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Folha de São Paulo, segunda-feira, 31 de maio de 2010
"Comando paulista" no CNJ levou a atrito Gilmar-Peluso
Para ex-presidente STF, juízes auxiliares provocam "intriga" entre gestões
Gilmar Mendes avalia que integrantes do CNJ passam "informações equivocadas" a Peluso, para provocar confronto
FELIPE SELIGMAN
DE BRASÍLIA
O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes está irritado com atuação de juízes auxiliares do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) nomeados pelo atual presidente do STF e do órgão, Cezar Peluso.
Na avaliação de Mendes, segundo a Folha apurou, esses juízes auxiliares causam "intrigas" entre as gestões dos dois colegas.
Essa é a razão da troca de e-mails em tom ríspido entre Mendes e Peluso, revelada ontem pela Folha.
Mendes escreveu a Peluso porque tomou conhecimento de que havia sido criticado, na frente dos demais 14 conselheiros do CNJ, pelos gastos do órgão com diárias e passagens do programa do mutirão carcerário -menina dos olhos de Mendes.
Para Mendes, segundo a reportagem apurou, os juízes nomeados por Peluso estariam lhe passando "informações equivocadas" sobre sua gestão para causar intriga.
De acordo com relatos, decisões do CNJ contrárias ao Tribunal de Justiça de São Paulo também podem ter levado ao desentendimento.
Peluso nomeou 11 juízes auxiliares para atuar no órgão. O secretário-geral, Rubens Rihk Pires Corrêa, e outros três magistrados vêm do tribunal paulista e, por conta disso, o CNJ passou a ser chamado de "Conselho Paulista de Justiça" pelos críticos.
A Folha tentou falar com Mendes ontem, mas não obteve sucesso. O porta-voz da presidência do STF, Pedro Del Picchia, afirmou que "o presidente Cezar Peluso não tem qualquer interesse nem motivo para criar qualquer atrito com o ex-presidente, a quem ele respeita e admira".
Também disse que os e-mails retratam "normal e natural troca de informações".
Segundo funcionários do conselho que participaram da troca de comando, o desentendimento com os juízes auxiliares começou antes mesmo da posse de Peluso.
Em outubro, Mendes disponibilizou uma vaga de juiz auxiliar para a indicação de Peluso. Foi nomeado, então, justamente o paulista Rubens Corrêa, que ficaria responsável por promover a transição administrativa.
Antes da posse e de virar secretário-geral, Corrêa já teria requisitado informações sobre gastos e contas do CNJ. O pedido irritou profundamente Mendes.
O CNJ foi criado em 2005 para realizar o controle externo e resolver problemas administrativos do Judiciário.
segunda-feira, 31 de maio de 2010
domingo, 30 de maio de 2010
TCFA e a Europa
30 mayo, 2010 - Lluís Bassets
El Pais
Merkel nos ha fallado
Esa Europa sin líderes y sin ideas que lleva una década a la deriva proyectó hace ocho meses todas sus angustias y también sus esperanzas sobre la segunda victoria electoral de Angela Merkel. Ahí tenemos una dirigente consistente, lejos del narcisismo de Sarkozy, de la disoluta concepción de la política de Berlusconi y de la ligereza de Zapatero, se dijeron los europeos. Con su segundo mandato en la cancillería, optando finalmente por la coalición de su preferencia con los liberales, pero con un cierto talante centrista y social, la nueva etapa era todo promesas, no tan solo para los alemanes, sino para toda Europa. No ha sido así. La mujer más poderosa del planeta también nos ha fallado, y con ella, su coalición y su Gobierno, tal como ha quedado en evidencia en el momento más crítico de la reciente historia europea, los días y las noches bruselenses del rescate financiero de Grecia y de la aprobación del colosal fondo de avales y garantías por 750.000 millones de euros, arrancado con fórceps después de tres meses de forcejeo con el Gobierno de Berlín.
No pudo ser la canciller del Clima, como era su aspiración, descabalgada en diciembre pasado de la cumbre de Copenhague por la irrupción de China, aliada con India y Brasil, a pesar de su larga trayectoria primero como ministra de Medio Ambiente de Helmut Kohl y luego como animadora de la posición europea, principalmente desde su presidencia de turno de la UE y del G-8 en 2007, cuando consiguió en la cumbre de Heligendamm que George Bush reconociera al menos la existencia de un problema de calentamiento global de la atmósfera. Pero tampoco ha conseguido, ni lleva el camino por el momento, convertirse en la canciller que saque a Europa de la crisis financiera, ante la que ha reaccionado tarde, mal y sin vocación alguna de liderar a la UE. Según el ex ministro alemán de Exteriores Joschka Fischer, Merkel ha desperdiciado su cita con la historia, esa ocasión única que sólo a muy pocos líderes políticos se les ofrece para que demuestren su valor y su capacidad para superar las mayores dificultades.
Muchas son las explicaciones proporcionadas oficiosa u oficialmente por las autoridades alemanas para justificar la inacción y la tardanza de Merkel ante la quiebra de Grecia. La vigilancia del Tribunal Constitucional sobre todas las decisiones europeas es la más sólida de todas ellas. A fin de cuentas, uno de los reproches alemanes a la Unión Europea, sustentado por las sentencias de su más alto tribunal, es que los principales avances en su construcción no se han decidido por procedimientos de transferencia de soberanía escrupulosamente democráticos, sino por pequeños pasos que desembocan finalmente en una decisión automática: es el caso de la adopción del euro, la ampliación de la UE y ahora el rescate de Grecia y el cambio de funciones del Banco Central Europeo, súbitamente ocupado en tareas que desbordan la estricta estabilidad monetaria y autorizado para operaciones con bonos hasta ahora prohibidas. El Tribunal ha venido reaccionando ante cada uno de estos pasos con prudencia, pero también con sentencias exigentes respecto a su papel de guardián de la Constitución y de la soberanía alemanas.
Poca consistencia tenía, en cambio, la dilación del plan de rescate que Merkel intentó a la espera de las elecciones regionales en Renania del Norte-Westfalia, uno de los mayores Estados federados, que debía asegurarle la mayoría en el Bundesrat. Al final no pudo esperar, puesto que el mecanismo financiero se aprobó en el mismo fin de semana del 9 de mayo en el que los electores iban a las urnas, y, para postre, su coalición fue derrotada. En realidad, el argumento más sólido para la canciller es el que menos puede exhibir y menos lustre le da como dirigente con capacidad de cambiar el curso de las cosas. Es la impopularidad de unas medidas que afectan al bolsillo alemán y están destinadas a la salvación de los países considerados como los malos alumnos de la unión monetaria, a los que los alemanes han venido tradicionalmente mirando por encima del hombro. Razones no les faltaban. Grecia, a fin de cuentas, falsificó sus estadísticas de déficit y deuda, de forma que nunca debió incorporarse al euro; tiene una Administración pública elefantiásica y un nivel de fraude fiscal muy poco recomendables. Difícilmente Merkel podía hacer oídos sordos a estos argumentos, reflejados con crueldad por una prensa sensacionalista, el Bild Zeitung sobre todo, a la que la canciller hace mucho más caso del que debiera, un vicio que anteriores cancilleres también han practicado y que no es exclusivo alemán: Tony Blair sufría de idéntica enfermedad mediática.
El reproche que merece la canciller tiene que ver con aquella vieja función pedagógica que cabe exigir a quienes se dedican a la política, y que en su caso probablemente ha faltado o ha sido insuficiente. Aunque las cosas le han ido muy bien a Alemania en los últimos años, su opinión pública ha reforzado todo un repertorio de tópicos autojustificativos que en el caso alemán vienen a sustituir a los sentimientos más chauvinistas de otras naciones sin su mala conciencia histórica. Es el país que más paga y el que más cumple. Es el que más ha arriesgado, porque ha cedido su querida moneda, aquel marco que fue en su día la divisa fuerte europea. Es el que más tiene que perder en caso de inflación, vista una experiencia histórica que ha arruinado a las familias alemanas en dos ocasiones en los últimos 100 años.
Angela Merkel ha tenido muy en cuenta todos estos argumentos y, en cambio, no ha dedicado mucho tiempo ni atención a poner sobre la mesa otros argumentos de la misma o mayor solidez. Alemania es el país que más se ha beneficiado del euro y el que mejor partido ha sabido sacar de los últimos 20 años transcurridos desde la unificación. Superada la difícil digestión de aquel esfuerzo financiero, Alemania tiene, además, el mérito de haber sabido ajustar su Estado de bienestar, antaño faraónico, con mucha antelación respecto a la actual crisis. Una y otra cosa le han proporcionado mayor competitividad a su economía y han multiplicado su capacidad exportadora intraeuropea, a costa de las balanzas comerciales de sus países socios. Con la aprobación del Tratado de Lisboa ha adquirido finalmente el peso que corresponde a su tamaño en las instituciones europeas. La ampliación a los 27 la ha situado, además, en el corazón geopolítico de la Europa unida. Y todo esto lo ha conseguido por méritos propios, pero también por la aportación y la acción solidaria de los otros países socios.
Ha fallado Merkel, pero tanto como ella ha fallado también Guido Weterswelle, su ministro de Exteriores, si bien este último no había levantado tantas expectativas. Su partido liberal entró en el Gobierno de coalición con un programa de recorte de impuestos pensado en otra época y para otra época. Pero, además, su papel en toda la crisis ha sido nulo. No se le ha visto ni se le ha oído. A Merkel y a Westerwelle se les va a juzgar comparativamente por lo que hicieron sus homólogos hace 20 años en una crisis anterior de proporciones tectónicas similares, como fue la que desencadenó la caída del muro de Berlín, la unificación primero monetaria y política de Alemania y, al final, la desaparición del entero sistema soviético. Helmut Kohl y Hans Dietrich Genscher fueron entonces los dos personajes capaces de dirigir y liderar su país y la propia Europa, aunque contaron como compañeros de aventura con dirigentes de talla equivalente en Bruselas y en los países socios, compañía que ciertamente también les falta ahora a los alemanes.
Hay una incomodidad de la actual Alemania de Berlín con el tamaño efectivo que le ha proporcionado la unificación y la superación de los más viejos complejos. A pesar de que no hay buena sintonía entre Berlín y París, los dirigentes alemanes parecen añorar aquellos viejos tiempos en los que las responsabilidades eran mucho más compartidas y no recaían exclusivamente sobre sus espaldas. Todos los ojos se vuelven hacia la mayor y más dinámica de sus economías cuando llega la tempestad financiera, pero la respuesta de Berlín es de pánico escénico, que se traduce inmediatamente en un programa de dureza, amenazas y rigor.
Después de haber optado con Helmut Kohl por una Alemania europea, frente a la derrotada Alemania que quiso germanizar Europa, ahora Alemania reclama de nuevo una Europa económicamente más alemana. Más competitiva, más ahorradora, más descentralizada, con un Estado menos intervencionista. Y en esto no le falta razón, aunque para obtenerla no basta buscar la buena sintonía con su opinión pública, ni la administración rigorista y defensiva del statu quo, sino que se necesitan más gestos y pasos efectivos en el terreno abiertamente político. “La elección hoy es entre auténtica integración y disolución”, ha declarado Fischer. Merkel no le ha quitado la razón cuando ha reconocido que “si cae el euro, cae Europa”. Merecería el título de canciller de Europa si fuera ella quien hiciera de tripas corazón; de la crisis, oportunidades; y liderara la unión política que Europa no ha querido realizar hasta ahora. Pero en esto, como mínimo hasta ahora, nos ha fallado.
El Pais
Merkel nos ha fallado
Esa Europa sin líderes y sin ideas que lleva una década a la deriva proyectó hace ocho meses todas sus angustias y también sus esperanzas sobre la segunda victoria electoral de Angela Merkel. Ahí tenemos una dirigente consistente, lejos del narcisismo de Sarkozy, de la disoluta concepción de la política de Berlusconi y de la ligereza de Zapatero, se dijeron los europeos. Con su segundo mandato en la cancillería, optando finalmente por la coalición de su preferencia con los liberales, pero con un cierto talante centrista y social, la nueva etapa era todo promesas, no tan solo para los alemanes, sino para toda Europa. No ha sido así. La mujer más poderosa del planeta también nos ha fallado, y con ella, su coalición y su Gobierno, tal como ha quedado en evidencia en el momento más crítico de la reciente historia europea, los días y las noches bruselenses del rescate financiero de Grecia y de la aprobación del colosal fondo de avales y garantías por 750.000 millones de euros, arrancado con fórceps después de tres meses de forcejeo con el Gobierno de Berlín.
No pudo ser la canciller del Clima, como era su aspiración, descabalgada en diciembre pasado de la cumbre de Copenhague por la irrupción de China, aliada con India y Brasil, a pesar de su larga trayectoria primero como ministra de Medio Ambiente de Helmut Kohl y luego como animadora de la posición europea, principalmente desde su presidencia de turno de la UE y del G-8 en 2007, cuando consiguió en la cumbre de Heligendamm que George Bush reconociera al menos la existencia de un problema de calentamiento global de la atmósfera. Pero tampoco ha conseguido, ni lleva el camino por el momento, convertirse en la canciller que saque a Europa de la crisis financiera, ante la que ha reaccionado tarde, mal y sin vocación alguna de liderar a la UE. Según el ex ministro alemán de Exteriores Joschka Fischer, Merkel ha desperdiciado su cita con la historia, esa ocasión única que sólo a muy pocos líderes políticos se les ofrece para que demuestren su valor y su capacidad para superar las mayores dificultades.
Muchas son las explicaciones proporcionadas oficiosa u oficialmente por las autoridades alemanas para justificar la inacción y la tardanza de Merkel ante la quiebra de Grecia. La vigilancia del Tribunal Constitucional sobre todas las decisiones europeas es la más sólida de todas ellas. A fin de cuentas, uno de los reproches alemanes a la Unión Europea, sustentado por las sentencias de su más alto tribunal, es que los principales avances en su construcción no se han decidido por procedimientos de transferencia de soberanía escrupulosamente democráticos, sino por pequeños pasos que desembocan finalmente en una decisión automática: es el caso de la adopción del euro, la ampliación de la UE y ahora el rescate de Grecia y el cambio de funciones del Banco Central Europeo, súbitamente ocupado en tareas que desbordan la estricta estabilidad monetaria y autorizado para operaciones con bonos hasta ahora prohibidas. El Tribunal ha venido reaccionando ante cada uno de estos pasos con prudencia, pero también con sentencias exigentes respecto a su papel de guardián de la Constitución y de la soberanía alemanas.
Poca consistencia tenía, en cambio, la dilación del plan de rescate que Merkel intentó a la espera de las elecciones regionales en Renania del Norte-Westfalia, uno de los mayores Estados federados, que debía asegurarle la mayoría en el Bundesrat. Al final no pudo esperar, puesto que el mecanismo financiero se aprobó en el mismo fin de semana del 9 de mayo en el que los electores iban a las urnas, y, para postre, su coalición fue derrotada. En realidad, el argumento más sólido para la canciller es el que menos puede exhibir y menos lustre le da como dirigente con capacidad de cambiar el curso de las cosas. Es la impopularidad de unas medidas que afectan al bolsillo alemán y están destinadas a la salvación de los países considerados como los malos alumnos de la unión monetaria, a los que los alemanes han venido tradicionalmente mirando por encima del hombro. Razones no les faltaban. Grecia, a fin de cuentas, falsificó sus estadísticas de déficit y deuda, de forma que nunca debió incorporarse al euro; tiene una Administración pública elefantiásica y un nivel de fraude fiscal muy poco recomendables. Difícilmente Merkel podía hacer oídos sordos a estos argumentos, reflejados con crueldad por una prensa sensacionalista, el Bild Zeitung sobre todo, a la que la canciller hace mucho más caso del que debiera, un vicio que anteriores cancilleres también han practicado y que no es exclusivo alemán: Tony Blair sufría de idéntica enfermedad mediática.
El reproche que merece la canciller tiene que ver con aquella vieja función pedagógica que cabe exigir a quienes se dedican a la política, y que en su caso probablemente ha faltado o ha sido insuficiente. Aunque las cosas le han ido muy bien a Alemania en los últimos años, su opinión pública ha reforzado todo un repertorio de tópicos autojustificativos que en el caso alemán vienen a sustituir a los sentimientos más chauvinistas de otras naciones sin su mala conciencia histórica. Es el país que más paga y el que más cumple. Es el que más ha arriesgado, porque ha cedido su querida moneda, aquel marco que fue en su día la divisa fuerte europea. Es el que más tiene que perder en caso de inflación, vista una experiencia histórica que ha arruinado a las familias alemanas en dos ocasiones en los últimos 100 años.
Angela Merkel ha tenido muy en cuenta todos estos argumentos y, en cambio, no ha dedicado mucho tiempo ni atención a poner sobre la mesa otros argumentos de la misma o mayor solidez. Alemania es el país que más se ha beneficiado del euro y el que mejor partido ha sabido sacar de los últimos 20 años transcurridos desde la unificación. Superada la difícil digestión de aquel esfuerzo financiero, Alemania tiene, además, el mérito de haber sabido ajustar su Estado de bienestar, antaño faraónico, con mucha antelación respecto a la actual crisis. Una y otra cosa le han proporcionado mayor competitividad a su economía y han multiplicado su capacidad exportadora intraeuropea, a costa de las balanzas comerciales de sus países socios. Con la aprobación del Tratado de Lisboa ha adquirido finalmente el peso que corresponde a su tamaño en las instituciones europeas. La ampliación a los 27 la ha situado, además, en el corazón geopolítico de la Europa unida. Y todo esto lo ha conseguido por méritos propios, pero también por la aportación y la acción solidaria de los otros países socios.
Ha fallado Merkel, pero tanto como ella ha fallado también Guido Weterswelle, su ministro de Exteriores, si bien este último no había levantado tantas expectativas. Su partido liberal entró en el Gobierno de coalición con un programa de recorte de impuestos pensado en otra época y para otra época. Pero, además, su papel en toda la crisis ha sido nulo. No se le ha visto ni se le ha oído. A Merkel y a Westerwelle se les va a juzgar comparativamente por lo que hicieron sus homólogos hace 20 años en una crisis anterior de proporciones tectónicas similares, como fue la que desencadenó la caída del muro de Berlín, la unificación primero monetaria y política de Alemania y, al final, la desaparición del entero sistema soviético. Helmut Kohl y Hans Dietrich Genscher fueron entonces los dos personajes capaces de dirigir y liderar su país y la propia Europa, aunque contaron como compañeros de aventura con dirigentes de talla equivalente en Bruselas y en los países socios, compañía que ciertamente también les falta ahora a los alemanes.
Hay una incomodidad de la actual Alemania de Berlín con el tamaño efectivo que le ha proporcionado la unificación y la superación de los más viejos complejos. A pesar de que no hay buena sintonía entre Berlín y París, los dirigentes alemanes parecen añorar aquellos viejos tiempos en los que las responsabilidades eran mucho más compartidas y no recaían exclusivamente sobre sus espaldas. Todos los ojos se vuelven hacia la mayor y más dinámica de sus economías cuando llega la tempestad financiera, pero la respuesta de Berlín es de pánico escénico, que se traduce inmediatamente en un programa de dureza, amenazas y rigor.
Después de haber optado con Helmut Kohl por una Alemania europea, frente a la derrotada Alemania que quiso germanizar Europa, ahora Alemania reclama de nuevo una Europa económicamente más alemana. Más competitiva, más ahorradora, más descentralizada, con un Estado menos intervencionista. Y en esto no le falta razón, aunque para obtenerla no basta buscar la buena sintonía con su opinión pública, ni la administración rigorista y defensiva del statu quo, sino que se necesitan más gestos y pasos efectivos en el terreno abiertamente político. “La elección hoy es entre auténtica integración y disolución”, ha declarado Fischer. Merkel no le ha quitado la razón cuando ha reconocido que “si cae el euro, cae Europa”. Merecería el título de canciller de Europa si fuera ella quien hiciera de tripas corazón; de la crisis, oportunidades; y liderara la unión política que Europa no ha querido realizar hasta ahora. Pero en esto, como mínimo hasta ahora, nos ha fallado.
A questão religiosa na Alemanha
http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,697182,00.html
Enviado pelo Prof Farlei Martins doutorando em direito da Puc-rio
Enviado pelo Prof Farlei Martins doutorando em direito da Puc-rio
Federalismo nos Estados Unidos
tp://www.acslaw.org/node/16245
enviado pelo doutorando da Puc-direito Prof Farlei Martins
enviado pelo doutorando da Puc-direito Prof Farlei Martins
Conflitos no CNJ
Folha de São Paulo 29 de maio de 2010
Troca de e-mails revela confronto no CNJ
Gilmar Mendes, ex-presidente do STF, e o atual, Cezar Peluso, divergem em tom ríspido sobre gastos do conselho
Peluso atacou Mendes em reunião do CNJ, o que levou o antecessor a enviar mensagem em que rebate as críticas
O atual presidente e seu antecessor no STF (Supremo Tribunal Federal) estão em pé de guerra. Cezar Peluso e Gilmar Mendes trocaram e-mails ríspidos na última sexta-feira, em que explicitam divergências e restrições recíprocas a respeito da condução do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).
Incomodado com a atuação de seu sucessor, Mendes tomou a iniciativa de escrever a Peluso. Chegou a seu conhecimento que o atual presidente do CNJ o havia criticado em reunião recente, perante os demais 14 conselheiros, pelos gastos do órgão com diárias e passagens destinados ao programa do mutirão carcerário -menina dos olhos de Mendes.
Segundo a Folha apurou, Peluso disse que tinham sido destinados aos juízes auxiliares envolvidos no mutirão cerca de R$ 7 milhões, o que lhe parecia abusivo, inclusive à luz das críticas que o próprio Mendes havia feito aos valores gastos em diárias pelos conselheiros.
Ao saber do ataque, Mendes solicitou à diretoria de controle interno do CNJ a relação de gastos com o mutirão. Recebeu uma planilha na quarta-feira. Ali consta que o CNJ gastou no programa R$ 2.807.055,70 com diárias e R$ 1.229.259,20 com passagens. Total de R$ 4.036.314,90.
Conforme a planilha, os gastos totais com juízes auxiliares somam R$ 10.826.637,54 entre agosto de 2008 e abril de 2010, consideradas diárias e passagens de todos os programas do CNJ, não só o mutirão.
Em seu e-mail, a que a Folha teve acesso, Mendes diz, sem nenhuma formalidade: "Peluso, a respeito de comentários sobre gastos com diárias, encaminho-lhe...". Dá ao colega a sugestão de que tudo seja divulgado, avisa que vai escrever na imprensa a respeito e diz ser "elementar" que "não se faça a confusão entre o valor orçado e o valor gasto".
Despede-se sem nenhuma saudação. A seguir, ele envia cópia aos "caros conselheiros", de quem se despede com "abraços". Isso ocorreu às 5h16 de anteontem.
No final da tarde, Peluso responde de forma ainda mais dura: "Gilmar, as referências ao valor dos gastos, às quais não correspondem exatamente ao total despendido de fato...".
Depois de questionar dessa maneira a prestação de contas feita por Mendes, o ministro diz que esse não é assunto "para o público externo", numa alusão às incursões midiáticas do colega. E critica o que chama de "antigas estruturas burocráticas" do CNJ, que, segundo ele, não tinha "setor contábil específico nem controle individualizado de custos por projeto ou programa".
O episódio escancara tensões entre ambos que vêm se acumulando desde a posse de Peluso, no final de abril.
O novo presidente do CNJ dispensou ao assumir quase todos os juízes auxiliares que trabalharam na gestão de Mendes, inclusive Erivaldo Ribeiro, que coordenou os mutirões carcerários.
Na gestão anterior, o programa colocou em liberdade cerca de 20 mil pessoas indevidamente encarceradas.
"IMBECIL"
Na sua primeira sessão como presidente do órgão, Peluso protagonizou um momento constrangedor.
Ao ser questionado pelo conselheiro Marcelo Neves, que dele havia discordado, o ministro retrucou: "Vossa excelência não me ouviu direito ou, se ouviu, não entendeu". E continuou: "Vossa excelência está supondo que eu sou tão imbecil e não sou capaz de imaginar que um caso isolado possa provocar fraude?". O conselheiro Neves preferiu não responder.
O CNJ foi criado em 2005 com a responsabilidade de fazer o controle dos deveres funcionais do Judiciário. O órgão analisa questões administrativas contra tribunais e juízes. O mandato dos conselheiros é de dois anos.
Troca de e-mails revela confronto no CNJ
Gilmar Mendes, ex-presidente do STF, e o atual, Cezar Peluso, divergem em tom ríspido sobre gastos do conselho
Peluso atacou Mendes em reunião do CNJ, o que levou o antecessor a enviar mensagem em que rebate as críticas
O atual presidente e seu antecessor no STF (Supremo Tribunal Federal) estão em pé de guerra. Cezar Peluso e Gilmar Mendes trocaram e-mails ríspidos na última sexta-feira, em que explicitam divergências e restrições recíprocas a respeito da condução do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).
Incomodado com a atuação de seu sucessor, Mendes tomou a iniciativa de escrever a Peluso. Chegou a seu conhecimento que o atual presidente do CNJ o havia criticado em reunião recente, perante os demais 14 conselheiros, pelos gastos do órgão com diárias e passagens destinados ao programa do mutirão carcerário -menina dos olhos de Mendes.
Segundo a Folha apurou, Peluso disse que tinham sido destinados aos juízes auxiliares envolvidos no mutirão cerca de R$ 7 milhões, o que lhe parecia abusivo, inclusive à luz das críticas que o próprio Mendes havia feito aos valores gastos em diárias pelos conselheiros.
Ao saber do ataque, Mendes solicitou à diretoria de controle interno do CNJ a relação de gastos com o mutirão. Recebeu uma planilha na quarta-feira. Ali consta que o CNJ gastou no programa R$ 2.807.055,70 com diárias e R$ 1.229.259,20 com passagens. Total de R$ 4.036.314,90.
Conforme a planilha, os gastos totais com juízes auxiliares somam R$ 10.826.637,54 entre agosto de 2008 e abril de 2010, consideradas diárias e passagens de todos os programas do CNJ, não só o mutirão.
Em seu e-mail, a que a Folha teve acesso, Mendes diz, sem nenhuma formalidade: "Peluso, a respeito de comentários sobre gastos com diárias, encaminho-lhe...". Dá ao colega a sugestão de que tudo seja divulgado, avisa que vai escrever na imprensa a respeito e diz ser "elementar" que "não se faça a confusão entre o valor orçado e o valor gasto".
Despede-se sem nenhuma saudação. A seguir, ele envia cópia aos "caros conselheiros", de quem se despede com "abraços". Isso ocorreu às 5h16 de anteontem.
No final da tarde, Peluso responde de forma ainda mais dura: "Gilmar, as referências ao valor dos gastos, às quais não correspondem exatamente ao total despendido de fato...".
Depois de questionar dessa maneira a prestação de contas feita por Mendes, o ministro diz que esse não é assunto "para o público externo", numa alusão às incursões midiáticas do colega. E critica o que chama de "antigas estruturas burocráticas" do CNJ, que, segundo ele, não tinha "setor contábil específico nem controle individualizado de custos por projeto ou programa".
O episódio escancara tensões entre ambos que vêm se acumulando desde a posse de Peluso, no final de abril.
O novo presidente do CNJ dispensou ao assumir quase todos os juízes auxiliares que trabalharam na gestão de Mendes, inclusive Erivaldo Ribeiro, que coordenou os mutirões carcerários.
Na gestão anterior, o programa colocou em liberdade cerca de 20 mil pessoas indevidamente encarceradas.
"IMBECIL"
Na sua primeira sessão como presidente do órgão, Peluso protagonizou um momento constrangedor.
Ao ser questionado pelo conselheiro Marcelo Neves, que dele havia discordado, o ministro retrucou: "Vossa excelência não me ouviu direito ou, se ouviu, não entendeu". E continuou: "Vossa excelência está supondo que eu sou tão imbecil e não sou capaz de imaginar que um caso isolado possa provocar fraude?". O conselheiro Neves preferiu não responder.
O CNJ foi criado em 2005 com a responsabilidade de fazer o controle dos deveres funcionais do Judiciário. O órgão analisa questões administrativas contra tribunais e juízes. O mandato dos conselheiros é de dois anos.
sexta-feira, 28 de maio de 2010
Foro privilegiado e a corrupção
Valor Economico 28 de maio de 2010
Lavagem de dinheiro: Especialistas buscam alternativas para recuperar o dinheiro antes de condenar o réuForo privilegiado trava ações de corrupção
Cristine Prestes, de São Paulo
28/05/2010
A demora em se obter decisões judiciais definitivas que permitam a devolução de recursos desviados não é um problema apenas do Brasil, mas a Justiça brasileira coleciona processos que jamais são concluídos. Uma certa tolerância dos tribunais em relação aos crimes econômicos e a infinidade de recursos existentes na atual lei processual, que permite a elaboração de teses jurídicas cada vez mais complexas, são algumas das explicações para que isso ocorra.
No caso da corrupção - que, segundo especialistas, é o crime que, no Brasil, gera boa parte do dinheiro posteriormente lavado - a ausência de condenações é ainda mais gritante. A principal justificativa é a existência do foro privilegiado, que garante que processos contra autoridades sejam julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Para se ter uma ideia, há duas semanas a corte condenou, pela primeira vez desde a Constituição de 1988, um político por crime de corrupção, em um processo contra o deputado federal José Gerardo Oliveira de Arruda (PMDB-CE) ajuizado em 2006.
O exemplo mais emblemático da demora do Supremo em julgar autoridades acusadas de corrupção e que têm direito ao foro privilegiado é o do deputado federal Paulo Maluf (PP-SP), que, segundo informações do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Estado de São Paulo, teria desviado mais de US$ 250 milhões do município de São Paulo quando ocupou o cargo de prefeito. Parte desse valor, encontrado nos Estados Unidos, Suíça, França, Luxemburgo, Inglaterra e Ilha de Jersey, já está bloqueada, mas não pode retornar ao Brasil porque o ex-prefeito não foi condenado em nenhum dos inúmeros processos penais a que responde.
Todos os processos contra Paulo Maluf migraram para o Supremo em 2005, assim que ele foi eleito para ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados e conquistou, com isso, o benefício do foro privilegiado. Mas até hoje nenhum foi julgado. No Supremo, Maluf é parte em 12 ações penais e inquéritos por crimes contra o sistema financeiro nacional e a administração pública, crimes de responsabilidade, de licitação e tributário, corrupção e lavagem de dinheiro - além de uma dezena de outras ações judiciais.
Diante de processos que jamais são encerrados, especialistas em lavagem de dinheiro buscam alternativas para que se consiga recuperar recursos desviados sem que seja necessário o término das ações judiciais. Uma das ideias em debate é um instrumento jurídico denominado "extinção de domínio". O mecanismo permite que o Ministério Público entre com uma segunda ação na Justiça - além do processo penal que busca a condenação do criminoso - especialmente para bloquear e retomar bens e dinheiro que tenham sido desviados. Bastaria, para isso, que fique provado que imóveis, veículos e outros bens ou o dinheiro tenha sido obtido por meios ilícitos. Ainda que seja necessária uma nova ação judicial, em geral ações de cobrança são mais céleres do que ações criminais. A possibilidade de réus em processos penais perderem seus bens antes de serem condenados está em estudo desde 2005 pelo grupo que compõe a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla), que elabora um anteprojeto de lei sobre o tema. No entanto, a medida é considerada complexa e de difícil aprovação - embora já exista na Colômbia, Peru, México e Estados Unidos.
Uma outra saída para recuperar recursos desviados vem de fora e está em plena aplicação na Suíça - país que vem, ao longo dos anos, tentando alterar sua imagem de paraíso fiscal com o incremento da cooperação internacional em casos de crimes transnacionais. O governo suíço se contrapôs a uma decisão da Justiça local em um dos mais rumorosos casos de corrupção no mundo e manteve o bloqueio de milhões desviados do Haiti pelo ditador Jean-Claude Duvalier, conhecido como Baby-Doc, durante seu governo, de 1971 a 1986.
O bloqueio do dinheiro foi feito ainda em 1986 a pedido do Haiti, que precisava apenas garantir que havia um processo contra Baby-Doc em andamento na Justiça local - após a decisão definitiva, o dinheiro seria devolvido ao país. Mas o processo foi interrompido por uma nova ditadura no Haiti e, após 12 anos sem uma solução, o governo suíço estendeu o bloqueio politicamente e apresentou ao parlamento um projeto de lei que permite que recursos desviados de Estados falidos sejam devolvidos sem necessidade de que os processos cheguem a fim. O projeto ainda não foi aprovado.
Lavagem de dinheiro: Especialistas buscam alternativas para recuperar o dinheiro antes de condenar o réuForo privilegiado trava ações de corrupção
Cristine Prestes, de São Paulo
28/05/2010
A demora em se obter decisões judiciais definitivas que permitam a devolução de recursos desviados não é um problema apenas do Brasil, mas a Justiça brasileira coleciona processos que jamais são concluídos. Uma certa tolerância dos tribunais em relação aos crimes econômicos e a infinidade de recursos existentes na atual lei processual, que permite a elaboração de teses jurídicas cada vez mais complexas, são algumas das explicações para que isso ocorra.
No caso da corrupção - que, segundo especialistas, é o crime que, no Brasil, gera boa parte do dinheiro posteriormente lavado - a ausência de condenações é ainda mais gritante. A principal justificativa é a existência do foro privilegiado, que garante que processos contra autoridades sejam julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Para se ter uma ideia, há duas semanas a corte condenou, pela primeira vez desde a Constituição de 1988, um político por crime de corrupção, em um processo contra o deputado federal José Gerardo Oliveira de Arruda (PMDB-CE) ajuizado em 2006.
O exemplo mais emblemático da demora do Supremo em julgar autoridades acusadas de corrupção e que têm direito ao foro privilegiado é o do deputado federal Paulo Maluf (PP-SP), que, segundo informações do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Estado de São Paulo, teria desviado mais de US$ 250 milhões do município de São Paulo quando ocupou o cargo de prefeito. Parte desse valor, encontrado nos Estados Unidos, Suíça, França, Luxemburgo, Inglaterra e Ilha de Jersey, já está bloqueada, mas não pode retornar ao Brasil porque o ex-prefeito não foi condenado em nenhum dos inúmeros processos penais a que responde.
Todos os processos contra Paulo Maluf migraram para o Supremo em 2005, assim que ele foi eleito para ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados e conquistou, com isso, o benefício do foro privilegiado. Mas até hoje nenhum foi julgado. No Supremo, Maluf é parte em 12 ações penais e inquéritos por crimes contra o sistema financeiro nacional e a administração pública, crimes de responsabilidade, de licitação e tributário, corrupção e lavagem de dinheiro - além de uma dezena de outras ações judiciais.
Diante de processos que jamais são encerrados, especialistas em lavagem de dinheiro buscam alternativas para que se consiga recuperar recursos desviados sem que seja necessário o término das ações judiciais. Uma das ideias em debate é um instrumento jurídico denominado "extinção de domínio". O mecanismo permite que o Ministério Público entre com uma segunda ação na Justiça - além do processo penal que busca a condenação do criminoso - especialmente para bloquear e retomar bens e dinheiro que tenham sido desviados. Bastaria, para isso, que fique provado que imóveis, veículos e outros bens ou o dinheiro tenha sido obtido por meios ilícitos. Ainda que seja necessária uma nova ação judicial, em geral ações de cobrança são mais céleres do que ações criminais. A possibilidade de réus em processos penais perderem seus bens antes de serem condenados está em estudo desde 2005 pelo grupo que compõe a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla), que elabora um anteprojeto de lei sobre o tema. No entanto, a medida é considerada complexa e de difícil aprovação - embora já exista na Colômbia, Peru, México e Estados Unidos.
Uma outra saída para recuperar recursos desviados vem de fora e está em plena aplicação na Suíça - país que vem, ao longo dos anos, tentando alterar sua imagem de paraíso fiscal com o incremento da cooperação internacional em casos de crimes transnacionais. O governo suíço se contrapôs a uma decisão da Justiça local em um dos mais rumorosos casos de corrupção no mundo e manteve o bloqueio de milhões desviados do Haiti pelo ditador Jean-Claude Duvalier, conhecido como Baby-Doc, durante seu governo, de 1971 a 1986.
O bloqueio do dinheiro foi feito ainda em 1986 a pedido do Haiti, que precisava apenas garantir que havia um processo contra Baby-Doc em andamento na Justiça local - após a decisão definitiva, o dinheiro seria devolvido ao país. Mas o processo foi interrompido por uma nova ditadura no Haiti e, após 12 anos sem uma solução, o governo suíço estendeu o bloqueio politicamente e apresentou ao parlamento um projeto de lei que permite que recursos desviados de Estados falidos sejam devolvidos sem necessidade de que os processos cheguem a fim. O projeto ainda não foi aprovado.
quarta-feira, 26 de maio de 2010
Parecer sobre quilombolas
http://ccr6.pgr.mpf.gov.br/documentos-e-publicacoes/docs_artigos/Territorios_Quilombolas_e_Constituicao_Dr._Daniel_Sarmento.pdf
Quilombolas e Raposa Serra do Sol
A matéria abaixo sobre a questão dos quilombolas é bastante importante. Reforça a nossa conclusão no texto do Observatório da Justiça Brasileira/Ufrj/Direito no caso da Raposa Serra do Sol. Isto é no caso citado o STF adotou como critério de decisão a categoria clássica da posse no momento da promulgação. Esse texto será apresentado na reunião próxima do Conpedi em Fortaleza e será, futuramente, publicado pela Revista Forense. No mencionado grupo de pesquisa do OJB concluiu-se, também, que, em questão política, o STF não convoca a audiência pública. O tema do amicus curiae e audiência pública está sendo estudado também pelo grupo do Diálogo Institucional (responsável pela publicação Dialógos Institucionais e Ativismo, Editora Juruá 2010). Além de se tratar de uma questão política, qual foi o fundamento do relator Min. Cesar Peluso de negar o pedido de audiência pública. No caso Raposa Serra do Sol, conforme os estudos do OJB/Ufrj/Direito a questão da audiência pública foi contornado pela discussão da intervenção de terceiros para incluir "outras vozes" como o Estado de Roraima, Funai e os proprietários. Por último, a noticia sobre o caso dos quilombolas remete que reflitamos sobre a teoria do reconhecimento (A. Honneth e N. Fraser).
Folha deSão Paulo, quarta-feira, 26 de maio de 2010
STF vota em junho ação sobre quilombos
Para antropólogos, decisão pode colocar em risco títulos de posse de terra emitidos para mais de 11 mil famílias
Ação do DEM rejeita critério para identificar os remanescentes de quilombolas, hoje feita por autodeclaração
MARCELO LEITE
DE SÃO PAULO
O assunto explosivo da demarcação de remanescentes de quilombos entrará na pauta de julgamentos do Supremo Tribunal Federal na primeira quinzena de junho.
A decisão pode pôr em risco até os 106 títulos já emitidos para 11.070 famílias com base na Constituição de 1988, temem antropólogos envolvidos no debate.
Essas famílias quilombolas obtiveram o reconhecimento da posse coletiva de uma área de 9.553 km2 desde 1995, parte dela após desapropriação de terras particulares. A área equivale a um Distrito Federal e meio, ou menos de 1 km2 por família.
Apesar de envolver áreas individuais muito menores que os 17 mil km2 da Terra Indígena Raposa/Serra do Sol, espera-se uma polêmica similar à de dezembro de 2008, quando o STF manteve a demarcação contínua daquela área indígena.
O debate ficará restrito ao STF, porque não está prevista audiência pública, como nos casos de Raposa/Serra do Sol e das cotas raciais. O relator e atual presidente do Supremo, ministro Cezar Peluso, decidiu não convocá-la.
Quilombos reconhecidos recebem títulos de posse coletiva emitidos para a comunidade e não podem ser desmembrados nem vendidos. A posse coletiva também vale para terras indígenas homologadas, que integram o patrimônio da União.
Há cerca de mil outros processos sobre quilombos no Incra. Uma centena já avançou para as fases de identificação, delimitação, reconhecimento e desapropriação (no caso de terras privadas).
Os processos em andamento totalizam 21.244 famílias, que viriam a ser beneficiadas com 19.541 km2 de terra -quase um Sergipe. O quinhão de 0,9 km2 por unidade familiar se mantém.
O decreto que regulamenta o processo de demarcação de quilombos (n.º 4.887, de 2003) foi posto em questão em 2004 por ação direta de inconstitucionalidade do PFL (hoje DEM), que também luta contra as cotas raciais.
O partido alega que a desapropriação, por criar despesa, teria de ser regulamentada por lei, não decreto. O DEM rejeita, ainda, o critério da autodeclaração para identificar remanescentes.
Sua interpretação da Constituição condiciona o reconhecimento à posse efetiva do território em 1988, época da promulgação da Carta.
A Advocacia-Geral da União (AGU) e a Procuradoria-Geral da República (PGR) defendem o decreto e a autodeclaração. Afirmam que não é o único critério para reconhecer um quilombo.
A decisão final cabe ao poder público, apoiado em laudos antropológicos que atestem o vínculo com o território e sua necessidade para garantir a reprodução física e cultural do remanescente.
Para AGU e PGR, o decreto questionado dá consequência à intenção dos constituintes e à Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Povos Indígenas e Tribais, que tem o Brasil como signatário. Não teria cabimento a distinção entre "remanescente" e "descendente" de quilombolas proposta pela ação do DEM.
NOVOS QUILOMBOS
A questão tem relação direta com a dos "direitos originais" dos índios às terras tradicionalmente ocupadas e "imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições", como prescreve o artigo 231 da Constituição.
Em ambos os casos a posse da terra teria a finalidade de garantir a sobrevivência da comunidade e sua cultura.
Nos dois campos, ganharam destaque recente supostos casos de fraudes, o que, aliado à iminência do julgamento, colocou antropólogos em pé de guerra.
"Um voto contrário [ao decreto] anulará, ou pode anular, todas as demarcações de quilombos até agora", afirma Carlos Caroso, presidente da ABA (Associação Brasileira de Antropologia).
Folha deSão Paulo, quarta-feira, 26 de maio de 2010
STF vota em junho ação sobre quilombos
Para antropólogos, decisão pode colocar em risco títulos de posse de terra emitidos para mais de 11 mil famílias
Ação do DEM rejeita critério para identificar os remanescentes de quilombolas, hoje feita por autodeclaração
MARCELO LEITE
DE SÃO PAULO
O assunto explosivo da demarcação de remanescentes de quilombos entrará na pauta de julgamentos do Supremo Tribunal Federal na primeira quinzena de junho.
A decisão pode pôr em risco até os 106 títulos já emitidos para 11.070 famílias com base na Constituição de 1988, temem antropólogos envolvidos no debate.
Essas famílias quilombolas obtiveram o reconhecimento da posse coletiva de uma área de 9.553 km2 desde 1995, parte dela após desapropriação de terras particulares. A área equivale a um Distrito Federal e meio, ou menos de 1 km2 por família.
Apesar de envolver áreas individuais muito menores que os 17 mil km2 da Terra Indígena Raposa/Serra do Sol, espera-se uma polêmica similar à de dezembro de 2008, quando o STF manteve a demarcação contínua daquela área indígena.
O debate ficará restrito ao STF, porque não está prevista audiência pública, como nos casos de Raposa/Serra do Sol e das cotas raciais. O relator e atual presidente do Supremo, ministro Cezar Peluso, decidiu não convocá-la.
Quilombos reconhecidos recebem títulos de posse coletiva emitidos para a comunidade e não podem ser desmembrados nem vendidos. A posse coletiva também vale para terras indígenas homologadas, que integram o patrimônio da União.
Há cerca de mil outros processos sobre quilombos no Incra. Uma centena já avançou para as fases de identificação, delimitação, reconhecimento e desapropriação (no caso de terras privadas).
Os processos em andamento totalizam 21.244 famílias, que viriam a ser beneficiadas com 19.541 km2 de terra -quase um Sergipe. O quinhão de 0,9 km2 por unidade familiar se mantém.
O decreto que regulamenta o processo de demarcação de quilombos (n.º 4.887, de 2003) foi posto em questão em 2004 por ação direta de inconstitucionalidade do PFL (hoje DEM), que também luta contra as cotas raciais.
O partido alega que a desapropriação, por criar despesa, teria de ser regulamentada por lei, não decreto. O DEM rejeita, ainda, o critério da autodeclaração para identificar remanescentes.
Sua interpretação da Constituição condiciona o reconhecimento à posse efetiva do território em 1988, época da promulgação da Carta.
A Advocacia-Geral da União (AGU) e a Procuradoria-Geral da República (PGR) defendem o decreto e a autodeclaração. Afirmam que não é o único critério para reconhecer um quilombo.
A decisão final cabe ao poder público, apoiado em laudos antropológicos que atestem o vínculo com o território e sua necessidade para garantir a reprodução física e cultural do remanescente.
Para AGU e PGR, o decreto questionado dá consequência à intenção dos constituintes e à Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Povos Indígenas e Tribais, que tem o Brasil como signatário. Não teria cabimento a distinção entre "remanescente" e "descendente" de quilombolas proposta pela ação do DEM.
NOVOS QUILOMBOS
A questão tem relação direta com a dos "direitos originais" dos índios às terras tradicionalmente ocupadas e "imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições", como prescreve o artigo 231 da Constituição.
Em ambos os casos a posse da terra teria a finalidade de garantir a sobrevivência da comunidade e sua cultura.
Nos dois campos, ganharam destaque recente supostos casos de fraudes, o que, aliado à iminência do julgamento, colocou antropólogos em pé de guerra.
"Um voto contrário [ao decreto] anulará, ou pode anular, todas as demarcações de quilombos até agora", afirma Carlos Caroso, presidente da ABA (Associação Brasileira de Antropologia).
terça-feira, 25 de maio de 2010
Profa Livia Gaigar divulga o seu blog sobre a vida acadêmica no direito
http://vidajuridicaacademica.blogspot.com/
Palestra de Ram Hirschl e Relatório sobre Sunstein
News and Events
http://r20.rs6.net/tn.jsp?et=1103419650487&s=137&e=001WS8iNBnxbnnWqVIIk4XpMBUXOaLaxyJmMkFZ5IlMj2DmgKH4idT8VnR5Zts-iIVa2IXOm2JyhhR5k3JEjCOUbO0eaxhFQoY657hql_wIUdgtN23wQ7kkHUBBkpw96cOC6d9iJLNNiKQ=
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Endreços eletrônicos sobre a Corte Suprema argentina
A norma que garantiu a participação social na nomeação dos Ministros da
Corte Suprema argentina foi o decreto 222/03:
http://saberleyes.blogspot.com/2006/09/decreto-22203.html
Há uma lei mais recente a de 26.183/06 tratando da redução do número de integrantes da Corte Suprema argentina
http://www.revistarap.com.ar/Derecho/constitucional_e_internacional/corte_suprema_de_justicia_de_la_nacion/ley_26183_corte_suprema_de_justicia_de_.html
Um artigo da Yanina Guthmann ajuda a entender o histórico da Corte Suprema
http://www.iigg.fsoc.uba.ar/jovenes_investigadores/4jornadasjovenes/EJES/Eje%2010%20Derecho%20Ciudadania%20Democracia/Ponencias/GUTHMANN,%20Yanina.pdf
Também vai uma nota sobre as motivações do Menem:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/132879-42838-2009-10-04.html
E a atual composição da Corte: http://www.csjn.gov.ar/autoridades.html
Corte Suprema argentina foi o decreto 222/03:
http://saberleyes.blogspot.com/2006/09/decreto-22203.html
Há uma lei mais recente a de 26.183/06 tratando da redução do número de integrantes da Corte Suprema argentina
http://www.revistarap.com.ar/Derecho/constitucional_e_internacional/corte_suprema_de_justicia_de_la_nacion/ley_26183_corte_suprema_de_justicia_de_.html
Um artigo da Yanina Guthmann ajuda a entender o histórico da Corte Suprema
http://www.iigg.fsoc.uba.ar/jovenes_investigadores/4jornadasjovenes/EJES/Eje%2010%20Derecho%20Ciudadania%20Democracia/Ponencias/GUTHMANN,%20Yanina.pdf
Também vai uma nota sobre as motivações do Menem:
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/132879-42838-2009-10-04.html
E a atual composição da Corte: http://www.csjn.gov.ar/autoridades.html
domingo, 23 de maio de 2010
Ex- Justice Sandra O´Connor e a escolha dos juízes estaduaias
ALTHOUGH our attention as a nation is focused on the selection of a new
justice to the Supreme Court, another judicial process that is also
extremely important is happening across the country: the selection of
state court judges. But in too many states, citizens are being
shortchanged by the way these judges are chosen.
Each state has its own method of choosing judges, from lifetime
appointments to partisan elections. But judges with a lifetime
appointment are not accountable to voters. And elected judges are
susceptible to influence by political or ideological constituencies.
A better system is one that strikes a balance between lifetime
appointment and partisan election by providing for the open, public
nomination and appointment of judges, followed in due course by a
standardized judicial performance evaluation and, finally, a yes/no vote
in which citizens either approve the judge or vote him out. This kind of
merit selection system --- now used in some form in two-thirds of states
--- protects the impartiality of the judiciary without sacrificing
accountability.
State courts resolve the most important legal matters in our lives,
including child custody cases, settlement of estates, business-contract
disputes, traffic offenses, drunken-driving charges, most criminal
offenses and most foreclosures. More than 100 million cases are filed in
state courts each year.
When you enter one of these courtrooms, the last thing you want to worry
about is whether the judge is more accountable to a campaign contributor
or an ideological group than to the law.
In our system, the judiciary, unlike the legislative and the executive
branches, is supposed to answer only to the law and the Constitution.
Courts are supposed to be the one safe place where every citizen can
receive a fair hearing.
In a merit selection system, a nonpartisan nominating commission
interviews and investigates applicants for judicial vacancies, and
ultimately recommends a few candidates to the governor. The governor
appoints one from the list. Regular "retention" elections are held to
allow voters to decide whether to keep the judge in office.
There are those who assert that this system benefits legal insiders,
because lawyers will inevitably dominate the nominating commissions,
which would hold their meetings in secret. But to the extent that this
could be a real problem, Arizona has already demonstrated how to avoid
it. In that state, nominating commissions are dominated by non-lawyers,
and their meetings are open. Candidates' applications are available
online, and the public is invited to comment.
Another argument against this system is that it deprives voters of the
chance to choose their judges. But the truth is, in those states that
elect judges, candidates often run unopposed, so voters are left with no
options, and little information about the people who are on the ballot.
In a system where judges are evaluated before they are put on the
ballot, voters can make their decisions more knowledgeably --- with
relevant information about the judges' performance on the bench.
This year, 16 states will hold contested elections for seats on their
highest courts, and candidates will raise and spend millions of dollars
for their campaigns. In 2008 alone, nearly $20 million was spent on TV
advertising in contested elections for 26 state supreme court seats.
Some states where judges are still elected are considering
constitutional changes to a merit selection system. The Minnesota
Legislature has considered asking voters to weigh in on such a change,
and may do so again next year. And in Nevada (a state ranked eighth in
campaign spending on judgeships), two legislators --- the Senate
minority leader, William Raggio, a Republican, and Assembly Speaker
Barbara Buckley, a Democrat --- pushed through a ballot question that
citizens will vote on this November on whether to institute a merit
selection system for judges.
We should cheer Minnesota and Nevada as they pursue impartial courts and
create for their citizens that one safe place. Other states should soon
follow suit.
Sandra Day O'Connor was a Supreme Court justice from 1981 to 2006.
A version of this op-ed appeared in print on May 23, 2010,
on page WK9 of the New York edition.
justice to the Supreme Court, another judicial process that is also
extremely important is happening across the country: the selection of
state court judges. But in too many states, citizens are being
shortchanged by the way these judges are chosen.
Each state has its own method of choosing judges, from lifetime
appointments to partisan elections. But judges with a lifetime
appointment are not accountable to voters. And elected judges are
susceptible to influence by political or ideological constituencies.
A better system is one that strikes a balance between lifetime
appointment and partisan election by providing for the open, public
nomination and appointment of judges, followed in due course by a
standardized judicial performance evaluation and, finally, a yes/no vote
in which citizens either approve the judge or vote him out. This kind of
merit selection system --- now used in some form in two-thirds of states
--- protects the impartiality of the judiciary without sacrificing
accountability.
State courts resolve the most important legal matters in our lives,
including child custody cases, settlement of estates, business-contract
disputes, traffic offenses, drunken-driving charges, most criminal
offenses and most foreclosures. More than 100 million cases are filed in
state courts each year.
When you enter one of these courtrooms, the last thing you want to worry
about is whether the judge is more accountable to a campaign contributor
or an ideological group than to the law.
In our system, the judiciary, unlike the legislative and the executive
branches, is supposed to answer only to the law and the Constitution.
Courts are supposed to be the one safe place where every citizen can
receive a fair hearing.
In a merit selection system, a nonpartisan nominating commission
interviews and investigates applicants for judicial vacancies, and
ultimately recommends a few candidates to the governor. The governor
appoints one from the list. Regular "retention" elections are held to
allow voters to decide whether to keep the judge in office.
There are those who assert that this system benefits legal insiders,
because lawyers will inevitably dominate the nominating commissions,
which would hold their meetings in secret. But to the extent that this
could be a real problem, Arizona has already demonstrated how to avoid
it. In that state, nominating commissions are dominated by non-lawyers,
and their meetings are open. Candidates' applications are available
online, and the public is invited to comment.
Another argument against this system is that it deprives voters of the
chance to choose their judges. But the truth is, in those states that
elect judges, candidates often run unopposed, so voters are left with no
options, and little information about the people who are on the ballot.
In a system where judges are evaluated before they are put on the
ballot, voters can make their decisions more knowledgeably --- with
relevant information about the judges' performance on the bench.
This year, 16 states will hold contested elections for seats on their
highest courts, and candidates will raise and spend millions of dollars
for their campaigns. In 2008 alone, nearly $20 million was spent on TV
advertising in contested elections for 26 state supreme court seats.
Some states where judges are still elected are considering
constitutional changes to a merit selection system. The Minnesota
Legislature has considered asking voters to weigh in on such a change,
and may do so again next year. And in Nevada (a state ranked eighth in
campaign spending on judgeships), two legislators --- the Senate
minority leader, William Raggio, a Republican, and Assembly Speaker
Barbara Buckley, a Democrat --- pushed through a ballot question that
citizens will vote on this November on whether to institute a merit
selection system for judges.
We should cheer Minnesota and Nevada as they pursue impartial courts and
create for their citizens that one safe place. Other states should soon
follow suit.
Sandra Day O'Connor was a Supreme Court justice from 1981 to 2006.
A version of this op-ed appeared in print on May 23, 2010,
on page WK9 of the New York edition.
A produção acadêmica do constitucionalista alemão Gunther Frankenberg
http://www.jura.uni-frankfurt.de/ifoer1/frankenberg/dokumente/Publikationsliste enviado pelo Juiz Federal José Carlos Garcia e doutorando da Puc-rio de direito.
El Pais - A autonomia do Poder Judiciário na Espanha
http://www.elpais.com/articulo/reportajes/justicia/elpepusocdmg/20100523elpdmgrep_4/Tes Enviado pelo Prof. Gustavo Senges mestre pela Puc-rio Direito
Boaventura de Sousa Santos: amicus curiae, audiência pública e quilombolas
http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=4633
Vejam nesta matéria da revista Carta Maior com texto de Boaventura de Sousa Santos enviado pelo pesquisador Humberto Laport do OJB/UFRJ sobre o gargalo institucional do amicus curiae e audiência pública no Brasil especialmente no caso dos quilombolas no STF
Vejam nesta matéria da revista Carta Maior com texto de Boaventura de Sousa Santos enviado pelo pesquisador Humberto Laport do OJB/UFRJ sobre o gargalo institucional do amicus curiae e audiência pública no Brasil especialmente no caso dos quilombolas no STF
sexta-feira, 21 de maio de 2010
A obra Dialogos Institucionais eo Ativismo
Saiu pela Editora Jurua a obra Dialogos Institucionais e o Ativismo que se complementa com a outra obra Ativismo Jurisdicional e STF (publicado em 2009 pela Editora Jurua). Vejam a sinopse e adquirem em www.jurua.com.br. Divulguem!
SINOPSE
As teorias dos diálogos, seguindo os modelos expostos nesta obra, revelaram-se aptas a permitir um esboço de desenho institucional que não se limita ao mero reconhecimento da supremacia do Poder Judiciário nos termos do artigo 102, caput, da Constituição de 1988. Pelo contrário, elas revelam que há uma dinâmica político-constitucional mais complexa, com a prevalência de significativas interações institucionais entre o Legislativo e o Judiciário – que hoje acontecem, mas sob o véu sempre menos democrático, da menor visibilidade. Nesse direcionamento, é importante a contribuição da obra na prevenção do ativismo: de um lado, desnudando que ao Legislativo sempre será possível reagir à decisão judicial questionada – e se ele assim não o faz é por sua própria escolha política, e não por força de uma cláusula de barreira decorrente da supremacia no sentido mais tradicional; de outro, há sempre um elemento mínimo de constrição ao excesso de ativismo quando a corte tem por claro que sua deliberação pode ser revertida pelo Parlamento, quando este traduz um juízo de repúdio aos excessos da criação judicial.
Quando refletimos sobre as relações entre os poderes Legislativo e Judiciário, no que toca à proteção dos Direitos Fundamentais, nos habituamos a abordar a questão de forma binária. Ou bem depositamos ampla fé na atuação legislativa, por considerá-la a mais fiel expressão da vontade popular, ou a olhamos com reservas e apostamos no Judiciário como fiel da balança, que deve prontamente repelir qualquer tentativa de impor a tirania através da vontade da majoritária. O livro que o leitor tem em mãos é um convite para dar um passo atrás e considerar a existência de uma terceira senda nesta encruzilhada. Em vez de transformar a tarefa de concretização dos direitos fundamentais numa contenda pela última palavra, por que não estabelecer um diálogo no qual nenhuma das instituições é vista a priori como o árbitro final da questão? Seria possível estabelecer procedimentos de cooperação que melhor partilhassem a responsabilidade de construção do sentido constitucional? Esta trilha, embora pouco explorada no pensamento constitucional brasileiro, mostrou-se promissora aos olhos destes autores e bastante desenvolvida alhures. Marcadamente nos países influenciados pela tradição política inglesa, o encontro da noção de soberania do Parlamento com o mecanismo de revisão judicial das leis fez surgir engenhosas soluções institucionais, posteriormente descritas sob a alcunha da “teoria dos diálogos institucionais”. Empreendemos nesta obra uma análise pormenorizada do tema, com o intuito de avaliar seu potencial descritivo e normativo perante a realidade brasileira. Esperamos, assim, contribuir com um novo olhar sobre o tema recorrente dos limites da jurisdição constitucional. Considerando-se a atual tendência ativista dos tribunais pátrios, pareceu-nos oportuno apresentar esta alternativa ponderada.
CURRÍCULO DO AUTOR
Cecília de Almeida Silva - Mestranda em Direito Público – Unesa/RJ.
Francisco Moura - Mestre em Direito, Estado e Cidadania – UGF/RJ.
José Guilherme Berman - Mestre e Doutorando em Teoria do Estado e Direito Constitucional – PUC/Rio.
José Ribas Vieira - Pós-Doutor – Universidade de Montpellier I; Doutor em Direito Público – UFRJ.
Rodrigo de Souza Tavares - Mestre em Direito, Estado e Cidadania – UGF/RJ; Doutorando em Teoria do Estado e Direito Constitucional – PUC/Rio.
Vanice Regina Lírio do Valle - Doutora em Direito, Estado e Cidadania – UGF/RJ.
SINOPSE
As teorias dos diálogos, seguindo os modelos expostos nesta obra, revelaram-se aptas a permitir um esboço de desenho institucional que não se limita ao mero reconhecimento da supremacia do Poder Judiciário nos termos do artigo 102, caput, da Constituição de 1988. Pelo contrário, elas revelam que há uma dinâmica político-constitucional mais complexa, com a prevalência de significativas interações institucionais entre o Legislativo e o Judiciário – que hoje acontecem, mas sob o véu sempre menos democrático, da menor visibilidade. Nesse direcionamento, é importante a contribuição da obra na prevenção do ativismo: de um lado, desnudando que ao Legislativo sempre será possível reagir à decisão judicial questionada – e se ele assim não o faz é por sua própria escolha política, e não por força de uma cláusula de barreira decorrente da supremacia no sentido mais tradicional; de outro, há sempre um elemento mínimo de constrição ao excesso de ativismo quando a corte tem por claro que sua deliberação pode ser revertida pelo Parlamento, quando este traduz um juízo de repúdio aos excessos da criação judicial.
Quando refletimos sobre as relações entre os poderes Legislativo e Judiciário, no que toca à proteção dos Direitos Fundamentais, nos habituamos a abordar a questão de forma binária. Ou bem depositamos ampla fé na atuação legislativa, por considerá-la a mais fiel expressão da vontade popular, ou a olhamos com reservas e apostamos no Judiciário como fiel da balança, que deve prontamente repelir qualquer tentativa de impor a tirania através da vontade da majoritária. O livro que o leitor tem em mãos é um convite para dar um passo atrás e considerar a existência de uma terceira senda nesta encruzilhada. Em vez de transformar a tarefa de concretização dos direitos fundamentais numa contenda pela última palavra, por que não estabelecer um diálogo no qual nenhuma das instituições é vista a priori como o árbitro final da questão? Seria possível estabelecer procedimentos de cooperação que melhor partilhassem a responsabilidade de construção do sentido constitucional? Esta trilha, embora pouco explorada no pensamento constitucional brasileiro, mostrou-se promissora aos olhos destes autores e bastante desenvolvida alhures. Marcadamente nos países influenciados pela tradição política inglesa, o encontro da noção de soberania do Parlamento com o mecanismo de revisão judicial das leis fez surgir engenhosas soluções institucionais, posteriormente descritas sob a alcunha da “teoria dos diálogos institucionais”. Empreendemos nesta obra uma análise pormenorizada do tema, com o intuito de avaliar seu potencial descritivo e normativo perante a realidade brasileira. Esperamos, assim, contribuir com um novo olhar sobre o tema recorrente dos limites da jurisdição constitucional. Considerando-se a atual tendência ativista dos tribunais pátrios, pareceu-nos oportuno apresentar esta alternativa ponderada.
CURRÍCULO DO AUTOR
Cecília de Almeida Silva - Mestranda em Direito Público – Unesa/RJ.
Francisco Moura - Mestre em Direito, Estado e Cidadania – UGF/RJ.
José Guilherme Berman - Mestre e Doutorando em Teoria do Estado e Direito Constitucional – PUC/Rio.
José Ribas Vieira - Pós-Doutor – Universidade de Montpellier I; Doutor em Direito Público – UFRJ.
Rodrigo de Souza Tavares - Mestre em Direito, Estado e Cidadania – UGF/RJ; Doutorando em Teoria do Estado e Direito Constitucional – PUC/Rio.
Vanice Regina Lírio do Valle - Doutora em Direito, Estado e Cidadania – UGF/RJ.
quarta-feira, 19 de maio de 2010
CNJ e processo virtual
Judiciário: Órgão quer unificar procedimentos e evitar uso indevido de dadosCNJ elabora norma para consulta a processo virtual
Zínia Baeta, de São Paulo
19/05/2010
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) vai estabelecer regras, válidas para os tribunais de todo o país, que regulamentam a forma de acesso aos processos judiciais disponíveis na internet. Atualmente, não há uma norma uniforme sobre a questão e cada tribunal adota procedimento próprio. O texto já está pronto para ser votado no pleno do CNJ, mas deve ser levado mais uma vez para consulta popular.
Consequência da evolução do processo eletrônico no país, o objetivo do conselho é evitar que os dados das ações judiciais sejam expostos de maneira inadequada na internet ou utilizados com o intuito de lesar a imagem de partes ou terceiros interessados nos processos. "Recebemos algumas reclamações no CNJ de pessoas que se sentiram prejudicadas por seus nomes e dados nos processos terem sido jogados na rede mundial", afirma o conselheiro e coordenador do grupo de trabalho responsável pela proposta, Walter Nunes.
O conselheiro cita o caso de um trabalhador prejudicado em razão da publicidade da ação judicial proposta contra a empresa para a qual trabalhou. "Ele (o trabalhador) deixou de conseguir um novo emprego pelo fato de a companhia ter tomado conhecimento da ação", diz. Por isso, Nunes afirma que a intenção não é reduzir a publicidade dos processos, mas regulamentá-la para evitar a "banalização" dessas informações.
O texto já elaborado pelo CNJ prevê duas formas de consulta. Na primeira - comum aos tribunais superiores - o interessado, terá livre acesso aos dados básicos da ação como o nome das partes, dos advogados, fase em que se encontra e íntegra das decisões já proferidas. Não será necessário nenhum tipo de cadastro ou senha, como exigido atualmente por alguns tribunais. Para os processos trabalhistas, no entanto, não será permitido divulgar o nome do trabalhador. O objetivo é evitar-se a chamada "lista negra" dos empregadores. Segundo Nunes, as varas e tribunais do trabalho adotam o procedimento, mas há varas comuns, que julgam ações trabalhistas, que não adotam a prática.
A outra forma de consulta proposta pelo CNJ é válida para quem pretende conhecer o conteúdo dos processos. O que, neste caso, incluiria, por exemplo, o acesso a documentos e às petições. Para essas situações, o conselho propõe que seja realizado um cadastro eletrônico prévio, que permitirá rastrear todos aqueles que tiveram acesso ao conteúdo processual. "Por esse procedimento ficará registrado o DNA eletrônico de quem fez a consulta. Quem fizer o uso indevido dos dados, poderá ser identificado", diz Nunes. De acordo ele, a medida permitirá definir responsabilidades.
Outra situação que será regulamentada pelo CNJ refere-se às certidões negativas ou positivas de pessoas físicas obtidas pela internet. As certidões negativas indicam que não há condenações criminais contra aquela pessoa. Para obtê-las, o procedimento é o mesmo estipulado para os dados básicos de um processo, ou seja, livre acesso. As certidões positivas, por sua vez, seguirão a mesma forma criada para o acesso ao conteúdo dos processos. Será necessário, portanto, um cadastro eletrônico prévio para que o interessado conheça os motivos pelos quais aquela pessoa física foi condenada criminalmente.
O conselheiro Walter Nunes, afirma que discutiu-se se a publicidade dos processos penais não infringiria o princípio da presunção de inocência. Mas, segundo ele, chegou-se à conclusão que a sociedade tem o direito e o interesse em conhecer esses dados. "Se você for contratar alguém para trabalhar na sua casa, há o direito de saber se essa pessoa responde ou não a um processo criminal", diz.
O conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), José Guilherme Carvalho Zagallo, afirma que a entidade começou a estudar agora as propostas do CNJ. Mas diz que é importante a uniformização dos procedimentos, pois cada região do país faz de uma maneira.
Zínia Baeta, de São Paulo
19/05/2010
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) vai estabelecer regras, válidas para os tribunais de todo o país, que regulamentam a forma de acesso aos processos judiciais disponíveis na internet. Atualmente, não há uma norma uniforme sobre a questão e cada tribunal adota procedimento próprio. O texto já está pronto para ser votado no pleno do CNJ, mas deve ser levado mais uma vez para consulta popular.
Consequência da evolução do processo eletrônico no país, o objetivo do conselho é evitar que os dados das ações judiciais sejam expostos de maneira inadequada na internet ou utilizados com o intuito de lesar a imagem de partes ou terceiros interessados nos processos. "Recebemos algumas reclamações no CNJ de pessoas que se sentiram prejudicadas por seus nomes e dados nos processos terem sido jogados na rede mundial", afirma o conselheiro e coordenador do grupo de trabalho responsável pela proposta, Walter Nunes.
O conselheiro cita o caso de um trabalhador prejudicado em razão da publicidade da ação judicial proposta contra a empresa para a qual trabalhou. "Ele (o trabalhador) deixou de conseguir um novo emprego pelo fato de a companhia ter tomado conhecimento da ação", diz. Por isso, Nunes afirma que a intenção não é reduzir a publicidade dos processos, mas regulamentá-la para evitar a "banalização" dessas informações.
O texto já elaborado pelo CNJ prevê duas formas de consulta. Na primeira - comum aos tribunais superiores - o interessado, terá livre acesso aos dados básicos da ação como o nome das partes, dos advogados, fase em que se encontra e íntegra das decisões já proferidas. Não será necessário nenhum tipo de cadastro ou senha, como exigido atualmente por alguns tribunais. Para os processos trabalhistas, no entanto, não será permitido divulgar o nome do trabalhador. O objetivo é evitar-se a chamada "lista negra" dos empregadores. Segundo Nunes, as varas e tribunais do trabalho adotam o procedimento, mas há varas comuns, que julgam ações trabalhistas, que não adotam a prática.
A outra forma de consulta proposta pelo CNJ é válida para quem pretende conhecer o conteúdo dos processos. O que, neste caso, incluiria, por exemplo, o acesso a documentos e às petições. Para essas situações, o conselho propõe que seja realizado um cadastro eletrônico prévio, que permitirá rastrear todos aqueles que tiveram acesso ao conteúdo processual. "Por esse procedimento ficará registrado o DNA eletrônico de quem fez a consulta. Quem fizer o uso indevido dos dados, poderá ser identificado", diz Nunes. De acordo ele, a medida permitirá definir responsabilidades.
Outra situação que será regulamentada pelo CNJ refere-se às certidões negativas ou positivas de pessoas físicas obtidas pela internet. As certidões negativas indicam que não há condenações criminais contra aquela pessoa. Para obtê-las, o procedimento é o mesmo estipulado para os dados básicos de um processo, ou seja, livre acesso. As certidões positivas, por sua vez, seguirão a mesma forma criada para o acesso ao conteúdo dos processos. Será necessário, portanto, um cadastro eletrônico prévio para que o interessado conheça os motivos pelos quais aquela pessoa física foi condenada criminalmente.
O conselheiro Walter Nunes, afirma que discutiu-se se a publicidade dos processos penais não infringiria o princípio da presunção de inocência. Mas, segundo ele, chegou-se à conclusão que a sociedade tem o direito e o interesse em conhecer esses dados. "Se você for contratar alguém para trabalhar na sua casa, há o direito de saber se essa pessoa responde ou não a um processo criminal", diz.
O conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), José Guilherme Carvalho Zagallo, afirma que a entidade começou a estudar agora as propostas do CNJ. Mas diz que é importante a uniformização dos procedimentos, pois cada região do país faz de uma maneira.
Portal Puc-rio digital leiam
http://puc-riodigital.com.puc-rio.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=6803&sid=41
terça-feira, 18 de maio de 2010
Corte Suprema e a Prisão Perpetua
Folha de São Paulo, terça-feira, 18 de maio de 2010
EUA atenuam prisão perpétua de jovens
Suprema Corte obriga Estados a considerarem liberdade em casos de crimes sem morte cometidos por menores de 18
Decisão, porém, não torna concessão de liberdade condicional automática, como temiam os críticos evocando "passe livre"
DA REDAÇÃO
A Suprema Corte americana decidiu ontem, por 5 votos a 4, que menores de 18 anos não podem ficar presos sem direito a liberdade condicional, exceto em casos que envolvam morte.
O entendimento foi o de que a prática viola a 8ª Emenda à Constituição, que proíbe punições "cruéis e incomuns".
O caso que levou à sentença foi o de Terrance Graham.
Ele foi acusado de roubos e outros crimes quando tinha 16 anos e, um ano mais tarde, acabou detido por roubo e invasão de propriedade, o que gerou uma pena de prisão perpétua, perante a Justiça da Flórida.
Hoje, aos 22, reivindica o seu direito à liberdade condicional.
Os advogados de Graham fundamentaram seu pedido em uma decisão de 2005, também da Suprema Corte, segundo a qual jovens não podem ser condenados à morte porque são menos responsáveis por seus crimes do que os adultos, por sua imaturidade emocional.
"O Estado negou [a Graham] qualquer chance de mostrar a aptidão de se reintegrar com base em apenas um crime, que não de homicídio, que ocorreu quando ele era uma criança aos olhos da lei", escreveu o juiz Anthony Kennedy no voto seguido pela maioria dos colegas.
"Uma vida sem condicional é uma punição especialmente rígida para um jovem. Sob essa sentença, um jovem criminoso passará mais anos preso que um criminoso adulto", disse.
Dos 9 magistrados da corte, 6 entenderam que a pena aplicada a Graham era inconstitucional. Deles, 5 concordaram que casos similares se beneficiassem da mesma decisão.
No seu voto, Kennedy disse que os EUA são o único país do mundo que condena menores à prisão perpétua por crimes que não envolvem morte.
Estudo citado pelo magistrado afirma que 70% dos 129 presos que cumprem prisão perpétua hoje devido a crimes ocorridos quando eles tinham menos de 18 anos, todos sem envolver homicídio, estão na Flórida.
Os crimes são, na maioria, de estupro, sequestro e roubo.
Há outros 2.000 jovens em prisão perpétua por crimes que envolvem homicídio.
Críticos da decisão temiam a criação de um "passe livre" para criminosos de menos de 18.
Kennedy, porém, afirma que os Estados não estão obrigados a soltar os jovens. "O que o Estado deve fazer é dar a detentos como Graham a oportunidade significativa de ser solto baseado em demonstrações de maturidade e reabilitação."
EUA atenuam prisão perpétua de jovens
Suprema Corte obriga Estados a considerarem liberdade em casos de crimes sem morte cometidos por menores de 18
Decisão, porém, não torna concessão de liberdade condicional automática, como temiam os críticos evocando "passe livre"
DA REDAÇÃO
A Suprema Corte americana decidiu ontem, por 5 votos a 4, que menores de 18 anos não podem ficar presos sem direito a liberdade condicional, exceto em casos que envolvam morte.
O entendimento foi o de que a prática viola a 8ª Emenda à Constituição, que proíbe punições "cruéis e incomuns".
O caso que levou à sentença foi o de Terrance Graham.
Ele foi acusado de roubos e outros crimes quando tinha 16 anos e, um ano mais tarde, acabou detido por roubo e invasão de propriedade, o que gerou uma pena de prisão perpétua, perante a Justiça da Flórida.
Hoje, aos 22, reivindica o seu direito à liberdade condicional.
Os advogados de Graham fundamentaram seu pedido em uma decisão de 2005, também da Suprema Corte, segundo a qual jovens não podem ser condenados à morte porque são menos responsáveis por seus crimes do que os adultos, por sua imaturidade emocional.
"O Estado negou [a Graham] qualquer chance de mostrar a aptidão de se reintegrar com base em apenas um crime, que não de homicídio, que ocorreu quando ele era uma criança aos olhos da lei", escreveu o juiz Anthony Kennedy no voto seguido pela maioria dos colegas.
"Uma vida sem condicional é uma punição especialmente rígida para um jovem. Sob essa sentença, um jovem criminoso passará mais anos preso que um criminoso adulto", disse.
Dos 9 magistrados da corte, 6 entenderam que a pena aplicada a Graham era inconstitucional. Deles, 5 concordaram que casos similares se beneficiassem da mesma decisão.
No seu voto, Kennedy disse que os EUA são o único país do mundo que condena menores à prisão perpétua por crimes que não envolvem morte.
Estudo citado pelo magistrado afirma que 70% dos 129 presos que cumprem prisão perpétua hoje devido a crimes ocorridos quando eles tinham menos de 18 anos, todos sem envolver homicídio, estão na Flórida.
Os crimes são, na maioria, de estupro, sequestro e roubo.
Há outros 2.000 jovens em prisão perpétua por crimes que envolvem homicídio.
Críticos da decisão temiam a criação de um "passe livre" para criminosos de menos de 18.
Kennedy, porém, afirma que os Estados não estão obrigados a soltar os jovens. "O que o Estado deve fazer é dar a detentos como Graham a oportunidade significativa de ser solto baseado em demonstrações de maturidade e reabilitação."
segunda-feira, 17 de maio de 2010
A judicialização dos medicamentos
FOLHA de São Paulo, 17.05.10.
SUS deve atualizar lista de remédio todo ano
CLÁUDIA COLLUCCI
da Reportagem Local
O Ministério da Saúde terá que atualizar tabelas de remédios e procedimentos do SUS pelo menos uma vez por ano. Se o prazo não for cumprido, será obrigado a oferecer a droga mesmo sem prescrição ou laudo médico, até a publicação da decisão no "Diário Oficial".
É o que diz um novo projeto de lei aprovado pela CAS (Comissão de Assuntos Sociais) do Senado, em caráter terminativo. Agora, o projeto segue para Câmara dos Deputados e, depois, para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
A medida tem apoio do ministério, que espera, com isso, frear a "epidemia" de ações judiciais para a aquisição de medicamentos de alto custo que vem afetando os sistemas das três esferas de governo.
A tabela SUS está desatualizada há quase um década. Isso tem feito com que 50 mil pessoas, em média, recorram por ano à Justiça para obter, por meio de liminares, os remédios de última geração.
Um exemplo de remédio frequentemente pedido via judicial é o rituximab, usado pela pré-candidata à Presidência Dilma Rousseff (PT) no tratamento do linfoma. A droga custa em média R$ 8.000 e não consta na lista do SUS.
Atualmente, remédios oncológicos são os mais requisitados na Justiça, segundo estudo da Fiocruz divulgado na semana passada. O trabalho constatou que a maioria das prescrições nos processos judiciais é feita por médicos do próprio SUS.
"Tanto os médicos como os magistrados agem baseados em convicções honestas. Mas é preciso uma lei que os oriente. Essa epidemia de ações tem desequilibrado os sistemas de saúde de Estados e municípios", diz o secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, Reinaldo Guimarães.
Só a União gastou em 2009 R$ 83,16 milhões com a compra de medicamentos, determinada por 1.780 ações judiciais. O valor é 75% superior ao gasto em 2008 (R$ 47,6 milhões).
Para Guimarães, o novo projeto de lei terá um papel de disciplinar o processo de aquisição de novas tecnologias. De acordo com o ministério, 60% dos pacientes que ingressam com ações poderiam ser tratados com remédios similares, disponíveis no SUS. Os outros 40% pedem drogas de última geração, algumas das quais não estão aprovadas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).
Pelo projeto de lei, um novo medicamento só deverá ser incorporado ao SUS se tiver registro na Anvisa. Também serão avaliadas as evidências científicas sobre sua eficácia e segurança e a comparação dos benefícios e dos custos em relação às drogas já disponíveis.
A advogada Sylvie Boechat, gerente de apoio ao paciente da Abrale (Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia), afirma que isso só vai funcionar se a Anvisa tiver agilidade na aprovação de novos fármacos.
Ela cita o exemplo da lenalidomida, droga indicada para o tratamento de mielomas múltiplos e da síndrome mielodisplásica, aprovada há cinco anos nos EUA, e que ainda não tem registro na Anvisa.
"Há evidências científicas mais do que suficientes sobre a eficácia e segurança dessa droga. No entanto, ela não está aprovada. Por esse critério, ela não seria incorporada à nova lista do SUS, por exemplo."
Segundo advogada, independentemente do novo projeto, as pessoas poderão continuar recorrendo à Justiça para obter remédios não disponíveis no SUS. "O direito à saúde é uma extensão do direito à vida."
Judicialização
O combate ao crescimento da chamada "judicialização da saúde" ganhou urgência nos últimos anos, quando se descobriram fraudes em ações para beneficiar laboratórios.
Em 2007, nove pessoas foram presas em Marília (interior de São Paulo) sob a acusação de forjar receitas médicas para obrigar, por meio de ações judiciais, a Secretaria de Estado da Saúde a comprar remédios para tratamento de psoríase (doença inflamatória da pele).
Depois disso, as ações judiciais no Estado começaram a cair. Em 2009, foram 722 processos contra 3.098 registrados em 2008. No mesmo período, triplicou o número de processos administrativos ingressados diretamente na Secretaria da Saúde -3.042 para 10.004.
Para a secretaria, a eficiência no julgamento dos processos para aquisição de novas drogas tem desestimulado as ações.
Arte/Folha
http://www1.folha.uol.com.br/folha/equilibrio/noticias/ult263u736201.shtml, acesso em 17.05.10
SUS deve atualizar lista de remédio todo ano
CLÁUDIA COLLUCCI
da Reportagem Local
O Ministério da Saúde terá que atualizar tabelas de remédios e procedimentos do SUS pelo menos uma vez por ano. Se o prazo não for cumprido, será obrigado a oferecer a droga mesmo sem prescrição ou laudo médico, até a publicação da decisão no "Diário Oficial".
É o que diz um novo projeto de lei aprovado pela CAS (Comissão de Assuntos Sociais) do Senado, em caráter terminativo. Agora, o projeto segue para Câmara dos Deputados e, depois, para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
A medida tem apoio do ministério, que espera, com isso, frear a "epidemia" de ações judiciais para a aquisição de medicamentos de alto custo que vem afetando os sistemas das três esferas de governo.
A tabela SUS está desatualizada há quase um década. Isso tem feito com que 50 mil pessoas, em média, recorram por ano à Justiça para obter, por meio de liminares, os remédios de última geração.
Um exemplo de remédio frequentemente pedido via judicial é o rituximab, usado pela pré-candidata à Presidência Dilma Rousseff (PT) no tratamento do linfoma. A droga custa em média R$ 8.000 e não consta na lista do SUS.
Atualmente, remédios oncológicos são os mais requisitados na Justiça, segundo estudo da Fiocruz divulgado na semana passada. O trabalho constatou que a maioria das prescrições nos processos judiciais é feita por médicos do próprio SUS.
"Tanto os médicos como os magistrados agem baseados em convicções honestas. Mas é preciso uma lei que os oriente. Essa epidemia de ações tem desequilibrado os sistemas de saúde de Estados e municípios", diz o secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, Reinaldo Guimarães.
Só a União gastou em 2009 R$ 83,16 milhões com a compra de medicamentos, determinada por 1.780 ações judiciais. O valor é 75% superior ao gasto em 2008 (R$ 47,6 milhões).
Para Guimarães, o novo projeto de lei terá um papel de disciplinar o processo de aquisição de novas tecnologias. De acordo com o ministério, 60% dos pacientes que ingressam com ações poderiam ser tratados com remédios similares, disponíveis no SUS. Os outros 40% pedem drogas de última geração, algumas das quais não estão aprovadas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).
Pelo projeto de lei, um novo medicamento só deverá ser incorporado ao SUS se tiver registro na Anvisa. Também serão avaliadas as evidências científicas sobre sua eficácia e segurança e a comparação dos benefícios e dos custos em relação às drogas já disponíveis.
A advogada Sylvie Boechat, gerente de apoio ao paciente da Abrale (Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia), afirma que isso só vai funcionar se a Anvisa tiver agilidade na aprovação de novos fármacos.
Ela cita o exemplo da lenalidomida, droga indicada para o tratamento de mielomas múltiplos e da síndrome mielodisplásica, aprovada há cinco anos nos EUA, e que ainda não tem registro na Anvisa.
"Há evidências científicas mais do que suficientes sobre a eficácia e segurança dessa droga. No entanto, ela não está aprovada. Por esse critério, ela não seria incorporada à nova lista do SUS, por exemplo."
Segundo advogada, independentemente do novo projeto, as pessoas poderão continuar recorrendo à Justiça para obter remédios não disponíveis no SUS. "O direito à saúde é uma extensão do direito à vida."
Judicialização
O combate ao crescimento da chamada "judicialização da saúde" ganhou urgência nos últimos anos, quando se descobriram fraudes em ações para beneficiar laboratórios.
Em 2007, nove pessoas foram presas em Marília (interior de São Paulo) sob a acusação de forjar receitas médicas para obrigar, por meio de ações judiciais, a Secretaria de Estado da Saúde a comprar remédios para tratamento de psoríase (doença inflamatória da pele).
Depois disso, as ações judiciais no Estado começaram a cair. Em 2009, foram 722 processos contra 3.098 registrados em 2008. No mesmo período, triplicou o número de processos administrativos ingressados diretamente na Secretaria da Saúde -3.042 para 10.004.
Para a secretaria, a eficiência no julgamento dos processos para aquisição de novas drogas tem desestimulado as ações.
Arte/Folha
http://www1.folha.uol.com.br/folha/equilibrio/noticias/ult263u736201.shtml, acesso em 17.05.10
domingo, 16 de maio de 2010
O que Dworkin pensa sobre a ação afirmativa - texto de 2003
http://www.nybooks.com/articles/archives/2003/may/15/the-court-and-the-university/?page=1
Elen Kagan foi socialista?
http://www.time.com/time/politics/article/0,8599,1989502,00.html enviado pelo doutorando da PUC-rio em direito Prof Farlei Martins
Quem é Cass Sunstein?
http://www.nytimes.com/2010/05/16/magazine/16Sunstein-t.html?ref=magazine
enviado pelo doutorando em direito da Puc-rio Farlei Martins
enviado pelo doutorando em direito da Puc-rio Farlei Martins
Dworkin critica decisão da Corte Suprema americana
http://www.nybooks.com/articles/archives/2010/may/13/decision-threatens-democracy/ enviado pelo doutorando em direito da Puc-rio Farlei Martins.
Valorizando a universidade - Kagan
Harvard Law Review no portal capes na sua edição de abril que já estava circulando inclui uma edição especial com texto de Elen Kagan de 2001 sobre o presidencialismo americano (são 141 páginas). Tal fato demonstra como a Escola de Harvard de Direito está valorizando um integrante de seus quadros que poderá chegar a Corte Suprema.
sábado, 15 de maio de 2010
Entrevista de Castanheira Neves definindo textetualismo e debatendo a questão da "ciência" do direito
http://pauloqueiroz.net/entrevista-concedida-pelo-prof-dr-antonio-castanheira-neves/
sexta-feira, 14 de maio de 2010
Conselho de Estado francês rejeita a burka
*
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Consejo/Estado/vuelve/rechazar/ley/anti-burka/Sarkozy/elpepusoc/20100514elpepusoc_2/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Consejo/Estado/vuelve/rechazar/ley/anti-burka/Sarkozy/elpepusoc/20100514elpepusoc_2/Tes
quarta-feira, 12 de maio de 2010
Habermas e o direito
Habermas vejam http://www.conjur.com.br/2010-mai-12/decisoes-juridicas-levar-serio-valores-principios-constitucionais
Limites da ação civil pública
Valor Economico de 11 de maio de 2010
Processual: 2ª Seção definiu que processos devem ser apresentados em até cinco anosDecisão do STJ pode inviabilizar inúmeras ações civis públicas
Zínia Baeta, de São Paulo
11/05/2010
Um julgamento recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), se adotado pelo Judiciário, poderá fazer com que inúmeras ações sobre danos ao erário público, patrimônio histórico ou meio ambiente, por exemplo, sejam consideradas prescritas. A decisão da 2ª Seção da Corte, que aparentemente atingiria apenas os bancos, definiu ser de cinco anos o prazo para que uma ação civil pública seja proposta. Até agora, esse período estava em aberto e discutia-se se seria de dez ou até mesmo de 20 anos.
Apesar de não ser vinculativo, por não se tratar de uma súmula, a tendência é que as demais instâncias do Judiciário adotem esse posicionamento, por se tratar de uma decisão de seção do STJ. Para o Ministério Público, o impacto do precedente, que é técnico, teria grandes efeitos sobre o trabalho realizado atualmente. Já os advogados cujos clientes respondem a inquéritos - fase anterior à propositura da ação - há mais de cinco anos comemoram o entendimento, por ser um grande argumento para livrá-los de um processo.
O advogado Mário Luiz Delgado, sócio do Martorelli e Gouveia, afirma que utilizará o precedente em recurso no STJ contra decisão do Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região. Apesar de ter defendido que o prazo para propor a ação contra seu cliente seria de cinco anos, o entendimento aplicado ao caso pela Corte foi de que a prescrição seria de dez anos - prazo geral previsto no Código Civil de 2002. A mesma defesa será utilizada em três outras ações civis públicas por improbidade administrativa ajuizadas contra clientes do escritório. Segundo Delgado, um dos casos refere-se à desapropriação de um imóvel rural pertencente a uma grande empresa. O Ministério Público Federal (MPF) ajuizou uma ação civil pública contra a empresa, dois diretores da companhia e quatro servidores do Incra. A acusação é de superfaturamento do ato que ocorreu em 1998. A ação, no entanto, só foi proposta sete anos depois.
Outro caso citado pelo advogado é o de uma fábrica que responde a uma ação proposta em 2007 pelo MPF, por supostas irregularidades na obtenção de recursos do Fundo de Investimentos da Amazônia (Finam) em favor da companhia, ocorridas em 1999. A ação, segundo Delgado, foi embasada tão-somente na conclusão de um inquérito policial, instaurado na Superintendência da Policial Federal no Tocantins. "A empresa funciona normalmente, gerando centenas de empregos. Mas os diretores continuam a via crucis de responder pelo processo", diz Delgado.
O procurador da República e doutor em direito administrativo, José Roberto Pimenta Oliveira, lembra que a decisão do STJ foi aplicada a um caso isolado, não é súmula e, portanto, não vincularia as demais instâncias do Judiciário. Ele acredita que o entendimento da Corte possa ser revertido em um recurso do próprio Ministério Público. No entanto, se hipoteticamente o Judiciário passasse a adotar esse entendimento, o procurador avalia que a medida seria um desastre. Em sua avaliação, para a apuração de um ilícito, cinco anos seria um prazo exíguo, pois as entidade de controle no Brasil - caso do MP - carecem de recursos e estrutura para realizarem uma defesa no período fixado pelo STJ. "Se fecha a porta para questionar o ilícito pelo devido processo legal", afirma.
O advogado Edgard Leite, sócio do escritório Edgard Leite Advogados Associados, avalia que o entendimento do STJ seria uma medida de Justiça, pois os inquéritos ficam abertos por anos. "Se em cinco anos não se identificou provas para abrir uma ação, esta não deve ser aberta", diz. Para ele, um prazo prescricional aberto é uma espada na cabeça do acusado. O advogado exemplifica com o caso de um cliente que há dez anos responde a um inquérito relativo à administração pública.
O caso julgado pelo STJ envolve um processo contra o banco do Brasil pelo qual discute-se o pagamento dos expurgos inflacionários referentes aos planos econômicos Bresser e Verão - respectivamente de 1987 e 1989. Os ministros entenderam que a ação, proposta em 2003, já estava prescrita. O Ministério Público de Santa Catarina, onde a ação correu, defendeu a prescrição geral do antigo Código Civil, de 20 anos. Como a Lei da Ação Civil Pública não estabelece prescrição, os ministros da Corte adotaram por analogia o período quinquenal, previsto na Lei da Ação Popular.
O promotor do caso, Fábio de Souza Trajano, afirma que a decisão ainda não foi publicada, mas que já se estuda um possível recurso ao Supremo Tribunal Federal (STF) - que só pode ser impetrado pelo MPF. Para ele, porém, a prevalecer este entendimento, haveria um prejuízo para toda a sociedade. O procurador José Roberto Pimenta Oliveira entende que o STJ não poderia criar um prazo específico para o qual não há norma. O que seria incompatível com o artigo 37, parágrafo 5º, da Constituição Federal.
O professor Arnoldo Wald elogia o entendimento e diz que o julgado traz segurança jurídica. "As ações coletivas, por sua amplitude, devem ter um prazo delimitado."
Processual: 2ª Seção definiu que processos devem ser apresentados em até cinco anosDecisão do STJ pode inviabilizar inúmeras ações civis públicas
Zínia Baeta, de São Paulo
11/05/2010
Um julgamento recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), se adotado pelo Judiciário, poderá fazer com que inúmeras ações sobre danos ao erário público, patrimônio histórico ou meio ambiente, por exemplo, sejam consideradas prescritas. A decisão da 2ª Seção da Corte, que aparentemente atingiria apenas os bancos, definiu ser de cinco anos o prazo para que uma ação civil pública seja proposta. Até agora, esse período estava em aberto e discutia-se se seria de dez ou até mesmo de 20 anos.
Apesar de não ser vinculativo, por não se tratar de uma súmula, a tendência é que as demais instâncias do Judiciário adotem esse posicionamento, por se tratar de uma decisão de seção do STJ. Para o Ministério Público, o impacto do precedente, que é técnico, teria grandes efeitos sobre o trabalho realizado atualmente. Já os advogados cujos clientes respondem a inquéritos - fase anterior à propositura da ação - há mais de cinco anos comemoram o entendimento, por ser um grande argumento para livrá-los de um processo.
O advogado Mário Luiz Delgado, sócio do Martorelli e Gouveia, afirma que utilizará o precedente em recurso no STJ contra decisão do Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região. Apesar de ter defendido que o prazo para propor a ação contra seu cliente seria de cinco anos, o entendimento aplicado ao caso pela Corte foi de que a prescrição seria de dez anos - prazo geral previsto no Código Civil de 2002. A mesma defesa será utilizada em três outras ações civis públicas por improbidade administrativa ajuizadas contra clientes do escritório. Segundo Delgado, um dos casos refere-se à desapropriação de um imóvel rural pertencente a uma grande empresa. O Ministério Público Federal (MPF) ajuizou uma ação civil pública contra a empresa, dois diretores da companhia e quatro servidores do Incra. A acusação é de superfaturamento do ato que ocorreu em 1998. A ação, no entanto, só foi proposta sete anos depois.
Outro caso citado pelo advogado é o de uma fábrica que responde a uma ação proposta em 2007 pelo MPF, por supostas irregularidades na obtenção de recursos do Fundo de Investimentos da Amazônia (Finam) em favor da companhia, ocorridas em 1999. A ação, segundo Delgado, foi embasada tão-somente na conclusão de um inquérito policial, instaurado na Superintendência da Policial Federal no Tocantins. "A empresa funciona normalmente, gerando centenas de empregos. Mas os diretores continuam a via crucis de responder pelo processo", diz Delgado.
O procurador da República e doutor em direito administrativo, José Roberto Pimenta Oliveira, lembra que a decisão do STJ foi aplicada a um caso isolado, não é súmula e, portanto, não vincularia as demais instâncias do Judiciário. Ele acredita que o entendimento da Corte possa ser revertido em um recurso do próprio Ministério Público. No entanto, se hipoteticamente o Judiciário passasse a adotar esse entendimento, o procurador avalia que a medida seria um desastre. Em sua avaliação, para a apuração de um ilícito, cinco anos seria um prazo exíguo, pois as entidade de controle no Brasil - caso do MP - carecem de recursos e estrutura para realizarem uma defesa no período fixado pelo STJ. "Se fecha a porta para questionar o ilícito pelo devido processo legal", afirma.
O advogado Edgard Leite, sócio do escritório Edgard Leite Advogados Associados, avalia que o entendimento do STJ seria uma medida de Justiça, pois os inquéritos ficam abertos por anos. "Se em cinco anos não se identificou provas para abrir uma ação, esta não deve ser aberta", diz. Para ele, um prazo prescricional aberto é uma espada na cabeça do acusado. O advogado exemplifica com o caso de um cliente que há dez anos responde a um inquérito relativo à administração pública.
O caso julgado pelo STJ envolve um processo contra o banco do Brasil pelo qual discute-se o pagamento dos expurgos inflacionários referentes aos planos econômicos Bresser e Verão - respectivamente de 1987 e 1989. Os ministros entenderam que a ação, proposta em 2003, já estava prescrita. O Ministério Público de Santa Catarina, onde a ação correu, defendeu a prescrição geral do antigo Código Civil, de 20 anos. Como a Lei da Ação Civil Pública não estabelece prescrição, os ministros da Corte adotaram por analogia o período quinquenal, previsto na Lei da Ação Popular.
O promotor do caso, Fábio de Souza Trajano, afirma que a decisão ainda não foi publicada, mas que já se estuda um possível recurso ao Supremo Tribunal Federal (STF) - que só pode ser impetrado pelo MPF. Para ele, porém, a prevalecer este entendimento, haveria um prejuízo para toda a sociedade. O procurador José Roberto Pimenta Oliveira entende que o STJ não poderia criar um prazo específico para o qual não há norma. O que seria incompatível com o artigo 37, parágrafo 5º, da Constituição Federal.
O professor Arnoldo Wald elogia o entendimento e diz que o julgado traz segurança jurídica. "As ações coletivas, por sua amplitude, devem ter um prazo delimitado."
Google e direitos autorais
Valor Econômico de 10 de maio de 2010
Para advogada, Google viola tratados
Jeff Bliss, Bloomberg, de Washington
11/05/2010
Um acordo de conciliação no valor de US$ 125 milhões, que pode permitir ao Google criar a maior biblioteca de livros digitais do mundo, viola leis e tratados internacionais, de acordo com um memorando escrito por um oponente do acordo.
"Aparentemente", o acordo "invalida direitos exclusivos dos proprietários de direitos autorais" para aprovar a reprodução dos seus livros, escreveu Cynthia Arato, uma advogada que representa autores na Nova Zelândia, Itália e Áustria, entre outros países.
O memorando foi divulgado pela Open Book Alliance, que lidera a contestação ao acordo.
O tribunal federal de primeira instância dos Estados Unidos, em Nova York, está avaliando se aprovará o acordo. O Google foi acionado na Justiça em 2005 por autores e editores que disseram que a companhia estava infringindo seus direitos autorais em larga escala ao digitalizar livros e permitir que "fragmentos" deles fossem vistos on-line.
O acordo criaria um cartório de registro de livros para compensar detentores de direitos autorais e o acesso do público a certos livros por meio do Google.
Segundo Megan Lamb, uma porta-voz do Google, o acordo "está em conformidade com as leis de direitos autorais internacionais e dos Estados Unidos". Os livros vão ganhar um novo público com o acordo, disse ele, por e-mail. "O acordo expõe leitores a informações a que eles não poderiam ter acesso de outra forma, e oferece a autores e editores uma nova forma de ser encontrados", afirmou.
A Sony, que é dona de um leitor eletrônico de livros que concorre com o Kindle, da Amazon.com, e é parceira do Google, disse que o acordo promoverá a concorrência no mercado de livros eletrônicos.
O acordo vai conferir imunidade ao Google perante as leis de direitos autorais, permitindo à companhia distribuir milhões de livros na internet em troca da divisão da receita. Se aprovado, o acordo vai violar um tratado de direitos autorais internacionalmente respeitado, de 1886, e permitirá exceções a detentores de direitos autorais na Austrália, no Canadá e no Reino Unido, que se chocam com um acordo da Organização Mundial do Comércio, disse Cynthia Arato.
Detentores de direitos autorais estrangeiros terão de informar ao Google de que não querem tomar parte no acordo de conciliação, num processo de "opção por exclusão" que é "desgastante", disse a advogada. "Pessoas que não optarem por se excluir do acordo renunciarão para sempre ao direito de processar o Google por violação de direitos autorais no futuro", escreveu Cynthia. Além das dificuldades causadas aos detentores de direitos autorais, o acordo foi "traduzido de uma maneira péssima", afirmou a advogada.
A natureza expansiva do acordo de conciliação provocou objeções por parte do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, segundo o qual o entendimento poderá conferir uma vantagem anticompetitiva ao Google.
Participam do acordo a organização de escritores Author's Guide, as divisões Penguin e de educação do grupo Pearson, a McGraw-Hill, a John Wiley & Sons e a Simon&Schuster, subsidiária da CBS.
Para advogada, Google viola tratados
Jeff Bliss, Bloomberg, de Washington
11/05/2010
Um acordo de conciliação no valor de US$ 125 milhões, que pode permitir ao Google criar a maior biblioteca de livros digitais do mundo, viola leis e tratados internacionais, de acordo com um memorando escrito por um oponente do acordo.
"Aparentemente", o acordo "invalida direitos exclusivos dos proprietários de direitos autorais" para aprovar a reprodução dos seus livros, escreveu Cynthia Arato, uma advogada que representa autores na Nova Zelândia, Itália e Áustria, entre outros países.
O memorando foi divulgado pela Open Book Alliance, que lidera a contestação ao acordo.
O tribunal federal de primeira instância dos Estados Unidos, em Nova York, está avaliando se aprovará o acordo. O Google foi acionado na Justiça em 2005 por autores e editores que disseram que a companhia estava infringindo seus direitos autorais em larga escala ao digitalizar livros e permitir que "fragmentos" deles fossem vistos on-line.
O acordo criaria um cartório de registro de livros para compensar detentores de direitos autorais e o acesso do público a certos livros por meio do Google.
Segundo Megan Lamb, uma porta-voz do Google, o acordo "está em conformidade com as leis de direitos autorais internacionais e dos Estados Unidos". Os livros vão ganhar um novo público com o acordo, disse ele, por e-mail. "O acordo expõe leitores a informações a que eles não poderiam ter acesso de outra forma, e oferece a autores e editores uma nova forma de ser encontrados", afirmou.
A Sony, que é dona de um leitor eletrônico de livros que concorre com o Kindle, da Amazon.com, e é parceira do Google, disse que o acordo promoverá a concorrência no mercado de livros eletrônicos.
O acordo vai conferir imunidade ao Google perante as leis de direitos autorais, permitindo à companhia distribuir milhões de livros na internet em troca da divisão da receita. Se aprovado, o acordo vai violar um tratado de direitos autorais internacionalmente respeitado, de 1886, e permitirá exceções a detentores de direitos autorais na Austrália, no Canadá e no Reino Unido, que se chocam com um acordo da Organização Mundial do Comércio, disse Cynthia Arato.
Detentores de direitos autorais estrangeiros terão de informar ao Google de que não querem tomar parte no acordo de conciliação, num processo de "opção por exclusão" que é "desgastante", disse a advogada. "Pessoas que não optarem por se excluir do acordo renunciarão para sempre ao direito de processar o Google por violação de direitos autorais no futuro", escreveu Cynthia. Além das dificuldades causadas aos detentores de direitos autorais, o acordo foi "traduzido de uma maneira péssima", afirmou a advogada.
A natureza expansiva do acordo de conciliação provocou objeções por parte do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, segundo o qual o entendimento poderá conferir uma vantagem anticompetitiva ao Google.
Participam do acordo a organização de escritores Author's Guide, as divisões Penguin e de educação do grupo Pearson, a McGraw-Hill, a John Wiley & Sons e a Simon&Schuster, subsidiária da CBS.
segunda-feira, 10 de maio de 2010
Mais noticias sobre Mrs. Kagan
Enviado pelo Prof Farlei Oliveira, doutorando em direito da Puc-rio mais noticias sobre Mrs. Kagan para Corte Suprema
http://www.nytimes.com/2010/05/11/us/politics/11court.html?nl=us&emc=politicsemailema1
http://www.nytimes.com/2010/05/11/us/politics/11court.html?nl=us&emc=politicsemailema1
Indicação para a Corte Suprema
http://www.huffingtonpost.com/2010/05/09/elena-kagan-supreme-court_n_569499.html
Este endereço eletrônico foi fornecido pelo mestrando em direito da Puc-rio Gustavo Senges.
Este endereço eletrônico foi fornecido pelo mestrando em direito da Puc-rio Gustavo Senges.
Reforma do Estado
Folha de São Paulo, segunda-feira, 10 de maio de 2010
Ação põe em risco hospital e centro de ciência
Julgamento no Supremo vai unir o PT e o PSDB em favor do uso de Organizações Sociais para gerir dinheiro público
Governos terão de "estatizar" serviços se tribunal julgar inconstitucional, em sessão que deve acontecer este mês, modelo criado por lei em 98
MATHEUS LEITÃO
DA SUCURSAL DE BRASÍLIA
Uma sessão do Supremo Tribunal Federal colocará o PT e o PSDB do mesmo lado no calor do período pré-eleitoral. O tribunal julgará neste mês a Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.923, que questiona a legalidade da gestão pública no modelo de contratação de Organizações Sociais.
A Adin foi proposta pelo PDT e pelo próprio PT, quando se opunha a esse modelo no governo Fernando Henrique Cardoso. Se a ação for considerada procedente pelo STF, petistas e tucanos ficarão igualmente em apuros: várias instituições estaduais e federais, hoje administradas por OSs, terão de ser imediatamente "estatizadas".
As OSs são entidades privadas sem fins lucrativos, que gerem recursos orçamentários, num sistema de prestação de serviço junto ao poder público. São cada vez mais adotadas porque têm mais flexibilidade. Estão hoje em 14 Estados brasileiros e 71 municípios.
Em São Paulo, 23 hospitais estaduais são geridos por OSs -com contratos que somam, no total, R$ 1,36 bilhão por ano. O Hospital de Pedreira, o primeiro a usar o modelo, por decisão do então governador Mário Covas, tem orçamento anual de R$ 80 milhões.
São OSs também que administram cinco órgãos do Ministério da Ciência e Tecnologia: a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, o Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, o Laboratório Nacional de Luz Síncroton, o Centro de Gestão e Estudos Avançados e o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Recebem por ano R$ 70 milhões do governo.
A Empresa Brasil de Comunicação, que administra a TV Brasil, mantém contrato de gestão com uma OS, responsável por parte do seu orçamento anual de R$ 350 milhões. "As OSs possibilitam uma gestão mais moderna, menos sujeita aos conhecidos vícios do setor público", afirma a diretora-presidente, Tereza Cruvinel.
O líder do PT na Câmara, Fernando Ferro (PE), diz que o partido terá de se readaptar caso a Adin seja aprovada.
"Entramos com a ação porque recebíamos muitas denúncias de desvio. Há usos e usos", diz. "Há mais coerência no PSDB, que criou as OSs, do que no PT, que as criticava e passou a usá-las", declarou o deputado Gustavo Fruet (PSDB-PR).
Criado por lei em 1998, o modelo é contestado por dois motivos: dispensa licitação nas compras e, algumas vezes, tem método de fiscalização considerado frágil (amostragem pelos tribunais de contas).
Na época, o então ministro da Reforma do Estado Luiz Carlos Bresser-Pereira, idealizador das OSs, foi acusado pelo PT de fazer uma reforma administrativa neoliberal. "Nunca fui neoliberal na vida. Meu interesse era ampliar o Estado social, com mais investimento em educação, saúde, ciência e cultura. O PT estava equivocado e percebeu.Tanto que utiliza o mesmo modelo", diz.
A Folha apurou que o STF está dividido. Em 2007, o tribunal havia julgado, e rejeitado, liminar que pretendia suspender as OSs enquanto a Adin não tinha o mérito julgado.
Os ministros Joaquim Barbosa, Marco Aurélio Mello e Ricardo Lewandowski votaram a favor da liminar. É possível que votem a favor da Adin.
Professor de direito na USP, Fernando Menezes diz que a lei das OSs tem um problema grave: "A licitação deve ser a regra, com pequenas exceções. Não pode haver dispensa indiscriminada numa forma de contratação com um volume tão alto de dinheiro público".
O procurador Luís Alberto Thompson Flores Lenz concorda. "O sistema funciona bem, é um avanço, mas tem mazelas de fiscalização. Os tribunais de contas têm encontrado problemas de direcionamento para OSs sem capacidade para exercer a função", diz. "Qual o critério de escolha?"
O questionamento é respondido pela Procuradoria-Geral da República no parecer dentro da ação. "Sua contratação só tem cabimento se tal opção se mostrar técnica e constitucionalmente válida. Isso só pode ser apurado se atendido um processo público de decisão, de que a licitação faz parte", afirma o documento, acatando o pedido da Adin parcialmente pela inconstitucionalidade do formato de contratação sem licitação. O parecer ainda pede maior fiscalização das OSs, pelo próprio Ministério Público.
Para o secretário de Saúde de São Paulo, Luiz Roberto Barradas Barata, hospitais geridos por OSs já foram testados e aprovados pela população.
A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. pediu para ser ouvida no STF como parte interessada. "Impedir as OSs será um retrocesso. O modelo tem sido fundamental para o avanço da ciência e tecnologia do país", diz o advogado da SBPC, Eduardo Pannunzio.
Ação põe em risco hospital e centro de ciência
Julgamento no Supremo vai unir o PT e o PSDB em favor do uso de Organizações Sociais para gerir dinheiro público
Governos terão de "estatizar" serviços se tribunal julgar inconstitucional, em sessão que deve acontecer este mês, modelo criado por lei em 98
MATHEUS LEITÃO
DA SUCURSAL DE BRASÍLIA
Uma sessão do Supremo Tribunal Federal colocará o PT e o PSDB do mesmo lado no calor do período pré-eleitoral. O tribunal julgará neste mês a Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.923, que questiona a legalidade da gestão pública no modelo de contratação de Organizações Sociais.
A Adin foi proposta pelo PDT e pelo próprio PT, quando se opunha a esse modelo no governo Fernando Henrique Cardoso. Se a ação for considerada procedente pelo STF, petistas e tucanos ficarão igualmente em apuros: várias instituições estaduais e federais, hoje administradas por OSs, terão de ser imediatamente "estatizadas".
As OSs são entidades privadas sem fins lucrativos, que gerem recursos orçamentários, num sistema de prestação de serviço junto ao poder público. São cada vez mais adotadas porque têm mais flexibilidade. Estão hoje em 14 Estados brasileiros e 71 municípios.
Em São Paulo, 23 hospitais estaduais são geridos por OSs -com contratos que somam, no total, R$ 1,36 bilhão por ano. O Hospital de Pedreira, o primeiro a usar o modelo, por decisão do então governador Mário Covas, tem orçamento anual de R$ 80 milhões.
São OSs também que administram cinco órgãos do Ministério da Ciência e Tecnologia: a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, o Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, o Laboratório Nacional de Luz Síncroton, o Centro de Gestão e Estudos Avançados e o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Recebem por ano R$ 70 milhões do governo.
A Empresa Brasil de Comunicação, que administra a TV Brasil, mantém contrato de gestão com uma OS, responsável por parte do seu orçamento anual de R$ 350 milhões. "As OSs possibilitam uma gestão mais moderna, menos sujeita aos conhecidos vícios do setor público", afirma a diretora-presidente, Tereza Cruvinel.
O líder do PT na Câmara, Fernando Ferro (PE), diz que o partido terá de se readaptar caso a Adin seja aprovada.
"Entramos com a ação porque recebíamos muitas denúncias de desvio. Há usos e usos", diz. "Há mais coerência no PSDB, que criou as OSs, do que no PT, que as criticava e passou a usá-las", declarou o deputado Gustavo Fruet (PSDB-PR).
Criado por lei em 1998, o modelo é contestado por dois motivos: dispensa licitação nas compras e, algumas vezes, tem método de fiscalização considerado frágil (amostragem pelos tribunais de contas).
Na época, o então ministro da Reforma do Estado Luiz Carlos Bresser-Pereira, idealizador das OSs, foi acusado pelo PT de fazer uma reforma administrativa neoliberal. "Nunca fui neoliberal na vida. Meu interesse era ampliar o Estado social, com mais investimento em educação, saúde, ciência e cultura. O PT estava equivocado e percebeu.Tanto que utiliza o mesmo modelo", diz.
A Folha apurou que o STF está dividido. Em 2007, o tribunal havia julgado, e rejeitado, liminar que pretendia suspender as OSs enquanto a Adin não tinha o mérito julgado.
Os ministros Joaquim Barbosa, Marco Aurélio Mello e Ricardo Lewandowski votaram a favor da liminar. É possível que votem a favor da Adin.
Professor de direito na USP, Fernando Menezes diz que a lei das OSs tem um problema grave: "A licitação deve ser a regra, com pequenas exceções. Não pode haver dispensa indiscriminada numa forma de contratação com um volume tão alto de dinheiro público".
O procurador Luís Alberto Thompson Flores Lenz concorda. "O sistema funciona bem, é um avanço, mas tem mazelas de fiscalização. Os tribunais de contas têm encontrado problemas de direcionamento para OSs sem capacidade para exercer a função", diz. "Qual o critério de escolha?"
O questionamento é respondido pela Procuradoria-Geral da República no parecer dentro da ação. "Sua contratação só tem cabimento se tal opção se mostrar técnica e constitucionalmente válida. Isso só pode ser apurado se atendido um processo público de decisão, de que a licitação faz parte", afirma o documento, acatando o pedido da Adin parcialmente pela inconstitucionalidade do formato de contratação sem licitação. O parecer ainda pede maior fiscalização das OSs, pelo próprio Ministério Público.
Para o secretário de Saúde de São Paulo, Luiz Roberto Barradas Barata, hospitais geridos por OSs já foram testados e aprovados pela população.
A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. pediu para ser ouvida no STF como parte interessada. "Impedir as OSs será um retrocesso. O modelo tem sido fundamental para o avanço da ciência e tecnologia do país", diz o advogado da SBPC, Eduardo Pannunzio.
sexta-feira, 7 de maio de 2010
Leiam sobre o constitucionalismo latino-americano
http://www.elpais.com/articulo/internacional/polemica/refundacion/sistema/judicial/boliviano/elpepuint/20100507elpepuint_4/Tes
quarta-feira, 5 de maio de 2010
Peluso no CNJ - estilo bateu levou
Folha de São Paulo, quarta-feira, 05 de maio de 2010
Peluso pergunta a membro do CNJ se acha que ele é "imbecil"
Interpelação mostra que novo presidente do STF será incisivo em questões internas
Conselho de fiscalização do Judiciário discutia caso de magistrado do MA que deu indenização de R$ 1,7 mi por extravio de bagagem em voo
Em sua primeira sessão na presidência do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), o ministro Cezar Peluso, 67, discutiu com um conselheiro a ponto de questionar se o colega o julgava um "imbecil".
O caso revela a mudança no perfil de atuação do presidente do CNJ daqui para frente. Gilmar Mendes, apesar de polêmico ao tratar de temas políticos, costumava interferir pouco nas discussões do conselho.
Já Peluso promete não entrar em bate-bocas externos, mas não deixará de ser incisivo nas questões internas do CNJ e do Supremo Tribunal Federal.
"Senti uma grande diferença na forma de condução da presidência. O ministro Peluso é muito franco em manifestar posicionamento do que ele acha que o conselho deve fazer", comentou o conselheiro Marcelo Nobre, após a tensão.
O CNJ foi criado em 2005 com a responsabilidade de fazer o "controle externo" do Judiciário. O conselho analisa questões administrativas contra tribunais e juízes e é composto pelo presidente, que é o presidente do Supremo, e 14 conselheiros escolhidos por vários órgãos (Câmara, OAB, Senado entre outros), com mandato de dois anos.
O conselho analisava ontem processo disciplinar contra o juiz do Maranhão Abrahão Lincoln Sauáia, da 6ª Vara Cível de São Luiz (MA), por ter determinado indenização por danos morais de R$ 1,7 milhão a ser paga pela Vasp a um passageiro que teve a mala extraviada.
O relator do caso, conselheiro Jorge Hélio, havia proposto a punição de "censura" contra o magistrado, que, segundo ele, atuou de forma desproporcional ao aplicar um pagamento tão alto à companhia aérea, que hoje não existe mais. Peluso, porém, divergiu do colega.
Argumentou que o juiz não deveria ser censurado naquele momento, já que responde a outros processos no conselho. Para ele, o caso deveria se juntar a outras ações, para que fossem julgados em conjunto.
A discussão
Ontem, Peluso afirmava que o caso da Vasp, visto isoladamente, poderia não ser tão importante se comparado com a "rotina" dos atos praticados pelo magistrado, que pode lhe render uma punição mais dura do que a simples censura.
"[Se analisada isoladamente] pode-se até entender que poderia ser produto de um distúrbio mental do magistrado uma decisão desse tipo", afirmou.
O conselheiro Marcelo Neves pediu a palavra: "Eu ouso discordar de Vossa Excelência". Então questionou o presidente se ele acreditava que, de forma geral, uma irregularidade isolada nunca levaria a punição.
Peluso, irritado, respondeu: "Vossa Excelência não me ouviu direito ou, se ouviu, não entendeu". E continuou: "Vossa excelência está supondo que eu sou tão imbecil e não sou capaz de imaginar que um caso isolado possa provocar fraude?", questionou Peluso. Neves preferiu não polemizar.
Ao final, todos os conselheiros acabaram concordando com Peluso. Por unanimidade, o maranhense não foi censurado, e o caso será analisado com os demais processos contra ele. (FELIPE SELIGMAN)
Peluso pergunta a membro do CNJ se acha que ele é "imbecil"
Interpelação mostra que novo presidente do STF será incisivo em questões internas
Conselho de fiscalização do Judiciário discutia caso de magistrado do MA que deu indenização de R$ 1,7 mi por extravio de bagagem em voo
Em sua primeira sessão na presidência do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), o ministro Cezar Peluso, 67, discutiu com um conselheiro a ponto de questionar se o colega o julgava um "imbecil".
O caso revela a mudança no perfil de atuação do presidente do CNJ daqui para frente. Gilmar Mendes, apesar de polêmico ao tratar de temas políticos, costumava interferir pouco nas discussões do conselho.
Já Peluso promete não entrar em bate-bocas externos, mas não deixará de ser incisivo nas questões internas do CNJ e do Supremo Tribunal Federal.
"Senti uma grande diferença na forma de condução da presidência. O ministro Peluso é muito franco em manifestar posicionamento do que ele acha que o conselho deve fazer", comentou o conselheiro Marcelo Nobre, após a tensão.
O CNJ foi criado em 2005 com a responsabilidade de fazer o "controle externo" do Judiciário. O conselho analisa questões administrativas contra tribunais e juízes e é composto pelo presidente, que é o presidente do Supremo, e 14 conselheiros escolhidos por vários órgãos (Câmara, OAB, Senado entre outros), com mandato de dois anos.
O conselho analisava ontem processo disciplinar contra o juiz do Maranhão Abrahão Lincoln Sauáia, da 6ª Vara Cível de São Luiz (MA), por ter determinado indenização por danos morais de R$ 1,7 milhão a ser paga pela Vasp a um passageiro que teve a mala extraviada.
O relator do caso, conselheiro Jorge Hélio, havia proposto a punição de "censura" contra o magistrado, que, segundo ele, atuou de forma desproporcional ao aplicar um pagamento tão alto à companhia aérea, que hoje não existe mais. Peluso, porém, divergiu do colega.
Argumentou que o juiz não deveria ser censurado naquele momento, já que responde a outros processos no conselho. Para ele, o caso deveria se juntar a outras ações, para que fossem julgados em conjunto.
A discussão
Ontem, Peluso afirmava que o caso da Vasp, visto isoladamente, poderia não ser tão importante se comparado com a "rotina" dos atos praticados pelo magistrado, que pode lhe render uma punição mais dura do que a simples censura.
"[Se analisada isoladamente] pode-se até entender que poderia ser produto de um distúrbio mental do magistrado uma decisão desse tipo", afirmou.
O conselheiro Marcelo Neves pediu a palavra: "Eu ouso discordar de Vossa Excelência". Então questionou o presidente se ele acreditava que, de forma geral, uma irregularidade isolada nunca levaria a punição.
Peluso, irritado, respondeu: "Vossa Excelência não me ouviu direito ou, se ouviu, não entendeu". E continuou: "Vossa excelência está supondo que eu sou tão imbecil e não sou capaz de imaginar que um caso isolado possa provocar fraude?", questionou Peluso. Neves preferiu não polemizar.
Ao final, todos os conselheiros acabaram concordando com Peluso. Por unanimidade, o maranhense não foi censurado, e o caso será analisado com os demais processos contra ele. (FELIPE SELIGMAN)
segunda-feira, 3 de maio de 2010
Luiz Werneck Vianna
Valor Econômico
Direito, democracia e república
Luiz Werneck Vianna
03/05/2010
A presença do Direito e de suas instituições na vida social e política contemporânea consiste em uma marca que, independente de juízo de valor quanto ao fato, se impõe ao observador. A bibliografia sobre o assunto é abundante e não para de crescer, girando, em boa parte, em torno da controversa questão que trata da chamada judicialização da política e das relações sociais. No Brasil, quando da sua recente despedida da presidência do Supremo Tribunal Federal, o juiz Gilmar Mendes, apresentando, em tom alarmado, estatísticas sobre a expansão da litigação no país - hoje, em torno de 80 milhões de ações em andamento - avançou o diagnóstico de que "a sociedade brasileira se tornou dependente do Judiciário". A ressalva a ser feita é a de que tal fenômeno não nos é singular, pois afeta, em maior ou menor medida, as sociedades ocidentais desenvolvidas. Antoine Garapon, reputado especialista francês no assunto, fixou em termos lapidares a natureza desse processo ao escrever que o Judiciário se teria tornado um moderno muro das lamentações.
A avaliação crítica desse fato, deplorado por uns como um sintoma de patologia da política contemporânea, visto como um sinal de vitalidade da democracia por outros, tem, no entanto, um registro comum: a invasão da vida social pelo Direito seria uma resposta ao esvaziamento da república, dos seus ideais e instituições, muito especialmente a partir dos anos 1970, quando a emergência triunfante do neoliberalismo, com suas concepções de um mercado autorregulado, importou o derruimento da arquitetura do Estado de Bem-Estar Social.
Esse tipo de Estado - não importam, aqui, considerações sobre o seu anacronismo na realidade de hoje -, em razão da sua forma específica, estava sustentado na organização política e sindical das diferentes partes da sociedade, cada qual identificada com seus interesses e projetos de uma vida boa, tal como expressos em seus partidos e sindicatos. O parlamento era uma de suas arenas, e, outra, não menos relevante, a das suas corporações e das disputas entre elas realizadas no interior do Estado e sob sua arbitragem, daí devendo resultar um "capitalismo organizado" orientado para o bem comum. Nesse sentido, o "Welfare State" foi republicano e se assentou sobre as suas principais instituições.
A imposição do neoliberalismo provocou a diluição das formas de solidariedade social que, de algum modo, o "Welfare" induzia, levando a uma intensa fragmentação da vida social, à desregulamentação de direitos, ao esvaziamento de partidos e sindicatos, que, ao lado de outros processos societais relevantes, foram fatores decisivos para que o Judiciário viesse a se converter em um novo lugar não só para a defesa de direitos, como também para sua aquisição.
O próprio legislador, consciente do quanto a sociedade se tinha tornado vulnerável diante do Estado e das empresas, vai fortalecer esse movimento a fim de lhe fornecer recursos de defesa, dando partida, assim, ao que se denominou a revolução processual do Direito, cujo marco mais representativo foi a criação da ação civil pública e, mais à frente, a institucionalização de códigos do consumidor, passando a admitir ações por parte de entes coletivos. No caso, uma das intenções implícitas do legislador foi a de tentar reanimar a vida republicana em cenários alternativos aos da representação política. Nesse novo registro, a república passa a ser tensionada por pressões de sentido democratizador que visam a conquista de novos direitos - o da infância, o da mulher, o do deficiente físico, o da cidade, o do ambiente, etc -, que são postos sob a tutela do poder judicial.
O caso brasileiro se alinha a essas tendências que mantêm sob tensão as relações entre república e democracia, mas certamente é singular. Em primeiro lugar, porque a república, aqui, nasce sem participação popular, filha que é da elite oligárquica de senhores de terras, refratária, ao longo de três décadas à incorporação dos seres sociais que emergiam do mundo urbano-industrial. A incorporação deles começa com a Revolução de 1930, quando se cria um sistema de direitos sociais em favor dos assalariados urbanos - não extensivo aos trabalhadores do campo -, mas que, em contrapartida, suprime a autonomia das suas associações e as põe sob tutela estatal . Vale dizer, a república se "amplia", mas não se democratiza, persistindo como assunto de poucos.
A democratização da vida social é fato recente entre nós, e segue seu curso de modo cada vez mais intenso. Contudo, o problema agora se inverte: se temos democracia, estamos longe da república. Não há república sem vida ativa da cidadania na esfera de uma livre sociedade civil, protegida das políticas de cooptação do Estado e do poder do dinheiro. O constituinte de 1988 foi um bom intérprete da nossa realidade político-social ao dotar a sociedade de meios, inclusive judiciais, para a defesa da sua república, entre os quais o ministério público e a justiça eleitoral. O legislador não menos, quando criou a lei de Responsabilidade Fiscal.
A democracia de massas não pode abdicar da república, uma vez que, sem ela, é presa fácil para intervenções messiânicas, quando a decisão de um pode se justificar em nome do interesse geral de que ele seria o intérprete privilegiado. As eleições que se avizinham, mais uma vez, vão confrontar programas dos candidatos em torno de questões substantivas de relevância indiscutível, como educação, saúde, emprego e renda, mas a eles não pode faltar mais, como nas eleições anteriores, o tema da república e da auto-organização da cidadania. Já são décadas de modernização, chegou a hora do moderno.
Luiz Werneck Vianna é professor-pesquisador do Iuperj. Escreve às segundas-feiras.
Direito, democracia e república
Luiz Werneck Vianna
03/05/2010
A presença do Direito e de suas instituições na vida social e política contemporânea consiste em uma marca que, independente de juízo de valor quanto ao fato, se impõe ao observador. A bibliografia sobre o assunto é abundante e não para de crescer, girando, em boa parte, em torno da controversa questão que trata da chamada judicialização da política e das relações sociais. No Brasil, quando da sua recente despedida da presidência do Supremo Tribunal Federal, o juiz Gilmar Mendes, apresentando, em tom alarmado, estatísticas sobre a expansão da litigação no país - hoje, em torno de 80 milhões de ações em andamento - avançou o diagnóstico de que "a sociedade brasileira se tornou dependente do Judiciário". A ressalva a ser feita é a de que tal fenômeno não nos é singular, pois afeta, em maior ou menor medida, as sociedades ocidentais desenvolvidas. Antoine Garapon, reputado especialista francês no assunto, fixou em termos lapidares a natureza desse processo ao escrever que o Judiciário se teria tornado um moderno muro das lamentações.
A avaliação crítica desse fato, deplorado por uns como um sintoma de patologia da política contemporânea, visto como um sinal de vitalidade da democracia por outros, tem, no entanto, um registro comum: a invasão da vida social pelo Direito seria uma resposta ao esvaziamento da república, dos seus ideais e instituições, muito especialmente a partir dos anos 1970, quando a emergência triunfante do neoliberalismo, com suas concepções de um mercado autorregulado, importou o derruimento da arquitetura do Estado de Bem-Estar Social.
Esse tipo de Estado - não importam, aqui, considerações sobre o seu anacronismo na realidade de hoje -, em razão da sua forma específica, estava sustentado na organização política e sindical das diferentes partes da sociedade, cada qual identificada com seus interesses e projetos de uma vida boa, tal como expressos em seus partidos e sindicatos. O parlamento era uma de suas arenas, e, outra, não menos relevante, a das suas corporações e das disputas entre elas realizadas no interior do Estado e sob sua arbitragem, daí devendo resultar um "capitalismo organizado" orientado para o bem comum. Nesse sentido, o "Welfare State" foi republicano e se assentou sobre as suas principais instituições.
A imposição do neoliberalismo provocou a diluição das formas de solidariedade social que, de algum modo, o "Welfare" induzia, levando a uma intensa fragmentação da vida social, à desregulamentação de direitos, ao esvaziamento de partidos e sindicatos, que, ao lado de outros processos societais relevantes, foram fatores decisivos para que o Judiciário viesse a se converter em um novo lugar não só para a defesa de direitos, como também para sua aquisição.
O próprio legislador, consciente do quanto a sociedade se tinha tornado vulnerável diante do Estado e das empresas, vai fortalecer esse movimento a fim de lhe fornecer recursos de defesa, dando partida, assim, ao que se denominou a revolução processual do Direito, cujo marco mais representativo foi a criação da ação civil pública e, mais à frente, a institucionalização de códigos do consumidor, passando a admitir ações por parte de entes coletivos. No caso, uma das intenções implícitas do legislador foi a de tentar reanimar a vida republicana em cenários alternativos aos da representação política. Nesse novo registro, a república passa a ser tensionada por pressões de sentido democratizador que visam a conquista de novos direitos - o da infância, o da mulher, o do deficiente físico, o da cidade, o do ambiente, etc -, que são postos sob a tutela do poder judicial.
O caso brasileiro se alinha a essas tendências que mantêm sob tensão as relações entre república e democracia, mas certamente é singular. Em primeiro lugar, porque a república, aqui, nasce sem participação popular, filha que é da elite oligárquica de senhores de terras, refratária, ao longo de três décadas à incorporação dos seres sociais que emergiam do mundo urbano-industrial. A incorporação deles começa com a Revolução de 1930, quando se cria um sistema de direitos sociais em favor dos assalariados urbanos - não extensivo aos trabalhadores do campo -, mas que, em contrapartida, suprime a autonomia das suas associações e as põe sob tutela estatal . Vale dizer, a república se "amplia", mas não se democratiza, persistindo como assunto de poucos.
A democratização da vida social é fato recente entre nós, e segue seu curso de modo cada vez mais intenso. Contudo, o problema agora se inverte: se temos democracia, estamos longe da república. Não há república sem vida ativa da cidadania na esfera de uma livre sociedade civil, protegida das políticas de cooptação do Estado e do poder do dinheiro. O constituinte de 1988 foi um bom intérprete da nossa realidade político-social ao dotar a sociedade de meios, inclusive judiciais, para a defesa da sua república, entre os quais o ministério público e a justiça eleitoral. O legislador não menos, quando criou a lei de Responsabilidade Fiscal.
A democracia de massas não pode abdicar da república, uma vez que, sem ela, é presa fácil para intervenções messiânicas, quando a decisão de um pode se justificar em nome do interesse geral de que ele seria o intérprete privilegiado. As eleições que se avizinham, mais uma vez, vão confrontar programas dos candidatos em torno de questões substantivas de relevância indiscutível, como educação, saúde, emprego e renda, mas a eles não pode faltar mais, como nas eleições anteriores, o tema da república e da auto-organização da cidadania. Já são décadas de modernização, chegou a hora do moderno.
Luiz Werneck Vianna é professor-pesquisador do Iuperj. Escreve às segundas-feiras.
Direitos sociais na França e na Alemanha
Pelo Prof João Teodósio da Univ. Federal de Saõ Carlos
http://liberdadepolitica.wordpress.com/2010/05/03/alemanha-e-franca-o-papel-do-judiciario-na-protecao-aos-direitos-sociais/
Alemanha e França – o papel do Judiciário na proteção aos direitos sociais
O site do jornal *Le Monde* publica hoje texto
sobre
tema importantíssimo: o papel do Judiciário como garantidor de direitos
sociais constitucionais.
No artigo que será publicado amanhã na versão impressa do *Monde*, o
professor Francis Kessler, da
Universidade Paris 1 Panthéon-Sorbonne, trata de duas questões da ordem do
dia:
1. Recente decisão (10 de fevereiro) da Corte Constitucional Federal Alemã (
BVerfGE)
que declarou inconstitucional o plano “Hartz IV”, o qual estabelecia um novo
sistema de pagamento de auxílio a crianças com pais desempregados. Segundo o
tribunal, a forma de cálculo estabelecida pela lei violaria o “*direito
fundamental à garantia de uma subsistência mínima*” em acordo com a “*dignidade
humana*“. Ao estipular os pagamentos devidos às crianças a partir de
percentuais dos benefícios devidos a adultos, a lei não estaria assegurando
de modo transparente que o valor recebido por aquelas seria o suficiente
para atender às suas necessidades humanas básicas. Determinou-se, assim, que
o legislador refaça o plano, adotando método estatístico consistente com as
exigências dos direitos fundamentais, até o dia 31 de dezembro deste ano. A
decisão está disponível em inglês no site do
BVerfGe,
e aqui pode-se ler
matéria jornalística (também em inglês) que a sintetiza.
Nestaoutra
matéria, políticos alemães reagem à decisão da corte.
2. A “*constitucionalização do debate judicial*” na França, promovida pela
recente reforma no sistema de controle de constitucionalidade, que abre
possibilidade para que o judiciário por lá passe a ter papel ativo na
proteção aos direitos sociais, tal como na Alemanha.
O presidente Nicolas Sarkozy tem procurado investir contra o sistema de
bem-estar social construído na França ao longo de décadas. O tempo dirá se o
novo desenho do Judiciário francês será um elemento importante na
resistência a essas investidas presidenciais. Para além de fazer o elogio ou
a crítica do empoderamento dos juízes (o que é também fundamental), é papel
da sociedade mobilizar-se para que o seu poder – tal como qualquer outro –
sirva à maximização da fruição de direitos fundamentais, e não à sua
precarização.
Quand les constitutions font office de bouclier social pour les plus
démunis, par Francis Kessler
LE MONDE ECONOMIE | 03.05.10 | 16h13
Les décisions des cours constitutionnelles étrangères portant sur des
questions de droit social attirent généralement peu l'attention des juristes
français.
L'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale allemande du 9 février 2010,
qui porte sur la fusion - organisée en 2003 par le gouvernement Schröder -
des prestations de chômage sous condition de ressources financée par l'impôt
et du revenu minimum, mérite intérêt.
Baptisée "Hartz IV", l'allocation "d'activation des chômeurs de longue
durée" avait radicalement simplifié les minima sociaux et visait à
promouvoir un retour rapide des demandeurs d'emploi sur le marché du
travail.
Les juges de Karlsruhe, saisis par plusieurs familles de bénéficiaires, ont
notamment jugé *"que le droit constitutionnel à un minimum de vie
humainement digne lu à la lumière du principe constitutionnel d'Etat social
garantit à celui qui est dans le besoin les conditions matérielles qui sont
indispensables à sa survie physique et un minimum de participation à la vie
politique et culturelle"*.
Ces droits et principes supposent que les taux servant au calcul des
prestations d'aide sociale soient *"établis sur la base de critères
suffisamment transparents, fondés et vérifiables sur la base de données
sûres et selon des méthodes de calcul pertinentes"*.
La Cour a donné jusqu'au 31 décembre au législateur allemand pour corriger
les défauts dûment répertoriés du dispositif "Hartz IV".
Une telle immixtion des juges constitutionnels français dans la rédaction
d'une disposition d'aide sociale semble à première vue impossible. Cela
tient aux conditions de saisine, avant même la promulgation de la loi. Mais,
surtout, à la timidité des motivations des décisions des membres du Conseil
constitutionnel français qui ne censure qu'exceptionnellement les lois
d'aide sociale au nom des droits de l'homme.
Depuis le 1er mars 2010 toutefois, par application de la loi de 2008 de
modernisation des institutions de la Ve République, tous les justiciables
peuvent contester, au cours d'une instance juridictionnelle, la conformité
des lois en vigueur aux droits et libertés constitutionnels. Ce mécanisme de
renvoi devant le Conseil constitutionnel va obliger celui-ci à prendre en
considération les données de l'espèce qui lui est soumise, les moyens et les
prétentions avancées par chacune des parties et les conséquences concrètes
de la décision qu'il lui faut rendre.
De nouveaux principes, de nouvelles lectures de la Constitution vont
découler de cette réforme. Il se trouvera ainsi certainement un plaideur
pour rappeler que la France est, aux termes de l'article premier de la
Constitution de 1958, *"une République indivisible, laïque,
démocratique"*mais également une
*"République sociale"*.
Un principe général d'interprétation du droit social pourrait de la sorte
être dégagé. De plus, le code de l'action sociale et des familles fait
apparaître des références à la dignité de l'être humain en termes
programmatiques. Ainsi, il stipule que *"la lutte contre la pauvreté et les
exclusions est un impératif national fondé sur le respect de l'égale dignité
de tous les êtres humains (...)"*.
Une *"saisine prioritaire"*, nom donné au nouveau mécanisme de contrôle de
constitutionnalité, pourrait aussi s'appuyer sur l'article 34 de la Charte
des droits sociaux fondamentaux de l'Union européenne, qui dispose qu'afin *"de
lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté, l'Union reconnaît et
respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à
assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources
suffisantes"*.
La "constitutionnalisation" du débat judiciaire français est en marche. Un
regard outre-Rhin et plus généralement sur les jurisprudences étrangères des
cours constitutionnelles permettra de l'alimenter utilement. Les citoyens et
résidents les plus pauvres ne s'en plaindront pas.
*Francis Kessler est maître de conférences à l'université Paris-I.*
Article paru dans l'édition du 04.05.10
http://liberdadepolitica.wordpress.com/2010/05/03/alemanha-e-franca-o-papel-do-judiciario-na-protecao-aos-direitos-sociais/
Alemanha e França – o papel do Judiciário na proteção aos direitos sociais
O site do jornal *Le Monde* publica hoje texto
tema importantíssimo: o papel do Judiciário como garantidor de direitos
sociais constitucionais.
No artigo que será publicado amanhã na versão impressa do *Monde*, o
professor Francis Kessler
Universidade Paris 1 Panthéon-Sorbonne, trata de duas questões da ordem do
dia:
1. Recente decisão (10 de fevereiro) da Corte Constitucional Federal Alemã (
BVerfGE
que declarou inconstitucional o plano “Hartz IV”, o qual estabelecia um novo
sistema de pagamento de auxílio a crianças com pais desempregados. Segundo o
tribunal, a forma de cálculo estabelecida pela lei violaria o “*direito
fundamental à garantia de uma subsistência mínima*” em acordo com a “*dignidade
humana*“. Ao estipular os pagamentos devidos às crianças a partir de
percentuais dos benefícios devidos a adultos, a lei não estaria assegurando
de modo transparente que o valor recebido por aquelas seria o suficiente
para atender às suas necessidades humanas básicas. Determinou-se, assim, que
o legislador refaça o plano, adotando método estatístico consistente com as
exigências dos direitos fundamentais, até o dia 31 de dezembro deste ano. A
decisão está disponível em inglês no site do
BVerfGe
e aqui
matéria jornalística (também em inglês) que a sintetiza.
Nesta
matéria, políticos alemães reagem à decisão da corte.
2. A “*constitucionalização do debate judicial*” na França, promovida pela
recente reforma no sistema de controle de constitucionalidade, que abre
possibilidade para que o judiciário por lá passe a ter papel ativo na
proteção aos direitos sociais, tal como na Alemanha.
O presidente Nicolas Sarkozy tem procurado investir contra o sistema de
bem-estar social construído na França ao longo de décadas. O tempo dirá se o
novo desenho do Judiciário francês será um elemento importante na
resistência a essas investidas presidenciais. Para além de fazer o elogio ou
a crítica do empoderamento dos juízes (o que é também fundamental), é papel
da sociedade mobilizar-se para que o seu poder – tal como qualquer outro –
sirva à maximização da fruição de direitos fundamentais, e não à sua
precarização.
Quand les constitutions font office de bouclier social pour les plus
démunis, par Francis Kessler
LE MONDE ECONOMIE | 03.05.10 | 16h13
Les décisions des cours constitutionnelles étrangères portant sur des
questions de droit social attirent généralement peu l'attention des juristes
français.
L'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale allemande du 9 février 2010,
qui porte sur la fusion - organisée en 2003 par le gouvernement Schröder -
des prestations de chômage sous condition de ressources financée par l'impôt
et du revenu minimum, mérite intérêt.
Baptisée "Hartz IV", l'allocation "d'activation des chômeurs de longue
durée" avait radicalement simplifié les minima sociaux et visait à
promouvoir un retour rapide des demandeurs d'emploi sur le marché du
travail.
Les juges de Karlsruhe, saisis par plusieurs familles de bénéficiaires, ont
notamment jugé *"que le droit constitutionnel à un minimum de vie
humainement digne lu à la lumière du principe constitutionnel d'Etat social
garantit à celui qui est dans le besoin les conditions matérielles qui sont
indispensables à sa survie physique et un minimum de participation à la vie
politique et culturelle"*.
Ces droits et principes supposent que les taux servant au calcul des
prestations d'aide sociale soient *"établis sur la base de critères
suffisamment transparents, fondés et vérifiables sur la base de données
sûres et selon des méthodes de calcul pertinentes"*.
La Cour a donné jusqu'au 31 décembre au législateur allemand pour corriger
les défauts dûment répertoriés du dispositif "Hartz IV".
Une telle immixtion des juges constitutionnels français dans la rédaction
d'une disposition d'aide sociale semble à première vue impossible. Cela
tient aux conditions de saisine, avant même la promulgation de la loi. Mais,
surtout, à la timidité des motivations des décisions des membres du Conseil
constitutionnel français qui ne censure qu'exceptionnellement les lois
d'aide sociale au nom des droits de l'homme.
Depuis le 1er mars 2010 toutefois, par application de la loi de 2008 de
modernisation des institutions de la Ve République, tous les justiciables
peuvent contester, au cours d'une instance juridictionnelle, la conformité
des lois en vigueur aux droits et libertés constitutionnels. Ce mécanisme de
renvoi devant le Conseil constitutionnel va obliger celui-ci à prendre en
considération les données de l'espèce qui lui est soumise, les moyens et les
prétentions avancées par chacune des parties et les conséquences concrètes
de la décision qu'il lui faut rendre.
De nouveaux principes, de nouvelles lectures de la Constitution vont
découler de cette réforme. Il se trouvera ainsi certainement un plaideur
pour rappeler que la France est, aux termes de l'article premier de la
Constitution de 1958, *"une République indivisible, laïque,
démocratique"*mais également une
*"République sociale"*.
Un principe général d'interprétation du droit social pourrait de la sorte
être dégagé. De plus, le code de l'action sociale et des familles fait
apparaître des références à la dignité de l'être humain en termes
programmatiques. Ainsi, il stipule que *"la lutte contre la pauvreté et les
exclusions est un impératif national fondé sur le respect de l'égale dignité
de tous les êtres humains (...)"*.
Une *"saisine prioritaire"*, nom donné au nouveau mécanisme de contrôle de
constitutionnalité, pourrait aussi s'appuyer sur l'article 34 de la Charte
des droits sociaux fondamentaux de l'Union européenne, qui dispose qu'afin *"de
lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté, l'Union reconnaît et
respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à
assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources
suffisantes"*.
La "constitutionnalisation" du débat judiciaire français est en marche. Un
regard outre-Rhin et plus généralement sur les jurisprudences étrangères des
cours constitutionnelles permettra de l'alimenter utilement. Les citoyens et
résidents les plus pauvres ne s'en plaindront pas.
*Francis Kessler est maître de conférences à l'université Paris-I.*
Article paru dans l'édition du 04.05.10
domingo, 2 de maio de 2010
Enquanto a vaga de Eros Grau de 15 de agosto não vem, nos Estados Unidos....
http://hosted.ap.org/dynamic/stories/U/US_OBAMA_SUPREME_COURT?SITE=AP&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT Vejam como nos Estados Unidos escolhe um Justice. 15 de agosto está chegando... Vamos ter mais ministros no STF afirmando que desconsideram os crimes de tortura, desconhecem os que foram barbaramente assassinados pelos "tarados" (Ayres de Britto) que tomaram o Estado brasileiro pós-64?
sábado, 1 de maio de 2010
Texto sobre a teoria critica sistêmica leiam!
http://novosestudos.uol.com.br/acervo/acervo_artigo.asp?idMateria=1379
Leitura Imprescindível
A revista de Novos Estudos Cebrap, março 86, podendo ser acessada eletronicamente, publica sob o título "A teoria crítica dos sistemas da Escola de Frankfurt" (páginas 163 a 178). O texto dele examina a teoria critica sistêmica. Isto o autor critica tanto a teoria de Luhmann via Teubner como a teoria critica marxista e a teoria da Escola de Adorno. O estudo é cristalino, ele dialoga, principalmente, com o Direito. Fisscher Lescano situa, por exemplo, o constitucionalista Frankenberg defendendo este a teoria critica da escola de Frankfurt com ligação com critical legal studies de Duncan Kennedy. Fala, também, de Ingeborg Maus sua relação com Rousseau e Kant. O texto é uma obra prima nos coloca no século XXI
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