Blog 31 de janeiro de 2014
Hablamos el otro día de la amigable mirada de Marx sobre el constitucionalismo, consistente con su crítica al constitucionalismo realmente existente. Podríamos decir algo similar del actual trabajo de Jeremy Waldron, que se va deslizando a una posición cada vez más enojosa frente al constitucionalismo tal como existe hoy. Pienso, por ejemplo, en un escrito que ha venido presentando en ámbitos diversos (y que aún así, luce desprolijo y no terminado), y que lleva por título “Constitutionalism; A Skeptical View.” El trabajo reconoce versiones diversas, aunque la más acabada de todas, según entiendo, es la que integra una compilación organizada por la ascendente estrella de la filosofía política contemporánea Thomas Christiano, sobre discusiones actuales en dicha área.
Waldron se muestra hastiado de un constitucionalismo (piensa, pienso, en el de los Estados Unidos) acostumbrado a moverse en los márgenes de lo “propio” y lo “impropio”; lo “permitido” y lo “prohibido.” Waldron se indigna y reclama espacio para el tercero excluido en esa presentación. La lógica normativa, dice, es trivalente, no bivalente. Las acciones son prohibidas, permitidas, y exigidas. Dónde ha quedado, entonces, el ámbito de lo requerido, de las conductas obligatorias? Waldron se refiere a (lo que Stephen Holmes y Sortirios Barber denominan) el “constitucionalismo positivo,” el que empodera, el que establece instituciones que permiten que las personas cooperen y coordinen proyectos que no pueden llevar adelante por sí mismos. Por eso, agrega, “necesitamos una institución en donde los representantes de la comunidad se puedan reunir y debatir y aplicar las medidas necesarias” para esa cooperación. Pero no, el constitucionalismo contemporáneo ha quedado confinado a la idea del “poder limitado”. Hablar de Constitución parece ser lo mismo, entonces, que hablar de “límites sobre el poder”.
Contra dicha visión, Waldron dice que “la estructura constitucional puede ser vista de otro modo: como un proceso articulado que estructura la deliberación y permite que voces diversas sean escuchadas y asegura múltiples puntos de acceso para el imput que proviene de los ciudadanos.” Más que eso, el constitucionalismo no debe sólo asegurar la posibilidad de que las personas alcancen la igualdad política: debe garantizar que tales personas puedan mantener dicha igualdad a lo largo del tiempo. Lamentablemente –señala- el constitucionalismo actual parece llevarse mal con la democracia y su principio central (justamente, la igualdad política). La ideología constitucional actual, nos dice, considera “infinitamente más importante la fijación de límites sobre el gobierno, que el reaseguro del empoderamiento democrático.”
sexta-feira, 31 de janeiro de 2014
domingo, 26 de janeiro de 2014
Gargarella e Marx
Blog de Gargarella de 26 de janeiro de 2014 aponta para sua visão de Marx tomando como base os seus manuscritos de 1848
A través de los escritos del viejo Hobsbawm sobre Marx, volví a Marx y su "Contribución a la crítica de la 'Filosofía del Derecho' de Hegel." Hobsbawm presenta a este escrito fragmentario, no terminado, de 1843, como el más Rousseauniano y democrático de Marx, el más interesado por cuestiones de democracia y Constitución. Robert Tucker, en su extraordinario "reader" sobre textos de Marx y Engels, habla del texto y dice que "a pesar de su carácter incompleto...el trabajo mantiene su interés por ser la pieza más extensa, dentro de los escritos de Marx, de pura escritura política". Es mi etapa favorita de Marx, la de mis escritos preferidos, es decir, los "Manuscritos de 1848," que son para llorar de la emoción y la admiración.
Contra tanta crítica boba a la Constitución, al republicanismo, a la democracia finalmente, Marx se muestra un convencido sobre la importancia de todos estos valores. Es Hegel el que terminó de malenteder y distorsionar el significado de los mismos. La democracia es el género, nos dice, y la Constitución es la especie. La Constitución -la que tiene sentido, no la que tenemos- es el producto libre del hombre. Hegel no lo advierte: empieza por el Estado, y objetiviza al hombre. Y es al revés: el comienzo, la razón de todo, es el ser humano. El hombre no existe para la ley, agrega Marx, sino la ley para el hombre: es una "manifestación humana" (y no el hombre una manifestación legal).
Hoy, lamentablemente -agrega Marx- el derecho, la Constitución, no son eso: la propiedad representa el contenido completo del derecho. La república pasa a ser así una mera "forma del estado." La verdadera república, por tanto, es la "negación del extrañamiento" en el que vivimos. "En democracia" -concluye- "la constitución, el derecho, el estado mismo, en la medida en que es una constitución política, es sólo la auto-determinación del pueblo.
A través de los escritos del viejo Hobsbawm sobre Marx, volví a Marx y su "Contribución a la crítica de la 'Filosofía del Derecho' de Hegel." Hobsbawm presenta a este escrito fragmentario, no terminado, de 1843, como el más Rousseauniano y democrático de Marx, el más interesado por cuestiones de democracia y Constitución. Robert Tucker, en su extraordinario "reader" sobre textos de Marx y Engels, habla del texto y dice que "a pesar de su carácter incompleto...el trabajo mantiene su interés por ser la pieza más extensa, dentro de los escritos de Marx, de pura escritura política". Es mi etapa favorita de Marx, la de mis escritos preferidos, es decir, los "Manuscritos de 1848," que son para llorar de la emoción y la admiración.
Contra tanta crítica boba a la Constitución, al republicanismo, a la democracia finalmente, Marx se muestra un convencido sobre la importancia de todos estos valores. Es Hegel el que terminó de malenteder y distorsionar el significado de los mismos. La democracia es el género, nos dice, y la Constitución es la especie. La Constitución -la que tiene sentido, no la que tenemos- es el producto libre del hombre. Hegel no lo advierte: empieza por el Estado, y objetiviza al hombre. Y es al revés: el comienzo, la razón de todo, es el ser humano. El hombre no existe para la ley, agrega Marx, sino la ley para el hombre: es una "manifestación humana" (y no el hombre una manifestación legal).
Hoy, lamentablemente -agrega Marx- el derecho, la Constitución, no son eso: la propiedad representa el contenido completo del derecho. La república pasa a ser así una mera "forma del estado." La verdadera república, por tanto, es la "negación del extrañamiento" en el que vivimos. "En democracia" -concluye- "la constitución, el derecho, el estado mismo, en la medida en que es una constitución política, es sólo la auto-determinación del pueblo.
quinta-feira, 23 de janeiro de 2014
Diálogo constitucional na Itália
Constitutional Dialogues in Italy
–Francesco Duranti, Università per Stranieri di Perugia (Italy)
On January 13, the Italian Constitutional Court issued a judgment on the electoral law (no. 270/2005) for both Houses of Parliament (Camera dei Deputati, the Lower House; and Senato della Repubblica, the Upper House)[1].
In its decision—announced in a short press release on December 4, 2013[2]—the Court struck down two very contested aspects of this electoral law, namely the majority prize (premio di maggioranza) and the closed-list of party candidates running for election (liste bloccate). The first mechanism gives extra seats to the party (or to the coalition of parties) that receives most votes (at national level, in the Lower House; and at the regional level, in each of the 20 Regions, in the Upper House). The second prevents voters from choosing their own parliamentary representatives, giving them only the option of choosing a party list, in which candidates are ranked in order of electoral priority by party leaders.[3]
The Court ruled that the majority prize is unconstitutional because is violates the principles of popular sovereignty (art. 1 Const.), equality before the law (art. 3 Const.) and equality of the vote (art. 48 Const.).[4] The Court also found that closed-list system violates the principle of the freedom of the vote (same art. 48 Const.).
The Court’s judgment is very interesting in many ways, especially from constitutional and institutional domestic points of view, not to mention for the political consequences that it will entail.
From a comparative constitutional law perspective, two themes emerge from the judgment
I. Dialogue with Parliament
The Court observed in its judgment that this outcome was, to a large extent, inevitable, due to the legislative inertia following two “early warnings” the Court gave Parliament about the electoral law, one in 2008 (decisions no. 15-16/2008) and one in 2012 (decision no. 13/2012).[5]
So here the Court, called again to review the constitutionality of the electoral law for the two Chambers of Parliament, had only to point out the legislative inertia on the matter and consequently declare the provisions unconstitutional.
Reviewing the constitutionality of electoral laws in Italy is a sensitive political question, perhaps, like in other parts of the world, the most sensitive. The Court must strike a delicate balance between its duty to engage in judicial review and to respect the legislature’s right to make political choices which it considers to be in the best interests of the country, especially where, like in Italy, the electoral system is not directly enshrined in the Constitution.[6]
In this case, the Court engaged in a long dialogue with Parliament, starting with a judgment of 2008, with two formal warnings (the other one in 2012) about the incompatibility of part of the new electoral system with some fundamental features and principles of the Constitution. In engaging in this dialogue, the Court reflected something analogous, in comparative terms, to weak-form constitutional review—or the “new Commonwealth model of constitutionalism”[7]—where judicial/legislative dialogue “allow courts to inform a legislature of the courts’ understanding of the constitutional provision, while allowing the legislature to respond and take conclusive action based in its own understanding.”[8]
In the aftermath of the Court’s judgment, Parliament may now speak, if it wishes, with a wide margin of legislative discretion. Parliament can revise the current electoral system, or choose an entirely new one, subject to the limits imposed by the Court.
II. Dialogue with foreign Constitutional Courts
The Court also engaged in an interesting dialogue with other Constitutional Courts, namely the Bundesverfassungsgericht (Federal Constitutional Court of Germany), citing three of its judgments, the most recent one being decision no. 3/11 of July 25, 2012,[9] on the constitutionality of some provisions of the law for the Federal Parliament of Germany (Bundestag).
On the premise that the proportionality test is a common and shared practice between European Constitutional Courts and the European Court of Justice,[10] the Italian Constitutional Court affirmed that restrictions on fundamental rights (i.e., inter alia, the principle of equality of the vote) must withstand balancing and proportionality.
Stressing that Parliament enjoys discretion in choosing an electoral system, the Court held that once the choice is made it is bound its own standard. So, when Parliament chose proportional representation as the principle to govern its seat allocation, the electoral result had to reflect outcome equality. Here, the design of the majority prize did not meet the standard of outcome equality. This echoed the judgment of the Bundesverfassungsgericht on a similar issue.
This explicit judicial engagement with foreign constitutional jurisprudence is a new experience for the Italian Constitutional Court. Explicit reference to foreign law is very rare, and in most cases it is limited to the legislative form (i.e. only to the legislation of another country).[11]
The Court also offered three justifications for its case-selection of precedents from the German Constitutional Court:
The constitutional orders of Italy and Germany are “homogeneous” and reflect a common core of constitutional principles.
In neither system is the electoral system for the national Parliament enshrined in the Constitution.
The electoral law under review is a PR system.
The explicit citation of foreign constitutional jurisprudence in an institutional case of a leading importance in Italy seems to confirm some general comparative observations.
“While institutional cases are brought before the Court more rarely and are often of a delicate nature because of their political background, at the same time institutional matters are not as densely affected by legislation and are thus more open to interpretation, leaving more spaces for a comparative argument.[12]
For obvious reasons, foreign experience is more likely to be used “to resolve, in a functionalist manner, questions about rights, but this method of use can assist with the resolution of institutional questions as well.”[13]
Citations are more likely to occur in new and complex cases, or, at any rate, “in cases dealing with issues with a potentially important political and social impact.”[14]
Recourse to foreign case law may be used to change consolidated positions, or “it is aimed at redefining constitutional interpretation with respect to consolidated methods and results.”[15]
It remains to be seen whether this explicit citation of foreign judicial precedents represents a new trend for the Italian Constitutional Court.
Suggested Citation: Francesco Duranti, Constitutional Dialogues in Italy, Int’l J. Const. L. Blog, Jan. 22, 2014, available at: http://www.iconnectblog.com/2014/01/constitutional-dialogues-in-italy
[1] Italian Constitutional Court, decision no. 1/2014 http://www.cortecostituzionale.it/schedaUltimoDeposito.do;jsessionid=2189053EF162606638BD82D714D008BF (text in Italian, last accessed 21 January 2014).
[2] http://www.cortecostituzionale.it/comunicatiStampa.doc (text in Italian, last accessed 21 January 2014).
[3] The very complex electoral systems for both Houses of Parliament (it is PR in principle, but with various electoral thresholds and with the decisive, aforementioned, majority prize) is not the object of this brief note. For a quick synthesis, see http://electionresources.org/it/ (last accessed 21 January 2014).
[4] It is to be noted that the majority prize (340 seats of 630 total seats of the Lower House, i.e. 55% of it) is attributed to the party (or to the coalition of parties) that wins (nationwide) a simple majority of the votes, without a minimum electoral threshold. So, it is theoretically possible that an election could produce an outcome where 9 parties gain almost 10% of the votes, and party 10 gains 10% plus one vote. Under this scenario, party 10 would wins the majority prize of 55% of the House seats (!).
[5] On this competence of the Court and on its substantial and procedural limits, see http://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/pdf/Cc_Checosa_2013_UK.pdf (last accessed 21 January 2014).
[6] This is the first time the Italian Constitutional Court has declared unconstitutional the electoral law for the national Parliament.
[7] S. Gardbaum, The New Commonwealth Model of Constitutionalism. Theory and Practice, Cambridge University Press, 2013.
[8] M. Tushnet, The rise of weak-form judicial review, in T. Ginsburg, R. Dixon (eds.), Comparative Constitutional Law, Edward Elgar, 2011, 326.
[9] On this judgment, see C. Tomuschat, Germany’s Mixed-Member Electoral System: A Victim of its Sophistication? (2012), German Law Journal, vol. 13, no. 5, at http://www.germanlawjournal.com/pdfs/Vol14-No1/PDF_Vol_14_No_1_213-238_Developments_Tomuschat.pdf (last accessed 21 January 2014).
[10] On the migration of proportionality, see A. Barak, Proportionality: Constitutional Rights and their Limitations, Cambridge University Press, 2012, 181 ff.
[11] Quantitative studies show that citations of foreign law in the judgments of the Italian Constitutional Court are limited in comparison with other Constitutional Courts: “it should be noted that these references are nearly always to statute law rather than a case law,” G.F. Ferrari, A. Gambaro, The Italian Constitutional Court and Comparative Law. A Premise (2010), Comparative Law Review, vol. 1, n. 1, 4, at http://www.comparativelawreview.com/ojs/index.php/CoLR/article/view/3/7 (last accessed 21 January 2014).
[12] T. Groppi, M.C. Ponthoreau, Conclusion. The Use of Foreign Precedents by Constitutional Judges: A Limited Practice, An Uncertain Future, in T. Groppi, M.C. Ponthoreau (eds.), The Use of Foreign Precedents by Constitutional Judges, Hart Publishing, 2013, 417.
[13] C. Saunders, Judicial engagement with comparative law, in T. Ginsburg, R. Dixon (eds.), Comparative Constitutional Law, Edward Elgar, 2011, 582.
[14] T. Groppi, M.C. Ponthoreau, op. cit., 430.
[15] G.F. Ferrari, A. Gambaro, op. cit., 22. See also G. Halmai, The Use of Foreign Law in Constitutional Interpretation, in M. Rosenfeld, A. Sajó (eds.), The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, Oxford University Press, 2012, 1333.
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Published on January 22, 2014
Author: Francesco Duranti
–Francesco Duranti, Università per Stranieri di Perugia (Italy)
On January 13, the Italian Constitutional Court issued a judgment on the electoral law (no. 270/2005) for both Houses of Parliament (Camera dei Deputati, the Lower House; and Senato della Repubblica, the Upper House)[1].
In its decision—announced in a short press release on December 4, 2013[2]—the Court struck down two very contested aspects of this electoral law, namely the majority prize (premio di maggioranza) and the closed-list of party candidates running for election (liste bloccate). The first mechanism gives extra seats to the party (or to the coalition of parties) that receives most votes (at national level, in the Lower House; and at the regional level, in each of the 20 Regions, in the Upper House). The second prevents voters from choosing their own parliamentary representatives, giving them only the option of choosing a party list, in which candidates are ranked in order of electoral priority by party leaders.[3]
The Court ruled that the majority prize is unconstitutional because is violates the principles of popular sovereignty (art. 1 Const.), equality before the law (art. 3 Const.) and equality of the vote (art. 48 Const.).[4] The Court also found that closed-list system violates the principle of the freedom of the vote (same art. 48 Const.).
The Court’s judgment is very interesting in many ways, especially from constitutional and institutional domestic points of view, not to mention for the political consequences that it will entail.
From a comparative constitutional law perspective, two themes emerge from the judgment
I. Dialogue with Parliament
The Court observed in its judgment that this outcome was, to a large extent, inevitable, due to the legislative inertia following two “early warnings” the Court gave Parliament about the electoral law, one in 2008 (decisions no. 15-16/2008) and one in 2012 (decision no. 13/2012).[5]
So here the Court, called again to review the constitutionality of the electoral law for the two Chambers of Parliament, had only to point out the legislative inertia on the matter and consequently declare the provisions unconstitutional.
Reviewing the constitutionality of electoral laws in Italy is a sensitive political question, perhaps, like in other parts of the world, the most sensitive. The Court must strike a delicate balance between its duty to engage in judicial review and to respect the legislature’s right to make political choices which it considers to be in the best interests of the country, especially where, like in Italy, the electoral system is not directly enshrined in the Constitution.[6]
In this case, the Court engaged in a long dialogue with Parliament, starting with a judgment of 2008, with two formal warnings (the other one in 2012) about the incompatibility of part of the new electoral system with some fundamental features and principles of the Constitution. In engaging in this dialogue, the Court reflected something analogous, in comparative terms, to weak-form constitutional review—or the “new Commonwealth model of constitutionalism”[7]—where judicial/legislative dialogue “allow courts to inform a legislature of the courts’ understanding of the constitutional provision, while allowing the legislature to respond and take conclusive action based in its own understanding.”[8]
In the aftermath of the Court’s judgment, Parliament may now speak, if it wishes, with a wide margin of legislative discretion. Parliament can revise the current electoral system, or choose an entirely new one, subject to the limits imposed by the Court.
II. Dialogue with foreign Constitutional Courts
The Court also engaged in an interesting dialogue with other Constitutional Courts, namely the Bundesverfassungsgericht (Federal Constitutional Court of Germany), citing three of its judgments, the most recent one being decision no. 3/11 of July 25, 2012,[9] on the constitutionality of some provisions of the law for the Federal Parliament of Germany (Bundestag).
On the premise that the proportionality test is a common and shared practice between European Constitutional Courts and the European Court of Justice,[10] the Italian Constitutional Court affirmed that restrictions on fundamental rights (i.e., inter alia, the principle of equality of the vote) must withstand balancing and proportionality.
Stressing that Parliament enjoys discretion in choosing an electoral system, the Court held that once the choice is made it is bound its own standard. So, when Parliament chose proportional representation as the principle to govern its seat allocation, the electoral result had to reflect outcome equality. Here, the design of the majority prize did not meet the standard of outcome equality. This echoed the judgment of the Bundesverfassungsgericht on a similar issue.
This explicit judicial engagement with foreign constitutional jurisprudence is a new experience for the Italian Constitutional Court. Explicit reference to foreign law is very rare, and in most cases it is limited to the legislative form (i.e. only to the legislation of another country).[11]
The Court also offered three justifications for its case-selection of precedents from the German Constitutional Court:
The constitutional orders of Italy and Germany are “homogeneous” and reflect a common core of constitutional principles.
In neither system is the electoral system for the national Parliament enshrined in the Constitution.
The electoral law under review is a PR system.
The explicit citation of foreign constitutional jurisprudence in an institutional case of a leading importance in Italy seems to confirm some general comparative observations.
“While institutional cases are brought before the Court more rarely and are often of a delicate nature because of their political background, at the same time institutional matters are not as densely affected by legislation and are thus more open to interpretation, leaving more spaces for a comparative argument.[12]
For obvious reasons, foreign experience is more likely to be used “to resolve, in a functionalist manner, questions about rights, but this method of use can assist with the resolution of institutional questions as well.”[13]
Citations are more likely to occur in new and complex cases, or, at any rate, “in cases dealing with issues with a potentially important political and social impact.”[14]
Recourse to foreign case law may be used to change consolidated positions, or “it is aimed at redefining constitutional interpretation with respect to consolidated methods and results.”[15]
It remains to be seen whether this explicit citation of foreign judicial precedents represents a new trend for the Italian Constitutional Court.
Suggested Citation: Francesco Duranti, Constitutional Dialogues in Italy, Int’l J. Const. L. Blog, Jan. 22, 2014, available at: http://www.iconnectblog.com/2014/01/constitutional-dialogues-in-italy
[1] Italian Constitutional Court, decision no. 1/2014 http://www.cortecostituzionale.it/schedaUltimoDeposito.do;jsessionid=2189053EF162606638BD82D714D008BF (text in Italian, last accessed 21 January 2014).
[2] http://www.cortecostituzionale.it/comunicatiStampa.doc (text in Italian, last accessed 21 January 2014).
[3] The very complex electoral systems for both Houses of Parliament (it is PR in principle, but with various electoral thresholds and with the decisive, aforementioned, majority prize) is not the object of this brief note. For a quick synthesis, see http://electionresources.org/it/ (last accessed 21 January 2014).
[4] It is to be noted that the majority prize (340 seats of 630 total seats of the Lower House, i.e. 55% of it) is attributed to the party (or to the coalition of parties) that wins (nationwide) a simple majority of the votes, without a minimum electoral threshold. So, it is theoretically possible that an election could produce an outcome where 9 parties gain almost 10% of the votes, and party 10 gains 10% plus one vote. Under this scenario, party 10 would wins the majority prize of 55% of the House seats (!).
[5] On this competence of the Court and on its substantial and procedural limits, see http://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/pdf/Cc_Checosa_2013_UK.pdf (last accessed 21 January 2014).
[6] This is the first time the Italian Constitutional Court has declared unconstitutional the electoral law for the national Parliament.
[7] S. Gardbaum, The New Commonwealth Model of Constitutionalism. Theory and Practice, Cambridge University Press, 2013.
[8] M. Tushnet, The rise of weak-form judicial review, in T. Ginsburg, R. Dixon (eds.), Comparative Constitutional Law, Edward Elgar, 2011, 326.
[9] On this judgment, see C. Tomuschat, Germany’s Mixed-Member Electoral System: A Victim of its Sophistication? (2012), German Law Journal, vol. 13, no. 5, at http://www.germanlawjournal.com/pdfs/Vol14-No1/PDF_Vol_14_No_1_213-238_Developments_Tomuschat.pdf (last accessed 21 January 2014).
[10] On the migration of proportionality, see A. Barak, Proportionality: Constitutional Rights and their Limitations, Cambridge University Press, 2012, 181 ff.
[11] Quantitative studies show that citations of foreign law in the judgments of the Italian Constitutional Court are limited in comparison with other Constitutional Courts: “it should be noted that these references are nearly always to statute law rather than a case law,” G.F. Ferrari, A. Gambaro, The Italian Constitutional Court and Comparative Law. A Premise (2010), Comparative Law Review, vol. 1, n. 1, 4, at http://www.comparativelawreview.com/ojs/index.php/CoLR/article/view/3/7 (last accessed 21 January 2014).
[12] T. Groppi, M.C. Ponthoreau, Conclusion. The Use of Foreign Precedents by Constitutional Judges: A Limited Practice, An Uncertain Future, in T. Groppi, M.C. Ponthoreau (eds.), The Use of Foreign Precedents by Constitutional Judges, Hart Publishing, 2013, 417.
[13] C. Saunders, Judicial engagement with comparative law, in T. Ginsburg, R. Dixon (eds.), Comparative Constitutional Law, Edward Elgar, 2011, 582.
[14] T. Groppi, M.C. Ponthoreau, op. cit., 430.
[15] G.F. Ferrari, A. Gambaro, op. cit., 22. See also G. Halmai, The Use of Foreign Law in Constitutional Interpretation, in M. Rosenfeld, A. Sajó (eds.), The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, Oxford University Press, 2012, 1333.
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Published on January 22, 2014
Author: Francesco Duranti
sexta-feira, 17 de janeiro de 2014
Guerra sjua, Argentina, Merces Corte Suprema americana
A Suprema Corte dos EUA arquiva um processo que associava a Daimler à ditadura argentina
A sentença reitera a proteção às multinacionais contra denúncias por violação de direitos humanos no exterior. Os autores da ação acusam a fábrica de automóveis de cumplicidade com a “Guerra Suja Jornal El Pais de 17 de janeiro de 2014
O Tribunal Supremo de EUA
A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu nesta terça-feira contra a possibilidade de que um tribunal da Califórnia estude a conivência da filial argentina da Daimler com torturas, assassinatos e desaparecimentos cometidos durante a ditadura militar que governou o país sul-americano entre 1976 e 1982. A resolução, adotada por unanimidade, é coerente com outras decisões dos últimos meses pelas quais a máxima instância judicial norte-americana dificulta que cidadãos estrangeiros acudam aos tribunais dos EUA para denunciar violações de direitos humanos cometidas por companhias multinacionais.
Os nove juízes da Suprema Corte concordaram que os tribunais californianos não são juridicamente competentes para acolher a denúncia argentina, já que a filial da empresa alemã não tem sua sede principal nesse Estado
Há três anos, um grupo de ex-funcionários e de representantes de empregados já falecidos da fábrica argentina da Mercedes moveram uma ação judicial na Califórnia contra a empresa controladora, a Daimler AG, acusando-a de cumplicidade com torturas, assassinatos e sequestros cometidos pelas Forças Armadas argentinas contra vários dos membros sindicalizados da empresa, sustentando que as vítimas teriam sido denunciadas ao regime de Jorge Rafael Videla pela própria direção da fábrica, que via esses empregados como “elementos subversivos”. Em 2011, uma corte federal de San Francisco acatou a ação, argumentando que a conexão com as vendas de carros da fábrica alemã na Califórnia evidenciavam um vínculo entre os EUA e os fatos ocorridos durante a Guerra Suja argentina, suficiente para que a Justiça norte-americana pudesse julgá-los.
Os nove juízes da Suprema Corte, entretanto, concordaram que os tribunais californianos não têm competência jurídica para acolher a denúncia argentina, já que a filial da empresa alemã não tem sua sede principal nesse Estado. Eles também consideraram fraca a argumentação dos autores da ação a respeito do elevado volume de vendas da empresa alemã na Califórnia.
“Concluímos que a sede da Daimler não está na Califórnia, e por isso ela não pode ser processada lá por danos que os autores atribuem à companhia na Argentina”, afirma a sentença redigida pela juíza Ruth Bader Ginsburg em nome de oito dos juízes. No texto, fica determinado também que, se a alegação das vítimas fosse aceita, a seguinte hipótese se abriria: “Caso um veículo da Mercedes-Benz conduzido por noruegueses capotasse na Arábia Saudita e ferisse seus passageiros, estes poderiam mover uma ação por falhas do veículo na Califórnia”.
Com“Com a decisão de hoje, este tribunal considerou a Daimler ‘poderosa demais para a jurisdição geral'
Sonia Sotomayor
Nem todos os magistrados concordaram com esse argumento. Sonia Sotomayor, embora também tenha apoiado a decisão da Corte, queixou-se num voto em separado que as razões apresentadas por sua colega Ginsburg vão longe demais na proteção às multinacionais. “Nos últimos anos, os norte-americanos se acostumaram a pensar que as corporações multinacionais são ‘poderosas demais para cair’. Com a decisão de hoje, este tribunal considerou a Daimler ‘poderosa demais para a jurisdição geral’.” Sotomayor, no entanto, votou pelo arquivamento do processo, por entender que tudo nele – os fatos citados, as vítimas e a filial processada – diz respeito a fora dos EUA. “Não seria razoável acolher o caso, já que esse envolve denunciantes estrangeiros, que acusam uma empresa estrangeira por condutas ocorridas no estrangeiro”, observou.
A argumentação de Sotomayor segue uma linha semelhante à que a Corte adotou em abril do ano passado, numa sentença que também impunha dificuldades para denúncias feitas nos EUA por estrangeiros contra multinacionais de terceiros países por violações de direitos humanos no exterior. Na ocasião, os juízes se pronunciaram contra 12 nigerianos que haviam processado a petroleira holandesa Shell na Justiça dos EUA por causa de torturas e assassinatos cometidos pelo Governo da Nigéria entre 1992 e 95.
Naquele processo, evocava-se o Alien Tort Statute [Estatuto da Responsabilidade Civil no Exterior], de 1789, que autoriza denúncias em tribunais internacionais por abusos a direitos humanos cometidos no exterior. A Suprema Corte interpretou na ocasião que esse Estatuto garantia a abertura de processos por parte de cidadãos norte-americanos cujos direitos ou liberdades tenham sido prejudicados no exterior, ou quando as violações prejudiquem os interesses dos EUA. O Alien Tort Statute também era citado entre as alegações dos argentinos contra a Daimler, e era uma espécie de curinga dos grupos de direitos humanos na apresentação de seus processos nos EUA, mas cuja aplicação agora tem seu alcance posto em xeque.
A sentença reitera a proteção às multinacionais contra denúncias por violação de direitos humanos no exterior. Os autores da ação acusam a fábrica de automóveis de cumplicidade com a “Guerra Suja Jornal El Pais de 17 de janeiro de 2014
O Tribunal Supremo de EUA
A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu nesta terça-feira contra a possibilidade de que um tribunal da Califórnia estude a conivência da filial argentina da Daimler com torturas, assassinatos e desaparecimentos cometidos durante a ditadura militar que governou o país sul-americano entre 1976 e 1982. A resolução, adotada por unanimidade, é coerente com outras decisões dos últimos meses pelas quais a máxima instância judicial norte-americana dificulta que cidadãos estrangeiros acudam aos tribunais dos EUA para denunciar violações de direitos humanos cometidas por companhias multinacionais.
Os nove juízes da Suprema Corte concordaram que os tribunais californianos não são juridicamente competentes para acolher a denúncia argentina, já que a filial da empresa alemã não tem sua sede principal nesse Estado
Há três anos, um grupo de ex-funcionários e de representantes de empregados já falecidos da fábrica argentina da Mercedes moveram uma ação judicial na Califórnia contra a empresa controladora, a Daimler AG, acusando-a de cumplicidade com torturas, assassinatos e sequestros cometidos pelas Forças Armadas argentinas contra vários dos membros sindicalizados da empresa, sustentando que as vítimas teriam sido denunciadas ao regime de Jorge Rafael Videla pela própria direção da fábrica, que via esses empregados como “elementos subversivos”. Em 2011, uma corte federal de San Francisco acatou a ação, argumentando que a conexão com as vendas de carros da fábrica alemã na Califórnia evidenciavam um vínculo entre os EUA e os fatos ocorridos durante a Guerra Suja argentina, suficiente para que a Justiça norte-americana pudesse julgá-los.
Os nove juízes da Suprema Corte, entretanto, concordaram que os tribunais californianos não têm competência jurídica para acolher a denúncia argentina, já que a filial da empresa alemã não tem sua sede principal nesse Estado. Eles também consideraram fraca a argumentação dos autores da ação a respeito do elevado volume de vendas da empresa alemã na Califórnia.
“Concluímos que a sede da Daimler não está na Califórnia, e por isso ela não pode ser processada lá por danos que os autores atribuem à companhia na Argentina”, afirma a sentença redigida pela juíza Ruth Bader Ginsburg em nome de oito dos juízes. No texto, fica determinado também que, se a alegação das vítimas fosse aceita, a seguinte hipótese se abriria: “Caso um veículo da Mercedes-Benz conduzido por noruegueses capotasse na Arábia Saudita e ferisse seus passageiros, estes poderiam mover uma ação por falhas do veículo na Califórnia”.
Com“Com a decisão de hoje, este tribunal considerou a Daimler ‘poderosa demais para a jurisdição geral'
Sonia Sotomayor
Nem todos os magistrados concordaram com esse argumento. Sonia Sotomayor, embora também tenha apoiado a decisão da Corte, queixou-se num voto em separado que as razões apresentadas por sua colega Ginsburg vão longe demais na proteção às multinacionais. “Nos últimos anos, os norte-americanos se acostumaram a pensar que as corporações multinacionais são ‘poderosas demais para cair’. Com a decisão de hoje, este tribunal considerou a Daimler ‘poderosa demais para a jurisdição geral’.” Sotomayor, no entanto, votou pelo arquivamento do processo, por entender que tudo nele – os fatos citados, as vítimas e a filial processada – diz respeito a fora dos EUA. “Não seria razoável acolher o caso, já que esse envolve denunciantes estrangeiros, que acusam uma empresa estrangeira por condutas ocorridas no estrangeiro”, observou.
A argumentação de Sotomayor segue uma linha semelhante à que a Corte adotou em abril do ano passado, numa sentença que também impunha dificuldades para denúncias feitas nos EUA por estrangeiros contra multinacionais de terceiros países por violações de direitos humanos no exterior. Na ocasião, os juízes se pronunciaram contra 12 nigerianos que haviam processado a petroleira holandesa Shell na Justiça dos EUA por causa de torturas e assassinatos cometidos pelo Governo da Nigéria entre 1992 e 95.
Naquele processo, evocava-se o Alien Tort Statute [Estatuto da Responsabilidade Civil no Exterior], de 1789, que autoriza denúncias em tribunais internacionais por abusos a direitos humanos cometidos no exterior. A Suprema Corte interpretou na ocasião que esse Estatuto garantia a abertura de processos por parte de cidadãos norte-americanos cujos direitos ou liberdades tenham sido prejudicados no exterior, ou quando as violações prejudiquem os interesses dos EUA. O Alien Tort Statute também era citado entre as alegações dos argentinos contra a Daimler, e era uma espécie de curinga dos grupos de direitos humanos na apresentação de seus processos nos EUA, mas cuja aplicação agora tem seu alcance posto em xeque.
Link para os sites de Garavito sobre o constitucionalismo latino-americano
http://www.dejusticia.org/index.php?modo=nosotro http://www.dejusticia.org/ http://www.dejusticia.org/
quarta-feira, 15 de janeiro de 2014
Link para Maquiavel e Populismo vs. constitucionalismo
http://campaign.r20.constantcontact.com/render?ca=b34200fd-bf74-46de-99e4-bf0f7ff1ca09&c=db6800c0-346e-11e3-a242-d4ae5292c4dd&ch=dc0ca530-346e-11e3-a35c-d4ae5292c4dd
quinta-feira, 9 de janeiro de 2014
O STF e a demissão trabalhista
Valor 9 de janeiro de 2014
STF analisará formas de demissão de trabalhadores
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Por Adriana Aguiar | De São Paulo
Regis Filho/Valor / Regis Filho/ValorAdvogados Sylvia Lorena e Adauto Duarte: aplicação da Convenção nº 158 significaria estabilidade no emprego
O Supremo Tribunal Federal (STF) dará a última palavra em discussões trabalhistas que poderão alterar a dinâmica das empresas brasileiras. Pelo menos três questões importantes estão na pauta dos ministros: a possibilidade de demitir sem justificativa, a necessidade de negociação sindical para demissão em massa e o direito de grevistas fazerem manifestações em locais de trabalho. A depender das decisões, os empregadores serão obrigados a rever o passivo trabalhista dos cinco anos anteriores.
O julgamento que trata da possibilidade de demissão imotivada foi iniciado em outubro de 2003. Apesar de a possibilidade estar prevista na Constituição, a questão foi parar no Supremo porque, em 1992, o Brasil se tornou signatário da Convenção nº 158 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Assinada por diversos países europeus, a convenção estabeleceu que o empregador só pode dispensar o funcionário com "motivo justo".
Em 1996, porém, o então presidente Fernando Henrique Cardoso denunciou a convenção para anunciar a saída do Brasil, por considerá-la incompatível com a Constituição. Logo após a denúncia, em 1997, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag) ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade (Adin) contra a Presidência da República por entender que a revogação, por meio de decreto, teria que ser aprovada pelo Congresso.
O relator do caso, ministro Maurício Corrêa, e o ministro Carlos Ayres Britto votaram a favor da Contag. Entenderam que a denúncia teria que passar pelo Congresso. Ao retomar o julgamento, em março de 2006, o ministro Nelson Jobim votou pela manutenção da denúncia. Em 2009, o ministro Joaquim Barbosa votou pela inconstitucionalidade do decreto. Porém, a ministra Ellen Gracie pediu vista e, com sua aposentadoria, o processo aguarda uma nova distribuição.
Para o advogado Sávio Lobato, da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da Central Única dos Trabalhadores (CNM/CUT), uma decisão favorável do STF e a retomada da Convenção nº 158 alteraria a forma de negociação entre empresas e empregados. "Apesar de a convenção não prever estabilidade aos trabalhadores, ela estabelece que as empresas devem justificar as demissões", diz. Procurada pelo Valor, a Contag preferiu não se manifestar.
Os advogados especializados em relações do trabalho Adauto Duarte e Sylvia Lorena, contudo, ressaltam que, na prática, a aplicação da convenção significaria estabilidade no emprego. "Esse mecanismo não traz nenhum tipo de rotatividade, o que é ruim. Tanto que esse modelo já foi abandonado por diversos países", afirma Duarte. Caso o STF mude essa realidade, segundo os advogados, as empresas terão que rever todo o seu passivo, já que empregados demitidos sem justa causa nos últimos cinco anos poderão pleitear sua reintegração.
Outro processo que preocupa advogados é o que discute a necessidade de negociação com sindicato para a realização de demissão em massa. O caso envolve a dispensa, em 2009, de cerca de 4,2 mil trabalhadores pela Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) e pela Eleb Equipamentos. Na época, o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região entrou na Justiça do Trabalho contra a medida. O tema teve repercussão geral reconhecida pelo STF em 2013. O relator é o ministro Marco Aurélio.
Após o Tribunal Superior do Trabalho (TST) entender que, no caso, os trabalhadores não deveriam ser readmitidos, mas que deveria haver negociação para demissão em massa, as empresas recorreram ao STF. Para o advogado da Embraer e da Eleb Equipamentos, Cassio Mesquita Barros, não há previsão em lei que obrigue as companhias a negociar. Para ele, o inciso I, do artigo 7º da Constituição estabelece indenização compensatória em caso de demissão - multa de 40% do FGTS.
Contudo, o advogado do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, Aristeu César Pinto Neto, interpreta que esse mesmo dispositivo constitucional veda a dispensa arbitrária. Para Neto, o Supremo tem que dar um limite para as demissões em massa, com a manutenção da obrigatoriedade de negociação com o sindicato, como julgou o TST. "Hoje temos uma quantidade acentuada de demissões. O setor de autopeças, por exemplo, trocou todos os seus funcionários em quatro anos", diz.
Segundo o advogado Adauto Duarte, que assessora empresas, essa negociação seria "impraticável". Isso porque o Brasil hoje tem cerca de 12 mil sindicatos de trabalhadores, mais de 40 mil empregados com carteira assinada e dois milhões de empresas.
O STF também deve analisar se decisões judiciais podem impedir grevistas de se manifestarem nos locais de trabalho. O caso chegou à Corte pela arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) nº 123 da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da Central Única dos Trabalhadores. A entidade quer impedir a aplicação por juízes do artigo 932 do Código de Processo Civil (CPC). Esse dispositivo é conhecido como "interdito proibitório", uma medida judicial destinada a proteger a propriedade.
A ação chegou no Supremo em setembro de 2007 e ainda não começou a ser julgada. O caso já teve três relatores: os ministros Ayres Britto e Cezar Peluso, que se aposentaram, e agora está com Teori Zavascki.
De acordo com o advogado da confederação, Sávio Lobato, esse dispositivo tem sido mal utilizado por juízes, que o aplicam, a pedido das empresas, em casos de greve, que é um direito constitucional. "Há juízes que impedem até que os empregados façam assembleia na porta fábrica, proíbem piquete pacífico e exigem que os trabalhadores fiquem a 500 metros da entrada", diz. Segundo o advogado, o artigo 9º da Constituição prevê o amplo direito de greve.
A paralisação, segundo o presidente da CNM/CUT, Paulo Cayres, só é adotada quando não há mais negociação. "Não vamos tomar uma fábrica, apenas reivindicar nossos direitos."
STF analisará formas de demissão de trabalhadores
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Por Adriana Aguiar | De São Paulo
Regis Filho/Valor / Regis Filho/ValorAdvogados Sylvia Lorena e Adauto Duarte: aplicação da Convenção nº 158 significaria estabilidade no emprego
O Supremo Tribunal Federal (STF) dará a última palavra em discussões trabalhistas que poderão alterar a dinâmica das empresas brasileiras. Pelo menos três questões importantes estão na pauta dos ministros: a possibilidade de demitir sem justificativa, a necessidade de negociação sindical para demissão em massa e o direito de grevistas fazerem manifestações em locais de trabalho. A depender das decisões, os empregadores serão obrigados a rever o passivo trabalhista dos cinco anos anteriores.
O julgamento que trata da possibilidade de demissão imotivada foi iniciado em outubro de 2003. Apesar de a possibilidade estar prevista na Constituição, a questão foi parar no Supremo porque, em 1992, o Brasil se tornou signatário da Convenção nº 158 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Assinada por diversos países europeus, a convenção estabeleceu que o empregador só pode dispensar o funcionário com "motivo justo".
Em 1996, porém, o então presidente Fernando Henrique Cardoso denunciou a convenção para anunciar a saída do Brasil, por considerá-la incompatível com a Constituição. Logo após a denúncia, em 1997, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag) ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade (Adin) contra a Presidência da República por entender que a revogação, por meio de decreto, teria que ser aprovada pelo Congresso.
O relator do caso, ministro Maurício Corrêa, e o ministro Carlos Ayres Britto votaram a favor da Contag. Entenderam que a denúncia teria que passar pelo Congresso. Ao retomar o julgamento, em março de 2006, o ministro Nelson Jobim votou pela manutenção da denúncia. Em 2009, o ministro Joaquim Barbosa votou pela inconstitucionalidade do decreto. Porém, a ministra Ellen Gracie pediu vista e, com sua aposentadoria, o processo aguarda uma nova distribuição.
Para o advogado Sávio Lobato, da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da Central Única dos Trabalhadores (CNM/CUT), uma decisão favorável do STF e a retomada da Convenção nº 158 alteraria a forma de negociação entre empresas e empregados. "Apesar de a convenção não prever estabilidade aos trabalhadores, ela estabelece que as empresas devem justificar as demissões", diz. Procurada pelo Valor, a Contag preferiu não se manifestar.
Os advogados especializados em relações do trabalho Adauto Duarte e Sylvia Lorena, contudo, ressaltam que, na prática, a aplicação da convenção significaria estabilidade no emprego. "Esse mecanismo não traz nenhum tipo de rotatividade, o que é ruim. Tanto que esse modelo já foi abandonado por diversos países", afirma Duarte. Caso o STF mude essa realidade, segundo os advogados, as empresas terão que rever todo o seu passivo, já que empregados demitidos sem justa causa nos últimos cinco anos poderão pleitear sua reintegração.
Outro processo que preocupa advogados é o que discute a necessidade de negociação com sindicato para a realização de demissão em massa. O caso envolve a dispensa, em 2009, de cerca de 4,2 mil trabalhadores pela Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) e pela Eleb Equipamentos. Na época, o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região entrou na Justiça do Trabalho contra a medida. O tema teve repercussão geral reconhecida pelo STF em 2013. O relator é o ministro Marco Aurélio.
Após o Tribunal Superior do Trabalho (TST) entender que, no caso, os trabalhadores não deveriam ser readmitidos, mas que deveria haver negociação para demissão em massa, as empresas recorreram ao STF. Para o advogado da Embraer e da Eleb Equipamentos, Cassio Mesquita Barros, não há previsão em lei que obrigue as companhias a negociar. Para ele, o inciso I, do artigo 7º da Constituição estabelece indenização compensatória em caso de demissão - multa de 40% do FGTS.
Contudo, o advogado do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, Aristeu César Pinto Neto, interpreta que esse mesmo dispositivo constitucional veda a dispensa arbitrária. Para Neto, o Supremo tem que dar um limite para as demissões em massa, com a manutenção da obrigatoriedade de negociação com o sindicato, como julgou o TST. "Hoje temos uma quantidade acentuada de demissões. O setor de autopeças, por exemplo, trocou todos os seus funcionários em quatro anos", diz.
Segundo o advogado Adauto Duarte, que assessora empresas, essa negociação seria "impraticável". Isso porque o Brasil hoje tem cerca de 12 mil sindicatos de trabalhadores, mais de 40 mil empregados com carteira assinada e dois milhões de empresas.
O STF também deve analisar se decisões judiciais podem impedir grevistas de se manifestarem nos locais de trabalho. O caso chegou à Corte pela arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) nº 123 da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da Central Única dos Trabalhadores. A entidade quer impedir a aplicação por juízes do artigo 932 do Código de Processo Civil (CPC). Esse dispositivo é conhecido como "interdito proibitório", uma medida judicial destinada a proteger a propriedade.
A ação chegou no Supremo em setembro de 2007 e ainda não começou a ser julgada. O caso já teve três relatores: os ministros Ayres Britto e Cezar Peluso, que se aposentaram, e agora está com Teori Zavascki.
De acordo com o advogado da confederação, Sávio Lobato, esse dispositivo tem sido mal utilizado por juízes, que o aplicam, a pedido das empresas, em casos de greve, que é um direito constitucional. "Há juízes que impedem até que os empregados façam assembleia na porta fábrica, proíbem piquete pacífico e exigem que os trabalhadores fiquem a 500 metros da entrada", diz. Segundo o advogado, o artigo 9º da Constituição prevê o amplo direito de greve.
A paralisação, segundo o presidente da CNM/CUT, Paulo Cayres, só é adotada quando não há mais negociação. "Não vamos tomar uma fábrica, apenas reivindicar nossos direitos."
O STF e o mensalão
Ações de Barbosa criam mal-estar no STF Folhs de 9 de janeiro de 2014
SEVERINO MOTTA
DE BRASÍLIA
Ouvir o texto
A decisão do presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Joaquim Barbosa, de sair de férias sem assinar o mandado de prisão contra o deputado João Paulo Cunha (PT-SP) gerou mal-estar entre alguns ministros da corte, que criticaram a falta de um critério objetivo na execução da última etapa do mensalão.
Barbosa entra em férias sem assinar mandado de prisão de João Paulo Cunha
João Paulo ainda não se apresentou à PF porque não há mandado, diz advogado
A Folha ouviu 3 dos 11 ministros, que reclamaram de três pontos da atuação de Barbosa nas prisões:
1. Nem todos os sentenciados tiveram seus mandados de prisão expedidos no mesmo dia em que seus processos foram encerrados, como ocorreu com a primeira leva dos detidos do mensalão;
2. somente um dos dois condenados com problema de saúde já está cumprindo pena. José Genoino está em prisão domiciliar, enquanto o delator do caso, Roberto Jefferson, segue solto no Rio; e
3. o envio a Brasília dos primeiros presos do processo, e posterior permissão para que um deles (Rogério Tolentino) se entregasse e ficasse em seu Estado (Minas Gerais).
Desde o início das prisões, não há parâmetro aparente para saber quando um mandado será expedido contra os condenados. Há sentenciados que foram detidos no mesmo dia que Barbosa encerrou seus processos.
Outros, após o fim da tramitação no STF, esperaram um, dois ou três dias até terem as prisões decretadas.
João Paulo, que viu seu processo chegar ao fim na segunda-feira e chegou a se preparar para ir à prisão na terça, segue sem saber quando terá seu mandado expedido.
Também não se sabe se ele será assinado pela ministra Cármen Lúcia, que está no lugar de Barbosa durante o recesso, ou pelo próprio presidente, em fevereiro, quando a corte retomar o trabalho.
Um dos ministros ouvidos pela Folha disse que o mensalão é um processo delicado, por isso, qualquer ação que crie confusão ou turbulência no caso é prejudicial.
Outro reclamou que as incertezas de procedimento geram desconforto psicológico desnecessário aos presos.
Um terceiro ministro, por sua vez, fez críticas duras a Barbosa. Para ele, que como os colegas pediu anonimato, apenas a exposição midiática do caso justifica a demora para a expedição de mandados de prisão.
A defesa de João Paulo criticou a situação a que seu cliente é submetido. De acordo com o advogado Alberto Toron, essa indefinição cria uma situação "desumana".
Na opinião do advogado, Cármen Lúcia só pode dar decisões em casos urgentes e não poderia expedir um mandado de prisão em um processo que não relatou. Ministros ouvidos pela Folha, no entanto, acreditam que tanto ela quanto o próprio Barbosa poderiam assinar o termo. Mas consideram pequena a chance de a interina dar decisões no processo.
OUTRO LADO
A assessoria de imprensa do STF (Supremo Tribunal Federal) disse à Folha que não comenta afirmações dadas por ministros da corte sobre o mensalão na condição de anonimato.
Em relação à diferença de prazos entre o encerramento dos processos e a expedição de mandados de prisão, a corte informou que "cada caso é um caso".
Por isso, demandariam análises individuais feitas por técnicos do Supremo, com posterior revisão dos documentos por parte dos ministros. O processo, ainda de acordo com a assessoria, impede a existência de um tempo padrão para a produção dos mandados.
Sobre o caso de Rogério Tolentino, que atuou como advogado do operador do esquema, Marcos Valério, e obteve o direito de se apresentar em Belo Horizonte (MG) ao invés de Brasília, como aconteceu com parte dos presos do mensalão, a assessoria informou que ele havia feito o pedido para permanecer em seu Estado no dia 4 de novembro, antes mesmo da expedição de seu mandado de prisão.
Por fim, a assessoria de imprensa do Supremo destacou que o delator do esquema, Roberto Jefferson, revelou seu quadro de saúde e a realização de uma cirurgia para a retirada de um tumor no pâncreas no último recurso enviado à corte.
Mas, como a definição de seu pedido de prisão domiciliar ainda está pendente de uma decisão do presidente do STF, Joaquim Barbosa, não poderia dar mais detalhes sobre o caso.
terça-feira, 7 de janeiro de 2014
Terceiro volume de We the People
Já está em pré-venda na Amazon o terceiro volume We the People de Bruce Ackerman. Refere-se a questão dos direitos civis nos Estados Unidos.
domingo, 5 de janeiro de 2014
Constitucionalismo Latino-americano e a questãoindigena
- A matéria publicada pela Folha de São Paulo de 5 de janeiro de 2014 é importante para refletirmos sobre a efetivação do artigo 231 da CF.
Áreas indígenas dependerão de consulta a nove ministros
Projeto do Ministério da Justiça muda processo para demarcação de terras
Funai mantém controle, mas terá que garantir participação de outros órgãos, como queriam os aliados dos ruralistas
O assunto está em debate no governo desde o ano passado e agora parece estar perto de uma definição. Uma portaria com alterações no decreto que regulamenta a questão desde 1996 foi submetida pelo Ministério da Justiça a consultas e pode ser publicada nos próximos meses.
Se for mantida como está, a portaria obrigará a Funai a ouvir outros órgãos sempre que quiser demarcar ou ampliar terras para uso exclusivo de comunidades indígenas. Se não houver acordo entre eles, caberá ao Ministério da Justiça o papel de mediador.
No início de dezembro, o documento foi enviado para consulta de entidades indigenistas, órgãos do governo e associações de produtores rurais. O Ministério da Justiça promete oficinas para discutir as mudanças com índios, parlamentares e fazendeiros.
"O resultado da portaria veio do debate com vários órgãos que serão novamente ouvidos", disse à Folha o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo. "Poderemos incorporar sugestões e, em seguida, publicaremos a portaria."
Existe mais de uma centena de áreas indígenas em estudo na Funai atualmente. Elas se transformaram no ano passado num foco de atrito político entre o governo, os defensores dos índios e o agronegócio, que vê na expansão das terras indígenas uma ameaça aos seus interesses.
O ministro afirma que os objetivos das mudanças são "reduzir a judicialização e agilizar a demarcação de terras indígenas", mas a portaria foi recebida com críticas em dois campos do debate.
PARALISIA
Para o ex-presidente da Funai Márcio Santilli, coordenador do ISA (Instituto Socioambiental) em Brasília, o texto "burocratiza e politiza" a formação dos grupos de trabalho encarregados de examinar as propostas de criação de áreas indígenas, o que deve "paralisar a identificação e delimitação das terras".
De acordo com a portaria, os integrantes desses grupos serão nomeados pela Funai e serão coordenados por antropólogos. Mas a presença de representantes de outros ministérios introduzirá no processo pessoas "que não têm como foco central identificar terras indígenas", diz Santilli.
A portaria determina que sejam chamados os ministérios da Agricultura, das Cidades, do Desenvolvimento Agrário, do Meio Ambiente, de Minas e Energia, do Planejamento e dos Transportes, além da Secretaria-Geral da Presidência da República e da Secretaria de Direitos Humanos, que têm status de ministério, e de um procurador federal nomeado pela AGU (Advocacia Geral da União).
Integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária, que defende os interesses do agronegócio no Congresso Nacional, também têm ressalvas às mudanças propostas.
Para eles, a participação de outros ministérios no processo de demarcação de terras indígenas --uma demanda antiga dos ruralistas-- seria muito limitada, por se restringir apenas ao fornecimento de dados e ao acompanhamento de trabalhos de campo, mantendo a responsabilidade das decisões com a Funai.
Além disso, a portaria autoriza a Funai a vetar representantes indicados pelos ministérios e permite que ela convoque um novo grupo de estudos nos casos em que nem a mediação do Ministério da Justiça for suficiente para alcançar o consenso
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