que busca responsabilizar civil e administrativamente pessoas jurídicas que lesem a administração pública, disse Luiz Navarro, secretário-executivo da CGU (Controladoria-Geral da União).
"Alguns países adotam a responsabilidade criminal das empresas. Não fomos por esse caminho porque achamos que no Brasil é um negócio que não tem fim o processo penal, pela infinidade de recursos. Se não termina nunca, eu não consigo efetivamente responsabilizar a empresa e seus dirigentes", explica Navarro.
A lógica do projeto, que apesar dos esforços da CGU dificilmente será votado neste ano eleitoral, foi desenvolvida a partir de estudo feito pela FGV (Fundação Getúlio Vargas) para a Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. "A conclusão foi justamente essa: no Brasil seria muito mais eficaz a responsabilização administrativa e civil do que a penal", disse o secretário.
O estudo da FGV conclui que "se a via penal sequer mostra-se eficaz para inibir determinadas condutas praticadas por pessoas naturais, parece ainda menos garantido que tal via possa ser eficaz para coibir práticas no âmbito das pessoas jurídicas".
Ao ser questionado sobre o lobby que parlamentares empresários poderão fazer no Congresso para postergar a votação do projeto ou até mesmo alterar a sua essência, o secretário-executivo da CGU reage com otimismo. "Espero que não [pressionem]. Essa é uma tendência mundial. O Brasil se comprometeu internacionalmente com a responsabilização das empresas por corrupção. Estamos cansados de impunidade." O empresariado brasileiro, acrescenta ele, investe hoje em ética corporativa e recebeu bem o projeto. "Numa competição legítima, uma empresa não pode ter vantagem em relação a outra porque pagou propina."
Ainda que aponte avanços no combate à corrupção no país, Navarro defende a reforma urgente do Código de Processo Penal: "O grande problema a ser combatido é a impunidade. Não pode haver essa infinidade de recursos".
Pelo projeto, atos ilícitos de empresas poderão gerar multa de 1% a 30% do faturamento bruto do último ano do exercício, rescisão de contratos, cassação de licenças e declaração de inidoneidade, entre outras punições. Se declarada inidônea -um processo que pode levar de três a seis meses-, a empresa não participará de licitação por no mínimo dois e por no máximo dez anos.
Para secretário da CGU, processo penal não tem fim
A dificuldade de punir criminalmente empresas no Brasil por atos de corrupção contra o poder público levou o governo a optar por sanções administrativas duras e claramente definidas.
Essa é a essência do projeto de lei enviado nesta semana ao Congresso, que busca responsabilizar civil e administrativamente pessoas jurídicas que lesem a administração pública, disse Luiz Navarro, secretário-executivo da CGU (Controladoria-Geral da União).
"Alguns países adotam a responsabilidade criminal das empresas. Não fomos por esse caminho porque achamos que no Brasil é um negócio que não tem fim o processo penal, pela infinidade de recursos. Se não termina nunca, eu não consigo efetivamente responsabilizar a empresa e seus dirigentes", explica Navarro.
A lógica do projeto, que apesar dos esforços da CGU dificilmente será votado neste ano eleitoral, foi desenvolvida a partir de estudo feito pela FGV (Fundação Getúlio Vargas) para a Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. "A conclusão foi justamente essa: no Brasil seria muito mais eficaz a responsabilização administrativa e civil do que a penal", disse o secretário.
O estudo da FGV conclui que "se a via penal sequer mostra-se eficaz para inibir determinadas condutas praticadas por pessoas naturais, parece ainda menos garantido que tal via possa ser eficaz para coibir práticas no âmbito das pessoas jurídicas".
Ao ser questionado sobre o lobby que parlamentares empresários poderão fazer no Congresso para postergar a votação do projeto ou até mesmo alterar a sua essência, o secretário-executivo da CGU reage com otimismo. "Espero que não [pressionem]. Essa é uma tendência mundial. O Brasil se comprometeu internacionalmente com a responsabilização das empresas por corrupção. Estamos cansados de impunidade." O empresariado brasileiro, acrescenta ele, investe hoje em ética corporativa e recebeu bem o projeto. "Numa competição legítima, uma empresa não pode ter vantagem em relação a outra porque pagou propina."
Ainda que aponte avanços no combate à corrupção no país, Navarro defende a reforma urgente do Código de Processo Penal: "O grande problema a ser combatido é a impunidade. Não pode haver essa infinidade de recursos".
Pelo projeto, atos ilícitos de empresas poderão gerar multa de 1% a 30% do faturamento bruto do último ano do exercício, rescisão de contratos, cassação de licenças e declaração de inidoneidade, entre outras punições. Se declarada inidônea -um processo que pode levar de três a seis meses-, a empresa não participará de licitação por no mínimo dois e por no máximo dez anos.
Anticorrupção e DeSanctis
Folha de São Paulo, quinta-feira, 11 de fevereiro de 2010
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Projeto anticorrupção é insuficiente, diz juiz
Para De Sanctis, medidas sugeridas pela ONU, como o estabelecimento de crime de enriquecimento ilícito, são mais eficazes
Segundo magistrado, o país se ressente de mecanismos para investigar corrupção, e as pessoas são acovardadas pela ineficácia do sistema
MARIO CESAR CARVALHO
DA REPORTAGEM LOCAL
O juiz federal Fausto Martin de Sanctis, da 6ª Vara Criminal Federal de SP, diz que o projeto de lei do governo para combater a corrupção é válido, mas "totalmente insuficiente" quando comparado a mecanismos propostos pela ONU (Organização das Nações Unidas) em convenções internacionais.
Juiz de casos rumorosos como os do banqueiro Daniel Dantas e da Camargo Corrêa, ele diz que duas das medidas preconizadas pela ONU seriam mais eficazes: a criação do crime de enriquecimento ilícito e a possibilidade de se processar criminalmente uma empresa.
A primeira medida está prevista na convenção da ONU sobre corrupção de 2003; a segunda faz parte da Constituição de 1988 e não foi regulamentada. Em entrevista à Folha, o juiz critica a impunidade: "A ineficácia, infelizmente, é a marca da Justiça criminal".
FOLHA - O governo quer punir com multas e até com o fechamento as empresas envolvidas com corrupção. Isso é suficiente?
FAUSTO MARTIN DE SANCTIS - Toda medida de combate à corrupção é válida. É válida, mas é totalmente insuficiente diante dos mecanismos que são propostos em foros mundiais.
FOLHA - Que mecanismos?
DE SANCTIS - O mecanismo mais falado pela convenção da ONU é o estabelecimento pelo país do crime de enriquecimento ilícito. Existe um projeto de lei, mas não está caminhando [no Congresso]. A convenção sobre corrupção é de 2003 e até hoje o país não adotou as medidas.
FOLHA - Sem punir o enriquecimento ilícito seriam inócuas as outras medidas contra a corrupção?
DE SANCTIS - Transformar o enriquecimento ilícito em crime é uma medida preventiva que tem eficácia em si. Existem outras medidas, como a ação civil de domínio. É para obter valores de pessoas físicas -e poderia se incluir a pessoa jurídica- que obtiveram recursos com corrupção. Isso já foi implantado nos EUA, Inglaterra, Colômbia, Itália.
FOLHA - O Estado toma o bem proveniente de corrupção?
DE SANCTIS - Sim. Existem outras medidas. Autoridades estrangeiras questionam o Brasil porque a Constituição prevê a responsabilidade penal da pessoa jurídica em matéria de delito econômico e lavagem e o país nada fez para implantá-la.
FOLHA - O projeto de lei prevê multas e a extinção da empresa, mas na área administrativa. Qual a vantagem da ação criminal?
DE SANCTIS - A ação penal é mais interessante porque possibilita, com todas as garantias previstas, uma defesa maior para a pessoa jurídica.
FOLHA - A vara que o sr. dirige existe há seis anos e não tem nenhum processo por corrupção.
DE SANCTIS - Também fico surpreso que uma vara especializada em lavagem de dinheiro, que tem entre seus crimes antecedentes a corrupção, não tenha processos de corrupção. O país se ressente de mecanismos para investigar corrupção. Aqui as pessoas estão acovardadas pela ineficácia do sistema. Pessoas que querem delatar crimes não se sentem motivadas a fazê-lo por medo de represálias.
FOLHA - Por quê?
DE SANCTIS - Existe boa vontade para combater, mas não existem mecanismos e suporte dos especialistas e dos operadores de direito. A polícia deveria ter independência funcional e orçamentária. O Ministério Público poderia se valer de técnicas especiais de investigação, como a infiltração, sem causar tanta surpresa, como ocorre no exterior. Outro problema é a inexistência de crime para a pessoa que não comunica operações suspeitas. A não comunicação deveria ser crime.
FOLHA - Nos EUA, o caso Enron levou dois anos e meio até a punição criminal. Por que no Brasil os processos se arrastam por anos?
DE SANCTIS - O Brasil possui um sistema jurídico altamente complexo, que permite uma quantidade de recursos que torna o processo penal praticamente ineficiente. Isso aniquila outros direitos fundamentais.
FOLHA - O direito de defesa é superestimado no país?
DE SANCTIS - O país precisa decidir o que quer das instituições. Quer um país que funcione? Se quer, vai ter que fazer uma reflexão sobre os direitos fundamentais. As interpretações que existem hoje acabam aniquilando o direito à Justiça. Não quero de jeito algum desprestigiar o direito de defesa, que é primordial. Mas os direitos têm de ser flexibilizados. Nenhum direito é absoluto. Tudo que é absoluto vira aberração e acaba gerando a impunidade e a ineficácia absoluta. É o que ocorre. A ineficácia, infelizmente, é a marca da Justiça criminal.
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Projeto anticorrupção é insuficiente, diz juiz
Para De Sanctis, medidas sugeridas pela ONU, como o estabelecimento de crime de enriquecimento ilícito, são mais eficazes
Segundo magistrado, o país se ressente de mecanismos para investigar corrupção, e as pessoas são acovardadas pela ineficácia do sistema
MARIO CESAR CARVALHO
DA REPORTAGEM LOCAL
O juiz federal Fausto Martin de Sanctis, da 6ª Vara Criminal Federal de SP, diz que o projeto de lei do governo para combater a corrupção é válido, mas "totalmente insuficiente" quando comparado a mecanismos propostos pela ONU (Organização das Nações Unidas) em convenções internacionais.
Juiz de casos rumorosos como os do banqueiro Daniel Dantas e da Camargo Corrêa, ele diz que duas das medidas preconizadas pela ONU seriam mais eficazes: a criação do crime de enriquecimento ilícito e a possibilidade de se processar criminalmente uma empresa.
A primeira medida está prevista na convenção da ONU sobre corrupção de 2003; a segunda faz parte da Constituição de 1988 e não foi regulamentada. Em entrevista à Folha, o juiz critica a impunidade: "A ineficácia, infelizmente, é a marca da Justiça criminal".
FOLHA - O governo quer punir com multas e até com o fechamento as empresas envolvidas com corrupção. Isso é suficiente?
FAUSTO MARTIN DE SANCTIS - Toda medida de combate à corrupção é válida. É válida, mas é totalmente insuficiente diante dos mecanismos que são propostos em foros mundiais.
FOLHA - Que mecanismos?
DE SANCTIS - O mecanismo mais falado pela convenção da ONU é o estabelecimento pelo país do crime de enriquecimento ilícito. Existe um projeto de lei, mas não está caminhando [no Congresso]. A convenção sobre corrupção é de 2003 e até hoje o país não adotou as medidas.
FOLHA - Sem punir o enriquecimento ilícito seriam inócuas as outras medidas contra a corrupção?
DE SANCTIS - Transformar o enriquecimento ilícito em crime é uma medida preventiva que tem eficácia em si. Existem outras medidas, como a ação civil de domínio. É para obter valores de pessoas físicas -e poderia se incluir a pessoa jurídica- que obtiveram recursos com corrupção. Isso já foi implantado nos EUA, Inglaterra, Colômbia, Itália.
FOLHA - O Estado toma o bem proveniente de corrupção?
DE SANCTIS - Sim. Existem outras medidas. Autoridades estrangeiras questionam o Brasil porque a Constituição prevê a responsabilidade penal da pessoa jurídica em matéria de delito econômico e lavagem e o país nada fez para implantá-la.
FOLHA - O projeto de lei prevê multas e a extinção da empresa, mas na área administrativa. Qual a vantagem da ação criminal?
DE SANCTIS - A ação penal é mais interessante porque possibilita, com todas as garantias previstas, uma defesa maior para a pessoa jurídica.
FOLHA - A vara que o sr. dirige existe há seis anos e não tem nenhum processo por corrupção.
DE SANCTIS - Também fico surpreso que uma vara especializada em lavagem de dinheiro, que tem entre seus crimes antecedentes a corrupção, não tenha processos de corrupção. O país se ressente de mecanismos para investigar corrupção. Aqui as pessoas estão acovardadas pela ineficácia do sistema. Pessoas que querem delatar crimes não se sentem motivadas a fazê-lo por medo de represálias.
FOLHA - Por quê?
DE SANCTIS - Existe boa vontade para combater, mas não existem mecanismos e suporte dos especialistas e dos operadores de direito. A polícia deveria ter independência funcional e orçamentária. O Ministério Público poderia se valer de técnicas especiais de investigação, como a infiltração, sem causar tanta surpresa, como ocorre no exterior. Outro problema é a inexistência de crime para a pessoa que não comunica operações suspeitas. A não comunicação deveria ser crime.
FOLHA - Nos EUA, o caso Enron levou dois anos e meio até a punição criminal. Por que no Brasil os processos se arrastam por anos?
DE SANCTIS - O Brasil possui um sistema jurídico altamente complexo, que permite uma quantidade de recursos que torna o processo penal praticamente ineficiente. Isso aniquila outros direitos fundamentais.
FOLHA - O direito de defesa é superestimado no país?
DE SANCTIS - O país precisa decidir o que quer das instituições. Quer um país que funcione? Se quer, vai ter que fazer uma reflexão sobre os direitos fundamentais. As interpretações que existem hoje acabam aniquilando o direito à Justiça. Não quero de jeito algum desprestigiar o direito de defesa, que é primordial. Mas os direitos têm de ser flexibilizados. Nenhum direito é absoluto. Tudo que é absoluto vira aberração e acaba gerando a impunidade e a ineficácia absoluta. É o que ocorre. A ineficácia, infelizmente, é a marca da Justiça criminal.
Novo texto de Dworkin
http://www.nybooks.com/articles/23678 Foi enviado esse texto do New York Review of Books pelo Prof Farlei Martins da Ucan e doutorando de Direito da Puc-Rio
quarta-feira, 10 de fevereiro de 2010
Precatórios e o STF
Valor Economico 10 de fevereiro de 2010
Dívida pública: OAB pede análise da Emenda 62, que revogou a 30Com dez anos de atraso, STF pode julgar precatórios
Hoje, exatamente dois meses após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 62, que alterou a forma de quitação dos precatórios pelos governos, o Supremo Tribunal Federal (STF) se reúne para analisar a constitucionalidade da mudança nas regras de pagamento das dívidas da União, Estados e municípios. Com um detalhe: a alteração na Constituição que deve passar pelo crivo da Corte não é a realizada em 10 de dezembro do ano passado, mas uma anterior, promovida há dez anos pela Emenda Constitucional nº 30, de 13 de setembro de 2000. O atraso de dez anos no julgamento da Emenda 30 e sua colocação em pauta - logo após a nova emenda ter sua constitucionalidade também questionada em duas ações - levou a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) a pedir que o Supremo ignore as regras processuais e julgue a validade das duas emendas ao mesmo tempo.
Os ministros do Supremo chegam ao plenário da Corte hoje tendo em mãos um memorial da OAB com um pedido para que as quatro ações diretas de inconstitucionalidade (Adins) - duas contra a Emenda 30 e duas contra a Emenda 62 - sejam julgadas simultaneamente. Segundo o memorial, entregue aos ministros na segunda-feira, "estamos em 2010 e sequer a constitucionalidade da segunda moratória de 2000, objeto deste julgamento, foi pacificada através dos anos e já temos em vigor uma nova moratória, esta ainda mais letal e sofisticadamente inconstitucional". Com o argumento de que se trata da "insegurança jurídica e legislativa no seu ápice", a OAB pede "que o Supremo promova o julgamento simultâneo das Adins".
Na pauta de hoje do Supremo há quatro processos que questionam a constitucionalidade da Emenda 30: duas Adins, impetradas pela OAB e pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), e dois recursos extraordinários propostos pelo município de São Bernardo do Campo e pela Universidade Federal do Paraná. As Adins alegam ser inconstitucional o artigo 2º da Emenda 30, que permitiu o parcelamento dos precatórios decorrentes de desapropriações em dez anos, inclusive para os já expedidos na época em que a emenda entrou em vigor e para as ações ajuizadas até 1999. Já os recursos contestam a incidência de juros de mora e de juros compensatórios sobre os valores dos precatórios devidos.
Se o Supremo julgar inconstitucional a Emenda 30, todos os parcelamentos feitos nos últimos dez anos perderiam a validade. O problema é que há precatórios parcelados em 2000 que já foram quase totalmente quitados - como o emitido por conta da desapropriação da área onde hoje está o parque Villa-Lobos, na capital paulista, cuja nona e milionária parcela foi paga em dezembro. Reverter situações como essa seria praticamente impossível.
Durante os dez anos de tramitação no Supremo, as ações contra a Emenda 30 mudaram de relator e tiveram longos pedidos de vista. A ministra Ellen Gracie pediu vista em 18 de fevereiro de 2002 e devolveu o processo apenas em 9 de julho de 2004, enquanto o ministro Cezar Peluso ficou com os autos em seu gabinete de 2 de setembro de 2004 até 3 de julho do ano passado. A demora foi tanta que a emenda já foi revogada - pela Emenda 62, que entrou em vigor em dezembro. Ou seja, qualquer que seja a decisão do Supremo tomar, ela só valerá para pagamento já feitos de precatórios. Por conta disso, advogados não acreditam que os ministros julguem as ações contra a Emenda 30. O advogado Nelson Lacerda, do escritório Lacerda e Lacerda, acredita que a Emenda 30 só será levada a julgamento hoje para "limpar a pauta" do Supremo.
Por outro lado, para julgar hoje as novas ações ajuizadas contra a nova Emenda 62 pela OAB e por associações de juízes - motivo do memorial entregue pela Ordem aos ministros -, o Supremo teria que passar por cima de regras processuais, já que as ações tratam de leis diferentes. Ainda assim, a entidade espera que a Corte sinalize soluções para o problema das dívidas de Estados e municípios. Na Adin que ajuizou no tribunal, cinco dias após a entrada em vigor da Emenda 62, a OAB incluiu pedidos como a realização de audiência pública para discutir o tema e documentos sobre soluções de mercado que permitam a circulação dos títulos - como a criação de um fundo de infraestrutura com precatórios.
O ministro relator da ação, Carlos Ayres Britto, pediu a todos os tribunais do país informações sobre os precatórios pagos nos últimos dez anos e as dívidas pendentes e a todas as secretarias estaduais de Fazenda os valores de suas receitas para levar o caso a julgamento no plenário. Diante do volume de dados, isso pode demorar anos, gerando entre advogados o temor de que o julgamento da Emenda 62 siga o mesmo rumo da Emenda 30. Para o advogado Nelson Lacerda, "o Supremo colocou o bode na sala".
Dívida pública: OAB pede análise da Emenda 62, que revogou a 30Com dez anos de atraso, STF pode julgar precatórios
Hoje, exatamente dois meses após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 62, que alterou a forma de quitação dos precatórios pelos governos, o Supremo Tribunal Federal (STF) se reúne para analisar a constitucionalidade da mudança nas regras de pagamento das dívidas da União, Estados e municípios. Com um detalhe: a alteração na Constituição que deve passar pelo crivo da Corte não é a realizada em 10 de dezembro do ano passado, mas uma anterior, promovida há dez anos pela Emenda Constitucional nº 30, de 13 de setembro de 2000. O atraso de dez anos no julgamento da Emenda 30 e sua colocação em pauta - logo após a nova emenda ter sua constitucionalidade também questionada em duas ações - levou a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) a pedir que o Supremo ignore as regras processuais e julgue a validade das duas emendas ao mesmo tempo.
Os ministros do Supremo chegam ao plenário da Corte hoje tendo em mãos um memorial da OAB com um pedido para que as quatro ações diretas de inconstitucionalidade (Adins) - duas contra a Emenda 30 e duas contra a Emenda 62 - sejam julgadas simultaneamente. Segundo o memorial, entregue aos ministros na segunda-feira, "estamos em 2010 e sequer a constitucionalidade da segunda moratória de 2000, objeto deste julgamento, foi pacificada através dos anos e já temos em vigor uma nova moratória, esta ainda mais letal e sofisticadamente inconstitucional". Com o argumento de que se trata da "insegurança jurídica e legislativa no seu ápice", a OAB pede "que o Supremo promova o julgamento simultâneo das Adins".
Na pauta de hoje do Supremo há quatro processos que questionam a constitucionalidade da Emenda 30: duas Adins, impetradas pela OAB e pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), e dois recursos extraordinários propostos pelo município de São Bernardo do Campo e pela Universidade Federal do Paraná. As Adins alegam ser inconstitucional o artigo 2º da Emenda 30, que permitiu o parcelamento dos precatórios decorrentes de desapropriações em dez anos, inclusive para os já expedidos na época em que a emenda entrou em vigor e para as ações ajuizadas até 1999. Já os recursos contestam a incidência de juros de mora e de juros compensatórios sobre os valores dos precatórios devidos.
Se o Supremo julgar inconstitucional a Emenda 30, todos os parcelamentos feitos nos últimos dez anos perderiam a validade. O problema é que há precatórios parcelados em 2000 que já foram quase totalmente quitados - como o emitido por conta da desapropriação da área onde hoje está o parque Villa-Lobos, na capital paulista, cuja nona e milionária parcela foi paga em dezembro. Reverter situações como essa seria praticamente impossível.
Durante os dez anos de tramitação no Supremo, as ações contra a Emenda 30 mudaram de relator e tiveram longos pedidos de vista. A ministra Ellen Gracie pediu vista em 18 de fevereiro de 2002 e devolveu o processo apenas em 9 de julho de 2004, enquanto o ministro Cezar Peluso ficou com os autos em seu gabinete de 2 de setembro de 2004 até 3 de julho do ano passado. A demora foi tanta que a emenda já foi revogada - pela Emenda 62, que entrou em vigor em dezembro. Ou seja, qualquer que seja a decisão do Supremo tomar, ela só valerá para pagamento já feitos de precatórios. Por conta disso, advogados não acreditam que os ministros julguem as ações contra a Emenda 30. O advogado Nelson Lacerda, do escritório Lacerda e Lacerda, acredita que a Emenda 30 só será levada a julgamento hoje para "limpar a pauta" do Supremo.
Por outro lado, para julgar hoje as novas ações ajuizadas contra a nova Emenda 62 pela OAB e por associações de juízes - motivo do memorial entregue pela Ordem aos ministros -, o Supremo teria que passar por cima de regras processuais, já que as ações tratam de leis diferentes. Ainda assim, a entidade espera que a Corte sinalize soluções para o problema das dívidas de Estados e municípios. Na Adin que ajuizou no tribunal, cinco dias após a entrada em vigor da Emenda 62, a OAB incluiu pedidos como a realização de audiência pública para discutir o tema e documentos sobre soluções de mercado que permitam a circulação dos títulos - como a criação de um fundo de infraestrutura com precatórios.
O ministro relator da ação, Carlos Ayres Britto, pediu a todos os tribunais do país informações sobre os precatórios pagos nos últimos dez anos e as dívidas pendentes e a todas as secretarias estaduais de Fazenda os valores de suas receitas para levar o caso a julgamento no plenário. Diante do volume de dados, isso pode demorar anos, gerando entre advogados o temor de que o julgamento da Emenda 62 siga o mesmo rumo da Emenda 30. Para o advogado Nelson Lacerda, "o Supremo colocou o bode na sala".
Quem controla o Estado Brasileiro
Valor Economico
AGU, Ministério Público e Minc buscam saída para ações contra usina
Juliano Basile, de Brasília
10/02/2010
Luís Adams: "É um tema nacional a ser discutido por chefes de instituições públicas"
Agentes públicos do governo Lula já foram acionados na Justiça mais de 830 vezes, apenas nos últimos três anos, por conta de obras ou atos de gestão, e boa parte dessas ações foi proposta por integrantes do Ministério Público. Foi esse levantamento que levou o advogado-geral da União, ministro Luís Inácio Adams, a advertir os procuradores do Pará que ameaçaram ingressar com ações contra os técnicos do governo que cuidam do processo de licenciamento ambiental da usina de Belo Monte.
O episódio levou a um impasse entre a AGU e o Ministério Público Federal, pois o procurador-geral da República, Roberto Gurgel, respondeu imediatamente às críticas de Adams, fazendo a defesa da base do MPF.
O impasse começou a ser superado, anteontem, em reunião entre Adams e Gurgel. O encontro contou ainda com o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, e procuradores do Pará. Os procuradores disseram que não pretendiam ingressar com novas ações antes de conhecer os termos da licença prévia ambiental concedida pelo Ibama para a hidrelétrica. Eles alegaram a Adams que não foram bem compreendidos pelos jornais que divulgaram que eles entrariam com ações contra Belo Monte.
Minc defendeu o processo técnico de licenciamento ambiental. Ele disse que é favorável à hidrelétrica desde que se cumpram, passo a passo, as exigências ambientais na região, onde vivem índios, animais e comunidades extrativistas.
Gurgel defendeu o papel do Ministério Público de acompanhar esse processo e de ingressar com ações, caso verifique ilegalidades. Por outro lado, ele garantiu que abusos de procuradores serão levados ao Conselho Nacional do MP para julgamento. O procurador-geral também informou a Adams que reconhece o papel da Advocacia-Geral da União de defender os agentes públicos, em especial do Ibama.
Por fim, Adams disse que o conflito com o MP ocorreu porque o movimento dos procuradores focou os agentes públicos. Isso seria, segundo ele, uma forma de intimidação. "Esses agentes ficam com medo de tomar novas decisões", justificou.
O advogado-geral também criticou integrantes do MPF que esvaziaram uma audiência pública sobre Belo Monte, em Belém, ao pedir a todos os presentes que fossem embora simplesmente por serem contrários à hidrelétrica. "Isso não é função da instituição Ministério Público. É um ato de agente político e não de agente de Estado", diferenciou.
Para Adams, o encontro com Gurgel deu à construção de Belo Monte um foro qualificado. "Agora, não é mais uma questão local, de Altamira, ou do Pará. É um tema nacional, que vai ser discutido por chefes de instituições públicas." O advogado-geral acredita que o processo de construção da usina ganhou novo impulso por conta desse episódio e, com isso, haverá menos interrupções. "Houve um momento de conflito ao tornarmos públicas nossas críticas, mas, agora, evoluímos para uma compreensão."
Apesar do acerto de intenções, a AGU deverá entrar com representação contra procuradores que questionaram os procedimentos para a construção das usinas de Jirau, no rio Madeira, e Belo Monte.
As mais de 830 ações contra os agentes públicos envolvem desde técnicos subalternos do Ibama, como Adriano Rafael Arrepia de Queiroz, o coordenador de licenciamento que atua em Belo Monte, até ministros, autoridades do primeiro escalão do governo e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. São 724 ações contra servidores da administração direta, como ministérios do governo, e mais de cem processos envolvendo técnicos da administração indireta, como autarquias.
Há ações de improbidade contra servidores que inscreveram empresas no Cadastro Nacional de Inadimplentes (Cadin), que deram registro de patente ou que liberaram importações. Há professores federais acionados por abandonar alunos durante doutorado e engenheiros do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes acusados de homicídio por causa de acidentes em rodovias federais. Na área ambiental, técnicos do Ibama que liberam obras são constantemente acusados de crimes.
Queiroz sofreu ação de improbidade pelo fato de liberar as audiências públicas para a construção da hidrelétrica. Para a AGU, a ação funciona como uma ameaça, pois, se aceita, o coordenador do Ibama pode perder nomeações, pagar multas e, em último caso, ser exonerado e perder os direitos políticos (não votar nem ser votado).
Lula responde a diversas ações populares por atos de governo. O presidente é réu em Chapecó, no interior de Santa Catarina, por ter assinado medida provisória vedando o ressarcimento do DPVAT (seguro obrigatório de veículos) para quem tem assistência do Sistema Único de Saúde (SUS). Em outra ação, em Blumenau, Lula é réu por ter criado o Parque Nacional do Itajaí, em 2004. Num terceiro processo, o presidente responde, junto com o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, pela liberação de R$ 750 milhões de créditos no orçamento com o objetivo de fazer superávit no balanço patrimonial da União. Lula sofreu uma ação de improbidade por causa de arrecadações do Fundo Penitenciário, mas essa foi julgada improcedente pela Justiça.
AGU, Ministério Público e Minc buscam saída para ações contra usina
Juliano Basile, de Brasília
10/02/2010
Luís Adams: "É um tema nacional a ser discutido por chefes de instituições públicas"
Agentes públicos do governo Lula já foram acionados na Justiça mais de 830 vezes, apenas nos últimos três anos, por conta de obras ou atos de gestão, e boa parte dessas ações foi proposta por integrantes do Ministério Público. Foi esse levantamento que levou o advogado-geral da União, ministro Luís Inácio Adams, a advertir os procuradores do Pará que ameaçaram ingressar com ações contra os técnicos do governo que cuidam do processo de licenciamento ambiental da usina de Belo Monte.
O episódio levou a um impasse entre a AGU e o Ministério Público Federal, pois o procurador-geral da República, Roberto Gurgel, respondeu imediatamente às críticas de Adams, fazendo a defesa da base do MPF.
O impasse começou a ser superado, anteontem, em reunião entre Adams e Gurgel. O encontro contou ainda com o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, e procuradores do Pará. Os procuradores disseram que não pretendiam ingressar com novas ações antes de conhecer os termos da licença prévia ambiental concedida pelo Ibama para a hidrelétrica. Eles alegaram a Adams que não foram bem compreendidos pelos jornais que divulgaram que eles entrariam com ações contra Belo Monte.
Minc defendeu o processo técnico de licenciamento ambiental. Ele disse que é favorável à hidrelétrica desde que se cumpram, passo a passo, as exigências ambientais na região, onde vivem índios, animais e comunidades extrativistas.
Gurgel defendeu o papel do Ministério Público de acompanhar esse processo e de ingressar com ações, caso verifique ilegalidades. Por outro lado, ele garantiu que abusos de procuradores serão levados ao Conselho Nacional do MP para julgamento. O procurador-geral também informou a Adams que reconhece o papel da Advocacia-Geral da União de defender os agentes públicos, em especial do Ibama.
Por fim, Adams disse que o conflito com o MP ocorreu porque o movimento dos procuradores focou os agentes públicos. Isso seria, segundo ele, uma forma de intimidação. "Esses agentes ficam com medo de tomar novas decisões", justificou.
O advogado-geral também criticou integrantes do MPF que esvaziaram uma audiência pública sobre Belo Monte, em Belém, ao pedir a todos os presentes que fossem embora simplesmente por serem contrários à hidrelétrica. "Isso não é função da instituição Ministério Público. É um ato de agente político e não de agente de Estado", diferenciou.
Para Adams, o encontro com Gurgel deu à construção de Belo Monte um foro qualificado. "Agora, não é mais uma questão local, de Altamira, ou do Pará. É um tema nacional, que vai ser discutido por chefes de instituições públicas." O advogado-geral acredita que o processo de construção da usina ganhou novo impulso por conta desse episódio e, com isso, haverá menos interrupções. "Houve um momento de conflito ao tornarmos públicas nossas críticas, mas, agora, evoluímos para uma compreensão."
Apesar do acerto de intenções, a AGU deverá entrar com representação contra procuradores que questionaram os procedimentos para a construção das usinas de Jirau, no rio Madeira, e Belo Monte.
As mais de 830 ações contra os agentes públicos envolvem desde técnicos subalternos do Ibama, como Adriano Rafael Arrepia de Queiroz, o coordenador de licenciamento que atua em Belo Monte, até ministros, autoridades do primeiro escalão do governo e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. São 724 ações contra servidores da administração direta, como ministérios do governo, e mais de cem processos envolvendo técnicos da administração indireta, como autarquias.
Há ações de improbidade contra servidores que inscreveram empresas no Cadastro Nacional de Inadimplentes (Cadin), que deram registro de patente ou que liberaram importações. Há professores federais acionados por abandonar alunos durante doutorado e engenheiros do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes acusados de homicídio por causa de acidentes em rodovias federais. Na área ambiental, técnicos do Ibama que liberam obras são constantemente acusados de crimes.
Queiroz sofreu ação de improbidade pelo fato de liberar as audiências públicas para a construção da hidrelétrica. Para a AGU, a ação funciona como uma ameaça, pois, se aceita, o coordenador do Ibama pode perder nomeações, pagar multas e, em último caso, ser exonerado e perder os direitos políticos (não votar nem ser votado).
Lula responde a diversas ações populares por atos de governo. O presidente é réu em Chapecó, no interior de Santa Catarina, por ter assinado medida provisória vedando o ressarcimento do DPVAT (seguro obrigatório de veículos) para quem tem assistência do Sistema Único de Saúde (SUS). Em outra ação, em Blumenau, Lula é réu por ter criado o Parque Nacional do Itajaí, em 2004. Num terceiro processo, o presidente responde, junto com o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, pela liberação de R$ 750 milhões de créditos no orçamento com o objetivo de fazer superávit no balanço patrimonial da União. Lula sofreu uma ação de improbidade por causa de arrecadações do Fundo Penitenciário, mas essa foi julgada improcedente pela Justiça.
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