Gargarella e a Reforma do Judiciário na Argentina

Leiam os comentários de Gargarella como a Corte Suprema da Argentina decidiu a reforma do judiciário. Vejam o voto dissidente de Zaffaroni




19/06/2013

Breves apuntes sobre el fallo contra la reforma judicial



Publicadas por rg



La Corte terminó ayer de hundir la grave iniciativa de reforma judicial que había impulsado el gobierno: una reforma que era mala, reaccionaria e inconstitucional desde el momento de su nacimiento. El fallo de la Corte es sencillo, clarísimo, bien argumentado, lo que no es poco a la luz de todo lo que se dijo en este tiempo, sobre el mismo tema. M.Bohmer comenta bien y brevemente el fallo, acá; mientras que M.Wainfeld presenta un análisis a mi parecer muy partidista, acá. En estos días hablamos ya demasiado sobre el caso, por lo que a continuación me limitaré a anotar sólo unos breves apuntes en torno al último fallo.



* Es notable que el único voto disidente, el de Zaffaroni, defienda la reforma en los términos en que lo hace: dice que la misma incluye aspectos problemáticos, generadores de graves "dificultades;" que ella constituye, seguramente, "un nuevo error político" (el subrayado es mío pero la calificación es suya); que la iniciativa se encuentra muy probablemente "condenada al fracaso" (¡). El juez salva la reforma, básicamente, porque la misma, a su juicio, no presenta una "inconstitucionalidad manifiesta". Es decir, el único juez que vota en favor de la reforma, reconoce que se trata de un proyecto muy malo, un grave error (que los colegas de Justicia Legítima se han resistido a considerar como tal). En todo caso, también es llamativo que el análisis de Wainfeld, que gira elogiosamente en torno al voto de Zaffaroni, no se detenga debidamente en las críticas del juez, ni se explaye en el estudio crítico de este "nuevo error" del gobierno.



* La mayoría de los colegas que analizaron el fallo (no, por ejemplo, el amigo G.Maurino) ha dejado pasar de largo un dato muy importante del mismo: el contundente 6 a 1 del resultado se convierte en estruendoso 7 a 0 en un punto: todos los jueces rechazan el reaccionario examen de la legitimación hecho en el contradictorio, sorprendentemente flojo dictamen de la Procuradora General Gils Carbó. Todos, incluyendo a Zaffaroni, repudiaron lo dicho por ese dictamen respecto de quiénes están autorizados a presentar un caso. Para decir de un modo sencillo y simple algo que alguna vez estudiamos largamente y de modo comparativo (en este libro, acá): la justicia tiende a resultar más conservadora cuanto más se cierra la puerta de entrada a los tribunales, y más progresista cuanto más se abre esa puerta. La Argentina, como los Estados Unidos, se caracterizó por tener un sistema muy cerrado, formalista, costoso, de acceso a la justicia. Por ello mismo, es muy muy muy impresionante que la jefa de Justicia Legítima haya suscrito, en su dictamen, la versión más conservadora y reaccionaria que existe en el mundo, en la materia. Su conservadurismo llega tan lejos que termina fundando su extremismo en la opinión de un juez que representa, seguramente, al ala más conservadora de la Corte norteamericana, en toda su historia (A. Scalia). Notable escala descendente para un dictamen descarnadamente antipopular, a la hora de la verdad.



* Para dejar en claro el punto anterior: La jefa de Justicia Legítima redactó un dictamen lleno de elogios a la participación popular, pero en el momento realmente importante, en el momento en que pudo respaldar una apertura diáfana, clarísima, a la participación popular...cerró violentamente la puerta de los tribunales, y se atrincheró en la versión más conservadora imaginable del derecho. Esto es decir: a la hora de la verdad, dejó en claro que la participación popular molesta. Sería bueno preguntarle a los miembros de Justicia Legítima están de acuerdo con la postura de su jefa, en este punto. Si dicen que sí, habrán confirmado lo que temía: Justicia Legítima asume una actitud gravemente hipócrita, y habla y habla de participación, pero cuando tiene la gran oportunidad de apoyarla realmente, la rechaza. Lo que le interesa, únicamente, es respaldar a su líder (la Presidenta). Ahora bien, a los colegas de Justicia Legítima, acostumbrados a cierta obediencia debida, les recomendaría que piensen bien su respuesta: Zaffaroni rechazó lo dicho por Gils Carbó. Entonces, si están junto con el juez en este punto, les pediría que hagan algo por rectificar lo que dice la cabeza visible del movimiento justamente en este punto, absolutamente crucial para ver qué pensamos sobre el derecho y sobre el acceso del pueblo a los tribunales. Me encantaría que, una vez al menos, fueran claros en su respuesta sobre este punto.



* Por si alguno no lo quiere ver, es importante dejar en claro que el rechazo efectivo a la participación popular, suscrito por Gils Carbó, es consistente con todo lo que ha venido haciendo el gobierno en la materia: a pesar de su retórica no motorizó reformas sencillímas para facilitar el acceso de los pobres a la justicia; no redujo los costos y formalismos del litigio, pudiendo hacerlo; no impulsó el mecanismo de juicio por jurados (mucho menos en su buena versión); tachó bruscamente, del proyecto de reforma del Código Civil, toda referencia a las acciones colectivas y acciones de clase, que el proyecto incluía (por qué habrá sido? lo podrá explicar Justicia Legítima); y para colmo de colmos, la Presidenta (como el ex Presidente Kirchner) no deja de pasar oportunidad para decir qué es lo que más le molesta de la justicia: que los delincuentes "entren por una puerta y salgan por la otra", suscribiendo así la versión más reaccionaria y anti-garantista posible sobre el derecho (la que explica Proyecto X, la infiltración de los organismos de derechos humanos con personal de inteligencia, o la política del Ministerio de Seguridad en manos de un ex carapintada golpista).



* Finalmente, una consideración política: creo que hace rato al gobierno no le interesaba más la reforma judicial. La reforma, improvisada, hecha de modo atolondrado y sin discusión, nació bajo la presión por conseguir varios objetivos acumulados y contradictorios, propios de las distintas manos que intervinieron en ella: Se quiso con la reforma parar los juicios de los pobres jubilados; levantar el poder de amenaza gubernamental sobre los jueces díscolos; agregar una nueva barrera contra los marginados que protestan por los pésimos servicios públicos; intervenir sobre las próximas elecciones, nacionalizándolas y afectando las chances electorales de la oposición; etc. Con el andar del tiempo, el gobierno terminó contentándose con otro objetivo, lateral en la reforma pero central en sus ambiciones: instalar la idea de que la soberanía popular se encuentra por encima de la Constitución y los fallos de la Corte -adviértase lo que dijo ayer mismo nuestro realmente penoso Ministro de Justicia (acá). Es decir, el gobierno viene usando la discusión de la reforma judicial para reinstalar la idea de que si el pueblo lo quisiera, ni la Corte ni la Constitución deberían frenar una reelección presidencial. En definitiva, lo mismo que decía el conservador Presidente Uribe, en Colombia, cuando buscaba la reelección que la Corte le frenaba; lo mismo que dijeron el Presidente Menem y su ladero jurídico Rodolfo Barra, cuando intentaron la tercera reelección. No hace falta decirlo: todos fracasaron.